Medio ambiente
Un polvorín a punto de estallar en pleno Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama

“Gilmar pone a la venta un precioso apartamento en la mejor urbanización del Puerto de Navacerrada”, reza un anuncio en una conocida web de alquiler y compra de inmuebles. 88 m², exterior, “dormitorio amplísimo con baño en suite salón y cocina francesa”, mucha luz, plaza de garaje, salón independiente y guarda esquís. Todo por 52.000 euros. El paraje es una pequeña isla urbanizada en un mar de bosque, entre el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y la Zona Periférica de Protección (ZPP) del mismo, a escasos metros de la estación de Cercanías y a unos minutos andando de las pistas de esquí.

Rodeado de pinares de alta montaña, a 1.850 metros, y a 65 km de Madrid, hay quien lo calificaría de chollo. Y hay opciones: varias ofertas más a precios similares entre el total de 367 viviendas construidas en el área. Solo tienen un pero. Al contrario de lo que ocurre habitualmente al comprar un inmueble, aquí no puedes obtener la plena propiedad, solo el derecho de uso. Son ocupaciones de terrenos de monte de utilidad pública. Y es un pero con problema añadido: la concesión que permitió el uso de esos terrenos —según dicen los servicios jurídicos de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid— caducó el pasado 16 de abril, tras 99 años de vigencia. O sea, salvo que la vivienda tenga un interés público, algo complicado si el uso es privativo, si te compras un apartamento aquí, como señala el presidente de la Asociación Puerto de Navacerrada, Andrés Pino, uno de los afectados, “hay posibilidad de que se expropie”.

Cuatro kilómetros al suroeste, ladera abajo pero igualmente entre frondosos pinares de tierras altas —en ZPP del Parque Nacional—, se encuentran unas viviendas menos modestas. Es la exclusiva colonia de Camorritos, en el término municipal de Cercedilla; un centenar de chalets, muchos de segunda residencia, donde los propietarios tienen el mismo problema que sus vecinos del Puerto.

Un siglo de ocupación

Para entender esta complicada historia hay que retroceder hasta principios del siglo pasado, un tiempo en que excursionistas y aficionados a un incipiente montañismo alquilaban caballerías en los pueblos de Cercedilla y Navacerrada para llegar a los puertos de Navacerrada y Cotos, y comenzar, desde allí, el ascenso a las cumbres del Guadarrama.

El interés de estos amantes de la sierra por acercarla al público fructificó en la Real Orden de 6 de noviembre de 1919, que cedía terrenos para la construcción de una línea de ferrocarril que uniría Cercedilla con ambos puertos. El Sindicato de Iniciativas del Guadarrama, impulsor del proyecto, se convertiría en la Sociedad Anónima del Ferrocarril Eléctrico del Guadarrama y explotaría la línea hasta su adquisición por Renfe en 1954, ente que hoy sigue gestionando el servicio. La línea mantiene un interés público y todas las fuentes consultadas no dudan de que la concesión se prorrogará, un proceso que ya ha comenzado a tramitarse. Hasta ahí todo bien.

El problema: “Desde un principio eran chalets que se encubren como sanatorios”, dice María Ángeles

A la real orden de 1919 le siguió otra del 15 de abril de 1920, en la que también era beneficiaria la sociedad del ferrocarril, para “la construcción de supuestos sanatorios en altura”, explica la diputada saliente por Podemos en la Comunidad de Madrid Laura Díaz. Permitía la ocupación de 60 hectáreas del denominado Pinar de Agregados (Cercedilla), 23 hectáreas del Pinar Baldío (entre Navacerrada y Cercedilla) y 2,5 hectáreas del Pinar de Helechosa (Navacerrada), todos terrenos de monte integrados en el Catálogo de Bienes de Utilidad Pública —no urbanizables— y aledaños a la línea de ferrocarril. En el primero se encuentra hoy la urbanización de Camorritos. En el segundo, las 367 viviendas de la zona urbanizada bajo el Puerto de Navacerrada.

