Ecología
Estuario del Guadalquivir: desprotegido ante los vertidos mineros y olvidado por las administraciones públicas

Desde la Junta de Andalucía y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) no se han valorado adecuadamente los posibles impactos socio-ambientales de los vertidos mineros de la Mina Cobre Las Cruces al Estuario del Guadalquivir. Uno de estos vertidos mineros tuvo lugar entre 2009 y 2021 (900.000 m3 al año) y el otro, de más del doble del volumen del primero, ya está autorizado. En la misma línea, la Junta de Andalucía acaba de otorgar la Autorización Ambiental Unificada a la Mina de Aznalcollar para su vertido a la misma zona donde verte la Mina Cobre Las Cruces, sin tener en cuenta aspecto claves del funcionamiento de los contaminantes (metales) en el Estuario del Guadalquivir.

Esta actuación administrativa deficiente se produce por no haber tenido incorporadas conclusiones claves de los estudios científicos realizados en la zona, así como por no haber desarrollado investigaciones específicas para conocer cómo se comportan realmente estos vertidos mineros y sus metales en el Estuario del Guadalquivir. Estas insuficientes identificaciones y valoraciones de impactos socio-ambientales van más allá de la otorgación de permisos para vertidos mineros concretos, y pondrían de manifiesto falta de control ambiental de las administraciones públicas competentes.

Los sedimentos y la biota claves para el control de la contaminación

Tanto la Directiva Marco del Agua de (2000/60/CE), como la Directiva relativa a las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas(2008/105/CE), ponen a los sedimentos depositados en masas de agua y a su biota en primer plano a la hora de controlar los niveles de contaminación. Así, la Directiva 2008/105/CE establece que ‘los Estados miembros deben, entre otras cosas, controlar los sedimentos y la biota, según proceda, con la frecuencia adecuada para facilitar datos suficientes para un análisis fiable de tendencia a largo plazo de las sustancias prioritarias que tienden a acumularse en los sedimentos o la biota’. Como vemos, según la legislación europea, y también según criterios científicos, no basta con el seguimiento de contaminantes en el agua para conocer realmente la afectación de contaminantes en ecosistemas acuáticos.

En este sentido, la Directiva 2008/105/CE establece que ‘los sedimentos y la biota siguen siendo medios importantes para el control de ciertas sustancias con un potencial de acumulación significativo. A fin de evaluar el impacto a largo plazo de la actividad antropogénica y las tendencias, los Estados miembros deben tomar medidas […] para que no se superen de manera significativa los niveles actuales de contaminación de la biota y los sedimentos’. Con este objetivo, la Directiva recoge que ‘los Estados miembros dispondrán lo necesario para el análisis de la tendencia a largo plazo de las concentraciones de las sustancias prioritarias enumeradas en el anexo I, parte A, que tiendan a acumularse en los sedimentos o la biota […], los Estados miembros tomarán medidas destinadas a garantizar que dichas concentraciones no aumenten significativamente en los sedimentos ni en la biota’.

Además de poner a los sedimentos y la biota en el centro del control ambiental de la contaminación en ecosistemas acuáticos, la Directiva 2008/105/CE también establece que ‘los Estados miembros deben mejorar los conocimientos y datos disponibles sobre el origen de las sustancias prioritarias y las vías de contaminación con el fin de definir modalidades de control específicas y eficaces’. Entre los contaminantes de seguimiento prioritario que pueden acumularse en sedimentos y biota están varios metales característicos de vertidos mineros de minas de polisulfuros metálicos, como las minas Cobre Las Cruces y Aznalcollar.

En la línea de las Directivas comentadas anteriormente, la Guía de Gestión Integrada de Sedimentos de la Dirección General del Agua establece que algunos ‘contaminantes —como los metales— que entran en las aguas superficiales tienen preferencia por asociarse y acumularse en los sedimentos’ por lo que ‘debe darse prioridad a las soluciones destinadas a abordar la contaminación en su origen’ ya que ‘las medidas de remediación pueden ser necesarias, pero son menos eficaces y pueden ser muy costosas’.

¿Qué está pasando en el Estuario del Guadalquivir con los vertidos mineros?

