Parques naturales
Más edificaciones, hostelería y competiciones: guerra abierta contra el nuevo reglamento del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama

Cualquier actividad que tenga lugar en el espacio protegido del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, entre la Comunidad de Madrid y la provincia de Segovia, debe ser compatible con la conservación de sus valores naturales y culturales. Esa es la teoría y lo que dice la ley que declaró este espacio protegido, así como el Plan Director de la Red de Parques Nacionales, aprobado en 2016 por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Pero entre las organizaciones que tienen mucho que decir al respecto de la joya natural de la corona castellana hay algunas que denuncian que su nuevo ordenamiento permite exactamente lo contrario.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el martes 11 de febrero el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del parque nacional, un documento elaborado entre las administraciones autonómicas madrileña y castellanoleonesa —esta última aprobó en mayo de 2019— que regula las actividades y usos que se le pueden dar al territorio protegido por esta figura. Pero desde el Grupo de Acción para el Medio Ambiente (Grama) y Ecologistas en Acción (EeA) señalan que el nuevo reglamento “es contrario a los objetivos de conservación del Parque Nacional” y hablan de “retroceso en los niveles de protección de la Sierra”. Su denuncia no se quedará en un comunicado: van a recurrirlo ante los tribunales y pedirán su anulación.

Intereses versus protección

“El Gobierno regional ha preferido favorecer y agradar los intereses de ciertos sectores de actividad antes de priorizar la creación de un instrumento eficaz para la protección del espacio”, denuncian los ecologistas, asegurando que la nueva regulación va a aumentar el número de visitantes a un espacio que tiene como principal problema actual la masificación, al estar a escasos 50 kilómetros de la mayor ciudad del Estado: Madrid.

Grama y EeA esgrimen varias razones para argumentar su decisión: “Permite actividades incompatibles y contrarias a la normativa existente; no es capaz de regular con garantías sus principales usos y actividades; e ignora las poblaciones locales, centrándose en el interés y beneficio de visitantes y empresas externas”.

En concreto, las dos organizaciones denuncian que el nuevo PRUG favorece el uso hostelero en el Parque Nacional, actividad hasta ahora existente solo en unos pocos refugios tradicionales —espacios que con el nuevo PRUG podrían reconvertirse para su uso hostelero— y que ahora podrá realizarse en las llamadas zonas de uso especial. También critican que el reglamento permita nuevas edificaciones o infraestructuras no ligadas a su gestión, construcciones que para ambas organizaciones “solo deberían ser posibles excepcionalmente y si se refieren a la gestión del Parque, no para actividades o usos públicos”.

Competiciones sin control

Grama y Ecologistas denuncian que el PRUG favorece además las competiciones deportivas en pleno parque nacional, actividades que ahora solo pueden ser autorizadas excepcionalmente y siempre atendiendo al impacto que puedan generar, mientras que con el nuevo reglamento “decenas de competiciones son autorizables sin atender a su recorrido, número de participantes, época del año, etcétera”. Las maniobras militares, la actividad micológica en zonas de usos restringido o la pernocta al aire libre son otras de los usos que los ecologistas denuncian que favorecerá el nuevo reglamento.

Ambos colectivos también ponen el foco en las actividades que el PRUG regulará ahora sin garantías. El nuevo reglamento “no establece herramientas que regule el uso de bicicletas, cada vez más masivo, que está provocando conflictos entre visitantes y problemas de erosión graves”. Sí prevé una red de rutas ciclables, pero esta está diseñada, en opinión de los ecologistas, “sin ningún criterio de conservación, llena de vías paralelas, lazos e interrupciones repentinas, que generarán la apertura de viales no regulados”.

También critican la imposibilidad de controlar el senderismo, una actividad que realizan el 90% de los más de tres millones de visitantes anuales que tiene el espacio, y que no se haya incorporado una red de senderos autorizados. Asimismo, el descenso libre en tabla y el esquí de fondo, actividades que se permiten en todo el ámbito del Parque Nacional, o el vuelo sin motor, que se puede realizar a 300 metros de altura sobre amplias zonas del parque —así como “el despegue en tres zonas de alto valor”, denuncian— son otras de las actividades que los ecologistas lamentan que no se hayan regulado con garantías.

Por último, los ecologistas aseguran que el PRUG ignora a la población local del entorno al promover actividades dentro del espacio protegido sin tener en cuenta la puesta en valor de los cascos urbanos de los municipios. “Para favorecer el desarrollo económico y social de los municipios serranos, las infraestructuras ligadas a la gestión, educación e investigación, así como las hosteleras, deberían estar ubicadas en núcleos urbanos y su entorno más próximo“, remarcan.