Ayuntamiento de Madrid
Almeida condena a la extrema precariedad a los recursos de alojamiento para personas vulnerables

El depauperamiento que afrontan hoy los servicios de emergencia para personas vulnerables en Madrid está mostrando una vez más sus costuras. Los criterios cada día más restrictivos para acceder a albergues municipales temporales, la escasez de plazas para familias con menores en tales espacios o la infrafinanciación de los recursos habitacionales bajo la alcaldía de José Luis Martínez-Almeida están revictimizando a miles de personas sin alternativa. Así lo manifestó este lunes la portavoz municipal de Más Madrid, Rita Maestre: “En una ciudad de 3 millones de habitantes en la que el riesgo de pobreza es de un 20%, es evidente que nos encontramos ante una carencia de extrema gravedad”. Ese “desmontaje” de los servicios públicos está ocasionando que a su juicio haya “mucha prosperidad para una minoría y odio y una total crueldad para las personas que más lo necesitan”.

Desde el pasado 28 de enero, las familias sin alternativa habitacional con pacientes en tratamiento acogidas en uno de los albergues municipales solo podrán residir en el espacio durante un máximo de tres días

Esta realidad no es algo nuevo en la capital. Ya en 2021 varios trabajadores sociales denunciaron las condiciones indecentes que se vivían en algunos albergues municipales. A tan solo un año del comienzo de la pandemia, los profesionales no disponían de espacio para mantener la distancia de seguridad ni medidas de limpieza e higiene correctas. También expresaron su rabia ante la falta de personal sanitario especializado. En esta ocasión, también se ha hecho notar los recortes presupuestarios en los plazos para la estancia dentro de los albergues ya que, desde el pasado 28 de enero, las familias sin alternativa habitacional con pacientes en tratamiento acogidas en uno de estos centros solo podrán residir en el espacio durante un máximo de tres días, en lugar de semanas o meses como ocurría hasta ahora.

“Desde Más Madrid llevamos cinco años denunciando los criterios que ha impuesto Almeida, cada vez más restrictivos, en los alojamientos de emergencia, así como la falta de plazas para familias con menores”, ha destacado Maestre. Varios profesionales del Centro de Acogida San Isidro (el mayor albergue para personas sin hogar en la ciudad) atribuyen la austeridad de estos centros a su progresiva privatización: “Están saturados, con listas de espera de centenares de personas y que aumentan con el tiempo. La inmensa mayoría de los servicios están privatizados, haciéndose con ellos empresas que son continuamente denunciadas por su trato inhumano, como ASISPA, Grupo 5, Clece… Esta es la línea a seguir por parte del Ayuntamiento”, destacan.

Los albergues de Madrid, en “un punto crítico” tras la falta de recursos

Raúl Novoa González

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Pobreza

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Los trabajadores de albergues denuncian la ineficiencia del Grupo 5 y del Ayuntamiento de Madrid en la gestión de la ‘Campaña contra el Frío’.

Entre las primeras damnificadas de las nuevas disposiciones del Ayuntamiento, el  pasado sábado pasado, una madre y su hija, una niña enferma de cáncer tuvieron que abandonar Las Caracolas

Uno de estos centros, ubicado en el distrito de Vallecas, es Las Caracolas, un recurso que ejemplifica a la perfección el estado de abandono que asola a día de hoy a los albergues madrileños. Este lunes, durante el desahucio de Alam y Tamara en Tetuán, varios activistas de la Organización de Vivienda (OVT) criticaban que este lugar estaba compuesto de “barracones con horarios muy estrictos” sin posibilidad de cocinar ni a penas guardar enseres personales. Los servicios sociales habían destinado ahí al matrimonio pero rechazaron ingresar tras conocer las condiciones reales del lugar. Desde la web del Ayuntamiento de Madrid aseguran que el centro está destinado a familias con hijos menores y mujeres solas que carezcan de recursos propios para acceder y mantener un alojamiento o que se encuentren a la espera de incorporarse a otros sistemas de protección social. Entre las primeras damnificadas de las nuevas disposiciones del Ayuntamiento pasado sábado pasado, una madre y su hija, una niña enferma de cáncer tuvieron que abandonar Las Caracolas.

Una rentista deja en la calle a Alam y sus tres niños

Alejandra Mateo Fano

Desahucios

Desahucio en Tetúan Una rentista deja en la calle a Alam y sus tres niños

Alejandra Mateo Fano

El desalojo en el distrito de Tetuán se ha ejecutado con violencia a las 10.30 de la mañana, pese a la fuerte presión vecinal. La propietaria, que no se ha personado en la vivienda, se negó a establecer un acuerdo contractual con la familia.

Más desahucios y menos alternativas residenciales dignas

Gran parte de quienes acuden a estos espacios son familias migrantes que han sido víctimas de desalojos a pesar de contar con un certificado de vulnerabilidad. De hecho, a medida que los grandes fondos de inversión y tenedores de vivienda se hacen con los barrios del centro de la ciudad para especular, cada vez son más las familias con niños que dependen de estos albergues.

La oleada gentrificadora que se vive en barrios y distritos como Lavapiés, Carabanchel o Tetuán, donde cada vez más propietarios están convirtiendo viviendas en pisos de alquiler turístico, está incrementando la exclusión social de grupos ya vulnerables, en especial la población migrada. Desde Más Madrid señalan como responsable directo al gobierno municipal y a la Comunidad de Madrid en su conjunto. “Tienen las competencias exclusivas en vivienda según el Estado de Autonomía de la Comunidad de Madrid y que han decidido hacer de esta competencia exclusiva básicamente el negocio millonario que es hoy la vivienda para especuladores y buitres extranjeros y españoles”, apunta la edil.

Según datos de la ONG Provivienda, en 2024 se registraron un total de 26.259 lanzamientos (73 desahucios al día de media) en todo el Estado. Además, en Madrid el precio de los alquileres continúa superando el 30% del salario mínimo interprofesional. Ante este escenario de alarmante crisis residencial creciente, Maestre ha instado a la ciudadanía a acudir masivamente a la manifestación del próximo 9 de febrero “para conseguir algo tan básico como que ese derecho constitucional esté garantizado en nuestra ciudad”.

La protesta ha sido convocada por la Plataforma Hábitat 24, conformada por colectivos que convocaron la masiva manifestación del pasado 13 de octubre. Según establece la web de la FRAVM, una de las entidades participantes, la marcha persigue la implementación de medidas como “incrementar de una manera drástica el parque de vivienda público, incorporando al mismo las viviendas en poder de la SAREB, los pisos turísticos que no están legalizados, así como las viviendas vacías existentes en la Comunidad”.