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Grecia
Frontex pone de nuevo la mirada en Grecia

La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) investiga miles de deportaciones forzosas llevadas a cabo por Grecia en las fronteras europeas, tanto en las islas como en la frontera terrestre con Turquía, en la región de Evros, una práctica que la Convención de las Naciones Unidas sobre los Refugiados considera ilegal.
Según ha podido saber Politico, por el momento se están investigando 12 casos y Frontex espera que el Gobierno griego haga caso de las recomendaciones y las implemente. La agencia europea ha amenazado en retirar o recortar la financiación al país heleno si no se tienen en cuenta los comentarios. No es la primera vez que lo hace: en una entrevista en el marco de una investigación llevada a cabo por el medio griego Solomon, BIRN (Balkan Investigative Reporting Network) y el medio holandés Pointer, el director ejecutivo de Frontex, Hans Leijtens, reconocía que la “postura de tolerancia de Frontex hacia las devoluciones ilegales de solicitantes de asilo por parte de las autoridades griegas” podía haber contribuido a una “sensación de impunidad” por parte del país heleno.
El Gobierno griego mira hacia otra parte
Hace años que el Ejecutivo de Kyriakos Mitsotakis, de Nueva Democracia, niega las acusaciones de “devoluciones en caliente”, documentadas ampliamente por organizaciones internacionales como Human Rights Watch (HRW) o Amnistía Internacional (AI) y entidades locales como Lesbos Legal Centre o Refugee Support Aegean, quienes investigan las muertes y las desapariciones de personas migrantes en el mar.
Ni siquiera cuando se produjo el naufragio en Pylos, en la costa del Jónico (Peloponeso), el 14 de junio de 2023, en el cual quedó demostrada la responsabilidad de los guardacostas griegos en un incidente que costó la vida a unas 600 personas el Gobierno quiso reconocer lo evidente.
La investigación actual coincide con el señalamiento a Grecia por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Investigaciones independientes a través de pruebas forenses y la recopilación del relato de decenas de supervivientes pusieron de relieve entonces las prácticas de la Guardia Costera Griega. En aquel momento Frontex también puso su mirada sobre el país heleno y amenazó con suspender sus actividades de manera temporal en el país.
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Se acusó a los guardacostas griegos de no haber actuado con la rapidez que se esperaba y las investigaciones independientes concluyeron que los marines griegos habrían llevado a cabo una maniobra de amarre que hizo que la embarcación se desestabilizara y provocara el naufragio. En su momento, y también durante estos dos años y medio desde la tragedia, las autoridades griegas han negado todas las acusaciones.
La investigación actual coincide con el señalamiento a Grecia por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; que en enero de 2025 acusó a las autoridades griegas de llevar a cabo de manera sistemática devoluciones forzadas de personas migrantes. Se acusa al país heleno de violar el derecho internacional.