Andalucía
La inanición de la memoria andaluza

Durante una conferencia en el Teatro Moderno de Chiclana, Eduardo Galeano definió la memoria histórica de la siguiente manera: “Cuando está de veras viva, la memoria no contempla la historia, sino que nos invita a hacerla. La memoria viva no nació para ancla. Quiere ser punto de partida, no de llegada”. Su punto de vista sintetiza por qué a buena parte de la población española le incomoda la recuperación de la memoria histórica de las víctimas del franquismo. La historia ya estaba escrita: el relato había quedado “bien atado”, los vencedores habían recibido beneficios en abundancia y la sociedad, en general, acataba el orden establecido (aunque quizás no de forma tan libre e informada como se presupone en un sistema democrático).

 “Se han ido logrando cosas, pero con demasiado esfuerzo. Ha sido desgarrador y lo sigue siendo. Es un país anti-democrático en cuestión de derechos humanos con respecto al genocidio franquista”, afirma María Luisa Hernández Portales, nieta, bisnieta y sobrina-nieta de desaparecidos forzados

El movimiento memorialista surge en España alrededor del año 2000, a partir de la primera exhumación de una fosa común que tuvo repercusión mediática a nivel nacional, la de Priaranza del Bierzo, promovida por Emilio Silva. La reivindicación de “verdad, justicia y reparación” que adoptan sus integrantes es toda una declaración de intenciones contra la herencia (cultural, política, económica, etc.) del franquismo. No es de extrañar que quienes cometieron crímenes y prosperaron durante la dictadura vieran la memoria histórica como una amenaza. Lo mismo sucede con sus descendientes, sucesores de una privilegiada posición social. Incluso representantes de formaciones políticas perseguidas por el franquismo participaron en el “pacto de silencio”, que evidentemente perjudicaba a las víctimas, por razones que cada día ven disminuir su poder de convicción.

Andalucía, tierra obrera por antonomasia, fue uno de los territorios más castigados tras el golpe de estado de 1936, que se inició precisamente en Sevilla. Probablemente, esta es la causa de que, en Andalucía, el movimiento memorialista se formase con un ímpetu que no ha hecho sino crecer con el paso de los años. No en vano, la ley andaluza de Memoria Histórica y Democrática de 2017 fue una de las primeras autonómicas en el país (solo precedida por la ley de reconocimiento y reparación moral de Navarra en 2013) y sigue resistiendo el envite de la extrema derecha en los parlamentos autonómicos, que ya ha logrado acabar con las leyes de memoria aragonesa, valenciana y cántabra (próximamente, también la extremeña). Sin embargo, es un momento complicado para la recuperación de la memoria histórica en la comunidad con más fosas comunes del franquismo de España, especialmente en el ámbito de las políticas públicas, que siguen existiendo, aunque pudiera parecer que no es así.

La primera etapa de políticas públicas de memoria en Andalucía

La Junta de Andalucía comenzó a escuchar las reivindicaciones memorialistas de manera relativamente temprana. El primer decreto sobre memoria histórica se aprueba en 2001, estableciendo indemnizaciones a ex-presos y represaliados que sufrieron privación de libertad por más de tres años. Las medidas de reparación económica fueron ampliadas en 2003 y en 2004 se creó una Comisión Interdepartamental para el reconocimiento de las víctimas. En 2005 se creó el Comisariado para la Recuperación de la Memoria Histórica en la Junta de Andalucía, que cumplía una función de atención a las víctimas y sus familiares, y en 2006 comienza la exhumación de la fosa común de San Rafael en el cementerio de Málaga, de la que se extrajeron los cuerpos de 2840 de las 4471 personas que fueron asesinadas en la capital malagueña, constituyendo la mayor intervención de este tipo que se había realizado hasta el momento en España.

