Asturias
Cinco muertos en la mina de Zarréu: demasiadas preguntas sin respuesta

Asturias y Castilla y León están de luto. Cinco trabajadores han fallecido y cuatro han resultado gravemente heridos en una explosión en la mina de Zarréu, ubicada en el municipio asturiano de Degaña, este lunes 31 de marzo. Esta tragedia, la más grave registrada en la minería asturiana en casi tres décadas, ocurrió en una mina prácticamente inactiva desde hacía siete años, pero que ha sido reabierta recientemente bajo un polémico permiso otorgado a la empresa Blue Solving para realizar investigaciones de nuevos usos del carbón, según ha asegurado el gobierno asturiano. La principal hipótesis señala a una bolsa de grisú, un gas letal compuesto principalmente por metano, como detonante del accidente.

La explosión tuvo lugar alrededor de las 8:45 horas en el tercer nivel de la mina, sorprendiendo a los trabajadores en plena faena. Las víctimas mortales tenían entre 32 y 54 años y eran mayoritariamente vecinos de las comarcas leonesas de Laciana y El Bierzo, mientras que entre los heridos hay un vecino del propio Degaña.

Los equipos de rescate, incluyendo la Brigada de Salvamento Minero, unidades caninas y diversas dotaciones de bomberos y sanitarios, se movilizaron rápidamente tras recibir el aviso de emergencia a las 9:32 horas, logrando rescatar a los heridos y recuperar los cuerpos de los fallecidos pocas horas después. Los cuatro heridos siguen hospitalizados y estables con diagnósticos de diversa consideración.

Blue Solving obtuvo en 2022 autorización de la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico del Principado de Asturias para explorar alternativas al uso del carbón

Sin embargo, las circunstancias en las que operaba la empresa, qué tipo exacto de trabajos realizaban los mineros en una zona supuestamente restringida y las aparentes contradicciones entre lo autorizado oficialmente y lo que testigos han denunciado ver en la mina abren interrogantes inquietantes que exigen respuestas claras. ¿Qué hacía realmente Blue Solving en la mina Zarréu y hasta dónde llega su responsabilidad en esta catástrofe?

Antecedentes e historial de la mina de Zarréu

La minería del carbón fue, durante más de un siglo, el motor económico de las cuencas del suroccidente asturiano y de comarcas limítrofes de León, donde se ubica Degaña, un pequeño concejo montañoso. La mina de Zarréu —denominación tradicional y oficial de dicha parroquia desde 2009, pero que convive en la prensa con la denominación en castellano “Cerredo”— tiene sus raíces históricas en Hullas del Coto Cortés, que controló la minería en la zona desde comienzos del siglo XX. En 2005, el empresario Victorino Alonso, conocido como el “rey del carbón” y uno de los principales empresarios del sector minero en el noroeste peninsular durante décadas, adquirió esta empresa y la fusionó con la Minero Siderúrgica de Ponferrada para crear Coto Minero Cantábrico. En 2009, fruto de esta fusión, nació el llamado Grupo Cerredo.

Las minas madrileñas de Victorino Alonso

Felicia Barrio

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Sistémico Madrid

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Jubilado, insolvente y cosido a denuncias por las que nunca ha ido a prisión, el magnate del carbón sitúa su patrimonio en Madrid. Su red de colaboradores regenta 50 empresas localizadas en tres oficinas, a cual más siniestra, que suman 100 millones de euros, Porsche Cayenne incluido.

Sin embargo, la trayectoria del grupo fue breve. La caída del sector del carbón y los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy precipitaron su crisis. En 2013, Coto Minero Cantábrico se declaró en quiebra. Sus activos pasaron entonces a la Compañía Minera Astur Leonesa, liderada por el también polémico empresario Rodolfo Cachero, quien acabaría en la cárcel por delitos fiscales.

Tras su muerte en 2024 y la incapacidad para reflotar la mina, los derechos volvieron a manos de CMC, la empresa de Alonso, que, a pesar de encontrarse en proceso de liquidación, era el principal acreedor y, por lo tanto, recuperó la titularidad de las concesiones, si bien la explotación quedó inactiva. Es a partir de ese punto, ya sin presencia directa de Alonso en la gestión, cuando se inicia un nuevo ciclo de adjudicación que culminaría con la entrada de Blue Solving el pasado verano.

