Crisis climática
La UE se entrega al ardor guerrero mientras descuida la crisis social y la emergencia climática

800.000 millones de euros. Esa es la meta de gasto militar que pretende alcanzar la Unión Europea durante el próximo lustro. El objetivo es vertebrar una fuerza de disuasión propia que no dependa de la ayuda de Washington y con la que poder hacer frente a una hipotética amenaza rusa mientras continúa suministrando apoyo a Ucrania.

Aunque la decisión del rearme se ha visto condicionada por la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y su amago de retirarse de la OTAN si sus socios no aportan más recursos a la organización, el bloque comunitario ya lleva varios años aumentando la partida de gasto militar. Según datos del Consejo Europeo, entre 2021 y 2024 el presupuesto en defensa de los Estados miembros de la UE creció más de un 30%, hasta los 326.000 millones de euros.

Más dinero para armas y menos para políticas climáticas

Hace unos años Bruselas hizo otra promesa: aumentar hasta los 100.000 millones de euros el presupuesto anual destinado a acción climática para prevenir y combatir los desafíos del cambio climático. Sin embargo, tras varios ejercicios consecutivos de subida, en 2024 esta partida sufrió un recorte de en torno a 2.000 millones de euros, tal y como reflejan los datos del Banco Europeo de Inversión.

Precisamente 2024 fue un año negro para Europa desde la perspectiva de la crisis climática y sus consecuencias. En todo el continente se registraron 114 fenómenos meteorológicos extremos inusuales, de los cuales 75 no tenían precedentes, tal y como detalla el último informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Estos incluyeron olas de calor, lluvias torrenciales, sequías e inundaciones que ocasionaron el desplazamiento forzoso de 27.000 personas.

La directora de Seguimiento Global del IDMC asegura que “el desplazamiento interno en Europa está infranotificado porque pocos países tienen sistemas para hacer un seguimiento de este fenómeno”

Hasta 2020, España era el tercer país de Europa donde más personas habían sido afectadas por desastres relacionados con el medio ambiente —principalmente incendios e inundaciones—. A lo largo de esa década, el Centro de Control de Desplazamientos Internos (IDMC) contabilizó más de 64.000 movimientos forzados de españoles dentro del territorio nacional.

Con todo, la directora de Seguimiento Global del IDMC, Ivana Hajžmanová, asegura que “el desplazamiento interno en Europa está infranotificado porque pocos países cuentan con sistemas eficaces para hacer un seguimiento riguroso de este fenómeno”. El trabajo de recogida de datos depende en gran medida de medios, autoridades locales y organizaciones sobre el terreno. Sin embargo, añade Hajžmanová, “los registros del IDMC revelan que los países del sur de Europa se ven más afectados por el desplazamiento en comparación con los países del norte”, especialmente debido a los incendios forestales que cada año destruyen cientos de miles de hectáreas de vegetación.

En 2024 nuestro país volvió a estar presente en el ranking de la catástrofe. La DANA del pasado mes de octubre en Valencia se sitúa entre los 10 desastres naturales a nivel mundial que más daños causaron, con 227 muertos, tres desaparecidos y más de 4.000 millones de euros en pérdidas materiales hasta el momento.

“Aquí no llovió casi nada”

VV.AA.

Dana

Tres meses de la dana “Aquí no llovió casi nada”

VV.AA.

Un vecino de Benetússer explica cómo la riada arrasó y cambió para siempre las vidas de miles de personas.

El Salto 77 La desastrosa gestión de la dana, en la nueva revista de El Salto

El documento de la OMM también desvela que Europa es el continente que más rápido se calienta en la Tierra, y que los diez países que experimentaron los mayores aumentos de temperaturas durante 2024 son todos europeos. Mientras que el planeta se calentó de media 1,8 grados el año pasado, Europa lo hizo 2,4 grados, y seis países de la UE —entre ellos España— están entre los 15 del mundo que mayores temperaturas registraron.

El éxodo climático también afecta a la UE

La mayoría de los desplazamientos climáticos del planeta se producen en el Sudeste Asiático y el África Subsahariana, pero Europa es un afectado indirecto de estos movimientos, ya que muchas de esas personas buscan cobijo huyendo hacia el norte, hacia zonas con temperaturas menos extremas.

Teresa Pérez Cruz es abogada especializada en movilidad internacional, y explica que “el derecho de la UE no contempla el asilo por motivos medioambientales”. El único documento internacional que lo regula es la Convención de Ginebra firmada en 1951. Solo hay una excepción, incide Pérez Cruz, y es que “el daño medioambiental fuese provocado para llevar a cabo una persecución deliberada”. Por ejemplo, la contaminación a propósito de un río para hostigar a un grupo étnico concreto.

Casi 2.500 personas murieron en distintas travesías desde países del norte de África, y en la última década son 25.000 las que han perdido la vida o han desaparecido en esta ruta

La abogada señala que, “aunque ya hay informes de la Agencia Europea del Medioambiente que advierten del riesgo creciente de migraciones forzadas a causa del clima, la UE no está preparada ni jurídica ni estructuralmente para un aumento de refugiados climáticos en los próximos años”.

