Opinión
“El partido soy yo”

Los audios del juez titular del juzgado de instrucción nº 1 de Barcelona Joaquín Aguirre publicados por Canal Red han servido para abrir la primera semana de julio y la primera semana con un Consejo General del Poder Judicial renovado después de más de cinco años de secuestro por parte de la mayoría conservadora asociada al Partido Popular. Una renovación que ha sido cantada como una victoria por parte del propio PP. Los audios coinciden, también, con el desafío del Tribunal Supremo a la voluntad del Poder Legislativo. Este mediodía, la Sala de lo Penal ha anunciado que se opone a amnistiar a los tres acusados de malversación que no fueron condenados e indultados en su día y que se mantiene la orden de detención nacional que pesa sobre Carles Puigdemont.

El Supremo mantiene el pulso con Moncloa: no amnistiará a Puigdemont

Gessamí Forner

3

Catalunya

Catalunya El Supremo mantiene el pulso con Moncloa: no amnistiará a Puigdemont

Gessamí Forner

3

Por su parte, el exdiputado de la CUP Pau Juvillà ha informado de que se opone a ser amnistiado y que ha demandado a España al considerar que el Estado vulneró su libertad ideológica y de expresión.

Opinión “El partido soy yo”

En esos audios, Aguirre explica de manera meridiana cuál es la imbricación entre la acción judicial de persecución de los líderes del Procés y el objetivo general tras esa persecución: tumbar el Gobierno. “Al gobierno le quedan dos telediarios alemanes. Dos. Y ya está. A tomar por culo. Entonces, hay gente que se está situando ya. Ha tomado partido, y el partido soy yo“, dice el juez, conocido del tejido social barcelonés. Se trata de una conversación que se enmarca en las negociaciones para la Ley de Amnistía de enero, cuando Junts, en un giro de última hora, devolvió el texto en su trámite en el Congreso. Asimismo, las actuaciones no se comprenden tampoco sin las negociaciones para formar gobierno en la Generalitat después de las elecciones de mayo. 

Es un hecho que, con su reapertura del 'caso Voloh' sobre la presunta intromisión de una “trama rusa” en el Procés y la posible comisión de un delito de traición por parte de Puigdemont, el juzgado intervino decisivamente en la agenda política. En aquellos días de enero, Aguirre dio una entrevista al informativo Tagesschau, de la televisión pública alemana en los que agitaba el espantapájaros de la trama rusa. El juez ha seguido por ese camino y, a finales de junio, abrió una nueva resolución que coronó con la hipótesis de que el Procés fue alimentado por la ayuda económica y política de China y Rusia.

Aguirre se postula así como un juez salvapatrias en un país en el que esta figura ha ganado protagonismo tras el toque de rebato que el jefe de Estado, Felipe de Borbón, dio el 3 de octubre de 2017, en las horas más críticas después del referéndum ciudadano prohibido, pero celebrado, en Catalunya. Pasadísimo de rosca, igual que Manuel García Castellón —probablemente el otro juez-soldado más conocido—, Joaquín Aguirre se retrata con esa particular visión de su papel: “El partido soy yo”. 

Aunque Aznar aparece justamente como diana de las críticas, no cabe exculpar ni considerar unos solícitos lemmings a estos magistrados

Ya ha sido suficientemente glosada la frase de José María Aznar: “El que pueda hacer, que haga”, con la que trató de poner un conjuro en contra de la investidura de Pedro Sánchez en el otoño de 2023. Se trataba, y se sigue tratando, de emplear todos los medios posibles, pero muy especialmente justicia y medios de comunicación —es decir, los elementos constitutivos del lawfare— para torpedear cualquier avance en términos de restauración de un mínimo consenso tras el muro impuesto a cualquier solución dialogada a los legítimos anhelos de independencia de Catalunya.

Sin embargo, hay que anotar que, aunque Aznar aparece justamente como diana de las críticas, no cabe exculpar ni considerar a estos magistrados como unos solícitos lemmings. Como decía recientemente el catedrático Joaquín Urías, a veces no se sabe si los jueces obedecen al PP o el PP obedece a los jueces. La alta magistratura comprendió, en la crisis institucional abierta a partir de 2011, que sus privilegios estaban en riesgo si se ponía un interrogante sobre todo el sistema. Por eso, con pocas excepciones, ha reaccionado de manera furibunda, castigando a quienes provocaban ese riesgo, fueran raperos o políticos díscolos y, al mismo tiempo, ensanchando la brecha abierta. Porque ese es el gran problema: estas actuaciones de lawfare aumentan la deslegitimación de la magistratura, que reacciona con más palos... y la dinámica se repite.

El desparpajo con el que Aguirre dicta su “la Ley de amnistía se tumbó por mí", una declaración que dinamita el orden básico de las democracias liberales, por el que el legislativo hace las leyes y el judicial tan solo las aplica, rima con la desfachatez con el que la Sala de lo Penal ha interpretado que hubo enriquecimiento personal en la preparación del referéndum, una estratagema con la que pretenden que no se aplique la Ley de Amnistía dictada por un poder que hay que recordar que es el único elegido en las urnas.

Quizá sea tarde para recordar que el problema con la judicatura española es el principal problema de la democracia en el Reino de España. No se trata ya de poner el grito en el cielo por un futuro próximo con la extrema derecha (aun más) dentro de los centros de poder, sino de tratar de discernir cómo se puede resolver una cuestión, la del acceso a la judicatura, que amenaza con desmontar la mínima formalidad democrática. Si cinco magistrados pueden desplegar un manifiesto político para sabotear la Ley de Amnistía, si otro llanero solitario puede armar una causa inverosímil bajo la influencia de un pensamiento paranoico sobre la geopolítica internacional, y si un tercero puede considerar terrorismo unos actos, los de El Prat, que las autoridades aeroportuarias ni siquiera reseñaron en su libro de incidencias, estamos ante un problema que trasciende a los afectados concretos por esos casos y se extiende hacia el conjunto de la sociedad.

El acuerdo firmado el PSOE la semana pasada para la renovación del CGPJ no supone ningún avance para tratar de atajar el problema creado. Más bien, supone lo contrario. El texto que llegará al Congreso especifica que tras el acuerdo “se mantiene el sistema actual de acceso a la carrera judicial y el vigente sistema de formación”, es decir, que se mantienen los vicios que han convertido a la alta magistratura en una cantera de soldados que batallan, cada vez más descaradamente, contra aquellos que pongan en entredicho su posición social y política preponderante. Mientras no se atajen esos hábitos heredados, los jueces soldados tendrán patente de corso para decir aquello de “el partido soy yo”. Y entonces el problema dejará de ser cuántos telediarios le quedan a Sánchez sino cuántos le quedan a la democracia.