Exclusión sanitaria
Casi 9.000 personas fueron excluidas de la sanidad pública en los primeros nueve meses de 2023

Un nuevo informe de Médicos del Mundo pone cifras al apartheid sanitario: en nueve meses han registrado la denegación en la atención a 186 menores de edad, 85 mujeres embarazadas y 202 casos de facturación en urgencias.
Exclusion sanitaria concentración - 2
Concentración contra la exclusión sanitaria frente al Ministerio de Sanidad David F. Sabadell

“Me preguntaron que si tenía tarjeta sanitaria y cuánto tiempo llevaba en España. Le dije que llevaba un mes y medio. Me respondió: “Eres como turista, tienes que tener seguro de viaje”. Le explique: “Pero estoy en situación de refugio en un albergue no tengo cómo”. “Ni me interesa”, me contestó”. Luisa es colombiana, solicitante de asilo en España y tuvo que acudir a un centro de salud para que atendieran a su hija por un brote agudo de dermatitis. Allí se encontró con la exclusión sanitaria como respuesta, además de un trato discriminatorio. El suyo es solo uno de los testimonios recabados por Médicos del Mundo en su segundo Informe de barreras al Sistema Nacional de Salud en poblaciones vulnerabilizadas. Esta entidad ha recabado más de 17.000 situaciones de exclusión que han afectado a 8.809 personas en 16 Comunidades Autónomas y en Melilla en los primeros nueve meses del año.

Exclusión sanitaria
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Colectivos piden una ley que devuelva la sanidad universal a todas las personas que habitan en España, como ya sucedía antes de 2012. Tarea que el último gobierno progresista no ha llevado a cabo.

En 2012 y mediante un decreto aprobado por el gobierno de Rajoy con la excusa de la crisis, algunos colectivos se quedaron fuera del sistema, como las personas migrantes en situación irregular. Más de diez años después, la exclusión no ha acabado, pese a la aprobación en 2018 de una nueva norma por parte del PSOE, la ley 7/2018. Una nueva ley que indica que las personas “en situación temporal” necesitan un informe de servicios sociales para entrar en el sistema. Una “situación temporal” que algunas Comunidades Autónomas han aplicado de manera restrictiva, exigiendo empadronamientos de más de 90 días para poder acceder al sistema sanitario. Una situación de inseguridad jurídica que reflejó Yo Sí Sanidad Universal en un informe de hace un año.

La norma de 2018 ha cerrado incluso puertas que antes estaban abiertas: el decreto de Rajoy, la ley 16/2012, incluía la atención a menores, embarazadas y casos de urgencias sin facturación

“Me dijeron: “¿Estás empadronada? Si no, no te ayudamos. Yo le dije: “no, estoy con mi bebé en un albergue”. Y me respondieron: “Si no tienes padrón aquí, no vengas a buscar ayuda. Porque de verdad se han equivocado toditos ustedes viniendo a buscar ayuda acá”. Así trataron en un centro de salud a Gabriela, quien ha llegado desde Venezuela con su hija de dos años. La pequeña tuvo dificultades al nacer por lo que debe tener un chequeo constante a nivel de pediatría por las posibles secuelas. En una ocasión Gabriela, otro de los casos documentados por Médicos del Mundo, tuvo que acudir a urgencias con su hija enferma, donde asegura que le dieron una buena atención, pero no le dieron la información de que después le llegaría una factura. Factura que no puede pagar. Y es que, la norma de 2018 ha cerrado incluso puertas que antes estaban abiertas: el decreto de Rajoy, la ley 16/2012, incluía la atención a menores, embarazadas y casos de urgencias sin facturación, independientemente del tiempo en el país.

Barreras administrativas

El informe de Médicos del Mundo detecta cinco tipos de barreras: administrativas, físicas, informativas, económicas y culturales. Las barreras administrativas, también conocidas como discriminatorias, y que tienen origen en requisitos legales o administrativos que dificultan el acceso al sistema sanitario y que afectan únicamente a determinadas personas o colectivos, son mayoritarias, alcanzando el 40,4% de los casos documentados.

