Globalización
El terremoto Trump sacude las instituciones del orden mundial y la “globalización feliz”

No hay semana sin, al menos, una noticia que abunde en una deriva que parece no tener vuelta atrás: la demolición de las instituciones, tratados y dinámicas internacionales que marcaron las relaciones entre países desde el final de la II Guerra Mundial y, especialmente, desde la caída del Muro de Berlín. 

La Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la cooperación internacional y los tratados contra el cambio climático, los pactos de desarme nuclear y de prohibición de minas antipersona, hasta la propia ONU y sus agencias, también algunos tratados de libre comercio, han entrado en una crisis existencial permanente. 

El desmantelamiento de las instituciones y tratados internacionales es un hecho, explica Juan Hernández Zubizarreta, de OMAL, pero no afecta de la misma forma a todas las instituciones o a todos los intereses

El desmantelamiento de las instituciones y tratados internacionales es un hecho, confirma a El Salto Juan Hernández Zubizarreta, del Observatorio de Multinacionales de América Latina (OMAL), pero no afecta de la misma forma a todas las instituciones o a todos los intereses. Este experto en derecho corporativo y derechos humanos, habla de una demolición controlada y “asimétrica”: mientras todo lo que tiene que ver con derechos humanos, derechos de los pueblos, lucha contra la crisis climática y las garantías individuales se convierte en papel mojado, el derecho corporativo —aquel conjunto de normas y leyes no aprobadas por ningún gobierno ni institución democrática que conforma lo que llama una “Constitución económica global”— solo se ha visto reforzado. 

Un ajuste de una “asimetría vergonzosa”

No es una crisis del libre comercio ni mucho menos del sistema capitalista, señala este investigador, sino un ajuste global de una “asimetría vergonzosa”. Mientras el derecho corporativo goza de una “máxima exigibilidad, total justiciabilidad y ejecutividad absoluta”, la armazón del derecho internacional que protege a los pueblos y a las personas adolece de los problemas contrarios: los derechos son cada vez menos exigibles, cada vez es más difícil llevar las vulneraciones ante la justicia y, en el caso de conseguir un juicio y una condena, sirve de poco, porque los Estados no obedecen las sentencias si no coinciden con sus intereses geopolíticos. 

La orden de detención de Benjamin Netanyahu emitida por la Corte Penal Internacional en noviembre de 2024 sirve de ejemplo: Francia autorizó que el avión del primer ministro israelí utilizara su espacio aéreo en una clara violación del derecho internacional. A principios de abril, ante un supuesto viaje de Netanyahu a Alemania, el canciller en funciones, Olaf Scholz, declaró que le resultaba inimaginable que Netanyahu fuera detenido en su país. En su visita a Hungría, que finalizó el 6 de abril, Netanyahu también debería haber sido capturado: pese a haber anunciado su retirada de la Corte Penal Internacional dos días antes, esa decisión no tiene efecto hasta un año después, según recuerda Amnistía Internacional. 

“Trump, igual que Ayuso, quiere que hablemos todo el rato de lo que dice y no de lo que hace”

Yago Álvarez Barba

Donald Trump

Laura Camargo “Trump, igual que Ayuso, quiere que hablemos todo el rato de lo que dice y no de lo que hace”

Yago Álvarez Barba

La sociolingüista, analista de discurso y exdiputada por Podemos en Illes Balears publica el libro ‘Trumpismo discursivo’ en el que analiza las narrativas de la nueva internacional reaccionaria.

La “debilidad” del derecho internacional en materia de derechos humanos contrasta con la fortaleza del derecho corporativo, desarrollado en centenares de acuerdos de libre comercio y tratados de resolución de conflictos que permiten que las empresas puedan demandar a un Estado si lo estiman oportuno para ser juzgados en tribunales especialmente pensados para darles siempre la razón. 

Hernández Zubizarreta contrapone el fracaso del derecho internacional para detener el genocidio en Gaza con la rotundidad con que ha conseguido aplastar a Honduras después de que este país declarara inconstitucional la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). En 2022, Honduras derogó esta norma al considerar que estas zonas especiales cedían soberanía a empresas extranjeras. Para evitar demandas millonarias, Honduras se retiró en febrero de 2024 del Centro Internacional de Arreglos de Disputas de Inversiones (CIADI), una instancia del Banco Mundial. Pero nada de eso ha servido para evitar las demandas de los inversores, que exigen a este pequeño país centroamericano más de 10.000 millones de euros de indemnización. Hernández Zubizarreta no duda de que Honduras tendrá que terminar pagando: “La armadura corporativa es mucho más fuerte que el control de un criminal de guerra”. 

