Medio ambiente
De faro a exótico restaurante: el proyecto que ecologistas y vecindario quieren paralizar en Alicante

Si se buscan opiniones del faro de Cabo de la Huerta en un conocido portal web de viajes, se observarán dos cosas: la referencia a la imposibilidad de acceder al edificio y lo llamativo, para los internautas, de la presencia solitaria de esta construcción en un área costera donde el urbanismo ha ido ganando terreno. El faro, que fue inaugurado en 1856, es ahora propiedad de la Autoridad Portuaria de Alicante (APA) quien, en su consejo de administración celebrado en el mes de abril, decidió que iniciaría los trámites —cuando acabara el estado de alarma— “para la reforma y explotación del recinto”.

El Cabo de la Huerta fue categorizado hace un año como “la zona más exclusiva de la Costa Blanca”, según un informe de la inmobiliaria Engel & Völkers. Desde las calas pueden observarse, de hecho, algunos de los grandes chalés y bungalows que pueblan el área y que acercan los motivos que pudieron invitar a una empresa a proponer a la Autoridad Portuaria el acondicionamiento de parte del interior del edificio como restaurante, iniciativa que llevó a iniciar el proceso para su concesión, contemplada para 15 años prorrogables en cinco más.

La idea se topó pronto con la oposición de colectivos ecologistas y de una parte de la sociedad alicantina. Además de una campaña de recogida de firmas contra este destino para el faro —que suscribieron más de 6.500 personas—, la Asociación de Amigos de los Humedales del Sur (AHSA) se apresuró a anunciar que presentaría alegaciones contra la instalación de un restaurante cuando se conoció que cinco empresas, todas de restauración, competían en el concurso: el colectivo ecologista defiende la necesidad de convertir el edificio en un centro de interpretación ambiental, tal y como sucedió con otros faros, como el de Xàbia o el de El Albir. “No nos parece un uso adecuado en un entorno natural, más teniendo en cuenta que hay cientos y cientos de restaurantes cerca. No existe ninguna razón que justifique este uso, más allá de la puramente económica porque el Puerto cobraría un canon por el empleo de las instalaciones”, expresa Miguel Ángel Pavón, miembro de AHSA. 

“Hay muchas cuestiones que no se han tenido en cuenta para el proyecto”, introduce el activista. Hace referencia a las seis fichas del catálogo de protecciones de Alicante que incluyen el entorno —bien por su valor cultural, paisajístico, arqueológico o natural y ambiental— en el que se ubicaría el nuevo restaurante, a las que, lamenta, no se hace ninguna alusión en el proyecto. “Nosotros entendemos que no es compatible el uso propuesto con la protección que se quiere dar al faro y su entorno”. Menciona, en este punto, el impacto por ruido y contaminación lumínica que puede suponer para el territorio y el vecindario la instalación del restaurante en un sitio “bastante bien conservado hasta el momento”. 

Con la noticia de la futura concesión, la Autoridad Portuaria expresó su preferencia por darle un uso cultural, pero ninguna administración pública, lamenta el colectivo ecologista, ha realizado ningún movimiento en este sentido desde que se inició el proceso para presentar ofertas. 

Antecedente BIC

La empresa que ha obtenido la máxima puntuación para explotar el faro —ganadora entre otras cuatro propuestas de restauración— ya tiene otro restaurante que resultó igualmente conflictivo en la zona, colocado en Torre Castillo, un baluarte defensivo de la Huerta alicantina. “El restaurante Torre Mauro está implantado en un Bien de Interés Cultural (BIC), y se llevaron a cabo actuaciones que han supuesto una agresión a ese BIC: eliminaron jardines que eran protegibles que había en torno a la torre y la han rodeado de todo tipo de estructuras”, defiende Pavón. “La torre ahora está en un entorno urbanizado y no es precisamente un ejemplo de respeto hacia el patrimonio cultural ni hacia el vecindario”, añade.