“Dentro de esta categoría, que confrontan principalmente las personas migrantes en situación administrativa irregular, la imposibilidad de demostrar llevar al menos tres meses en España, unido a la exigencia del empadronamiento como único medio de prueba de dicha estancia constituyen los principales obstáculos para acceder a la atención sanitaria normalizada”, expresan en la investigación. Una revisión que ha detectado un número relevante de casos de falta de protección a las situaciones de especial vulnerabilidad al denegar la atención a 186 menores de edad, 85 mujeres embarazadas y 202 casos de facturación en urgencias.

Desde Médicos del Mundo también mencionan la situación de las personas ascendientes reagrupadas, mayores de 65 años llegados desde sus países de orígenes para reunirse con hijos e hijas que ya están regularizados en España. Estas personas, que quedaron fuera del sistema en 2012, permanecen en los márgenes, habiéndose documentado 81 casos de exclusión de la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de personas de edad avanzada que viven en nuestro país desde hace años y que batallan con enfermedades crónicas o enfermedades graves sin acceso a tratamiento por la pública.

“Vamos viendo que pese a las medidas que trataron de paliar el efecto del Real Decreto de 2012, las vulneraciones al acceso siguen multiplicándose”

“Este es un trabajo que llevamos haciendo desde hace años, en formato informe desde hace dos. Vamos viendo que pese a las medidas que trataron de paliar el efecto del Real Decreto de 2012, las vulneraciones al acceso siguen multiplicándose”, expresa a El Salto Rafa Campos, vocal de incidencia política de Médicos del Mundo. El primer informe sobre barreras a la atención sanitaria, realizado en 2022, detectó 7.074 casos de exclusión durante ocho meses.

Reunión con la ministra

Durante el pasado gobierno progresista, la vuelta a la atención universal quedó frenada, inserta en el Proyecto de Ley por la que se modificaban diversas normas para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud. Una ley que entraba en el Congreso en el 2022 pero que no salió adelante por la confrontación en el seno del gobierno de coalición respecto a otro aspecto que incluía la norma: la privatización sanitaria.

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La nueva ministra de Sanidad se ha comprometido a regresar a un sistema universal, en una reunión con asociaciones y colectivos que han luchado por el fin del apartheid sanitario.

El pasado lunes, y a iniciativa del nuevo Ministerio de Sanidad, capitaneado por Mónica García, colectivos sociales eran convocados a una reunión en la que mostraban su compromiso para cerrar “la herida” abierta en 2012 y volver a la atención universal. Médicos del Mundo fue una de las entidades convocadas y muestran un “optimismo moderado”, producto del fracaso de las negociaciones mantenidas en la pasada legislatura. “Nos trasladaron que va a ser una prioridad", expresa Campos para quien esta predisposición es un “buen punto de partida” pero espera que no sea torpedeada por las negociaciones en el Congreso.

“Una dificultades del proyecto de ley anterior es que incluía distintos aspectos con posiciones enfrentadas. Pedimos que la nueva ley se centre en la universalidad para evitar que haya bloqueos”

“Una dificultades del proyecto de ley por la universalidad, equidad y cohesión del sistema es que incluía distintos aspectos con posiciones enfrentadas. Una de las cosas que hemos tratado de transmitir es que la redacción de este nuevo proyecto ley simplifique los requisitos al acceso sanitario, se tramite de carácter de urgencia y que sea una ley que se centre en la universalidad para evitar que haya bloqueos en la tramitación parlamentaria”, explica el vocal de Médicos del Mundo. “Ante los datos que vamos tramitando es una prioridad, nuestra apuesta es buscar el elemento más rápido, sencillo y seguro para retornar a la universalidad”, añade.

“La exclusión sanitaria, especialmente de colectivos vulnerables como la población migrante, no solo afecta a los individuos excluidos, sino que representa un fracaso en nuestro compromiso con la universalidad y la equidad”, expresaba Mónica García durante la reunión con los colectivos. De esta manera, el objetivo del ministerio sería “terminar de cerrar la herida abierta en 2012 y blindar un sistema sanitario que garantice la cobertura universal, equitativa y de calidad para cada persona en nuestro país”. “Cada vez que publicamos este informe somos conscientes de la magnitud del problema. Hay miles de personas que en nueve meses no han podido acceder a la sanidad. La predisposición del Ministerio de Sanidad es un buen punto de partido y ha de ir acompañada de hechos”, sentencia Campos.

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