Ni la CHG, ni la Junta de Andalucía, vienen analizando de manera sistemática y suficiente los niveles de contaminación en sedimentos y biota del Estuario del Guadalquivir, como evidencia su Plan Hidrológicocentrado en la calidad de las aguas. Entre los contaminantes cuyas concentraciones deberían estar siguiendo en sedimentos y biota están metales como el cadmio (Cd), plomo (Pb) y níquel (Ni), relacionados con vertidos mineros.

La concentración de metales potencialmente tóxicos en estos vertidos sería baja tras un proceso de depuración, pero los volúmenes de vertidos son tan elevados que la cantidad total que han llegado y llegarían al Estuario son de varias toneladas.

​Es en este contexto de dejación de responsabilidades por parte de las administraciones públicas, en el que se están autorizando los vertidos mineros de las Minas Cobre las Cruces y Aznalcollar al Estuario del Guadalquivir. La concentración de metales y metaloides potencialmente tóxicos en estos vertidos sería baja tras un proceso de depuración, pero los volúmenes de vertidos son tan elevados que la cantidad total de metales que han llegado y llegarían al Estuario está en el orden de varias toneladas. Una cantidad importante de estos metales podría precipitar y acumularse en los sedimentos, y de ahí pasar a bioacumularse y biomagnificarse en la biota. Aspectos que no han sido valorados ni por las empresas mineras, ni por las administraciones públicas. Además, las administraciones públicas carecen de un control sistemático y suficiente de contaminación por metales en sedimentos y biota, como hemos expuesto anteriormente.

​Por si esto fuera poco, un estudio científico de Bonnail y colaboradores publicado en 2019, en la prestigiosa revista Science of the Total Environment, demuestra que los sedimentos de las masas de agua donde verte la Mina Cobre Las Cruces (Corta San Jerónimo - Presa de Alcalá del Río) y la Mina de Aznalcollar (Corta de la Cartuja) presentan altas concentraciones de metales en sus sedimentos con efecto ecotóxico comprobado experimentalmente. Metales totalmente compatibles con el vertido ya realizado por parte de la Mina Cobre Las Cruces.

Principios de Precaución y de no deterioro, y control de investigación

​Ante esta situación, tanto la CHG como la Junta de Andalucía deberían poner en marcha, de inmediato, un sistema eficiente y suficiente de control de la acumulación de metales en sedimentos y biota en el Estuario del Guadalquivir. Siguiendo los principios de Precaución y de no deterioro, bases de la Directiva Marco del Agua, no deberían haberse autorizado vertidos mineros al Guadalquivir hasta que se estableciera este sistema de control de contaminación en sedimentos y biota.

Es más, la Directiva Marco del Agua establece que los Estados miembros pueden poner en práctica programas de control de investigación cuando desconozcan las causas del rebasamiento de los límites establecidos para los contaminantes controlados. En el caso de la zona interior del Estuario del Guadalquivir, el estudio científico citado de Bonnail et al. (2019) ha comprobado la acumulación de altas concentraciones de metales en sedimentos con efectos tóxicos en la biota. Esto debería hacer saltar la alarma para el establecimiento inmediato de un control de investigación al respecto. No poner en marcha este control de investigación es hacer dejación de funciones y mirar para otro lado frente a una contaminación metálica que puede provocar fuertes impactos socio-ambientales.

​La falta de un control ambiental suficiente por parte de las administraciones públicas de vertidos mineros al Estuario del Guadalquivir pone en riesgo la salud de este ecosistema, así como la salud pública.

​La falta de un control ambiental suficiente por parte de las administraciones públicas en este momento de vertidos mineros al Estuario del Guadalquivir pone en riesgo la salud de este ecosistema, así como la salud pública. Además, también pone en riesgo los intereses generales y aquellos de sectores económicos que vienen utilizando el Estuario durante décadas o siglos, como el pesquero, agrícola, acuicultura y turismo. La contaminación progresiva de los sedimentos de la parte interior del Estuario del Guadalquivir con metales podría llegar a convertir este cauce en un “río minero” altamente contaminado, como hay tantos en Andalucía Occidental fruto de las actividades mineras. Los ríos Odiel y Tinto, entre otros, no estaban altamente contaminados a lo largo de sus cauces antes del inicio de la minería industrial en el siglo XIX. Es responsabilidad de la CHG y la Junta de Andalucía que el Estuario del Guadalquivir no acabe en el siglo XXII como están ahora el Odiel y el Tinto.