Lis Gaibar

El Salto pregunta a representantes políticos de las mal llamadas periferias sobre la posibilidad de un proceso republicano y la construcción de una visión federal de España.

La sonada noticia de la muerte por peritonitis de un niño de ocho años después de que su madre asegurara llevarle cinco veces a urgencias ha puesto el foco sobre un centro hospitalario cuyo colapso lleva semanas denunciando el personal sanitario.

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo rechaza que haya que indemnizar al personal investigador predoctoral cuando termine su contrato. El colectivo exigirá con una movilización virtual mañana miércoles una modificación que garantice este derecho recogido en el Estatuto de los Trabajadores.

El brote de coronavirus detectado tras la celebración de una fiesta en el colegio mayor Galileo Galilei, en la Universitat Politècnica de València (UPV), ha despertado indignación entre el estudiantado por el regreso a la docencia online como consecuencia de los positivos en covid-19. Sindicatos y estudiantes recuerdan que la enseñanza no presencial acentúa las desigualdades.  

El sindicato CNT-AIT de Madrid convoca una huelga por una vuelta segura al cole desde el día 10 de septiembre hasta el día 30, con posibilidad de alargarse si la situación no ha mejorado.

A pesar de la movilización social para detener la concesión, una empresa de restauración ha ganado el concurso que supone un primer paso para construir un restaurante en el faro del Cabo de la Huerta (Alicante). La adjudicataria ya posee un complejo en una torre de la zona que fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC).

La cancelación de eventos multitudinarios ha paralizado la actividad de un sector con fuerte presencia en el País Valencià. El coronavirus ha puesto de relieve la necesidad de repensar los puntos de encuentro culturales de una manera laboral, económica y medioambientalmente más sostenible.

Residentes sanitarios se han unido para reivindicar sus derechos laborales y su huelga ha captado la atención mediática. Aunque el colectivo médico MIR es el más numeroso y visible, personas en formación de otras áreas como psicología, enfermería, química, radiofísica, farmacia o biología recuerdan que también se están movilizando y que su situación es si cabe más precaria. 

Las camareras de piso de Barcelona han recibido cinco sentencias favorables en las que se reconoce la cesión ilegal de trabajadoras en el Grand Hotel central de Barcelona. Las empleadas catalanas inciden en la precarización del colectivo derivada de estas prácticas y exigen la aprobación de la ley kelly. 

Investigadoras de la economía feminista piden una visión más global en el anteproyecto de la ley de trabajo a distancia e incidir en la perspectiva de género para no perpetuar desigualdades.

Sindicatos y colectivos de la enseñanza urgen a la Comunidad de Madrid a planificar el curso escolar y a dotar a las instituciones públicas de más personal, espacios y recursos. Anuncian movilizaciones e incluso huelga en septiembre si la Administración no responde. 

Los datos del Ministerio de Universidades revelan que el número de personas matriculadas en instituciones privadas para estudios de grado ha aumentado en un 22% con respecto al curso 2015-2016, un crecimiento mucho más acusado en el caso de másteres. Expertos y estudiantes alertan de las desigualdades sociales que genera una mayor presencia de la universidad privada. 

El tiempo medio de espera para una intervención quirúrgica se ha incrementado en 54 días en la última década. Todavía no hay datos a nivel estatal de cómo ha afectado la pandemia al engrosamiento de las listas, pero el colectivo médico no duda en mostrar su preocupación al respecto. 

Un estudio impulsado por dos investigadoras de la Universitat de València (UV) profundiza en la desigualdad de género derivada del trabajo y la docencia telemáticas y apremia a una regularización del teletrabajo que tenga en cuenta aspectos como la conciliación y la brecha digital.

El movimiento Riders X Derechos en València ha anunciado el nacimiento de Rodant Cooperativa, una alternativa social y sostenible de reparto con la que hacer frente al modelo de las grandes plataformas. 

El Consejo General de Colegios de Educadores y Educadoras Sociales (CGCEES) pide que la figura de “coordinador o coordinadora de bienestar y protección” que contempla la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia sea asumida por profesionales de la educación social. 

Una sentencia ha declarado nulo el despido, hace más de un año, de una camarera de piso que trabajaba en el Grand Hotel Central de Barcelona y que fue despedida tras unirse al sindicato de Las Kellys Catalunya al conocer que se quería externalizar la plantilla. El tribunal concreta que el hotel deberá readmitirla. 

El personal técnico de integración social (PTIS) de Andalucía lleva reclamando la mejora de sus condiciones laborales desde que parte del servicio fuera externalizado. Ahora, además, han tenido que reclamar el cobro de sus nóminas. 

