Crisis económica
Rubén Martínez: “Ahora no hay espacio de mercado donde el Estado no intervenga”

“La pandemia ha acelerado este proceso. A día de hoy casi tres cuartas partes del aparato productivo y de los mercados financieros globales están incrustados en el Estado”. Rubén Martínez, socio de La Hidra Cooperativa, se dedica a investigar la relación entre las prácticas comunitarias y las políticas públicas. En el libro La solución verde. ¿Es el Green New Deal la respuesta a la crisis global?, que ultima con Isidro López, analiza el papel que juegan las alianzas público-privadas en el proyecto de reconstrucción económica que los Estados nos prometen como salida a la crisis. Sobre las posibilidades de intervenir desde una perspectiva de movimiento frente a la lógica del “capitalismo verde”, hablamos con él en esta entrevista.

Cuando la única posibilidad para la recomposición de los beneficios empresariales pasa por el rescate del Estado, ¿en qué situación queda hoy el paradigma neoliberal?
Más allá del relato utópico del neoliberalismo, basado en una menor intervención del Estado para facilitar la apertura del libre mercado, la realidad práctica que hemos vivido ha sido muy diferente: la etapa neoliberal ha supuesto un incremento del gasto público y del endeudamiento. No se ha reducido la acción del Estado, más bien todo lo contrario. Lo que sí ha supuesto el neoliberalismo es un cambio en las prioridades del Estado y la integración del sector privado en su arquitectura institucional. También un sometimiento del Estado a esferas supraestatales, funcionando como una especie de coordinador de las normativas y las estrategias que venían desde arriba. Un ejemplo son las políticas de austeridad de la Unión Europea: primero vino la reforma del Pacto de Estabilidad a nivel europeo, luego la modificación del artículo 135 de la Constitución a nivel estatal, y por último la ley de regulación de las administraciones locales. El Estado va reescalando las estrategias que vienen desde arriba hacia los entornos urbanos. El neoliberalismo nace como una respuesta política al agotamiento de la rentabilidad del régimen de acumulación anterior, y también como una respuesta de la clase dominante frente al poder obrero organizado en la época. En realidad, no es otra cosa que la búsqueda de soluciones capitalistas al fin de ciclo fordista-keynesiano. Si algo caracteriza a la última fase del neoliberalismo, desde la crisis del 2008, es el apuntalamiento del poder en el sistema financiero internacional.

Esa es la función de lo público-privado: apuntalar tanto discursiva como institucionalmente, así como a nivel normativo, la alianza entre Estado y capitalismo

¿Qué cambia ahora?
Estamos frente a dos procesos que hacen que esta crisis sea diferente a las anteriores. El primero es que la pandemia ha acelerado una economía global público-privada: ahora no hay espacio de mercado donde el Estado no intervenga o donde no sea el actor principal. El segundo, que lo que hoy está en juego es una lucha capitalista por liderar un nuevo orden mundial, reemplazando a la fase de hegemonía estadounidense. Y el paradigma que viene, más que neoliberal, será una especie de neokeynesianismo coloreado de verde ajustado a la agenda y las estrategias de China, que está llamado a ser el hegemón del ciclo siguiente.

¿Qué papel cumple la “colaboración público-privada” en la actual fase del capitalismo?
Lo público-privado es una vieja estrategia que se presenta como innovadora, con nuevas carcasas discursivas y nuevos conceptos en cada fase de crisis. En realidad, no es más que el vínculo histórico entre Estado y capitalismo. Esa es la función de lo público-privado: apuntalar tanto discursiva como institucionalmente, así como a nivel normativo, la alianza entre Estado y capitalismo. Lo hemos visto a partir de 2008, cuando el número de partenariados público-privados se ha disparado a nivel europeo. A medida que se limitaba el endeudamiento público con las medidas de austeridad, se impulsaba la utilización de los partenariados como parte de las políticas de privatizaciones.

