Opinión socias
De la promesa al compromiso: salud mental, derechos y estado social

En 2021 escribí que el derecho a la salud mental no podía seguir siendo una promesa aplazada. Hablé de un sufrimiento tratado como síntoma individual, de un sistema fragmentado, de la distancia entre el discurso político y la realidad de quienes más lo necesitan. Hoy, en esta reflexión sobre la brecha histórica entre el discurso institucional y la vivencia cotidiana del sufrimiento psíquico, quiero recordar la urgencia de un compromiso político sostenido que garantice el acceso efectivo a una atención comunitaria, ética y centrada en derechos.

Cuatro años después, la aprobación del Plan de Acción en Salud Mental 2025-2027 por parte del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas representa una oportunidad para cerrar ese hiato entre la palabra y el hecho, entre el derecho y el acceso, entre la ley y la vida. Una vida que no es solo biografía individual, sino experiencia situada en lo social, en lo común, en la polis. Porque lo personal es político, y en cada respuesta que damos al sufrimiento psíquico también decimos qué sociedad queremos construir.

Sanidad consigue que se apruebe el plan de salud mental que apuesta por la deprescripción de algunos fármacos

Sara Plaza Casares

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Salud mental

Salud mental Sanidad consigue que se apruebe el plan de salud mental que apuesta por la deprescripción de algunos fármacos

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Ministerio y comunidades autónomas acuerdan el plan que incluye la disminución en el consumo de psicofármacos, un aumento en las plantillas y una mejora en las garantías de los derechos de las personas con sufrimiento psíquico.

Este plan —que incorpora un enfoque comunitario, memoria económica y participación profesional— es, ante todo, un paso político antes que técnico. Porque asumir los determinantes sociales de la salud es reconocer que hay vidas condicionadas por desigualdades estructurales. Que no hay salud mental sin condiciones de vida digna. Que no está mejor quien no presenta síntomas, sino quien puede exigir y ejercer sus derechos. El nuevo marco abandona la lógica de la medicalización sin contexto y abre la puerta a modelos que cuidan desde la cercanía, la escucha y la protección social.

Las ocho líneas estratégicas del plan apuntan a reforzar los recursos humanos, avanzar hacia una atención comunitaria real, garantizar modelos centrados en derechos humanos, racionalizar el uso de psicofármacos, proteger la salud mental de colectivos vulnerables, priorizar la infancia y la adolescencia, mejorar los sistemas de información y atender la salud mental vinculada al trabajo. El documento reconoce la necesidad de abordar el suicidio y recuerda que ya se ha aprobado, con financiación propia, un Plan de Acción para la Prevención del Suicidio que aborda esta realidad de manera específica y complementaria.

Asimismo, el Plan recoge el compromiso de luchar contra el estigma social. Es un marco amplio, con potencial transformador, si se traduce en acciones sostenidas y recursos donde más se necesitan. Entre sus compromisos destaca también la reducción de la contención mecánica, como parte de una transición hacia formas de cuidado que prioricen la dignidad, la autonomía y el acompañamiento en las crisis.

La buena gestión es también una expresión ética y política: una voluntad traducida en presupuestos concretos

La memoria económica del plan es el corazón operativo de toda política pública que realmente busca ser transformadora. Permite anclar los derechos en estructuras reales. Sin una memoria económica suficiente y sostenida, no hay planificación posible, ni seguimiento riguroso, ni gestión con criterios de equidad. La buena gestión es también una expresión ética y política: una voluntad traducida en presupuestos concretos.

Pero los planes no se miden por su redacción, sino por su implementación. Y ahí está el verdadero desafío: convertir la voluntad política en estructura sostenida. Hacer de la atención comunitaria algo más que un enunciado. Garantizar suficientes profesionales, condiciones laborales dignas, formación con enfoque ético y recursos donde más se necesitan. Que no se repita la historia de la reforma psiquiátrica: cerrar sin abrir, prometer sin sostener.

El plan aprobado no es el final de un proceso, sino su inicio. Tiene el potencial de marcar una inflexión: pasar de la política del eslogan a la política del hecho. Y es en ese terreno donde se juega el futuro del estado de bienestar. Si la salud mental se convierte en el espejo donde miramos nuestras prioridades como sociedad, tal vez entendamos que la justicia social también se mide por cómo tratamos a quienes habitan la fragilidad.

Lo personal sigue siendo político, y cada decisión sobre salud mental sigue siendo una decisión sobre el tipo de sociedad que queremos construir

Porque una sociedad se mide por cómo trata a quienes atraviesan el dolor. Y hoy, el dolor tiene demasiados nombres propios. Necesitamos tiempo, sí. Pero, sobre todo, necesitamos compromiso, responsabilidad política y participación ciudadana real. Una ciudadanía implicada no solo en la denuncia del malestar, sino en la disputa por lo común. Porque solo desde ahí —desde lo colectivo, lo encarnado y lo exigible— podremos garantizar que esta vez, de verdad, nadie quede fuera.

Este nuevo artículo no es un punto de llegada, sino la continuidad de un compromiso. Porque si el dolor tiene causas sociales, la respuesta también debe ser colectiva. Y porque lo personal sigue siendo político, y cada decisión sobre salud mental sigue siendo una decisión sobre el tipo de sociedad que queremos construir.

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El Ministerio de Sanidad ha logrado un consenso para aprobar una nueva estrategia en salud mental, poniendo de acuerdo de un lado a todas las comunidades autónomas y del otro a todas las asociaciones.