Universidad
Los acuerdos del Ministerio de Universidades no logran equilibrar los precios de matrículas entre comunidades

Estudiar sigue saliendo más caro según la provincia en la que lo hagas. Es la principal conclusión que se puede extraer del informe Precios públicos de matrícula: ¿ya está? presentado hoy, 8 de febrero, por el Observatori del Sistema Universitari (OSU) y elaborado por Vera Sacristán para analizar los efectos, en el presente curso 2022-2023, de las políticas del Ministerio de Universidades en los últimos años sobre precios públicos de matrícula universitaria, presentadas por el organismo como una forma de universalizar el acceso a la universidad junto a otras medidas relativas a las becas. 

El informe hace un repaso cronológico de la legislación y medidas que han llevado a la situación actual de precios universitarios —como el conocido ‘Decreto Wert’—, pero se enfoca en cómo han afectado los acuerdos de la Conferencia General de Política Universitaria para modificar el sistema de precios públicos universitarios establecidos a partir del año 2020, que han repercutido en los estudios oficiales —exceptuando títulos propios— cursados en centros propios —no centros adscritos— de universidades públicas —exclusivamente— por estudiantes residentes en la UE sin incluir las tasas y previo a la concesión de becas, bonificaciones o devoluciones.

Si te interesa el ámbito de las Artes y las Humanidades, debes saber que más allá del coste del alquiler, probablemente vayas a pagar más del doble por inscribirte en una universidad catalana que por hacerlo en Asturias

Concretamente, la diferencia entre una matrícula u otra de grado puede ser de cerca del triple —desde 518 hasta 1.361 euros, según el informe—. Si te interesa el ámbito de las Artes y las Humanidades, debes saber que más allá del coste del alquiler, probablemente vayas a pagar más del doble por inscribirte en una universidad catalana que por hacerlo en Asturias, aunque Catalunya es la comunidad donde más se han notado los efectos de estas políticas sobre los precios de las matrículas, también porque es la autonomía donde este encarecimiento era más notable. De hecho, tanto en Catalunya como en Madrid, el precio mínimo por curso supera los 1.000 euros, mientras que solo cinco comunidades autónomas fijan en esa cifra el tope de precio máximo por año académico. El modus operandi de Andalucía, donde todos los grados cuestan lo mismo, contrasta con lo que sucede en otras comunidades autónomas donde algunas carreras cuestan casi el doble que otras. 

Caso aparte es el de los másteres universitarios, probablemente el principal factor que sostiene la desigualdad social en el ámbito de la educación superior. Los másteres se pueden diferenciar, entre otras categorías, en dos: habilitantes y no habilitantes. Entre los aspectos destacados del informe, en el caso de los primeros, aunque sí se han visto afectados por las políticas del Gobierno, se reseña que “el precio de la primera matrícula de un curso de máster habilitante para o vinculado al ejercicio de una profesión regulada en España varía entre 591 euros y 1.283 euros”.

Es decir, existe una diferencia de casi el doble entre comunidades para unos estudios superiores necesarios para ejercer determinadas profesiones (profesorado de la ESO, Bachillerato, FP y Enseñanza de Idiomas; Psicología General Sanitaria; Arquitectura y varias ingenierías; además de los no vinculados que no habilitan por sí mismos pero pueden formar parte de la formación requerida para ejercer determinada profesión, como el caso de abogacía). Uno de los casos más populares es el primero, el de Formación del Profesorado de Secundaria: este solicitado máster cuesta más del doble en Navarra que en Galiza. Más allá de las diferencias entre comunidades, recibir esta formación de posgrado que se entiende necesaria sigue siendo caro: solo la mitad de las comunidades autónomas tienen precio máximo inferior a 1.000 euros por curso.

Sobre el cumplimiento de los acuerdos en lo relativo a los másteres habilitantes, el informe del OSU señala que en dos casos —Universidad de Navarra y UNED— el precio fijado está por encima del que el Ministerio de Universidades publicó como acordado, mientras que en otros ocho casos —Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, País Valencià, Extremadura, Galiza, Madrid, Murcia y La Rioja—, las comunidades autónomas “se han limitado a reducir el precio medio de los másteres habilitantes y vinculados hasta igualarlo al precio medio de los grados, manteniendo, sin embargo, precios diferenciados para másteres habilitantes o vinculados distintos”.

La inmensa mayoría de los másteres oficiales —más del 90%— no habilitan para el ejercicio de la profesión en España, así que no se han visto afectados por ningún acuerdo para la contención de sus precios

En cualquier caso, hay una cuestión importante y es que los másteres habilitantes son minoritarios en el mercado de la educación superior europea: la inmensa mayoría de los másteres oficiales —más del 90%— no habilitan para el ejercicio de la profesión en España, así que no se han visto afectados por ningún acuerdo para la contención de sus precios. “Como resultado, un máster no habilitante puede llegar a costar más de cuatro veces y media más en Murcia que en Andalucía, y alcanzar los 2.818 euros por curso, sin incluir los másteres a precios diferenciados”, estos últimos —algunos habilitantes— pudiendo alcanzar hasta 13.500 euros por curso, y teniendo presencia máxima en la Comunidad de Madrid (52 títulos de este tipo). Además, solo en tres comunidades —Andalucía, Galiza, Canarias— existen másteres con un precio inferior a los 1.000 euros.

