Universidad
Dos meses en huelga y dos juicios pendientes: el servicio de deportes mantiene el pulso a la UAM

Hoy suman exactamente 59 días en huelga. Ayer estaba prevista la celebración del primer juicio, pero se suspendió porque “la empresa ni se ha presentado y su abogada presentó ayer un escrito diciendo que estaba enferma”, según explican desde el sindicato. Ya arrastran unas cuantas demandas y también alguna inspección de trabajo. El servicio de deportes de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) exige mejoras salariales y el abono de unos complementos del ERTE que se prometieron pero que aún no han visto, a pesar de una sentencia judicial que falló a favor de los empleados. El conflicto laboral no es menor y en última instancia responde a una realidad generalizada en las instituciones de educación superior: la subcontratación de servicios de universidades públicas a empresas privadas.

Raúl, nombre ficticio pues prefiere mantener el anonimato, pertenece al servicio de deportes y explica que los hechos se remontan a hace más de 10 años. “El servicio de deportes era un servicio público de la universidad, y a finales de 2011 la universidad decide de la noche a la mañana privatizarlo”. El servicio de deportes supone créditos para el alumnado, pero de él también disfrutan otros miembros de la comunidad universitaria, como personal docente o de administración y servicios.  Para junio de aquel año, el profesorado que forma parte de estas sesiones ya tenía preparada una propuesta de programación, “pero en septiembre tuvimos una reunión con los directores del servicio de deporte y nos dijeron que en ese momento pertenecíamos a una empresa que no conocíamos; de pagarnos directamente la universidad y tener una serie de condiciones, la nueva empresa hizo como si no existiera el servicio y empezáramos de cero”.

En ese contexto, narra Raúl, hubo trabajadores que firmaron las nuevas condiciones “y perdieron su antigüedad”. Otros se resistieron, algunos abandonaron. “Después de pelear en nuestros puestos de trabajo, logramos que esa contratación, que presentaba claras irregularidades, se parara en un Consejo de Gobierno”. Se trataba, aseguran, de una licitación que se hizo por invitación, no fue un concurso público abierto. Pero, a pesar de haber conseguido pararlo, “más tarde se aprobó sacar un nuevo concurso con esta nueva empresa”. 

Los problemas, asegura el trabajador, empezaron pronto. Algunos empleados dejaban de cotizar en periodos vacacionales o festivos. “Esto ha llevado a la situación actual”, asegura. Esa empresa, Elitesport Gestión y Servicios SA (EGYSSA), duró alrededor de cuatro años, y posteriormente entró en juego una segunda empresa, EmteSPORT, que lleva desde entonces funcionado y con la que está activo el conflicto. En esta nueva contrata, indica Raúl, cabe recordar que también se incluían los servicios de limpieza, taquilleros, socorristas, servicios. Se hicieron elecciones sindicales con la empresa, a la que “abrieron un expediente por vulneración de derecho sindical y obstrucción a las elecciones, pero logramos tener un comité de empresa”. En los primeros cuatro años de concurso se convocó una huelga de un día. “Se despidió a gente, se redujeron horas”, resume Raúl.

La sentencia demostró que había un acuerdo entre los trabajadores y la empresa, y que esta última debía complementar en un 85% la base reguladora del salario de los trabajadores

En esa primera huelga, la universidad sí asumió un rol: reunió a la empresa y a los trabajadores, y se negoció “instando a que hubiera un cambio de actitud, y a la empresa le interesaba porque iba a salir un nuevo contrato”.

Tiempo después, llega la pandemia y con ella el confinamiento estricto. “La cosa se quedó en stand by” hasta que “la empresa se comprometió a darnos un tanto por ciento del salario si admitíamos un ERTE por fuerza mayor”. La plantilla votó a favor, llamaban cada semana para saber qué era de las compensaciones de ese ERTE, pero no había respuesta, aseguran. “Tuvimos una reunión con la dirección de la empresa después de eso y dijeron que no, que no había sido una decisión en firme”. Decidieron llevarlo a juicio, y después de dos años salió: la sentencia demostró que había un acuerdo entre los trabajadores y la empresa y que esta última debía complementar en un 85% la base reguladora del salario de los trabajadores, tal y como prometió. La empresa anunció que recurriría la sentencia. 