Una última orden, de 1921 y aclaratoria de la anterior, autorizaba “a construir en los terrenos ocupados los edificios necesarios para el establecimiento de comercios, talleres, casas para obreros, capilla, centro de solaz y recreo y demás que sean necesarios para la comodidad de las personas que han de residir en la colonia sanitaria”, relata Díaz.

Sanatorios fantasma

“Las ocupaciones de las zonas residenciales de Camorritos y el Puerto surgen bajo la excusa de que era necesario para la salubridad de los madrileños crear sanatorios en altura”, explica la portavoz de Ecologistas en Acción en la Comunidad de Madrid, María Ángeles Nieto. “En aquel momento se conocía la sierra porque los aires sanos de los pinares y la montaña ayudaban a la cura y mejora de la situación de personas enfermas, sobre todo de tuberculosis”. El problema: “Desde un principio eran chalets que se encubren como sanatorios”.

Camorritos tiene cierto pedigrí. Finca histórica de veraneo de la familia Koplowitz; hogar de Pedro Caba, el médico de Dolores Ibarruri ‘La Pasionaria’, que llegaría a presidente de la Organización Mundial de las Salud; lugar donde el arquitecto Fernando Higueras realizó una casa para el artista canario César Manrique... Por aquí ha pasado parte de la alta alcurnia madrileña desde mediados del siglo XX, con chalets construidos por arquitectos de renombre como José María Rivas Eulate, Juan de Zavala o Luis Durán de Cottes.

No es el caso del Puerto. Con torres construidas principalmente en los años 80 —además de alguna vivienda unifamiliar suelta—, el lugar fue destinado a apartamentos, muchos de segunda residencia, para uso de esquiadores en unos tiempos en los que la emergencia climática no había llegado y la nieve aún cubría durante todo el invierno la Sierra de Guadarrama. Hoy, una veintena de familias —“unas 90 personas según el último censo”, señala el presidente de la asociación de vecinos— residen en la zona.

99 años

Pino, que compró su casa hace 31 años y trabajó en la estación de esquí, subraya una idea: “Hay mucho que hablar” respecto a la duración de la concesión. Y aquí viene la traca final de este embrollo en forma de controversia. Las concesiones hechas a la Sociedad Anónima del Ferrocarril Eléctrico del Guadarrama no tienen fecha de conclusión. Los vecinos, como indica Pino, se consideran “propietarios de una casa construida sobre un derecho de uso que no tiene fecha de finalización, tal como pone el registro de la propiedad”.

Por el contrario, el último informe de los servicios jurídicos de la Consejería de Medio Ambiente al respecto, de octubre de 2018 y al que ha tenido acceso El Salto, señala que el plazo máximo de las ocupaciones “con destino a sanatorios de altura” es de 99 años y “no es posible proceder a una prórroga”. Una conclusión “bastante demoledora”, opina la diputada de Podemos, que podría sentenciar las aspiraciones de los residentes.

En el tejado local

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, gestora de los terrenos, responde a El Salto por escrito que “el pasado 16 de abril terminó la concesión” y que se está trabajando con los ayuntamientos afectados, titulares de los terrenos, para buscar soluciones legales que sean compatibles con la naturaleza del monte”. Pasa la patata caliente a los dos consistorios, que son, dice la Consejería, “los que van a tener que tomar la decisión conjuntamente con los titulares afectados”.

El alcalde de Cercedilla, Luis Miguel Peña, de Izquierda Unida, se muestra cauto y prefiere esperar a que finalice el expediente de caducidad, que dictará si ha finalizado o no. “A este se presentarán alegaciones y tardaremos un poco en saberlo”, señala. Pero si se declarase el fin de la concesión el Consistorio vaticina lo que pasará: “El Ayuntamiento no puede hacer lo que le venga en gana, tendrá que atenderse a lo que manda la Ley de Montes, es decir, que todas las edificaciones dentro de la ocupación pasarían a ser propiedad del ayuntamiento titular de los terrenos; en el caso de Camorritos, a Cercedilla; y en el del Puerto de Navacerrada, a Navacerrada y Cercedilla”.