Trump pretende acabar con el multilateralismo y sustituirlo por una “bilateralidad asimétrica”, una negociación país a país “para imponer los puntos de vista” de las élites de Washington en cada uno de los casos

La destrucción de algunas de las instituciones de la globalización y del orden mundial de posguerra viene de lejos, explica este integrante de OMAL, pero la llegada de Donald Trump ha exacerbado esta deriva. Mucho de lo que ocurre, continúa, se explica por el empeño del presidente de Estados Unidos en terminar con el multilateralismo y sustituirlo por lo que llama una “bilateralidad asimétrica”, una negociación país a país “para imponer los puntos de vista” de las élites de Washington en cada uno de conflictos o relaciones que mantiene con otros países. 

Vestido de esmoquin, el propio Trump lo contaba a los donantes republicanos el pasado 9 de abril: “Os digo que estos países nos están llamando, besándome el culo. Se mueren por hacer un trato: ‘Por favor, por favor, hagamos un trato, haré lo que sea, haré lo que sea, señor”. Según declaraciones del presidente estadounidense, se trata de “acuerdos a medida, no fabricados en serie”. El Gobierno chino criticaba la estrategia de Trump: “Al abusar de los aranceles para amenazar y chantajear al mundo entero, está tratando de estrangular a otros países, obligándolos a ceder ante su política de intimidación”. Muchas de las instituciones del multilateralismo, incluso alguna de las más neoliberales, como ciertos tratados de libre comercio o como la OMC, se han convertido en un obstáculo para los intereses de los milmillonarios que han llegado al poder en Estados Unidos de la mano de Donald Trump. 

Esta aplicación selectiva de las leyes también se ha convertido en norma en la UE en temas migratorios, especialmente en las devoluciones en caliente y en las violaciones de derechos humanos del Frontex

Todo esto no implica que el libre comercio o la globalización capitalista se estén resquebrajando, asegura Hernández Zubizarreta, sino que están mutando. Frente a una “desregulación en masa” de los derechos colectivos, de los derechos laborales, sociales, culturales, climáticos, de los pueblos originarios, de los derechos de la naturaleza, el Gobierno de Trump y sus aliados internacionales están llevando a cabo un proceso que este investigador de OMAL llama “reregulación”, un fortalecimiento del poder de las empresas y la “imperatividad de los derechos corporativas a través de acuerdos comerciales” bilaterales y tremendamente desiguales.

Para instituciones en peligro, la democracia

Entre las instituciones debilitadas por el auge de los discursos y gobiernos ultraderechistas figuran el propio Estado de derecho y la democracia liberal, señala Hernández Zubizarreta. El camino hacia regímenes cada vez más autocráticos es una constante en las últimas dos décadas, también en Estados Unidos, con estructuras cada vez más presidencialistas, analiza, pero con Donald Trump se han alcanzado “niveles extremos de autoritarismo” que perdurarán después de la salida del multimillonario de la Casa Blanca, augura. 

Esta dinámica se está trasladando al interior de la Unión Europea y de los Estados, “debilitando los mecanismos de separación de poderes y el imperio de la ley”, denuncia. Una “aplicación selectiva de las leyes” y una “impunidad” para saltarse la propia legislación que se ha hecho evidente en los países donde ya gobierna la extrema derecha —Italia o Hungría— o donde más ha crecido el voto ultra. 

Esta aplicación selectiva de las leyes también se ha convertido en norma en temas migratorios, especialmente en las devoluciones en caliente, en las violaciones de derechos humanos del Frontex y en los acuerdos con terceros países para que detengan, torturen y asesinen migrantes en tránsito hacia las fronteras europeas. 

Vox y la paradoja del soberanismo subordinado

Miguel Urbán Crespo

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Opinión

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Mientras denuncian el 'globalismo' abrazan sin fisuras el patrocinio del mayor supermillonario planetario, que no parece tener más patria que el aumento de los dividendos de sus empresas

De fondo, un debilitamiento de la “soberanía popular” en favor de esta “Constitución económica global”, subraya Hernández Zubizarreta, tal como quedó claro con el caso de Syriza en Grecia hace ya diez años. “La democracia se convierte cada vez más en un cambio formal de gobernantes dentro de ciclos electorales, pero con una estructura global jurídica que les impide tomar decisiones fuertes”. La falta de criterios democráticos para aprobar el aumento récord del gasto militar propuesto por la Comisión Europea es otra muestra, para este analista, de una fachada democrática cada vez más hueca.

La crisis de Naciones Unidas y todo su andamiaje

Si hay una institución que representa la actual crisis del multilateralismo son las Naciones Unidas y todo su andamiaje de tratados y agencias, desde el Acuerdo de París de reducción de emisiones hasta la Organización Mundial de la Salud y la UNRWA. Para Josep María Royo, politólogo e investigador del Programa de Conflictos y Construcción de Paz en la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona, la crisis de la ONU no es nueva aunque se ha acelerado en los últimos años. 

