Universidad
Por qué se quiere suprimir el sistema de horquillas: un estudiante universitario en Catalunya paga hasta el triple que uno en Andalucía

La educación postobligatoria ha acaparado varios titulares estas últimas dos semanas: el pasado 5 de mayo, el Ministerio de Universidades anunciaba que el Consejo de Ministros había derogado el sistema de horquillas para precios públicos de matriculación en enseñanzas universitarias. La medida supone el primer paso para cumplir uno de los objetivos que se ha marcado Manuel Castells durante su mandato: bajar las tasas universitarias a los niveles de 2011-2012 —esta medida del Gobierno de Rajoy hace que en 2019 estudiar un grado en España suponga, de media, un 29% más respecto a dichos años— y suprimir las diferencias entre el precio de las matrículas entre comunidades autónomas. 

La variación no es reducida, porque la respuesta de los gobiernos de las comunidades autónomas ante la posibilidad de subir los precios dentro de esa horquilla resultó muy dispar. El Observatori del Sistema Universitari (OSU) ha concentrado recientemente los datos de primeras matrículas de grado durante el año académico 2019-2020 junto al de segunda matrícula y sucesivas, así como el de máster y doctorado.

En lo que se refiere a primeras matrículas de grado, destaca la diferencia de los precios entre comunidades autónomas como Andalucía —donde se estableció un precio común a las titulaciones tras una lucha estudiantil que comenzó en 2012— Galiza o Canarias, cuyos importes públicos máximos no alcanzaban en el presente curso, según los datos de la OSU y sin incluir las tasas, los 900 euros, frente al caso de Catalunya —donde el precio de la primera matrícula oscila entre un mínimo de 1.500 euros hasta cerca de los 2.400—, Madrid —intervalo entre los 1.280 y 1.550— y La Rioja o Aragón, con importes de primera matriculación en un grado de hasta 1.400 euros. 

Más allá del comportamiento de los gobiernos de cada comunidad autónoma con respecto a los importes de estudios superiores, el precio de las carreras habitualmente depende también del grado de experimentalidad, algo sobre lo que Helena Troiano, profesora universitaria y coautora de otros informes del OSU, mostraba su disconformidad: “Damos por hecho que diferentes grados tienen que costar diferente dinero, pero esto no sucede así en la mayoría de países europeos”, declaraba a este medio a raíz de una investigación del Observatori sobre las desigualdades en el sistema universitario catalán. En las carrera de experimentalidad máxima, la media del incremento por crédito respecto al 2011 ha sido de casi 4 euros (un 22%).

Universalidad en la universidad: el reto que deberá afrontar el ministro Castells

Lis Gaibar

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El prestigioso sociólogo Manuel Castells se erige como cabeza visible de la educación superior en un contexto en el que las principales demandas estudiantiles continúan vigentes: mayor financiación pública, reducción de tasas y becas más justas para que la universidad sea accesible a todo el mundo. 

Aunque Castells matizó que el primer paso sería bajar el precio de las primeras matriculaciones para posteriormente hacerlo en el resto y en los másteres, los expertos advierten de que el encarecimiento de determinadas disciplinas está ligada a su rendimiento, y eso deriva en una composición social de algunas carreras poco igualitaria: si en determinados grados suspender asignaturas supone un coste muy elevado, las personas con menos recursos económicos (y que a menudo tienen que combinar estudios con trabajo, con el impacto académico que eso supone) descartarán esas titulaciones. Los datos de la OSU revelan que estas diferencias también se manifiestan entre comunidades: el coeficiente multiplicador de la segunda matrícula es de 2,2 en el caso de Baleares y Asturias frente al 1,4 de Galiza o el 1,2 de Catalunya. En cuartas o sucesivas matrículas, el coeficiente casi alcanza el 7 (6,7) en el archipiélago balear mientras que el menor, en el País Vasco se queda en un 2,2.

Las diferencias en el caso de estudios de postgrado, que también quiere abordar el Ministerio de Universidades en negociación con las comunidades autónomas, son también llamativas, tanto en el caso de másteres habilitantes (es decir, que se necesitan para ejercer la profesión) como no habilitantes.

Entre los primeros, el precio público de primera matrícula abarca desde los 650 a 790 en el caso de Canarias hasta los cerca de 2.500 euros en Catalunya, volviendo a repetir la Comunidad de Madrid como la segunda con precios más altos (con la excepción, eso sí, del Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado que se oferta a precios diferenciados, alcanzando uno de ellos, advierte el OSU, los 4.247 euros) y siendo de nuevo Andalucía y Galiza las comunidades donde los precios son menos elevados. En cuanto a los no habilitantes, normalmente más caros, Catalunya registra precios máximos de casi 4.000 euros.

El pasado 7 de mayo, el Ministerio de Universidades anunció que la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU), mediante la que el ministro Manuel Castells se reunió con representaciones de las consejerías de todas las comunidades autónomas con competencias en universidades, había acordado “estudiar el precio máximo de la matrícula (euros/crédito) que se deriva de la derogación del sistema de horquillas vigente desde 2012”. La misma institución anunció que el diálogo para llegar a consenso continuará estos días aunque hizo alusión, de nuevo, al “respeto de la autonomía de las universidades y de las competencias de las comunidades autónomas”, con lo queda ver cómo y en qué plazos se materializará la eliminación del sistema de horquillas para que la facilidad en el acceso a la universidad no venga condicionada por la comunidad de residencia o los recursos económicos de quienes optan por cursar estudios superiores.