¿Cuál es su funcionamiento básico?
Estas figuras funcionan a través de una maniobra de contabilidad por la que el coste real de un proyecto queda camuflado bajo la titularidad privada, hasta que algo falla y todo revierte sobre lo público. En la práctica, este tipo de colaboraciones público-privadas son una forma de privatización que permite a las empresas beneficiarse de la inversión pública y exigir que se les faciliten oportunidades comerciales rentables. Pero lo público-privado no se agota en figuras como los partenariados: hay procesos de acaparamiento de tierras, de búsqueda de territorios, procesos de mercantilización de infraestructuras públicas y de necesidades básicas asociadas a ellas (agua, energía, vivienda), también el creciente dominio de los bancos centrales y de las políticas monetarias que disciplinan a los gobiernos nacionales, regionales y urbanos a través de la deuda, con instrumentos diseñados en esferas donde no hay delegación de poder democrático y no hay control ni transparencia.

Hace un par de meses, en unas jornadas organizadas por La Hidra, señalabas que los actores más activos en la crítica de estas alianzas que conllevan el parasitismo del Estado por el capitalismo rentista no son precisamente de la izquierda radical, ¿quiénes son?
Muchos liberales y socioliberales coinciden en que el capitalismo actual ha ido demasiado lejos en la normalización de la desigualdad de ingresos y en la excesiva centralidad de la economía rentista. Y también en que se han sobrepasado todos los umbrales permisibles de privatización y financiarización, que en su momento cumplían una función, digamos armoniosa, entre los intereses del capital y trabajo. Según esta idea, todo este tipo de procesos, que en su justa medida estaban bien, ahora lo que vienen a hacer es producir un tipo de capitalismo desigual que polariza socialmente y que está corrompido.

Los países que son considerados desacoplados del combustible fósil o con una transición verde en marcha, en realidad, son países que han sido desindustrializados y transformados en economías capitalistas financiarizadas

¿No se trata de discursos marginales?
Estos enfoques están generando mucho consenso. Lo vemos, por ejemplo, con la economista Mariana Mazzucato, que insiste en marcar más condiciones a las empresas en las alianzas público-privadas y sumar mecanismos de control público. También en perfiles más liberales como Rebecca Henderson, que reclama la necesidad de acuerdos éticos entre inversores, accionistas y empresas para que el imperativo del beneficio no esquilme los bienes comunes. Estas y otras posiciones afines han tenido voz y difusión en el Financial Times, que inauguró a finales del 2019 una nueva agenda donde decía que se tienen que producir beneficios pero con sentido, y que en este momento es necesario aplicar reformas para conservar. Martín Wolf, director de opinión económica de ese diario y una autoridad reputada en la defensa de la globalización, considera que frente a las injusticias del capitalismo rentista, liderado por un poder político que privilegia a algunos individuos y empresas para que obtengan riqueza a costa de todos los demás, son necesarias reformas que nos devuelvan al equilibrio entre un verdadero capitalismo y la democracia liberal.

¿Algo se mueve, entonces?
Todas estas respuestas, que ilustran una posición socialdemócrata, una socioliberal y una liberal-conservadora, comparten la pregunta principal: ¿cómo reformar el capitalismo para que vuelva a beneficiar a todos por igual? Los socialdemócratas debían tomarse más en serio la socialdemocracia. Todas estas críticas al capitalismo rentista, a las privatizaciones, al aumento de las desigualdades y la polarización social, están llegando con mucha habilidad a la agenda de las acciones políticas que hay que desarrollar. Hoy, los planes de reconversión y los pactos verdes son reformas para conservar. Ese marco es un meme que se está aplicando desde los supuestos socialdemócratas a los liberales y los conservadores.

¿Cuáles son las líneas fundamentales del proyecto de crecimiento verde inclusivo que se está planteando?
La fórmula básica del crecimiento verde inclusivo se resume fácilmente: las economías pueden seguir creciendo e incluso crecer con rapidez, y a su vez presentar un proyecto viable de estabilización climática y de integración social, siempre que el proceso de crecimiento se desvincule por completo del consumo de combustibles fósiles, lo que se conoce como desacoplamiento. La solución tecnológica que sigue a ese planteamiento es la implantación de infraestructuras de energía renovables, de la que a su vez resultarán toda una serie de empleos verdes.

El descenso de emisiones en Europa o Estados Unidos y su ascenso meteórico en China, durante las últimas dos décadas, son dos procesos directamente relacionados

Pero...
El caso es que las promesas del crecimiento inclusivo no pasan ningún examen basado en la evidencia, entre otras cosas porque los análisis y ejemplos de economías desacopladas o en proceso de desacoplamiento contienen muchísimos sesgos. Los países que son considerados desacoplados o con una transición verde en marcha, en realidad, son países que han sido desindustrializados y transformados en economías capitalistas financiarizadas, con enormes sectores de servicios que importan mercancías manufacturadas de otras partes del mundo. Es decir, no se han desacoplado, sino que han desplazado territorialmente las emisiones de sus modelos de producción y consumo. 

