Galicia
¿Qué papel juega Abanca en el proyecto de la celulosa de Altri en Galicia?

El proyecto de macrocelulosa de Altri y Greenalia en Galicia sería inconcebible sin el trabajo incansable dos actores fundamentales: la Xunta y la sociedad público-privada Impulsa Galicia, participada mayoritariamente por el Gobierno gallego (40%), Abanca (38%), Reganosa —controlada por el grupo propietario de los supermercados Gadis— (12%) y Sogama (10%).

Aunque al comienzo, cuando el relato de la fábrica de fibras textiles del gabinete de Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda todavía seguía en pie, no se escondían. Asistían juntos a presentaciones formales con el Gobierno gallego o viajaban a Bruselas a buscar financiación. Ahora, después de la enorme contestación social y tras desvelarse también que la factoría que se pretende ubicar en Palas de Rei (Lugo) producirá en realidad 400.000 toneladas anuales de celulosa y subproductos como yeso, sus apariciones públicas se han desvanecido.

Carta abierta a José Soares de Pina, CEO de Altri: “Paren este proyecto que Galicia ni quiere ni necesita”

Manoel Santos

Tribuna

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Los argumentos para apoyar lo que decimos son muchos. Se situaría en un terreno en el borde de la ZEC Serra do Careón; provocaría un nuevo ciclo de plantación masiva de eucalipto o de importación desde países del Sur; y no tiene licencia social.

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Al comienzo de todo este recorrido, finales del año 2021, incluso los eufemismos eran otros. El proyecto que la sociedad de la Xunta y Abanca presentaron se llamaba 'Gestión sostenible de los bosques gallegos'. El proyecto, recuerdan desde Impulsa, nació en los despachos de la Xunta de Feijóo: “Una vez concebido el proyecto en Impulsa Galicia, se contactó con los líderes del sector a nivel mundial para presentarles la oportunidad. Dentro de este proceso, se llevaron a cabo negociaciones minuciosas con cuatro grandes empresas de ámbito nacional e internacional con capacidad para ejecutarlo”, se puede leer todavía en la presentación de las primeras informaciones públicas alrededor de la factoría.

El negocio, constatan, era millonario: “Todas ellas se mostraron interesadas por la dimensión del proyecto (...) Se siguió un proceso de negociación equitativo, estructurado y homogéneo con los potenciales socios promotores que se extendió desde mayo hasta septiembre de 2021. Finalmente, se llegó a la firma de un memorándum de entendimiento con la portuguesa Altri”. Allí se cuajó todo.

 ¿Qué es Impulsa Galicia realmente?

La pregunta tiene difícil respuesta. En los papeles, Impulsa, que en realidad se llama Sociedade para o desenvolvemento de proxectos estratexicos de Galicia SL, es una sociedad público-privada promovida por la Xunta de Galicia para “agilizar iniciativas empresariales tractoras” creada al calor de la aparición de los fondos de recuperación económica de la Unión Europea tras la pandemia de Covid-19, los Next Generation. Con ella, el Gobierno del entonces presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, pretendía tender un puente entre la administración que dirigía y las grandes empresas de la oligarquía gallega para facilitar su acceso a los fondos públicos.

Necesitaba una entidad financiera que lo avalase y ahí apareció Juan Carlos Escotet, el banquero venezolano presidente de Banesco que se hizo con Abanca tras la desastrosa gestión de la fusión de las cajas de ahorro gallegas. La famosa y torpe operación financiera avalada por Feijóo donde se dilapidaron 8.000 millones de euros de dinero público y cuyos directivos acabaron en prisión.

El consejo de administración de Impulsa es una fotografía nítida de los intereses que se protegen tras el proyecto de fábrica de celulosa. La presidenta es María Jesús Lorenzana, la conselleira de Economía, Industria e Innovación de la Xunta. El vicepresidente es Francisco Botas, consejero delegado de Abanca. Entre sus consejeros, por citar solo un par, se encuentra el expresidente de la Xunta, Fernando González Laxe; o el secretario Eduardo Cortizo, responsable de asesoría jurídica de Abanca y secretario también del consejo del Deportivo.

Organizar el boicot contra Altri y Greenalia

Javier H. Rodríguez

Opinión

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El poder de la oligarquía gallega ya ha demostrado su capacidad para llevar adelante la construcción de una celulosa que buena parte de Galicia rechaza. Tras el visto bueno ambiental de la Xunta, conviene dar un giro en la estrategia de presión.

Una sociedad medio pública, medio privada y enteramente opaca

De la trastienda de Impulsa Galicia apenas se conoce la información que está presentada en el Registro Mercantil. A pesar de tener una participación mayoritaria de una entidad pública, la Xunta se ha negado durante los últimos cuatro años a hacer el más mínimo ejercicio de transparencia. A comienzos del mes de abril, el Consello de Contas, ente fiscalizador de las cuentas y de la gestión económico-financiera del sector público gallego, reprendía a la Administración autonómica por ello, reiterando que todavía no ha puesto en marcha su recomendación para “transparentar” las finanzas de Impulsa Galicia y Recursos Naturales de Galicia, otra de las sociedades con una estructura similar.

Se trata de dos entidades en las que el Gobierno autonómico actúa como “el socio de referencia que posee la mayor participación de todos los accionistas”, tal y como se recoge en el informe económico-financiero sobre las entidades instrumentales correspondiente al ejercicio 2023, que el Consello envió para tal efecto al Parlamento gallego.

Este informe, entre otras cosas, responde a las alegaciones presentadas por la Xunta, aclarando que “en ningún caso” se califica a Impulsa Galicia ni a Recursos Naturales de Galicia como sociedades públicas autonómicas conforme a los criterios establecidos por la ley reguladora de la administración general y del sector público autonómico de Galicia (Lofaxga).

No obstante, el órgano fiscalizador resalta en el trabajo que “la existencia de indicio de control público o, en todo caso, la innegable influencia pública significativa recomienda incrementar las exigencias de transparencia y control”, motivo por el que desestiman las alegaciones de la Xunta.

Además, se subraya que diversos factores como la promoción pública, la configuración de sus órganos de gobierno, la ubicación en dependencias oficiales, la designación de responsables o el derecho de veto en decisiones clave evidencian “indicadores de control público y/o influencia pública significativa” que la Xunta intenta pasar por alto.

Frente a ello, el informe reprocha que el Gobierno de Rueda “no ha aprobado un marco normativo ni tiene implantadas medidas de gestión que incrementen el nivel de transparencia y supervisión en estas entidades en las que la participación pública, aunque pueda no ser mayoritaria, es muy relevante”.

Contas recuerda que Impulsa Galicia “no rindió cuentas ni se integró en los presupuestos generales”, y que “la Xunta de Galicia tiene una participación del 48,02% en el capital y el 50% de los derechos de voto”, apuntando además que la presidencia de la entidad recae en la conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana.

Por todo ello, el órgano fiscalizador concluye que “teniendo en cuenta todos estos elementos, la Xunta de Galicia como accionista de referencia debe arbitrar las medidas oportunas para transparentar la actuación financiera de esta entidad y para que su actuación sea sometida a control público”.