En 2023, la UE registró la mayor entrada de migrantes desde 2015, con un aumento del 64% en el flujo de personas que intentaron pedir asilo en el continente. En 2024 esa cifra se ha reducido, principalmente por el nuevo Pacto de Migración y Asilo aprobado por el Parlamento Europeo, que endurece las condiciones de entrada, agiliza los trámites de deportación y denegación de asilo, y financia “centros de detención” en terceros países fuera del bloque.

El Gobierno de Mauritania alerta de que ya son más de cien cadáveres hallados en sus costas en 2025

Redacción El Salto

Fronteras

Fronteras El Gobierno de Mauritania alerta de que ya son más de cien cadáveres hallados en sus costas en 2025

Redacción El Salto

Desde 2023 Mauritania es el principal punto de salida de embarcaciones hacia las Islas Canarias. El Gobierno reconoce el hallazgo de cuerpos. Mali reclama un trato humanitario a las personas que permanecen varadas en el país vecino.

“Algunas medidas contempladas en ese nuevo pacto, como la construcción de centros de detención en países no comunitarios como Túnez o Libia, son disuasorias”, opina Pérez Cruz. Además, señala que “ciertos mecanismos jurídicos como los acuerdos de readmisión con terceros países y el uso de procedimientos fronterizos rápidos con la posibilidad de devolución en caliente son muy controvertidos, y ya han sido cuestionados por organismos como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.

Una de las consecuencias de este blindaje de fronteras se traduce en que 2024 también fue uno de los años más mortíferos para los migrantes y refugiados que cruzaron el Mediterráneo con destino a la UE. Casi 2.500 personas murieron en distintas travesías desde países del norte de África, y en la última década son 25.000 las que han perdido la vida o han desaparecido en esta ruta.

“Desde una perspectiva jurídica se vulneran derechos fundamentales como el de no devolución, o a tener unas garantías procesales mínimas”, insiste Pérez Cruz. Además, la externalización de la política migratoria “dificulta que haya controles, y eso hace que aumente el riesgo de trato inhumano de las personas migrantes en países con bajos estándares de protección, como los antes mencionados”.

Más guerra a costa de menos servicios públicos

A pesar de que la emergencia climática en Europa es palpable y creciente, la postura de Bruselas es firme: “Europa debe prepararse para la guerra”, sentenció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, cuando presentó el plan de rearme para 2030 el pasado marzo. Para lograr los nuevos objetivos de gasto militar, el primer paso que plantea el Ejecutivo comunitario es aumentar el presupuesto de defensa de cada uno de los países miembros para que la media de la UE pase del 1,9% al 3% del PIB (de aquí saldrán 650.000 millones de euros). No obstante, esto depende de cada gobierno, y hay profundas diferencias económicas entre los 27.

Bruselas también ha anunciado que los Estados estarán exentos de cumplir con las reglas fiscales de la UE en lo que a gasto militar se refiere. Es decir, que los países del bloque que inviertan en material de guerra no figurarán como gasto en el cálculo del déficit público, pero la construcción de un colegio o un hospital sí.

En el caso de España, el propósito es situar el gasto en defensa en el 2% del PIB (actualmente no llega al 1,3%). Alcanzar esa cifra supondría un desembolso extra de 36.500 millones de euros, y la principal preocupación de quienes se oponen al incremento del presupuesto militar es que esa cantidad deje de invertirse en educación, sanidad, investigación, servicios públicos o prestaciones sociales.

Hace unas semanas en el Congreso, Pedro Sánchez aseguró que el aumento del gasto público en defensa no iría en “detrimento del estado del bienestar”. Sin embargo, en la UE hay varios países que ya han tenido que recortar derechos, servicios y políticas sociales para poder sufragar el rearme.

Alemania, por ejemplo, está trabajando en una reforma del sistema público de pensiones y planea eliminar puestos de trabajo en los ministerios del país. Finlandia, uno de los referentes del modelo de estado del bienestar que se fraguó tras la Segunda Guerra Mundial, ha recortado drásticamente el dinero destinado al desempleo, las becas y los beneficiarios de prestaciones básicas. Los migrantes que residen en el país tienen que demostrar que están integrados para poder percibir ayudas estatales, y se han privatizado algunos servicios de salud. El gobierno finés también ha eliminado las ayudas a familias numerosas y ha modificado la ley para facilitar el despido.

Los países bálticos (Estonia, Letonia y Lituania) han optado por subir impuestos, reasignar recursos y emitir bonos de defensa. Estonia, por ejemplo, ha disminuido el presupuesto para infraestructuras civiles no esenciales —como carreteras secundarias—. Letonia ha metido la tijera en partidas presupuestarias como los subsidios para vivienda, y Lituania ha reconducido parte de su presupuesto en Educación y ciencia hacia la investigación y desarrollo de tecnología militar.