De modo que, cuando el gobierno de Rodríguez Zapatero aprobó la Ley de Memoria Histórica estatal en 2007, Andalucía ya había consumado la primera etapa de su recorrido en la recuperación de la memoria histórica. No obstante, seguía tratándose de un proceso incipiente. La promulgación de normativa y entidades de memoria histórica estaba entonces, y sigue estando determinada por la presencia del movimiento memorialista asociativo. Un movimiento asociativo sin el cual no es posible entender la recuperación de la memoria histórica en Andalucía tal como la conocemos, que también ha participado en la creación de políticas públicas desde las propias instituciones. Como explica Javier Giráldez, Doctor en Historia Contemporánea y Director General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía (2015-2019): “No está el movimiento asociativo por un lado, los políticos por otro y las políticas de memoria por otro. Ha habido una sinergia y una permeabilidad entre unos y otros”.

De hecho, las acciones memorialistas que se han realizado hasta el momento en Andalucía (ya sean políticas públicas o no) han sido promovidas y, en algunos casos, completamente desarrolladas por el movimiento social. Para muestra, un botón: como recoge el proyecto Todos los Nombres, de CGT.A y la asociación Nuestra Memoria, para la realización del mapa de fosas de Andalucía, la Junta de Andalucía solicitó a algunas asociaciones memorialistas la ingente labor de localizar las fosas comunes existentes. Estas asociaciones fueron la Asociación Guerra y Exilio (para las provincias de Almería, Jaén y Málaga); la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía (en Cádiz, Huelva y Sevilla); el Foro Ciudadano por la Recuperación de la Memoria Histórica (en Córdoba) y la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica (en Granada). Sin embargo, a pesar de que, según la legislación vigente autonómica y nacional, las exhumaciones son responsabilidad de la administración pública, de las 900 fosas comunes que actualmente figuran en el mapa andaluz de fosas (con los cuerpos de 49.737 personas represaliadas), tan solo se han exhumado 227. Apenas una cuarta parte. De estas, probablemente una gran mayoría han sido solicitadas, gestionadas, en parte ejecutadas y difundidas por las asociaciones de familiares.

Recuperar la memoria de las víctimas de regímenes totalitarios del pasado reciente, sanando así el trauma latente en el inconsciente colectivo, es una tarea transversal y titánica, que necesariamente requiere la iniciativa de las instituciones públicas. En cambio, en Andalucía se ha tratado de un proceso fundamentalmente promovido por la ciudadanía. El abandono institucional que esto implica supone una continua revictimización. Así lo afirma María Luisa Hernández Portales, nieta, bisnieta y sobrina-nieta de desaparecidos forzados: “Se han ido logrando cosas, pero con demasiado esfuerzo. Ha sido desgarrador y lo sigue siendo. Es un país anti-democrático en cuestión de derechos humanos con respecto al genocidio franquista”. Andrés Rebolledo, coordinador de la Casa de la Memoria La Sauceda y presidente del Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar (2009-2022), lo corrobora: “Entendemos que hay una responsabilidad de Estado que no se ha cumplido todavía y la sociedad en su conjunto es víctima. Existe un trauma colectivo en la sociedad española. Parece que no existe, pero existe y se va transmitiendo de generación en generación”. En este panorama, ¿hasta qué punto ha tenido la normativa sobre memoria un impacto social efectivo?

Luces y sombras de la legislación andaluza de memoria

En 2012, la Junta de Andalucía creó la Dirección General de Memoria Democrática (DGMD) y designó como su primer director general a Luis Naranjo, docente y presidente del Foro por la Memoria de Córdoba. En su ponencia durante el I Congreso Internacional La Desbandá, Naranjo manifestó que la DGMD buscaba contribuir a “superar el discurso dominante a partir de la Transición, cuyo principal exponente –junto con la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo– consiste en la Ley de Memoria Histórica de 2007”. Con estas palabras, Naranjo constata una realidad abiertamente reconocida en el movimiento memorialista: las políticas públicas de memoria, tanto a nivel autonómico como nacional, no ofrecían las suficientes garantías para la investigación y divulgación de la verdad histórica, el acceso de las víctimas a la justicia, ni la reparación y garantía de no repetición.

