Lobo
Organizaciones tratan de evitar la caza del lobo: “Volver a la receta de la gestión letal no funciona”

El pasado miércoles 2 de abril entró en vigor la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. Una norma “pionera” que viene a fomentar actuaciones para evitar la pérdida de alimentos. O, al menos, así hablaba de ella Luis Planas, ministro de Agricultura, cuando el proyecto de ley se aprobó en el Consejo de Ministros en primavera de 2022. A pesar de los avances que supone la ley para el acervo legislativo en general, el texto está siendo foco de polémicas. Pero no por el desperdicio de alimentos, sino por una enmienda de última hora que incluyeron las derechas en el Senado y que ha permitido que el lobo vuelva a ser trofeo de caza en el norte del Duero por primera vez desde 2021.

La ley de desperdicio alimentario incluye la obligación de las grandes superficies a donar excedentes, el deber de los bares a ofrecer tápers… y la desprotección del lobo. Esta medida se ha aprobado casi a escondidas: es el último artículo —obviando el que se refiere a la entrada en vigor de la norma— el que modifica el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) y el Catálogo de Especies Amenazadas. La desprotección del cánido queda plasmada en la ley en un lacónico “población referida [protegida]: sur del Duero”, con lo que se pueden cazar los ejemplares que vivan al norte del río, como se hacía hace cuatro años.

Podemos pide que se investigue la constitucionalidad de la ley que desprotege al lobo; una asociación ha denunciado por prevaricación al responsable de Biodiversidad cántabro

El Gobierno de Cantabria ya ha aprobado el cupo: se podrán cazar 41 lobos en la comunidad este año. El Ejecutivo asturiano ha anunciado que el número de ejemplares para cazar será 53, pero esta afirmación aún no es ley. Frente a estas medidas, ya ha actuado Podemos —pide al Defensor del Pueblo que investigue la constitucionalidad de la desprotección del lobo en la ley estatal— o una asociación ecologista cántabra, que ha presentado un recurso contra la decisión del Gobierno montañés y denunciado al responsable de Biodiversidad. Otras organizaciones han anunciado más demandas y medidas judiciales.

La gestión letal: una receta fallida

“Todo el conocimiento técnico dice que la receta de la gestión letal de lobos que el Gobierno de Cantabria ha aplicado durante 30 años no ha servido para reducir la incidencia del lobo sobre el sector primario o reducir la caza ilegal. Esa gestión ha sido errónea y contraproducente y volver a aplicar esa receta no funciona”, opina Jorge Echegaray, integrante de la asociación que ha recurrido la resolución cántabra. “El lobo hace daños, pero cuantificados son menos del 1% de las rentas agrarias. Hay que buscar puntos de convivencia, también porque hoy se tiene claro que matar al lobo no es eficaz porque aumenta los daños”, apostilla Fructoso Pontigo, portavoz de la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies.

Fructoso Pontigo (Coordinadora Ecoloxista): “Matar al lobo no es eficaz porque aumenta los daños”

Pontigo explica que no funciona la receta del “lobo que ves, lobo que matas”. “No sabes si es un lobo que ha matado ganado o solo ha comido jabalíes”, añade el ecologista. Además, al matar al integrante de una manada, el grupo se dispersa, lo que puede hacer que los daños al ganado aumenten. Pontigo señala a la administración como responsable parcial del sentimiento antilobo: “Hay que pagar los daños rápidamente, no puede ser que haya ganaderos que tengan que esperar tres años para cobrar. La desidia de la administración azuza a los ganaderos”.

Una denuncia por prevaricación y un recurso de alzada en Cantabria

El primer y por el momento único procedimiento judicial contra la desprotección del lobo es una denuncia por prevaricación contra Ángel Serdio, director general de Montes y Biodiversidad del Gobierno de Cantabria. Echegaray, miembro de la junta directiva de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL, la organización denunciante), explica sus motivos: “La resolución en el Boletín Oficial de Cantabria que permite cazar 41 lobos está autorizada bajo un marco y unas circunstancias [la ley de desperdicio alimentario] que son ilegales”. Al haber sido Serdio, como responsable de Biodiversidad, el firmante de la resolución “a sabiendas de la ilegalidad de lo que manifiesta”, ASCEL entiende que el político ha cometido prevaricación.

Y es que ASCEL considera ilegal la aprobación de la ley de desperdicio alimentario. “Inconstitucional”, llega a decir Echegaray a El Salto. Fundamentan su crítica en que las enmiendas que han desprotegido al lobo se “saltan a la torera” la Ley 42/2007 del patrimonio natural y la biodiversidad, en la que se establece el procedimiento para la inclusión o exclusión de especies del Lespre. “Se han saltado el procedimiento reglado”, defiende el representante de ASCEL.