Víctor, miembro del sindicato convocante Solidaridad y Unidad de los Trabajadores (SUT), se refiere a la “génesis” de esta huelga como “una acumulación de despropósitos por parte de la empresa”, incidiendo en la cuestión de los ERTE. “Al no cumplir con ese complemento, la empresa prolongó desmedidamente el ERTE llegando a alargarlo casi un año y medio en algunos casos, con una reducción drástica de las condiciones salariales”, explica el sindicalista. En ese contexto, complementa Raúl, “todo el mundo excepto los coordinadores” se puso en huelga indefinida, porque incluso aquellos que habían llegado nuevos “han visto que esto es una miseria”. “No se dan clases, no hay socorristas, la universidad ni siquiera puede dar sesiones dentro de sus instalaciones públicas porque está todo parado, el servicio entero”, añade el docente. Son alrededor de 55 trabajadores, ahora mismo están de huelga 44. Desde el sindicato calculan que la huelga está afectando a alrededor de 200 alumnos y más de 500 usuarios.

La tabla reivindicativa es amplia. La gente no decide sus vacaciones, no se cumple el convenio, los salarios son bajos, resume Raúl. “Las únicas subidas salariales en todos estos años han sido las legales”, expresa Víctor, quien añade que a lo único que se ha comprometido la empresa es que “la empresa que venga suba los salarios un 3%”, lo cual ha sido rechazado por la asamblea. Las negociaciones, resume el miembro del SUT, no avanzan por varios motivos, uno de ellos la vulneración al derecho de la huelga por parte de la empresa, que ha sido sancionada por Inspección de Trabajo recientemente por sustituir a los trabajadores huelguistas por nuevas personas empleadas. Ayer se iba a celebrar el primer juicio por vulneración de derecho a huelga con la empresa, pero también han denunciadoa la universidad por algo similar: haber empleado a servicios de seguridad para acceder a las instalaciones para sacar el material y por haber contratado otros espacios deportivos para celebrar las actividades, “algo que vulnera el derecho a huelga”, aseveran.

Las negociaciones, resume el miembro del SUT, no avanzan por varios motivos, uno de ellos la vulneración al derecho de la huelga por parte de la empresa, que ha sido sancionada por Inspección de Trabajo recientemente por sustituir a los trabajadores huelguistas por nuevas personas empleadas

En lo que respecta al servicio de limpieza, Ana (nombre ficticio) lleva diez años trabajando en la empresa. “Yo empecé con la empresa antigua, tenía unos derechos según convenio y, al llegar esta empresa como elefante por cacharrería, perdí derechos”, dice. Asegura que hay varias personas empleadas, no solo en el sector de limpieza sino en el servicio de deportes en general, que han sufrido acoso laboral. En la actualidad, enumera la empleada, el servicio de limpieza lo componen cuatro personas: dos a jornada completa y otras dos que están cuatro horas cada una. Ana garantiza que tiene sobrecarga de trabajo. Acumula dos demandas, por exceso de horas y porque la empresa quiere descontarle las horas que no trabajó por la Filomena. Este medio se ha puesto en contacto tanto como con la empresa como con la universidad para conocer su versión de los hechos, hasta el momento sin respuesta a ninguna de las cuestiones planteadas en la correspondencia.

Respuesta de la universidad

Raúl dice que a lo largo de esta última década se ha reunido con altos cargos de la universidad y la relación era buena, pero que, en esta ocasión, el equipo rectoral, “que en las reuniones a cuando presentaban la candidatura nos lo pusieron todo muy bonito”, una vez ganadas las elecciones cambió de actitud. “Cuando le presentamos los documentos nos dijeron que tenían que hablar con la empresa, me aseguró que le pediría que bajara la conflictividad”, pero la realidad fue que la empresa empezó a aplicar sanciones. Informaron de las mismas y el delegado de rector dijo que “iba a ponerlo en conocimiento de los servicios jurídicos de la universidad”. Ante la falta de respuesta, anunciaron que convocarían la huelga.

El pasado mes de diciembre, en el contexto de la amenaza de huelga, el Instituto Regional de Mediación y Arbitraje (IRMA) convocó a la empresa y a la universidad para negociar. La universidad no se presentó, aseguran los huelguistas. Los trabajadores insistieron en que se presentara en la siguiente reunión, a la que tampoco acudió alegando que “se trataba de un conflicto entre los trabajadores y la empresa, y que ellos no tenían nada que ver con el servicio de deportes, que los funcionarios no están en huelga”, repasa Raúl. Como comité de empresa, han insistido en reunirse con la universidad porque dentro de poco tienen que volver a salir los pliegos para licitar el servicio “y tendrán que conocer nuestras reivindicaciones”. La universidad no, pero la empresa sí se volvió a reunir en enero con los trabajadores con una propuesta que los trabajadores rechazaron “porque era pírrica”, llegando a ofrecer menos de lo que ofrecían en la sentencia que ganaron los empleados.