“Fue una respuesta discursiva y poco específica, lo cual nos impide continuar con la investigación utilizando datos oficiales porque aparentemente no existen o el Gobierno andaluz no quiere ofrecerlos” explica Adrián Tarín, Doctor en Comunicación y miembro de MEYCOM sobre las preguntas a la Junta acerca de las políticas de memoria

El movimiento memorialista reclamaba la ruptura de las instituciones públicas con el discurso equidistante sobre los crímenes del franquismo, reconocidos desde 2013 por el Comité de las Naciones Unidas contra la desaparición forzada como crímenes contra la humanidad. Hasta el cese en 2015 de Naranjo (IU) como Director General de Memoria Democrática y su sustitución por Giráldez (PSOE), la DGMD trabajó en la elaboración de una ley autonómica de memoria que cumpliese esos objetivos. La preparación de la ley culminó en 2017 y fue aprobada con los votos de PSOE, Podemos e IULV-CA, así como la abstención de PP y Ciudadanos. No obstante, por sí sola, la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía sigue siendo insuficiente. En palabras de Giráldez: “La ley nos da un marco general, pero necesita mucho desarrollo normativo a través de órdenes y decretos”.

El discurso de la ley andaluza es correcto desde el punto de vista de los derechos de las víctimas: se reconoce el “papel fundamental” del movimiento asociativo; se califica al franquismo como un régimen fascista y se incluye la noción de crimen contra la humanidad. En efecto, se trata de un texto referente en el que la Junta de Andalucía asume la responsabilidad de recuperar la memoria histórica y reparar a las víctimas a través de mecanismos específicos (si bien varios de ellos, como el censo de víctimas o la creación de un Instituto de la Memoria Democrática, aún no se han llevado a cabo). Sobre las exhumaciones de fosas comunes, la ley reza: “Es la Administración de la Junta de Andalucía la obligada a realizar las actuaciones necesarias, conforme a los protocolos aprobados, para recuperar e identificar los restos de víctimas desaparecidas y de elaborar mapas de localización de restos, así como la responsable de autorizar toda localización, exhumación e identificación de restos”.

Lo que pudiera parecer una satisfacción a las demandas de las familias de las víctimas es, en la práctica, un arma de doble filo. Anteriormente, las familias y asociaciones habían acometido exhumaciones por iniciativa propia, con los permisos correspondientes sobre el terreno o incluso de forma clandestina; con o sin apoyo de las instituciones; con o sin identificación genética de los cuerpos. La ley de 2017 asegura unas condiciones mínimas, pero añade burocratización (y, por lo tanto, tiempo) al proceso, además de posibles obstáculos formales. En este sentido, José Luis Gutiérrez Molina, Doctor en Historia Contemporánea y director científico de Todos Los Nombres, critica que este aspecto de la legislación “impida que haya otro ente igual de público que el Estado, como son las asociaciones, que puedan hacerlo si no lo hace el Estado. Está quitándole el elemento público, de salud mental colectiva”. Se trata de un tema digno de discusión porque la reparación que se pretende lograr mediante las exhumaciones tiene un límite temporal y, como se ha mencionado, el número de fosas exhumadas sigue siendo minoritario. Han pasado casi 89 años desde el inicio de la sublevación militar fascista, pero, desde el punto de vista cuantitativo, queda casi todo por hacer.