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Educación Universidades privadas: reproducción de la desigualdad a golpe de talonario

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Los centros de educación superior privados han crecido considerablemente en número, oferta académica y matriculaciones en los últimos años. La necesidad de las élites de reproducir el sistema y mantener sus privilegios es uno de los factores que lo explican, pero el fenómeno responde a más cosas: encarecimiento de la pública, endogamia, obligatoriedad de posgrados, cambios en el paradigma del sistema educativo... y de la propia razón de ser de la universidad.

En este sentido, el informe del OSU destaca que “seis comunidades autónomas siguen fijando precios públicos especiales para algunos de sus másteres, a pesar de que el amparo legal para dicha diferenciación desapareció en mayo de 2020”. Igualmente, el Observatori adelanta que “con la futura desaparición de la regulación por ley y de la coordinación por parte de la CGPU, estos precios especiales quedarán legalizados”.

Además, los acuerdos han dejado fuera las matrículas de doctorado, y si bien es cierto que tradicionalmente han sido programas que suponen un importe menor que los grados y por supuesto que los másteres, estos estudios “han sufrido incrementos significativos y son tremendamente dispares entre comunidades autónomas”. Por todo ello, desde el Observatori deducen que “siguen sin detectarse criterios objetivos para la fijación de los precios públicos” de las matrículas universitarias.

España: la rara avis europea donde suspender supone una ruina

Un aspecto en el que incide recurrentemente el OSU en sus informes es que España supone una excepción dentro de los países del Espacio Europeo de Enseñanza Superior en lo que a la penalización económica por suspender una asignatura se refiere. “Todas las comunidades autónomas aplican coeficientes multiplicadores del precio de las segundas y posteriores matrículas, pero lo hacen de forma muy desigual, no solo en importes, sino también en criterios”. En rueda de prensa, Vera Sacristán, autora del informe, ha explicado que según los países hay diferentes formas de contemplar la formación universitaria y las segundas matrículas, pero que el caso español es a todas luces una excepción, reseñable teniendo en cuenta que sí se ha actuado sobre primeras matrículas. Así, se da la situación de que matricularse por segunda vez una asignatura puede costar más del doble que hacerlo por primera vez en un grado. Matricularla por tercera vez, puede multiplicar por más de cinco su precio inicial, y las cuarta y sucesivas, por 11.

Este castigo económico configura, a juicio de las expertas, “un panorama poco o nada consistente, en el que el estudiantado con pocos recursos puede verse atrapado en situaciones económicamente complicadas según el nivel de estudios y la comunidad autónoma y resulta un condicionante disuasorio a la hora de elegir los estudios a cursar”.

En este sentido, el OSU ha trabajado previamente la cuestión de la elección de estudios en función de la clase social del alumnado, extrayendo conclusiones como que los jóvenes de clase social baja tienden a evitar las carreras consideradas tradicionalmente más complejas —por la tecnicidad, por la experimentalidad, por el tipo de estudios...— debido a las dificultades económicas y/o conciliatorias que a menudo estas conllevan. “En las clases sociales altas estudian carreras por vocación, mientras que las clases sociales bajas eligen un factor más de 'funcionalidad' a la hora de escoger sus estudios”, resume Vera Sacristán en la presentación del informe.

Universalidad en la universidad: el reto que deberá afrontar el ministro Castells

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El prestigioso sociólogo Manuel Castells se erige como cabeza visible de la educación superior en un contexto en el que las principales demandas estudiantiles continúan vigentes: mayor financiación pública, reducción de tasas y becas más justas para que la universidad sea accesible a todo el mundo. 

En resumidas cuentas, las últimas medidas del Ministerio de Universidades sí han logrado retraer los precios de grado en primera matrícula de grado y de máster habilitante en primera matrícula —es decir, se han producido reducciones importantes y sí se ha logrado hacer más accesible económicamente la universidad en este sentido—, pero no así en el resto de másteres (que son la mayoría), de doctorado y de segundas y sucesivas matrículas. Tampoco se ha logrado equiparar los precios de grados —que pueden ser de más del doble— y de másteres —que puede ser de más de cuatro veces— por comunidades.

¿Cómo afectará la LOSU?

Tal y como se destaca en el texto completo del informe, en el curso actual 2022-23, el Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) —aprobado por el Congreso de los Diputados y pendiente de tramitación en el Senado— “prevé la desregulación y descoordinación entre comunidades autónomas de los precios públicos de matrícula, puesto que la Conferencia General de Política Universitaria deja de fijar su límite, y pasa a referirse a un 'marco general de contención o reducción”, además de eximir a las universidades públicas de la obligación de establecer modalidades de exención parcial o total del pago de los precios públicos y simplemente darles la opción de hacerlo.

Sobre las responsabilidades, Sacristán recuerda que la fijación de precios es “una responsabilidad compartida” entre quienes componen el CGPU, los gobiernos autonómicos y el Ministerio de Universidades, y que si bien este último ha trabajado en la reducción de precios de determinadas titulaciones, no ha surtido efecto en la mayoría de másteres —los no habilitantes—, siguen existiendo incumplimientos y a esto se suma que, tal y como se expresa en las conclusiones del informe, “de aprobarse la redacción actual del Proyecto de LOSU, la variabilidad y falta de justificación de los precios públicos podría consolidarse o incluso ampliarse”.