En julio de 2015 un trabajador quedó atrapado en un derrumbe, y en agosto de 2022 otro trabajador falleció y uno más resultó herido en un accidente en las instalaciones exteriores

Esta empresa, fundada en 2022 con un capital inicial de 3.000 euros y cuyo administrador único es Adrián Rodríguez, obtuvo ese año autorización de la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico del Principado de Asturias para explorar alternativas al uso del carbón, con el propósito de extraer minerales destinados a la producción de grafito, un permiso que no incluía extraer carbón.

Victorino Alonso, actualmente en tercer grado penitenciario, cumple condena por graves atentados ambientales cometidos con sus minas en la provincia de León. Aunque no mantiene vínculos conocidos con la empresa Blue Solving, su figura sigue presente en el imaginario de la minería del noroeste. Algunas dinámicas observadas en el sector recuerdan a modelos de gestión empresarial del pasado, aunque no exista prueba de continuidad formal entre actores antiguos y nuevos.

En el historial reciente de la mina constan accidentes previos relevantes: en julio de 2015 un trabajador quedó atrapado en un derrumbe, y en agosto de 2022 otro trabajador falleció y uno más resultó herido en un accidente en las instalaciones exteriores.

La investigación se centrará ahora en conocer las condiciones en las que trabajaban los mineros y determinar si la empresa cumplía estrictamente con los permisos necesarios

En cuanto al marco legal, el Plan de Cierre de la Minería del Carbón, pactado entre el Gobierno de España y la Unión Europea, obligó al cierre de explotaciones no rentables en 2018. Reabrirlas no es ilegal, pero exige devolver las ayudas públicas recibidas si se quiere retomar la extracción. Blue Solving obtuvo un permiso de investigación, no de explotación, aunque según la Consejería de Industria se le autorizó a extraer muestras con fines de análisis para usos industriales como la grafitación.

Un año sin minería de carbón en Asturias

Rafael Luis Álvarez

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El reparto y la escasa cuantía de los fondos de la UE para financiar la llamada Transición Energética Justa avivan el malestar de unos valles mineros que, un año después del cierre de las últimas minas de carbón, siguen sin contar con propuestas de futuro claras ni viables.

Las hipótesis que se barajan

Inicialmente se consideró que el accidente podría haber sido causado por problemas técnicos en una máquina, pero rápidamente ganó peso la hipótesis de una acumulación de grisú. Los expertos señalan que una concentración de metano entre el 4 y el 14 por ciento junto con una chispa pudieron desencadenar la explosión, manifestando extrañeza por la falta de alertas provenientes de detectores obligatorios en estos casos.

La prensa asturiana se está empezando a hacer eco de los comentarios de los vecinos quienes señalan que en la mina se podría haberse estado realizando una extracción de mineral no autorizada, aunque este extremo deberá ser confirmado por la investigación oficial. Otros aseguran que en el momento del accidente no se estaba extrayendo mineral, sino realizando labores de mantenimiento y limpieza. La investigación se centrará ahora en conocer las condiciones en las que trabajaban los mineros y determinar si la empresa cumplía estrictamente con los permisos necesarios.

En 2023 Blue Solving recibió una subvención de 927.000 euros del Instituto de Transición Justa para instalar una planta de valorización de subproductos y escombros de la construcción

De momento, Adriana Lastra, Delegada del Gobierno en Asturias, junto con Belarmina Díaz, consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio, han confirmado que la empresa había pasado con éxito una inspección administrativa realizada el mes anterior por la Administración. Durante dicha inspección, no se encontraron anomalías ni incumplimientos en las labores que estaban llevando a cabo, las cuales incluían la retirada de materiales diversos como vías, cuadros eléctricos y chatarra. La licencia para estas actividades vencerá el próximo 11 de abril. De momento la explotación permanecerá cerrada mientras se lleva a cabo un análisis de lo sucedido.

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En ausencia de un movimiento regionalista o nacionalista digno de tal nombre, el movimiento obrero se convirtió, en los años 80 y 90, en la gran herramienta colectiva en defensa de los intereses generales de la comunidad.

La trayectoria controvertida de Blue Solving

El diario digital asturiano NORTES informó que el permiso que se le concedió a Blue Solving el pasado verano para investigar usos alternativos al carbón no aparece en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, pero sí fue confirmado en una respuesta parlamentaria al diputado Adrián Pumares, de Foro Asturias, por la entonces consejera Nieves Roqueñí y la Directora General de Minas, Belarmina Díaz, actualmente consejera.