Políticas de olvido para la inanición de la memoria histórica

En enero de 2019, por primera vez en la historia de la autonomía andaluza, el PP entró en el gobierno de la Junta de Andalucía, gracias al apoyo de Ciudadanos y Vox. Aunque, teóricamente, no debería ser así, el cambio de partidos en el gobierno tuvo un impacto evidente sobre las políticas de memoria. Paqui Maqueda, presidenta de la asociación Nuestra Memoria, lo explica de esta forma: “No es una política pública, sino que depende –y no puede depender– de los partidos políticos”. Pascual Collado, nieto y sobrino-nieto de desaparecidos forzados, agrega: “Si no es por el impulso político del gobernante de turno, no se realiza. No es una cuestión de Estado, que gobierne quien gobierne se tiene que ejecutar”. De esta forma, en el plano institucional, la recuperación de la memoria histórica queda subordinada a los motivos (éticos o estratégicos) y la prioridad que los partidos de turno en el gobierno establezcan para las iniciativas memorialistas.

Así, una de las primeras acciones del nuevo Ejecutivo autonómico en 2019 fue la eliminación de la Dirección General de Memoria Democrática y su sustitución por el Comisionado para la Concordia, un término que más tarde ha tenido eco en las “leyes de concordia” que PP y Vox han propuesto en Castilla y León o Extremadura, por ejemplo. Sin embargo, el uso de este término, pretendidamente conciliador, refleja un distanciamiento de las instituciones del movimiento memorialista y provoca protestas, como la de Portales: “Sin memoria, verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición no se puede hablar de concordia o reconciliación”. Y, en efecto, durante los últimos años, las acciones e incluso las instituciones públicas memorialistas (como la Oficina de la Memoria Histórica en Sevilla) han ido desapareciendo progresivamente, o han quedado paralizadas. “La corporación popular lo que ha hecho es terminar los encargos que le quedaron pendientes a la corporación socialista, pero de propia iniciativa ha habido pocas cosas”, sostiene Maqueda.

Acciones ya emprendidas o ineludibles, como la exhumación de la fosa de Pico Reja (Sevilla) o la salida de los restos de Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena, se han ejecutado como estaba planeado. Sin embargo, varias de las líneas de actuación establecidas por la ley autonómica (por ejemplo, la introducción de la historia de la represión franquista en las aulas escolares) siguen aguardando un desarrollo efectivo. Esto puede deberse a que los presupuestos establecidos por el I Plan Andaluz de Memoria Democrática 2018-2022 (PAMD), en la práctica, fueron disminuidos a la mitad aproximadamente, como se puede corroborar en los informes de seguimiento publicados por la Junta de Andalucía. Según se ha podido constatar, del presupuesto previsto de 9.492.000 euros en el I PAMD para el periodo 2018-2022, finalmente se ejecutaron 4.210.160 euros (si bien existe una laguna por la ausencia de publicación del informe de 2020). El II Plan Andaluz de Memoria Democrática 2023-2027, cuya versión en borrador (la única que sigue disponible) se publicó en marzo de 2024, establece una continuidad en este sentido, asignando un presupuesto de 5.044.160 euros para el periodo 2023-2027. Actualmente, el seguimiento a las acciones memorialistas de la Junta resulta complicado, debido a que no se han vuelto a publicar informes periódicos desde 2022.

En este contexto, el grupo de investigación Memoria y Comunicación (MEYCOM), adscrito a la Universidad de Sevilla, tomó la iniciativa de elaborar 152 preguntas al Parlamento de Andalucía sobre el estado actual de las políticas públicas de memoria. Las preguntas fueron presentadas al Parlamento en marzo de 2024 a través de la colaboración del portavoz adjunto de Por Andalucía, Juan Antonio Delgado Ramos. “No hubo una respuesta real a casi ninguna de las preguntas”, declara Adrián Tarín, Doctor en Comunicación y miembro de MEYCOM. Solo RTVA respondió de manera diferenciada a tres preguntas sobre la cobertura y el tratamiento a los temas de memoria en los canales andaluces. El resto de preguntas fueron solventadas en una única respuesta. “Fue una respuesta discursiva y poco específica, lo cual nos impide continuar con la investigación utilizando datos oficiales porque aparentemente no existen o el Gobierno andaluz no quiere ofrecerlos”, reitera Tarín.