La concesiones no tienen fecha de fin, por lo que los vecinos se consideran propietarios pese a que su derecho es de uso

La tormenta que se les viene encima a ambos consistorios es muy difícil de sortear. “Es un tema complejo, hablamos de mucha gente —prosigue Peña—, tenemos que pensar que allí hay gente ocupando el terreno y viviendo, y hasta que no sea declarada [la caducidad] no se puede decir mucho, aunque entendemos que sí se caducará [la concesión]”. Y, si así ocurriese, ¿los residentes de la zona debería abandonar sus casas? “Claro”, responde el alcalde, que se apresura a llamar a la prudencia hasta que no haya resolución definitiva.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Afectados Titulares de la Colonia de Camorritos, José Luis Martínez-Carande, declinó responder a las preguntas de este medio debido a que la junta directiva de dicha asociación así lo ha decidido.

Venta de derechos

“El inicio del expediente de caducidad quiere decir que remiten una carta a los titulares de las ocupaciones diciéndoles que estas han caducado y que el monte debe revertir a su propietario”, explica María Ángeles Nieto. Por si el lío era pequeño, el titular de la concesión dictada en 1920 sigue siendo la Sociedad Anónima del Ferrocarril Eléctrico del Guadarrama, lo que hasta ahora dejaba de lado a los residentes en el embrollo legal que implica sus casas.

“No nos han notificado nada”, confirma Andrés Pino, aunque desde la Comunidad indican que “después de estudiar la situación de la Asociación de Afectados Titulares de la Colonia Camorritos, se les va a considerar como interesados en el procedimiento, por lo que podrán participar de forma activa en las propuestas y decisiones”. La asociación de Navacerrada ha pedido lo mismo, aunque aún no ha obtenido respuesta.

La sociedad vendió durante años a terceros los derechos de ocupación, “y ahora hay una multitud de afectados —apunta la portavoz de Ecologistas en Acción— por la pasividad de las administraciones ante una situación que hace much os años que debería haber planteado”.

Ante la posibilidad de engaños u omisión de información en la venta de unas viviendas sujetas a un derecho de uso y no a plena propiedad, Nieto señala que “pudo haber personas que no se hayan enterado de lo que habían comprado”. La diputada de Podemos, por su parte, añade: “Bankia ha estado vendiendo pisos hasta hace poco sin dejar muy claro qué es lo que estaba vendiendo. Unas personas que no estén bien informadas han podido creer otra cosa”. Por otro lado, el presidente de la asociación de vecinos de Navacerrada afirma rotundo: “Nadie puede negar que no lo sabía. Sabíamos todos que las casas estaban construidas en unos terrenos en los que tenemos la cesión del derecho de uso sin fecha de finalización”.

Sea como fuere, toda la zona contiene la respiración mientras llega la resolución sobre el expediente de caducidad. Y los resoplidos están a la orden del día ante la pregunta de qué pasará entonces. “Muy complicado”, sentencia Nieto— “lo que hay que hacer es estudiarlo con tranquilidad con las administraciones involucradas y ver cuál es la mejor opción tanto para el monte como para las personas”.

Pino adelanta las batallas legales que se avecinan: “Cuando alguien se digne a comunicarnos que se ha acabado la concesion será cuando empecemos a actuar. En ese caso nos pondremos en manos de un profesional”.

“Lo único que tengo claro es que lo que no puede ocurrir es que se pierda el dominio público forestal, es decir, cualquier solución tiene que pasar por que no se pierda superficie forestal”, opina Díaz.

En el horizonte, la actuación que se llevó a cabo en los años 90 en la antigua estación de esquí de Valcotos, a seis kilómetros del Puerto de Navacerrada cuando el Gobierno regional retomó los terrenos, precisamente a la Sociedad Anónima del Ferrocarril Eléctrico del Guadarrama. Entonces, se renaturalizó un Puerto de Cotos que hoy es ejemplo de restauración ambiental tras lo que fue el primer caso de expropiación de una estación de esquí en España. 

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