Derecho a la vivienda
Once grupos empresariales acaparan dos de cada diez viviendas alquiladas en Navarra

Un total de 2.269 viviendas alquiladas en Navarra tienen como caseros a megatenedores privados que suman 50 o más alquileres. Son 15 empresas que dependen de once grupos empresariales y que acumulan el 18% de las 12.167 viviendas inscritas en el Registro de contratos de arrendamiento de viviendas de Navarra, según datos aportados a Civio por el Gobierno navarro a fecha de 28 de septiembre.

A estas viviendas se suman otras 1.164 alquiladas por la empresa autonómica Navarra de Suelo y Vivienda y por el Ayuntamiento de Pamplona, las dos únicas entidades públicas con 50 o más viviendas alquiladas.

Dos de estas 15 empresas megatenedoras dependen de Adania Grupo Empresarial, que suma 564 contratos de alquiler y se sitúa como el mayor casero privado de la comunidad autónoma. Tras ella, Caja Rural de Navarra, con 422 alquileres, es la segunda entidad que más casas tiene alquiladas, aunque no directamente sino a través de Errotabidea, empresa dedicada al alquiler de vivienda protegida de la que la caja tiene un 46% de acciones.

De piso turístico a alquiler de temporada, la penúltima mutación de la pandemia

Martín Cúneo

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Los alquileres de temporada se convierten en una de las principales vías para burlar la legislación vigente y aumentar los precios sin control.

Las siguientes empresas con más viviendas alquiladas son las dos únicas que son extranjeras. Una de ellas es Blackstone, que suma 332 viviendas que son propiedad de su mayor filial, Testa Residencial. La otra es la consultora alemana Catella, con otras 231.

En plena pandemia de covid-19, Blackstone pretendió subir casi un 50% los alquileres de 392 viviendas en Pamplona que habían dejado de ser de protección oficial.

Aunque la presencia de Blackstone en Navarra está a mucha distancia de la que tiene en la Comunidad de Madrid, donde suma más de 13.000 viviendas alquiladas, también en esta región ha sido protagonista de algunos de los mayores conflictos en torno a la vivienda. Lo fue en 2020, cuando, en plena pandemia de covid-19, el fondo de inversión estadounidense pretendió subir casi un 50% los alquileres de 392 viviendas en Pamplona que habían dejado de ser de protección oficial. Tras la mediación del Gobierno foral, el fondo de inversión bajó de los 200 a 60 euros la subida de los alquileres.

Una familia consigue alternativa habitacional en Bilbao antes del desahucio de una vivienda de Blackstone

Miriam Najibi Goñi

Desahucios

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Tras haber llegado a un acuerdo, el desahucio de su vivienda, ubicada en un inmueble propiedad del “fondo buitre” Blackstone, en el barrio de San Francisco, queda paralizado hasta que la familia pueda entrar en su nueva casa.

En la actualidad, según detallan a Civio desde Haritu, colectivo por el derecho a la vivienda en Pamplona, los conflictos con Blackstone se concentran en el barrio de Buztintxuri, donde el fondo de inversión es propietario de ocho bloques de viviendas. “Los tiene completamente abandonados”, afirma Mikel Izurzu, miembro de este colectivo. “Las vecinas llevan desde el invierno pasado con la caldera averiada, con todas las puertas de los portales abiertas, con destrozos en las zonas comunes, los timbres y los ascensores rotos.

“Las vecinas llevan desde el invierno pasado con la caldera averiada, con las puertas de los portales abiertas, con destrozos en las zonas comunes, los timbres y los ascensores”

Blackstone no les hace ni caso, creemos que porque quieren que los inquilinos se vayan para hacer una reforma integral y subir los alquileres”, continúa. En 2022, según muestran las cuentas anuales de Testa Residencial, solo esta filial de Blackstone ingresó 3,4 millones de euros en alquileres en Navarra, un 15% más que el año anterior.

Un parque público lejos de País Vasco

La administración navarra, a través de Navarra de Suelo y Vivienda, es el mayor casero de la comunidad autónoma, con 1.102 viviendas alquiladas, el doble que el mayor casero privado. A estas viviendas se suman otras 62 alquiladas por el Ayuntamiento de Pamplona, la otra única entidad pública que aparece como arrendadora de 50 o más viviendas. A pesar de ello, Navarra cuenta tan solo con 0,17 viviendas alquiladas por organismos públicos por cada cien habitantes, una cifra muy lejana a las 0,5 del País Vasco y cercana al 0,2 de las Islas Baleares.

Quince de cada cien viviendas alquiladas en País Vasco son de titularidad pública

VV.AA.

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Según los datos recabados por una investigación de Civio, las administraciones vascas son arrendadoras de casi 11.100 de las 75.000 que hay arrendadas en esta comunidad autónoma.

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“Hay unas listas brutales para acceder a una vivienda pública”, señalan desde Haritu, colectivo que, además de al activismo por el derecho a la vivienda tiene en marcha una despensa solidaria para proporcionar productos básicos a las personas más necesitadas. “La mayoría de personas que vienen a nuestra asamblea están apuntadas como demandantes de vivienda, pero es muy difícil conseguir una; incluso para los casos de emergencia solo se cuenta algunas viviendas temporales muy precarias de Cruz Roja o de algún otro recurso parecido”, continúa.

La Administración navarra es el mayor casero de la comunidad foral, con 1.102 viviendas alquiladas, el doble que el mayor casero privado. Tan solo cuenta con 0,17 viviendas alquiladas por organismos públicos por cada 100 habitantes, lejos de las 0,5 del País Vasco.

Desde Haritu también alertan de que, ante la falta de vivienda, muchas de las personas a las que prestan apoyo, sobre todo migrantes, se ven abocadas a subarrendar habitaciones. “Hay familias enteras viviendo en una habitación por la que pagan 600 euros, a veces sin tener ni siquiera derecho a utilizar la cocina o el baño”, denuncia Izurzu.

A 1 de septiembre, el número de solicitantes de alquiler de vivienda protegida ascendía a 16.301 personas, un 72% más que en junio de 2021.