En efecto, la respuesta del Gobierno andaluz a las preguntas parlamentarias de MEYCOM es de carácter general, con datos ambiguos que, además, contradicen los testimonios recabados entre militantes del movimiento memorialista. Por ejemplo, se dice que el mapa de fosas de Andalucía se encuentra “en constante evolución”, pero no es posible constatar la fecha de la última actualización. Se sostiene que el presupuesto dedicado a la exhumación de fosas comunes se ha incrementado en el periodo 2020-2023, pero gran parte de ese presupuesto proviene de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y no de la Junta. “El Ministerio de la Presidencia y Memoria Democrática le da el dinero a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la FEMP se lo da a los ayuntamientos”, explica Aurora Sánchez, de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Lebrija. Por último, el Gobierno declara haber adquirido un nuevo software para la identificación genética, con el que el tiempo de obtención de resultados se reduce a los 6-8 meses de media, pero Collado afirma llevar más de dos años esperando los resultados de sus familiares, una vez concluida la exhumación.

Como podía esperarse, el letargo de la Junta respecto a la recuperación de la memoria histórica ha llevado al movimiento memorialista a reaccionar con más organización y más protesta. Así, desde 2018, buena parte de las asociaciones andaluzas se han agrupado en dos grandes conglomerados: la Federación Andaluza de Memoria Democrática y la Asamblea de Memoria Andaluza. Las manifestaciones, protestas y actos de conmemoración son frecuentes, algunos tan multitudinarios como la manifestación del 13 de noviembre de 2021 en Sevilla, que concentró a más de 3000 personas que reclamaban a la Junta el cumplimiento de la legislación andaluza. Asimismo, la recuperación de la memoria histórica está adquiriendo un eco cada vez más sonoro en el mundo de la cultura, los medios de comunicación y la academia, ámbitos que resultan fundamentales para la investigación y la divulgación sobre la represión franquista.

El movimiento social como impulsor de la reparación

La recuperación de la memoria histórica en Andalucía (y en España) siempre ha sido un proceso tortuoso. Sin embargo, hubo un periodo (2005-2018) durante el cual las administraciones autonómicas promulgaron normativas y crearon instituciones con el fin de divulgar la historia de la represión franquista y reparar a las víctimas. La existencia de un activismo firme que ha logrado evidenciar la magnitud de la represión franquista se ha traducido en que algunos procesos (como las exhumaciones) sean prácticamente irreversibles. Sin embargo, en un contexto donde las “guerras de memoria” se encuentran en un punto álgido a nivel mundial, los ataques de los partidos de extrema derecha a la memoria histórica se han multiplicado. Quizás, cuando la ciudadanía plantea nuevos puntos de partida, como decía Galeano, en relación con importantes cuestiones sociales (como la interpretación del pasado reciente), quienes no pueden justificar sus privilegios según los parámetros morales actuales adoptan posiciones reaccionarias.

Incluso en un panorama adverso, el movimiento social compuesto por asociaciones de familiares ha sido, durante los últimos 25 años, el principal impulsor de las iniciativas de reparación. De esta forma, en Andalucía, la recuperación de la memoria histórica es muestra de que la ciudadanía organizada genera hitos sociales y políticos. Pero, en última instancia, la responsabilidad de garantizar una reparación efectiva a las víctimas y garantizar la no repetición a la sociedad en su conjunto compete al Estado. En diferentes grados, ningún gobierno autonómico ha promulgado y ejecutado las suficientes políticas públicas de memoria hasta el momento. Prueba de ello es la ingente cantidad de trabajo que queda por hacer: exhumaciones, simbología franquista, educación y un largo etc. Particularmente, los gobiernos presididos por Juanma Moreno se han caracterizado por el silencio ante las cuestiones sobre memoria y, de forma subrepticia aunque tangible, el abandono institucional.