No es nueva su incapacidad para impedir o mediar en conflictos —en los años 60 el dibujante Quino se refería a ellos como “los simpáticos inoperantes”—, imponer sanciones o encontrar fórmulas para que se cumplan sus dictámenes. Tampoco es nueva la relación de “amor-odio” de Estados Unidos con una institución que nunca ha terminado de controlar del todo, señala este investigador. 

Sí resulta más novedosa, concreta Royo, la retirada de Estados Unidos y otros países aliados de tratados e instituciones vinculadas a la ONU, así como la suspensión de ayudas económicas claves para su funcionamiento.

En su primer día como presidente, el 20 de enero, Trump firmó su salida del Acuerdo de París, el principal tratado internacional de lucha contra la crisis climática. En su primer mandato, junto con la eliminación de otras 100 medidas de protección ambiental, el republicano ya había sacado a EEUU de este acuerdo, restituido durante la gestión de Joe Biden. En campaña calificó el tratado como “una estafa a Estados Unidos”.

Ese mismo día, Trump también decretó la retirada de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una organización a la que Estados Unidos aportó, como primer donante en 2023, el 18% de los fondos. El portavoz de la OMS, Tark Jasarevic, declaró al día siguiente que la decisión podría afectar a la “salud de millones de personas en todo el planeta”, incluidos ciudadanos estadounidenses.

Si hay una institución de la ONU que ha sufrido la nueva ola ultraderechista mundial ha sido la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA)

El 4 de febrero, dos semanas después de asumir el poder, el milmillonario anunció la retirada de EEUU del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, una medida claramente simbólica ya que nunca había llegado a ser Estado miembro, pero que supone un “total y flagrante desprecio por los derechos humanos y la cooperación internacional”, según criticó Amanda Klasing, directora nacional de Relaciones con el Gobierno y Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional Estados Unidos.

Pero si hay una institución de la ONU que ha sufrido la nueva ola ultraderechista mundial ha sido la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA), que asiste a seis millones de personas desplazadas y en la práctica ha sido la única gran agencia de cooperación internacional que ha socorrido a la población gazatí. Las acusaciones, completamente infundadas como pudo comprobarse poco después, de que la agencia estaba infiltrada por Hamás, llevó a 15 países a retirar la financiación: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Austria, Finlandia, Rumanía, Estonia, Letonia, Lituania, Japón y Australia.

El día después de la sentencia del CIJ no solo no dejaron de caer bombas sobre civiles en Gaza sino que 15 potencias mundiales retiraron su financiación de la UNRWA dando crédito a las acusaciones falsas de Israel

Aunque todos aquellos países retomaron la colaboración con la agencia, con la excepción de EEUU, los problemas de la UNRWA están lejos de solucionarse. El 30 de enero de este año entraron en vigor las leyes israelíes que prohíben la actividad de la agencia en Israel, Gaza, Jerusalén Este y Cisjordania, algo que podría llevar a “interrumpir su trabajo en el territorio palestino ocupado” y “privaría a millones de refugiados de Palestina de servicios esenciales en Cisjordania, incluida Jerusalén Este”. Según denunciaban desde la UNRWA, con estas leyes, “Israel pretende desmantelar una agencia de Naciones Unidas por sí solo”.

Los tribunales de justicia internacional en el banquillo

Otro organismo multilateral vinculado con el sistema de Naciones Unidas que no atraviesa sus mejores horas es la Corte Internacional de Justicia (CIJ), dedicada a resolver contenciosos entre Estados. El 26 de enero de 2024, la CIJ dio la razón a Sudáfrica en su caso contra Israel y dictaminó que había suficientes indicios de que se estaba cometiendo un genocidio contra Gaza como para ‘exigir’ un alto el fuego y ‘obligar’ a Tel Aviv a que deje entrar la ayuda humanitaria. Las comillas simples vienen al caso, porque este tribunal no tiene capacidad de forzar una ejecución de una sentencia. El día después de la sentencia no solo no dejaron de caer bombas sobre civiles en Gaza sino que 15 potencias mundiales retiraron su financiación de la UNRWA dando crédito a las acusaciones falsas de Israel.

La Corte Penal Internacional es el otro gran tribunal del multilateralismo, aunque no forma parte de Naciones Unidas. Se regula por el Tratado de Roma de 2001, un acuerdo que grandes potencias como Estados Unidos, Rusia o Israel nunca han reconocido. El pasado 4 de abril, Hungría se sumó a los países que rechazan la competencia de esta corte, encargado de juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad. 