En ASCEL consideran que la ley de desperdicio alimentario se “salta a la torera” el procedimiento de inclusión o exclusión de especies en el Lespre

El recurso de alzada contra la resolución del Gobierno de Cantabria, explica Echegaray, está motivado en cuestiones más técnicas. El foco de la cuestión es que el Ejecutivo cántabro ha establecido el cupo de lobos para la caza en 41 ejemplares, que, según los cálculos del Gobierno ‘popular’, suponen un 20% de una población total de 200 lobos en la comunidad. ASCEL cree que este cálculo es erróneo y que son menos los lobos los que transitan Cantabria, por lo que el cupo debería ser más pequeño.

“Nadie en España censa los lobos. El censo lo que hace es contar el número de grupos [manadas]. El Gobierno de Cantabria estima que el tamaño de los grupos de lobos es de 9 o 10 ejemplares por manada cuando es la mitad”, explica Echegaray. Lo que habría pasado, entonces, es que el Ejecutivo encabezado por Buruaga habría utilizado el número censado de manadas y multiplicado esa cifra por una cantidad de ejemplares por grupo superior a la real, defienden en ASCEL. El Gobierno cántabro habría sobredimensionado “arbitrariamente” la población de cánidos en la comunidad “para establecer un cupo más alto”, argumenta Echegaray.

Echegaray argumenta que el Gobierno cántabro habría sobredimensionado la población del lobo en la comunidad “para establecer un cupo más alto”

Ecologistas en Acción Cantabria ha anunciado que está preparando otro recurso contra la resolución cántabra. Adicionalmente, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) advirtió el pasado 25 de marzo que llevaría a los tribunales cualquier plan autonómico “para matar lobos” que “incumpla las leyes europeas”. “Matar lobos es ilegal mientras la especie se encuentre en un estado de conservación desfavorable a nivel nacional, de acuerdo con la jurisprudencia nacional y europea”, ha expresado la organización en un comunicado.

Acciones futuras y un fondo de protección en Asturias

En Asturias, el gobierno autonómico calcula que hay 345 lobos. Con base en esta estimación, Marcelino Marcos, consejero de Medio Rural asturiano, ha anunciado este martes en rueda de prensa que este año se podrán cazar 53 ejemplares, es decir, el 15% de la población estimada. La publicación de esta resolución en el boletín oficial de la comunidad autónoma tendrá lugar “próximamente”, según el alto cargo del Principado.

Aún no hay acciones en firme contra el anuncio del Gobierno del Principado porque todavía no está publicada la resolución. Aun así, varias organizaciones ya han anunciado que actuarán contra el texto. La Coordinadora Ecoloxista d’Asturies ha afirmado este martes que “agotará todas las vías legales” para proteger al lobo una vez se publique la resolución. “Habrá que ver si lo mejor es un recurso o una denuncia”, explica Pontigo, el portavoz de la Coordinadora, que cuenta que se están organizando a nivel autonómico en el Grupo Lobo Asturias para impedir las muertes de estos cánidos.

Varias organizaciones denunciarán en cuanto se publique la resolución el boletín oficial de Asturias

Más a largo plazo, la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica (PDCC) ha iniciado un proceso de micromecenazgo para crear un ‘fondo para la protección del lobo ibérico’. “La iniciativa tiene el objetivo de frenar la actual ofensiva legislativa y mediática y estará destinada a sustentar acciones basadas en evidencias científicas frente a los intereses particulares de los grupos de presión antilobo”, explican en una nota de prensa en la que ponen como ejemplo el fondo de defensa jurídica que se desarrolló contra el despliegue “desordenado” de eólicos en “áreas sensibles” de la Cordillera.

Petición de amparo al Defensor del Pueblo

En el ámbito estatal, Podemos ha solicitado al Defensor del Pueblo que revise la constitucionalidad de las enmiendas que desprotegen al lobo en la ley de desperdicio alimentario. La formación morada protesta no por el fondo, sino por la forma: entiende que estas enmiendas se incluyeron “de forma encubierta” y “al margen de los procedimientos democráticos”, de forma que se vulneraría “de manera flagrante” el Convenio de Aarhus, que garantiza el derecho de la ciudadanía a participar en decisiones que afectan al medio ambiente.

Podemos también ha pedido al PSOE que recurra la medida ante el Tribunal Constitucional —los morados no tienen el peso parlamentario para hacerlo por sí solos— y dicen que, en ese caso, los socialistas contarán con su “respaldo y votos”.

Podemos considera que el procedimiento de aprobación de las enmiendas que desprotegen al lobo no fue transparente y cuestiona su constitucionalidad

En medio de la polémica, el Ministerio para la Transición Ecológica apenas se ha limitado a decir que “está estudiando todas las posibilidades para garantizar la protección de la especie”. El día de la aprobación de la ley de desperdicio alimentario, la ministra del ramo, Sara Aagesen, consideró “precipitada, imprudente” y “en contra de la ciencia” la desprotección del cánido. “Sobre todo, sabiendo que llevamos meses trabajando con las comunidades autónomas para poder tener el censo del lobo en España”, dijo la vicepresidenta tercera.