¿En qué consiste ese desplazamiento?
Según la Comisión Europea, entre 1990 y 2017, el consumo de energía en la Unión se redujo casi un 2% y las emisiones de gases de efecto invernadero un 22%, mientras el PIB aumentó el 54%. Pero esta promesa del crecimiento verde inclusivo pasa por alto un proceso fundamental que explica el descenso de emisiones en Europa durante ese periodo: la externalización de procesos industriales a otros territorios con mano de obra barata. Entre 2002 y 2019, la UE multiplicó por cuatro veces y media el valor de las importaciones desde China. El descenso de emisiones en Europa o Estados Unidos y su ascenso meteórico en China, durante las últimas dos décadas, son dos procesos directamente relacionados. La evidencia general es que no hay desacoplamiento: la huella material internacional ha ido aumentando un 6% por cada aumento del 10% en el PIB.

Si algo se puede asegurar España en este proceso de reconversión, más bien, es su posición subalterna en esa jerarquía de la Unión Monetaria donde ocupa el puesto de país deficitario y deudor

Uno de los ejes centrales del proyecto de “reconstrucción económica” es el Pacto Verde, ¿qué va a suponer en cuanto a la transformación del modelo económico?
Creo que la toma de posición inicial sensata frente a estos proyectos de reconstrucción económica es que los planes verdes o de reconversión no son por sí mismos el cortafuegos a las trayectorias anteriores, ni tampoco flotan sobre las relaciones de poder existentes. La posición de entidades como Blackstone o Deloitte como asesores en estos programas verdes o el dinero de los nuevos rescates para empresas del Ibex-35 son bastante significativos. Tampoco nos podemos rasgar las vestiduras al ver que el reparto de esos nuevos programas de recuperación está siendo colonizado por las finanzas, las auditoras globales o los grandes oligopolios. O que, en el caso español, sea el sector privado el que ejecute directamente los fondos del Next Generation EU. Es lógico, hasta cierto punto, en la medida en que se integra en las trayectorias previamente marcadas y no encuentra demasiadas resistencias.

Frente a este apuntalamiento del poder en las finanzas, ¿qué le espera a España?
La especialización de la economía española en el modelo turístico-inmobiliario delimita los contornos de una posible reconversión verde en lo que es el territorio más dócil del Sur europeo. Si algo se puede asegurar España en este proceso de reconversión, más bien, es su posición subalterna en esa jerarquía de la Unión Monetaria donde ocupa el puesto de país deficitario y deudor. De la misma manera que los planes anteriores ponían énfasis en lo medioambiental y prometían una reestructuración del capitalismo español, las actuales inversiones en energías renovables o en la remodelación de un mercado inmobiliario energéticamente más sostenible no van a ser otra cosa que intentos de reflotar burbujas para asegurar, al menos, un ciclo corto de aumento de las rentas financiero-inmobiliarias para unos pocos. La pregunta es si esto podía ser de otra manera. Supongo que sí, pero para eso hace falta una contraparte organizada que acumule poder de negociación para definir una posición alternativa a esos planes.

Me gusta recordar que existen otros referentes que parecen enterrados en la historia europea, otros referentes de programas de reconversión e intervención pública sobre el mercado que dieron resultados diferentes

Entendiendo que se está dando un cierto debate social sobre los fondos europeos centrado en la deuda y en el rescate de las grandes empresas, ¿dónde queda el debate sobre la propiedad?
Me sorprende mucho que las críticas a los fondos europeos y a programas como el Next Generation solo se centren en cómo repartirlos de manera más justa, más transparente, más auditada o abogando por un cambio con indicadores que sirvan para impulsar un modelo económico más social y sostenible. No es que me parezca mal ni que considere que tengo ninguna legitimidad no ya para juzgarlo, sino para opinar sobre esas demandas que provienen desde el tercer sector o desde la ciudadanía organizada. El caso es que, por el camino, en ese intento de ajustar el reparto de ese dinero lo máximo posible a una fiscalización ciudadana de la forma más social y ambientalmente sostenible, se va normalizando que los sistemas de propiedad bajo los que operan y que reproducen esos fondos quedan intactos.

