El Salvador
El caso Ábrego García destapa el turbio pacto de la Administración Trump con Nayib Bukele

Kilmar Ábrego García, de 29 años, que ejerce de padre de tres criaturas y está casado con una ciudadana estadounidense, se ha convertido en un símbolo de la arbitrariedad salvaje de la Administración Trump en su empeño por mostrar su mano dura contra las personas migrantes. En marzo, Ábrego fue uno de los cientos de detenidos bajo la ley estadounidense de Enemigos Extranjeros de 1798. En Estados Unidos se habla de su secuestro ilegal y deportación en un caso que es el síntoma de una “crisis constitucional” en tanto Trump ha cometido “desobediencia deliberada a órdenes judiciales”, según un juez federal.

Arrestado en un operativo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EEUU (ICE, por sus siglas en inglés) el 12 de marzo, el propio cuerpo fronterizo ha reconocido que su arresto y deportación, solo tres días después, se debió a un “error administrativo”. Ábrego García no ha sido condenado, ni en Estados Unidos ni en El Salvador, pero se encuentra ahora bajo custodia del régimen de Bukele.

Trump y Bukele se reunieron en el despacho oval de la Casa Blanca para desafiar al derecho internacional y jactarse de su falta de soberanía y de intenciones por resolver el caso de Ábrego

La policía local de Maryland le había acusado de pertenecer a la pandilla MS-13, no obstante, ningún juzgado confirmó esos cargos. La detención, según la propia policía, se debió a que este trabajador salvadoreño “llevaba una gorra de los Chicago Bulls y una sudadera con capucha”, pero todo lo que la justicia había determinado era que no podía ser repatriado a El Salvador puesto que su vida en su país de origen corre peligro.

Esa previsión de la justicia no impidió que el 15 de marzo, Ábrego fuera enviado al Centro de Confinamiento para Terroristas (Cecot) de El Salvador, “la cárcel más grande de toda América”, según la propaganda del Gobierno de Nayib Bukele.

Ivania Cruz, abogada de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador, explica a El Salto que la detención y deportación de personas como Ábrego García —que no es un caso único— viola “muchos artículos de diferentes tipos de instrumentos internacionales”, lo que debe acarrear consecuencias para ambos mandatarios.

El lunes 14 de abril, Trump y Bukele se reunieron en el despacho oval de la Casa Blanca para desafiar al derecho internacional y jactarse de su falta de soberanía y de intenciones por resolver el caso de Ábrego. El Gobierno de EEUU delega la responsabilidad en el país centroamericano, mientras que Bukele declaró que era “absurdo” pensar que iba a meter “de contrabando” al detenido en EE UU y aseguró también que no le iba a liberar en su país porque "no le gusta mucho liberar a terroristas”, a pesar de todas las evidencias en contra de la pertenencia de Ábrego a una de las bandas catalogadas como tal.

“El estado de excepción se está utilizando en El Salvador para gobernar en base al miedo”

Susana Albarrán Méndez

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El Salvador

Ivania Cruz “El estado de excepción se está utilizando en El Salvador para gobernar en base al miedo”

Susana Albarrán Méndez

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A esta defensora de derechos humanos y comunitarios le allanaron su casa mientras se encontraba en un viaje internacional. Desde el exterior, denuncia la persecución del gobierno salvadoreño hacia su organización y hacia las comunidades que defiende.

El lunes, 21 de abril, una delegación de congresistas demócratas llegaron a El Salvador con la intención de denunciar la negativa del Gobierno de Trump a cumplir la orden del Tribunal Supremo de Estados Unidos que exige que funcionarios de su administración declaren sobre la deportación de Ábrego y dictamina que el gobierno tiene el deber de ayudar al retorno de este ciudadano del Estado de Maryland. Los congresistas han denunciado el “programa de secuestro financiado por el gobierno” en el que se enmarca este caso específico.

Desde la Casa Blanca se insiste en que ya no hay marcha atrás puesto que el detenido ha pasado a estar bajo custodia salvadoreña. “Nunca regresará”, es el mensaje, unido a nuevas falsedades sobre su pertenencia a MS-13.

En la reunión del 14 de abril, los dos gobiernos anunciaron la puesta en marcha de un acuerdo de seis millones de dólares por el que El Salvador se compromete a encarcelar a migrantes venezolanos deportados durante un año.

En la razzia llevada a cabo hasta ahora, el país centroamericano ha recibido a más de 200. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, se ha negado a escuchar las propuestas de Bukele de repatriación de los deportados venezolanos desde EE UU, a quienes se acusa de pertenecer a la organización Tren de Aragua, otra organización calificada como terrorista. “Dé fe de vida de todos los muchachos secuestrados, diga dónde están enjuiciados, qué causas, qué delitos cometieron, permita el acceso a abogados y familiares a la visita en la prisión donde los tienen secuestrados, abandone el camino de la desaparición forzosa”, ha sido la respuesta de Maduro.

Bukele, el mandatario favorito de Trump

Junto con el presidente de Argentina, Javier Milei, Bukele fue el único mandatario latinoamericano invitado a la toma de posesión de Trump el pasado mes de enero. Marco Rubio, secretario de Estado de este gabinete, le ha declarado su admiración y El Salvador fue uno de los primeros destinos de la primera gira que el responsable de Exteriores estadounidense realizó por Latinoamérica.

Si la visita a Panamá fue tensa por la controversia que Trump ha querido generar en torno al Canal interoceánico, con quema de banderas estadounidenses incluida, el paso por El Salvador sirvió para refrendar el entendimiento en materia penitenciaria entre los dos países.