Los futuros médicos internos residentes (MIR) lograron visibilizar su posición ante un sistema de elección de plazas que consideran injusto y poco transparente. Mientras ellos piden garantías para su futuro, los MIR que ya trabajan en hospitales recuerdan que el retraso en las nuevas incorporaciones llevará a la sobrecarga laboral y a una menor capacidad de respuesta. 

El Consejo de Ministros de la semana pasada sentó las bases para eliminar un sistema de horquillas que ha generado sustanciales desigualdades en las matrículas universitarias según la comunidad autónoma en la que se estudie. En la actualidad, un estudiante de grado en Madrid puede pagar más del doble que uno en Andalucía y el precio máximo de la matrícula en Catalunya se acerca al triple de la de Galiza.

Asociaciones de camareras de piso de diferentes partes del Estado constituyen la Plataforma de Camareras de Piso para exigir al Gobierno protección laboral y de la salud, cumplimiento de los convenios y una normativa de prevención de riesgos laborales específica para el covid-19. Las kellys anuncian que llevarán al Defensor del Pueblo la desprotección de las trabajadoras eventuales.

La emergencia social no resulta suficiente para que los bancos dejen de aplicar sus comisiones o abandonen otras prácticas habituales para que las personas más afectadas por la crisis del covid-19 puedan disponer de todo el dinero que les transfieren organizaciones del tercer sector y que necesitan con urgencia, denuncian los donantes.

Las camareras de piso de Benidorm-Marina Baixa celebran la resolución del Diari Oficial de la Generalitat Valencia (DOGV) que obliga a incluir a las trabajadoras fijas discontinuas en los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

La incertidumbre sobre el final del curso académico, sumada a la evidencia de que el método telemático ha acentuado las desigualdades sociales, hace que los docentes teman las consecuencias educativas del coronavirus entre parte de su alumnado. Colectivos por la enseñanza pública consideran que el debate no debe ceñirse al aprobado general y demandan medidas que garanticen a todos los niños y niñas igualdad en el derecho a la educación.

Las trabajadoras de limpieza de fincas urbanas denuncian el desamparo en el que las dejan el Gobierno y los empresarios: el primero las olvida en el decreto de los “permisos retribuibles recuperables” y los otros no les facilitan equipos de protección individual.

La crisis del coronavirus está teniendo un efecto devastador en el sector de las camareras de piso: a las prácticas de algunas empresas, que evitan aplicar ERTEs a las empleadas más desprotegidas, se suma la incertidumbre sobre una ocupación hotelera de la que dependen miles de puestos de trabajo.

Los Médicos Internos Residentes (MIR) muestran su desacuerdo ante la reciente decisión del Ministerio de Sanidad de prorrogar sus condiciones actuales en vez de contratarles como adjuntos. Tienen claro que ahora “están a lo que están”, pero una vez concluida la crisis del coronavirus, aseguran, revindicarán sus derechos laborales.

Los ciclos FP se presentan como una alternativa a los estudios universitarios, pero el nivel socioeconómico y el género, así como la privatización y la precariedad de las prácticas en empresas, afectan también a quienes optan por esta vía formativa.

El colectivo Yayoflautas de la ciudad portuaria denuncia que la creciente necesidad de plazas para personas dependientes y la escasa oferta pública con la que se está respondiendo está siendo aprovechada por el sector privado para habilitar residencias que resultan inasequibles para la mayoría de la población.

Un estudio realizado por la asociación Clásicas y Modernas que analiza la producción ensayística española entre los años 2017 y 2018 destaca el desequilibrio de género y la consiguiente falta de presencia femenina en el liderazgo de autoridad intelectual.

El prestigioso sociólogo Manuel Castells se erige como cabeza visible de la educación superior en un contexto en el que las principales demandas estudiantiles continúan vigentes: mayor financiación pública, reducción de tasas y becas más justas para que la universidad sea accesible a todo el mundo. 

La Asociación de las Kellys Benidorm-Marina Baixa homenajea a camareras de piso jubiladas de la turística ciudad en un acto en el que las enfermedades laborales no reconocidas, la feminización del sector y el incremento de la precariedad laboral estuvieron muy presentes. 

Flora Sempere és cantant del grup Diluvi, el qual va llançar una campanya per xarxes i en mitjans amb el nom #iTuSolsTu per a reivindicar el feminisme i les llengues minoritzades. 

O Quico foi guerrilleiro antifranquista e actualmente é un guerrilleiro contra o esquecemento, pois utiliza a súa  propia memoria para desenterrar a colectiva.

Hablamos con Pilar Pérez Solano, directora del documental Las maestras de la Republica.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) asegura no contar con los recursos suficientes para vigilar que las administraciones públicas cumplan la Ley de Transparencia. Sin embargo, el PP sugirió en su reciente propuesta de Presupuestos Generales del Estado invertir un 20% menos en el organismo.