Exclusión sanitaria
Casi 30.000 personas fueron expulsadas del sistema sanitario en los últimos 32 meses

130 casos de cáncer, 138 de enfermedades cardiovasculares, 265 casos de diabetes, 279 casos de hipertensión, 162 casos de VIH. Estas son solo algunas de las enfermedades desatendidas que ha encontrado Médicos de El Mundo durante los últimos 32 meses reflejadas en el III Informe sobre Barreras de Acceso al Sistema Nacional de Salud. La entidad ha atendido a más de 28.700 personas que se encontraron con obstáculos para recibir atención médica o acceder a tratamientos esenciales. Las personas más afectadas: migrantes en situación irregular y población con bajos recursos. Mientras tanto, el proyecto de ley que hace siete meses presentaba el Ministerio de Sanidad liderado por Mónica García, que promete el retorno al acceso universal de la sanidad, permanece en trámites parlamentarios.

El Gobierno aprueba un proyecto de ley para volver a la sanidad universal

Sara Plaza Casares

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Sanidad Universal El Gobierno aprueba un proyecto de ley para volver a la sanidad universal

Sara Plaza Casares

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La norma, que deberá atravesar el trámite parlamentario para su aprobación, pretende retornar a la situación anterior a 2012, cuando Rajoy eliminó la universalidad en la atención sanitaria.

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Médicos del Mundo ha documentado 69. 650 casos de barreras al acceso sanitario, 2,4 por persona, que tienen que ver, sobre todo, con la discriminación administrativa, cerca del 41% de los casos corresponden a requisitos legales y administrativos. Además existen barreras económicas y físicas: 16. 500 casos documentan cómo el coste de tratamientos o la falta de accesibilidad a centros de salud impactan directamente en las personas más vulnerables. Por último, han documentado una falta de información y adaptación cultural, en un 25% de los casos hay ausencia de traducción, mediación intercultural y comunicación clara en los centros sanitarios, “creando un efecto disuasorio para quienes más necesitan ayuda”.

Por sexos esta situación impacta principalmente sobre las mujeres el 61,4% eran mujeres frente a un 38,58% de hombres

Por sexos esta situación impacta principalmente sobre las mujeres el 61,4% eran mujeres frente a un 38,58% de hombres. Entre los casos, 885 niños y niñas y 363 mujeres embarazadas enfrentaron barreras debido a la exigencia de demostrar una residencia de más de tres meses. Además, 1.375 solicitantes de protección internacional se enfrentaron a estas barreras, así como 305 personas mayores reagrupadas por sus hijos e hijas.

La exigencia del empadronamiento

En 2012, el gobierno de Mariano Rajoy acabó con la universalidad en la atención sanitaria. Colectivos como los migrantes en situación irregular, esto es sin NIE, se quedaban fuera de las prestaciones, a excepción de embarazadas, menores y las personas atendidas por urgencias. El PSOE, desde su llegada al poder, se comprometió a retomar el libre acceso, pero aún no lo ha hecho al 100%. Lo intentó con el Real Decreto 7/ 2018, pero lo hizo de manera incompleta, tal y como denuncian desde Yo Sí Sanidad Universal, quienes lo reflejaban en 2022 en el informe El derecho a la asistencia sanitaria en las comunidades autónomas: Un derecho hecho pedazos que constata el “caos”, la “confusión” y la “inseguridad jurídica” existente en la actualidad.

Caos e inseguridad jurídica en el acceso universal a la sanidad en todo el Estado

Sara Plaza Casares

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Sara Plaza Casares

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Un nuevo informe detecta que la gran mayoría de comunidades excluye a las personas migrantes durante los primeros 90 días de estancia en el país, pese a que esto no está fijado por ley. Desde Yo Sí Sanidad Universal exigen al gobierno una nueva norma “sencilla y clara” que devuelva el libre acceso a este derecho.

La actual norma establece que las personas que se encuentran de manera “temporal” en nuestro país necesitan un informe de servicios sociales para recibir atención sanitaria. En unas recomendaciones emitidas a posterioridad, sin rango de ley y, por tanto, no obligatorias, la estancia temporal se traducía en excluir de la atención a aquellas personas que lleven menos de 90 días en el país. Las comunidades compraron esta lectura restrictiva y comenzaron a exigir empadronamientos de más de tres meses para recibir asistencia.

Por eso hoy, y tal y como se refleja en el informe de Médicos del Mundo, el empadronamiento como medio de prueba de que la persona reside en España, unido a la exigencia de demostrar que dicha residencia es superior a tres meses, se erigen como los principales escollos e impacta en el 16.508 casos. “Para muchas personas migrantes, sobre todo aquellas en situación de mayor vulnerabilidad social, puede resultar imposible empadronarse, bien por no contar con un documento identificativo en vigor, por vivir en alquileres informales, zonas de infravivienda o directamente tratarse de personas sin hogar”, alertan desde Médicos de El Mundo.

Cómo debería ser la nueva ley de sanidad universal para que devolviera el acceso a todas las personas

Sara Plaza Casares

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Nuevo proyecto de ley Cómo debería ser la nueva ley de sanidad universal para que devolviera el acceso a todas las personas

Sara Plaza Casares

Colectivos en lucha se muestran prudentes con el nuevo proyecto de Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud y piden una redacción simple que elimine requisitos que puedan suponer barreras de facto.

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Entre las recomendaciones de esta entidad, está la aprobación del proyecto de ley que “recupere la redacción del artículo 3 de la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud previa a 2012 y reconozca la titularidad del derecho a la atención sanitaria a todas las personas que viven de forma efectiva en España, independientemente de su situación administrativa” y que esta ley, mediante el desarrollo reglamentario, procure de un acceso homogéneo en todas las comunidades. Inciden en lo apremiante: asegurar en todo caso la atención con cargo a fondos públicos a menores de edad, mujeres embarazadas y atención en urgencias.  Además, piden modificar la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios “para asegurar el acceso a la prestación farmacéutica de personas en situación de vulnerabilidad social”.