La publicación asturiana también ha confirmado que en 2023 Blue Solving recibió una subvención de 927.000 euros del Instituto de Transición Justa, adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para instalar una planta de valorización de subproductos y escombros de la construcción, actividad que aparentemente no tenía relación directa con la minería. En cambio, otro proyecto financiado en la misma convocatoria, gestionado por Combustibles Asturiana y Leonesa S.L., empresa dirigida por Jesús Rodríguez Morán, padre del propietario de Blue Solving, sí estaba relacionado con el sector minero, concretamente con la fabricación de briquetas destinadas a uso industrial, lo que aumenta aún más las preguntas sobre la verdadera actividad e intenciones de la empresa en la mina de Zarréu.

El índice de accidentes mortales en la minería española es de 37 fallecidos por cada 100.000 trabajadores, cifra significativamente superior a la media de otros sectores

Como parte del contexto empresarial que rodea a Blue Solving, cabe recordar, tal y como está haciendo parte de la prensa leonesa y asturiana, que Jesús Rodríguez Morán, padre del actual propietario, estuvo implicado en 2009 en un caso de narcotráfico, acusado de introducir hasta 400 kilos de cocaína en un cargamento de carbón vegetal importado en el puerto de El Musel, Gijón. Este dato, aunque perteneciente al pasado y sin una relación directa demostrada con el actual accidente, es relevante en la medida en que muestra un contexto de antecedentes complejos y coincidencias. En cualquier caso, más allá de los antecedentes, lo que se investiga ahora es la legalidad de las actividades recientes dentro del marco autorizado por la administración.

Desde esta publicación se han realizado gestiones para contactar con Blue Solving, pero no ha sido posible obtener una respuesta.

Reacciones políticas y sindicales

El trágico accidente ha provocado una fuerte reacción política y sindical. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se desplazó al lugar del accidente el primer día y declaró visiblemente consternada: “En el siglo XXI no puede morir nadie así. No puede pasar lo que hoy estamos viviendo en nuestro país”. Díaz aseguró que “todo el peso de la ley va a recaer sobre las posibles responsabilidades que haya”.

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, también enfatizó la necesidad de una investigación rigurosa, asegurando que “la empresa va a ser chequeada de arriba a abajo” y reconoció que aún se desconoce exactamente qué actividades se realizaban en el momento de la explosión.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó sus condolencias a través de redes sociales, transmitiendo su solidaridad con las familias de las víctimas y deseando una pronta recuperación a los heridos.

Desde el ámbito sindical, SOMA-FITAG-UGT y CCOO convocaron 48 horas de paro en el sector minero, exigiendo transparencia absoluta y medidas urgentes para garantizar la seguridad laboral. Felipe Carlón, responsable de USO Industria Asturias, exigió reforzar los protocolos de seguridad, manifestando la profunda preocupación del sector ante posibles irregularidades.

Una actividad aún de alto riesgo

Históricamente, la minería ha sido una de las industrias con mayores índices de siniestralidad. Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en su “Informe de Siniestralidad Minera 2023”, el último publicado hasta la fecha, a la espera del correspondiente a 2024, que el índice de accidentes mortales en la minería española es de 37 fallecidos por cada 100.000 trabajadores, cifra que, aunque representa una mejora respecto a años anteriores, sigue siendo significativamente superior a la media de otros sectores. Este dato subraya la persistente peligrosidad de la minería, incluso en contextos de reconversión y transición tecnológica.

Además, informes recientes señalan problemas persistentes en la supervisión minera. Por ejemplo, se ha identificado la “captura regulatoria”, por la que la industria minera ejerce una influencia indebida en las decisiones de los organismos reguladores, en forma de “lobby, donaciones políticas, y 'puertas giratorias' entre los reguladores y las operadoras mineras”, comprometiendo la seguridad y salud de los trabajadores.

Estos hechos resaltan la necesidad de una revisión exhaustiva de los sistemas de control y supervisión en la minería, asegurando que las normativas de seguridad se implementen y cumplan rigurosamente para prevenir futuras tragedias.

En este contexto, el accidente de esta semana reabre el debate nacional sobre las condiciones de seguridad laboral en sectores estratégicos en reconversión, como la minería. Asimismo, plantea interrogantes sobre la eficacia en el control y supervisión de los proyectos financiados por el Instituto de Transición Justa. El desenlace de esta investigación no solo marcará el futuro de Zarréu, sino también la credibilidad de los mecanismos de control y de los fondos para la transición energética en España.