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Laboral
El personal de Acciona Nordex de Castelló se moviliza en contra del cierre de la planta
La concentración convocada ayer en la Vall d'Uixó por parte de los trabajadores afectados por el inminente ERE en Acciona Nordex les infundió de ánimo, expresa Martín Beteta, para seguir con su objetivo: evitar el cierre de la planta de aerogeneradores en Castelló, y presionar a las instituciones para que tomen partido en que la empresa dé marcha atrás en el despido colectivo.
En plena cuenta atrás —el proceso debería terminar alrededor del 24 de marzo, a no ser que haya entendimiento por ambas partes y prorroguen las negociaciones— y aun pareciendo que la decisión de la empresa está tomada en firme, el presidente de comité de empresa de Acciona Nordex-Vall d'Uixó confía en que la lógica y la implicación de las instituciones pese más: para Beteta es incomprensible cerrar una de las dos únicas plantas que quedan en el Estado de esta compañía especializada en aerogeneradores, elementos claves para la buscada transición ecológica.
Es por este motivo que el trabajador alude más a una estrategia de deslocalización que a un problema con la productividad cuando intenta buscar las causas de la decisión empresarial, que en principio, reconoce, es firme: “Quieren empezar a fabricar en la planta de China, que ya está abierta, los molinos de viento, y no escuchan otra cosa que no sea la negociación del despido”.
La empresa, por su parte, aludía en un comunicado al nivel de producción y comercialización de aerogeneradores, los cuales “a nivel global atraviesa un momento complejo por un entorno de mercado muy competitivo”. Para Beteta, este argumento pierde sentido cuando la carga de trabajo en la planta ha sido elevada los últimos meses: “El día que se cierre esta planta se va a cerrar a plena capacidad de producción, el año pasado éramos 240 trabajadores entre empresas de trabajo temporal y trabajadores directos”, ilustra. En este sentido, la empresa justifica su postura argumentando que “aunque las ventas de Nordex han crecido de forma ininterrumpida en los últimos años y la demanda de energía renovable sigue en aumento, la industria eólica está sujeta a una elevada presión en precios”.
Desde el comité de empresa afirman que en la oferta de negociación, la empresa “modifica sustancialmente las condiciones, reduciendo categorías profesionales y sueldos, ofreciendo condiciones que saben que nadie va a aceptar”
El presidente del comité de empresa explica que la oferta de negociación por parte de la empresa pasa por la reubicación de 40 puestos, pero asegura que “modifican sustancialmente las condiciones, reduciendo categorías profesionales y sueldos”, en una estrategia de “cumplir los mínimos legales para que el ERE sea válido, pero ofreciendo condiciones que saben que nadie va a aceptar”.
Que el posicionamiento de los trabajadores, que pasa por impedir el cierre de la planta y restablecer los 94 puestos de trabajo, sea exitoso depende, valora Beteta, de la implicación de las instituciones y de los poderes políticos en esta problemática de La Vall d'Uixó. “Son los que pueden cambiar las leyes, atajar la ley de concesiones energéticas y evitar el cierre de plantas”. Para los trabajadores es una cuestión incluso de programa político: “En los tiempos que corren, esta industria tiene una importancia mayúscula, si se supone que estamos en plena transición energética, ¿el país se puede permitir el cierre de este tipo de plantas y su deslocalización a terceros países?”.
En este punto, Beteta recuerda que desde la Unión Europea se están facilitando fondos y ayudas para favorecer al paso a este tipo de energías, lo que le hace temer que esos importes terminen en estos terceros países, generalmente asiáticos. Además, alude a cómo la guerra en Ucrania puede agravar —ya lo está haciendo— este problema: “Nos estamos permitiendo el lujo de permitir la pérdida de ensamblaje”. La solución, reitera, pasa por la implicación política. Beteta señala directamente al PSOE-PSPV, “el único partido del que no sabemos nada”, haciendo un llamamiento al President de la Generalitat, Ximo Puig, para que “tome cartas en el asunto, ya que tiene la llave de acceso al gobierno nacional”.