Tres días antes del encuentro de Trump y Bukele, la web Politico una información sobre el informe elaborado por un equipo de contratistas de defensa están presentando a la Casa Blanca. Estos expertos, entre los que está el fundador del ejército de mercenarios Blackwater, Erik Prince, se plantean la anexión a Estados Unidos de una parte del territorio salvadoreño a través de un “Tratado de Cesión”. El objetivo político es puentear los problemas generados por el uso de la ley decimonónica de enemigos extranjeros con las que hasta ahora se han producido las deportaciones. A nivel empresarial, Prince quiere explotar el negocio millonario de la mano dura, lo que William I. Robinson llama “acumulación por represión”.

La economista salvadoreña Tatiana Marroquín considera que el ofrecimiento de Bukele es “justamente el resultado de coincidencias en la visión militarizada, carcelaria y antiderechos de ambos gobiernos”. Marroquín denuncia que no se observa qué puede aportar al desarrollo social de la población salvadoreña el posible aumento de los ingresos del gobierno salvadoreño por ofrecer “este servicio”.

“Prácticamente es vender la vida humana como una forma de mercancía”, denuncia Cruz sobre el acuerdo económico para las deportaciones

Hay, además, un deliberado empeño por espectacularizar la violencia penitenciaria, por medio de fotos del Cecot en los que se ve a los detenidos deshumanizados a través de sus posiciones, sus cabellos rapados o la ropa que visten. Con capacidad para albergar hasta 40.000 internos, el Cecot salvadoreño se ha convertido en un símbolo de la política autoritaria de Bukele.

Como detalla el medio salvadoreño —que trabaja desde el exilio— El Faro, la imagen del Cecot se corresponde con la propaganda del régimen de asociar sus cárceles, muy especialmente este centro, con el crimen organizado de las maras, pero la realidad es que la mayoría de la población penitenciaria no ha sido condenada por pertenencia a una de estas organizaciones.

El Cecot, paradójicamente, es una de las cárceles con mejores condiciones entre los ocho centros penales del país centroamericano, a pesar de que “en todos los penales en El Salvador son prácticas comunes la tortura y la corrupción”, explica Cruz. La economista Tatiana Marroquín ahonda en esta idea: “Se debe dejar claro que la institucionalidad carcelaria en El Salvador no es buena, está plagada de violaciones a derechos humanos y condiciones deplorables para las personas en su interior. Sobre todo desde el régimen de excepción”.

Ivania Cruz recuerda que el Cecot es la única cárcel a la que Bukele ha permitido el ingreso. Mandatarios de otros países, youtubers o periodistas han servido al plan del presidente salvadoreño “para utilizarlo como una especie de cinematografía, de espectáculo, y así vender este tipo de modelo a otros países”, explica. La realidad de otros penales como el Penal de Esperanza, conocido como Mariona, son escenario de torturas e incluso asesinatos a presos como denunció el defensor de derechos humanos Fidel Zavala, quien desde abril se encuentra encarcelado y está en peligro de sufrir las violencias que ha denunciado, como ha alertado Amnistía Internacional.

86.000 detenidos sin juicio

Desde la toma de posesión de Trump, cientos de personas de origen salvadoreño han sido deportadas al aeropuerto San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez en la capital centroamericana. Para Cruz, “obviamente Estados Unidos está financiando a Bukele para que le ponga al servicio los centros penales del país para encarcelar más inmigrantes: prácticamente es como vender la vida humana de una forma de mercancía. Estas son parte de las denuncias que nosotros estamos haciendo a nivel internacional y también muchas organizaciones a nivel nacional”, explica.

Cruz detalla a El Salto que Bukele “siempre tuvo comunicaciones con la ultraderecha conservadora de Estados Unidos” y que en este segundo mandato se han mantenido y consolidado las políticas de excepción compartidas por Trump y el presidente del Salvador desde el primer mandato del político neoyorquino. Esta abogada define el sistema encarnado por Bukele como un modelo fascista con políticas represivas: “Parte de ello es el régimen de excepción que en El Salvador se mantiene desde hace tres años y que ahora ese régimen de excepción se ha elevado a nivel internacional con las capturas arbitrarias, ya no solo de salvadoreños; ahora quieren considerar que una persona, al no tener documentos está cometiendo un delito, un crimen, y pretenden criminalizar esa situación”, resume.

Tatiana Marroquín considera que el ofrecimiento de Bukele es “justamente el resultado de coincidencias en la visión militarizada, carcelaria y antiderechos de ambos gobiernos”

86.000 personas han sido detenidas sin órdenes judiciales y no se espera un juicio justo para ellas. Las autoridades salvadoreñas han anunciado que no procesarán a esos miles de personas de forma individual; en su lugar, han iniciado juicios masivos con más de 900 acusados a la vez, escribía recientemente Noah Bullock para El Faro. Cruz refrenda este hecho y detalla que, según las estimaciones de las organizaciones de derechos humanos, al menos un 30% de las personas detenidas son inocentes.

Desde el 27 de marzo de 2022, El Salvador se encuentra en régimen de excepción, un hecho que se traduce en la suspensión de las garantías constituciones del derecho a la defensa de las personas detenidas, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y el plazo máximo de detención provisional de 72 horas.

A ese régimen de excepción se llegó, según recuerda Cruz, cuando se rompió la tregua que Bukele mantenía con los máximos líderes de las pandillas, “específicamente la Mara Salvatrucha; Bukele liberó en su mandato a diez líderes que posteriormente fueron recapturados en México y que Estados Unidos tiene en su poder”. Ese hecho es otro subtexto de las negociaciones que hoy se llevan a cabo entre Washington y San Salvador.