“Hay una cosa que tenemos que poner antes, y es que si esto lo asumiera quien lo tiene que asumir, la universidad, sería la manera más real de solucionar esto”, expresa Víctor, “pero ni siquiera nos responden”

“Hay una cosa que tenemos que poner antes, y es que si esto lo asumiera quien lo tiene que asumir, la universidad, sería la manera más real de solucionar esto”, expresa Víctor, “pero ni siquiera nos responden a los correos”. Raúl apoya el discurso: “Se supone que la universidad tiene que tener una supervisión del servicio que se da, pero en lugar de eso mira para otro lado. Si esto hubiera sido una empresa privada, con gente que de verdad se juega su dinero, esto se hubiera solucionado en dos o tres días, pero aquí lo que pasa es que la universidad tiene un presupuesto que es público y les da igual”, asevera. 

Para Víctor, hay un elemento importante que es “cómo está configurada la externalización, porque jugamos con la peor de las combinaciones: esto no es ni público ni privado”. Se refiere a que los estatutos de la universidad obligan a tener un servicio e instalaciones de deporte, pero está todo externalizado. “La universidad determina los precios de los abonos, las actividades que se hacen y las ratios mínimas de alumnos, y le pagan un canon a la empresa, con lo que ésta no tienen ningún aliciente para no rebanar el servicio y las condiciones laborales, y obtener más beneficios”, explica el sindicalista. “Esta empresa, habiendo tres grupos o 3.000 para dar clases, va a cobrar lo mismo, así que no hay ningún incentivo para que mejoren la oferta al usuario, y en lugar de eso se ha reducido”, añade Raúl.

De hecho, Víctor asevera que hay un elemento importante que motiva que no se avance en las negociaciones y es que “la universidad no sanciona a la empresa por el incumplimiento de los pliegos y le sigue pagando el canon pese a que el servicio está reducido a menos de un 10%”. La universidad paga en torno a 65.000 euros de canon a la empresa, “y no la sanciona pese a que los pliegos establecen en la cláusula 15 la posibilidad del secuestro, intervención del servicio y en la 16 que la falta de servicio durante un día es motivo de sanción muy grave e incluso de resolución del contrato”. A esto, dice, se añade que los usuarios han pagado los abonos de un servicio que no se está dando “y que cuando estos han devuelto el recibo, la empresa les ha mandado un mail amenazándoles de que les iban en un recargo”. “Si la universidad controlase todo esto, esta empresa no trabajaría como trabaja, de hecho no estaría aquí”, añade Ana.

“La universidad no sanciona a la empresa por el incumplimiento de los pliegos y le sigue pagando el canon pese a que el servicio está reducido a menos de un 10%”

Víctor va más allá: “Hay un sostén económico que podría ser un delito de malversación y de fraude de fondos públicos, porque el dinero se abona a cambio de un servicio”. Está prevista la celebración de un segundo juicio en marzo por vulneración al derecho a huelga, este con la empresa pero también con la universidad por su negativa a negociar.

Fuerza sindical

La sección del sindicato que conduce la huelga se creó a raíz de un juicio contra la universidad y la primera empresa, cuando se percibieron descontentos con el proceder de los sindicatos que estaban dentro de la universidad y decidieron montar el suyo bajo el paraguas de Solidaridad y Unidad de los Trabajadores (SUT), un sindicato de clase sin subvenciones ni liberados. Para los huelguistas, el apoyo del sindicato está siendo fundamental para continuar la protesta dos meses después.

Sobre esta cuestión, hay un mecanismo importante y es la caja de resistencia del sindicato. “Hay usuarios que llevan dando clases con nosotros desde hace diez años, hemos recibido aportaciones por parte de los trabajadores muy grandes y el sindicato ha puesto a nuestra disponibilidad una caja de resistencia”, dice Raúl. “Otra cosa no, pero la convicción de que tenemos razón y de que peor no podemos estar es férrea, así que estamos dispuestos a lo que haga falta”, concluye.