¿A qué propiedad te refieres?
La propiedad privada y la propiedad público-estatal, tal y como han operado hasta ahora, son el subsuelo intocable de todo ese cambio. No es anecdótico que los pactos verdes apelen a la figura del New Deal de los años treinta, que se integra en la lista histórica de programas públicos que han otorgado el poder capitalista a lo que han sido las mayores fortunas de la lista Forbes. Me gusta recordar que existen otros referentes que parecen enterrados en la historia europea, otros referentes de programas de reconversión e intervención pública sobre el mercado que dieron resultados diferentes. Entre otros, los programas de fondos accionariales de asalariados en Suecia, que eran un mecanismo para que sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil tuvieran un control sustancial sobre el funcionamiento de las grandes empresas.

Esas instituciones de democracia económica diseñadas por Rudolf Meidner en los setenta no solo buscaban contrarrestar el poder concentrado del capital, sino que podían ser la base material para una organización social de la producción y el consumo. Una agenda emancipadora debería tomar estos referentes como propios, diseñando como principal instrumento la transferencia de la propiedad de los activos productivos. Este debería ser uno de los puntos fundamentales de réplica frente a este tipo de planes de reconversión. Es muy dudosa la capacidad transformadora de programas de transición en los que no se discutan sus formas de control político, sus modelos de financiación y, sobre todo, los sistemas de propiedad.

¿Cómo se puede lograr?
Si la Unión Europea tiene previsto intensificar la inversión en ámbitos como la rehabilitación de edificios y viviendas o en industrias relacionadas con la movilidad baja en carbono, tanta inversión pública como se inyecte, tanta socialización de los derechos de uso y usufructo debe aplicarse a esas infraestructuras y a esos bienes ligados al sector energético, inmobiliario, del transporte o digital. Si esa fuera la estrategia que asumiéramos desde espacios de movimiento, tal vez sí que podríamos empezar a pensar que los Green New Deal son una oportunidad para redistribuir poder. Para algo así, hace falta un conflicto abierto contra el diseño institucional y los actores que son privilegiados en las alianzas público-privadas.

¿Qué otros marcos de discusión y referentes podemos tener para plantear propuestas que enfrenten la crisis desde paradigmas redistributivos y ecologistas?
En una investigación que estamos realizando intentamos aportar algunas ideas para entender mejor qué pasa en este periodo transicional, en este mientras muere un mundo y nace otro, cuando vemos que las alianzas público-privadas están llamadas a ser las fórmulas dominantes. Frente a esto, las estrategias alternativas seguro que van a ser múltiples y contradictorias, pero tal vez tenga sentido poner énfasis en empujar procesos de desmercantilización y reapropiación, donde la acción pública va a tener un papel importante.

¿Más concretamente?
Por ejemplo, reducir el combustible fósil requiere un cambio en los sistemas de propiedad, pero también una planificación pública que no solo se desvincule de los oligopolios que controlan la producción y el consumo o que los fiscalice, sino que pueda llegar incluso a confiscar capital fijo. Frente a lo público-privado, los modelos de propiedad colectiva y de participación ciudadana directa en el control de los recursos y las infraestructuras son una estrategia importante. Además del citado caso de Suecia, tenemos otros referentes como la ley de derechos forestales en India o los planes de energía comunitaria en Holanda. En esencia, el objetivo político de ese tipo de estrategias es combinar la transferencia del control de los medios de producción y de los circuitos de consumo con la democratización en la toma de decisiones medioambientales. Es decir, articular democracia económica, democracia política y democracia territorial. En esa línea, también está el Red Deal de acción indígena, que empuja procesos de organización de base comunitaria y entra a discutir las propuestas del New Deal y promover alternativas. Se postulan y se organizan como contraparte en esos planes; es un intento por construir una contraparte negociadora a la vez que se fuerza la soberanía y el control comunitario sobre los medios de subsistencia de esas comunidades y economías de base indígena. Todo lo que se ligue a esta perspectiva puede ser un elemento central del debate, entendiendo que se trata de combinar elementos de la democratización de los recursos y de la toma de decisiones ambientales desde cada uno de los territorios.