Análisis
La laicidad del Nuevo Frente Popular francés

La segunda vuelta de las elecciones legislativas francesas se anuncia decisiva, con un duelo entre la extrema derecha y la unión de la izquierda. El macronismo de la mayoría presidencial y la derecha tradicional concurren a ella con pocas expectativas, y con pocos candidatos cualificados para este segundo domingo electoral. La contestación al presidente y a sus políticas neoliberales explica en parte estas expectativas, pero, más allá de las cuestiones sociales y económicas, el debate público francés también gira alrededor de temáticas como la laicidad y el lugar de las religiones en el espacio público.

La derecha, la extrema derecha y, desde hace algún tiempo, también el macronismo, han situado la laicidad en el centro de una supuesta batalla cultural. Este giro, cuyo inicio algunos sitúan en la prohibición del velo en las escuelas en el año 2004, ha implicado un desplazamiento de la laicidad como régimen de separación entre el Estado y las religiones hacia su reformulación como valor identitario. Si bien la laicidad francesa siempre ha sido profundamente intervencionista, esta reformulación progresiva ha tenido como consecuencia una focalización creciente en las prácticas religiosas individuales y una menor atención sobre las administraciones en su papel de garantes de la neutralidad del Estado.

Una parte de la izquierda adoptó este marco, atrapada entre le reivindicación sincera de un ideal republicano y el miedo al auge de la extrema derecha, mientras que otra advocó por una laicidad más inclusiva. Durante mucho tiempo estas visiones divergentes sobre la laicidad se han presentado como el eje de división de unas supuestas izquierdas “irreconciliables”. El actual Frente Popular cambia esta dinámica, lo que lleva a interrogarnos sobre la definición de la laicidad y las políticas que plantea en este campo en el marco de su acuerdo programático.

El programa de la unión de la izquierda contiene un epígrafe específico dedicado a “una República laica”, con tres medidas concretas. Leídas en su conjunto, estas medidas suponen retornar a una concepción de la laicidad centrada en la administración pública, alejándola, acertadamente, de la retahíla de prohibiciones en la que pretenden encerrarla la derecha, la extrema derecha y el macronismo. Limitaciones que, conviene recordar, siempre han afectado más a las expresiones leídas como islámicas.

A pesar de la laicidad, la educación privada recibe ingentes cantidades de dinero público, teniendo muchos de estos centros una clara adscripción católica

En primer lugar, el Frente Popular propone “rechazar” la financiación pública para la construcción de nuevos edificios religiosos, ya sean éstos dedicados a “actividades de culto” o a acoger “establecimientos confesionales”. Esta última formulación puede hacer referencia implícita a los establecimientos escolares. A pesar de la laicidad, la educación privada recibe ingentes cantidades de dinero público, teniendo muchos de estos centros una clara adscripción católica. La medida programática de la unión de la izquierda no pone en cuestión las subvenciones a dichos centros, pero puede suponer una necesaria limitación al dinero adicional que suelen recibir por parte de las administraciones locales en manos de la derecha.

En cuanto a los edificios dedicados a las “actividades de culto”, la propuesta no hace más que actualizar la formulación original de la vigente ley de 1905 que implica que la República “no reconoce ni financia” ninguna religión. Si esta voluntad es coherente y loable, la realidad es que también ha supuesto una cierta desigualdad entre religiones. La mayoría de las iglesias católicas ocupa edificios construidos antes de la aprobación de la ley de 1905, lo que las exime de la prohibición de recibir financiación pública bajo el pretexto del “mantenimiento patrimonial”. Por otra parte, las administraciones han recurrido, a lo largo de los últimos años, a formulas voluntaristas para ayudar a las comunidades religiosas minoritarias a construir sus centros de culto. Como la financiación directa no está permitida, el apoyo de las colectividades locales se ha vehiculado a través de la construcción de “centros culturales” o de arrendamientos usufructuarios, a un precio muy bajo, de terrenos públicos.

En segundo lugar, el programa del Frente Popular propone desarrollar un “plan de formación” dirigido a los funcionarios sobre los “principios jurídicos de la ley de 1905”, así como reforzar la “pedagogía de la laicidad” en la escuela pública. Aunque su formulación sea vaga y abstracta, esta propuesta implica reconocer que, en algunas ocasiones, las limitaciones impuestas a ciertas expresiones religiosas se han hecho a expensas de los principios originales de la ley. Todo dependerá, sin embargo, del contenido concreto del plan y de si el acompañamiento mencionado implicará legitimar la extensión de la limitación a ciertas expresiones supuestamente religiosas (como la prohibición de la abaya en los centros escolares).

La tercera medida del programa de la unión de la izquierda propone “aumentar los recursos de la Misión interministerial de vigilancia y de lucha contra las derivas sectarias”. Esta misión se puso en marcha a finales de los años 90, en un momento en el que la cuestión de las sectas fue definida como un problema público que había que resolver. Con los años, esta temática ha sido eclipsada por otras preocupaciones en el ámbito de las religiones y, especialmente, por la focalización creciente sobre el islam y los musulmanes, erigidos en chivos expiatorios de los males de República y en objeto de numerosas controversias y políticas públicas. La recuperación de la temática de las sectas como problema público puede suponer un reequilibro en este ámbito, pero conviene señalar que algunas expresiones leídas como “sectarias” en Francia funcionan como cultos reconocidos y legitimados en otros contextos europeos.

El programa del nuevo Frente Popular dedica un apartado entero a “luchar contra todas las formas de racismo, contra el antisemitismo y la islamofobia”

Más allá de estas tres medidas concretas, el programa del nuevo Frente Popular propone otras acciones importantes en el ámbito de la diversidad religiosa. En efecto, dedica un apartado entero a “luchar contra todas las formas de racismo, contra el antisemitismo y la islamofobia”. Este es un punto relevante por diversos motivos. Una parte de la izquierda, especialmente la Francia Insumisa, ha sido (y está siendo) acusada de connivencia con el antisemitismo. Por otra parte, otros sectores, principalmente en el Partido socialista, eran reticentes a cualificar la islamofobia como tal, bajo el pretexto de una posible instrumentalización por parte de actores religiosos.

Teniendo en cuenta este trasfondo, el tratamiento conjunto del antisemitismo y la islamofobia es un paso adelante significativo. Implica reconocer la persistencia de estas formas específicas de racismo y discriminación, tristemente presentes y documentadas en Francia por las administraciones, el activismo y la investigación académica. Supone, asimismo, reconocer que la religión puede ser un factor de discriminación, y el eje de un proceso de racialización. Finalmente, contribuye también a soslayar la concurrencia victimaria entre comunidades para poder abordar el racismo en todas sus formas y desde una perspectiva global basada en los derechos humanos, la igualdad y, en este caso, la libertad religiosa de todos los ciudadanos franceses.

Frente a una extrema derecha que atiza el conflicto social y religioso, y un macronismo que ha comprado buena parte de su discurso en este ámbito, un buen resultado del nuevo Frente Popular supondría una esperanzadora noticia. A pesar de sus limitaciones, también de sus ambivalencias, han hecho bien las izquierdas en plantear una visión renovada de la laicidad y situar la lucha conjunta contra el antisemitismo y la islamofobia como una prioridad.