La actuación de Hungría, Francia o Alemania, que han ignorado o relativizado la orden de detención de Netanyahu, no han hecho más que agravar la crisis de legitimidad de la Corte Penal Internacional

La oposición de Estados Unidos a la CPI ha sido una constante desde su inicio, cuenta Josep María Royo, pero nunca había llegado tan lejos como ahora: a principios de febrero Trump firmaba una orden ejecutiva que incluía sanciones punitivas con “consecuencias tangibles y significativas” a los funcionarios de la CPI que trabajen en investigaciones que amenacen los intereses de Estados Unidos y sus aliados, incluido Israel. Para Royo, estas sanciones suponen un “paso brutal que busca socavar y destruir lo que la comunidad internacional ha construido laboriosamente durante décadas” en la lucha contra la impunidad. 

La actuación de Hungría, Francia o Alemania, que han ignorado o relativizado la orden de detención de Benjamin Netanyahu y su ex ministro de Defensa, Yoav Gallant, no han hecho más que agravar la crisis de legitimidad de este tribunal.

Y el impacto de estas medidas van mucho más allá de lo que ocurre con estos dos políticos convictos. “Las sanciones impuestas darán alas a los perpetradores de violaciones de derechos humanos, presentes y futuros. Repercutirán negativamente en los intereses de todas las víctimas del mundo y de quienes acuden a la Corte en busca de justicia en todos los países en los que lleva a cabo investigaciones, como Darfur, Libia, Filipinas, Palestina, Ucrania o Venezuela”.

La cooperación internacional

Otra de las víctimas de la ola ultraderechista y los nuevos populismos ha sido la cooperación internacional, uno de los pilares del multilateralismo y la “globalización feliz” de la que hablaba el escritor y activista Ramón Fernández Durán. 

El hecho más paradigmático de este cambio de paradigma es el cierre de la Usaid, con miles de despidos y la suspensión de proyectos de cooperación en más de 150 países. Una tendencia, explica este investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona, que no es exclusiva de EEUU “sino que también se lleva tiempo viendo en Europa”. 

El auge de los nuevos fascismos y populismos de derechas en todo el mundo ha hecho que en diferentes países se esté “erosionando” el concepto de cooperación vigente hasta ahora, entendida como una corrección de las condiciones de desigualdad y de pobreza producidas en buena parte, dice Royo, por una historia de “imperialismo colonial durante el siglo XX”. 

La cooperación internacional también está mutando, apunta Juan Hernández Vigueras, para incluir entre sus principales objetivos el control de las migraciones en los países de origen, unos cambios que todo tienen que ver con el auge de los discursos de extrema derecha. 

El rearme y los tratados

Esta crisis del multilateralismo ha venido acompañada de una escalada bélica, tanto en los discursos como en el gasto militar y en el abandono de tratados internacionales de desarme. A principios de abril, cinco países de la UE —Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y Finlandia— abandonaban el Tratado de Ottawa de 1997 que prohibía el uso, producción y transferencia de minas antipersonas. Para Amnistía Internacional, la decisión supone un “inquietante paso atrás que socava aún más el consenso mundial destinado a minimizar el daño a la población civil durante los conflictos armados”.

El tratado nunca contó con el apoyo de Rusia, China, India, Estados Unidos o Israel, unas potencias que tampoco nunca llegaron a firmar la convención de la ONU de 2010 para prohibir las bombas de racimo. 

Josep María Royo se muestra optimista y considera que pese a la retirada de estos cinco países, el acuerdo sigue “siendo un referente” que vincula a más de 160 países del planeta y aunque hay países que nunca han firmado o que no lo están cumpliendo, “sigue habiendo un amplio consenso a nivel internacional respecto a esta cuestión, igual que en relación a la disuasión en términos nucleares”.

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Para este analista, los retrocesos en las políticas multilaterales de desarme nuclear no implican necesariamente un mayor peligro de guerra atómica, que las potencias estén planteando un rearme nuclear o que haya cambiado el paradigma sobre la utilización de su arsenal de destrucción masiva. La retirada de los tratados de desarme son, explica este investigador a El Salto, una medida más de negociación y presión dentro de la escalada entre las diferentes potencias nucleares. 

Durante su primer mandato, en 2018, Donald Trump retiró a EEUU del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio (INF, por sus siglas en inglés) después de acusar a Rusia de violarlo, una medida que Rusia imitó poco después dando por “muerto el acuerdo”.

Y el 21 de febrero de 2023 el presidente ruso, Vladimir Putin, anunciaba la suspensión del último tratado de desarme nuclear que mantenía con EEUU, el START III o Nuevo START y afirmó que estaba preparado para reiniciar las pruebas nucleares si EEUU lo hacía primero. A pesar de que Rusia afirma que continuará limitando el número de ojivas desplegadas y que se trata solo de una suspensión temporal del acuerdo, la utilización de las armas atómicas en el enfrentamiento de bloques ha vuelto a los discursos políticos. “Todo esto realmente amenaza con un conflicto con el uso de armas nucleares y la destrucción de la civilización. ¿No lo entienden?”, aseguraba Putin en febrero de 2024.