Algunas actuaciones de la empresa fueron, de hecho, recuerda el portavoz de AHSA, llevadas a juzgado por parte del propio Ayuntamiento de Alicante. En 2015, se abrió una investigación a Torre Mauro por desobediencia al reabrir la terraza, que había sido precintada por carecer de licencia; y en 2017 un juez ratificó la clausura de las instalaciones “por carecer de licencia, exceder el ruido permitido y ocupar el entorno de una torre de defensa declarada BIC”, según informó la prensa local. Diez años antes, la misma cabecera informaba de que Cultura ya había denunciado que la venta de la Torre Castillo había vulnerado la ley de Patrimonio.

Suelo público para beneficio privado

Sobre el proyecto de la empresa Forty Gestión S.L. —que gestiona el restaurante Mauro, pero también conocidos locales de la zona como el Copity— para el faro, que se ha sometido a información pública y para el cual se pueden presentar alegaciones hasta el 2 de septiembre, Pavón afirma que no parece que incurra en ninguna ilegalidad —“aunque está por ver”, matiza— pero sí dice que en cualquier caso “hay cosas que nos chirrían”. Menciona una torre de vigilancia del siglo XVI cuya ubicación exacta todavía se desconoce: “No sabemos cómo el restaurante puede afectar a estos restos arqueológicos”, expone, mientras añade que previsiblemente en el espacio exterior colocarán iluminación y otros materiales que pueden desvirtuar, dice, el entorno, “algo que no es descartable viendo la experiencia de la Torre Mauro”. En su proyecto, la empresa asegura que “no se altera en los edificios intervenidos ni su volumetría, ni texturas, ni colores, ni iluminación… Nada que pueda condicionar la funcionalidad real de un faro marítimo”, además de proponer visitas guiadas culturales y otras actuaciones “para el respeto y conservación del entorno”.

Mientras en el caso del baluarte la empresa compró la parcela, explica el activista, en el del faro seguirían siendo terreno público,  “con lo que el riesgo es menor pero no se puede descartar nada y, en cualquier caso, esto es una privatización del espacio público”, subraya el que también fue concejal de urbanismo. “No nos parece de recibo hipotecar durante 15 años un espacio que podría acoger los valores patrimoniales del Cabo de la Huerta”. Su última alegación, de hecho, hace alusión al apartado de paisajismo del proyecto: “[La empresa] dice apostar por la conservación de fauna y flora de la zona, pero hacen referencia a especies que no están presentes en la zona, porque hacen copias y pegas de un texto que habla de toda España, lo que demuestra una total falta de rigor”, asegura el experto. También lamenta que en general haya desinformación sobre el asunto: “Es como si no existiera un BIC ahí”. 

La puesta en marcha del restaurante está condicionada, no obstante, a que se concedan a la empresa todos los permisos de obra y de actividad que se requieren, y que habrán de tramitarse tanto ante la Conselleria de Transición Ecológica como ante el Ayuntamiento de Alicante, como es el caso de la licencia ambiental. Sin embargo, el primer paso es la concesión portuaria, que ya está dado. “El Puerto quiere aprobar una concesión, el resto de permisos se tiene que pedir y hay que informar a la Conselleria de Cultura porque afecta a un BIC, de igual forma que la Generalitat también tendrá que informar en función de lo que dice el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (PATIVEL)”, explica el portavoz. “Hay posibilidades de que no salga adelante, pero lo queremos tumbar lo antes posible”.

Para ello, han puesto a disposición de la ciudadanía un modelo de alegaciones que se puede presentar hasta el próximo 2 de septiembre, si bien “no sería la primera vez que la APA aprueba una decisión ante la que se han presentado numerosas alegaciones”, apostilla Pavón, en referencia a la planta de combustibles del puerto de Alicante que finalmente ha terminado en los tribunales. Un movimiento que, adelanta el miembro de AHSA, podrían llegar a estudiar llegado el momento si el restaurante del faro de Cabo de la Huerta sigue adelante.