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Con el primer juicio a una inquilina de Alcorcón, Blackstone se prepara para desahuciar a 40 familias

Este martes 6 de junio empieza el primero de varios juicios contra las 40 familias demandadas por Blackstone que llevan más de un año fuera de contrato, negándose a aceptar subidas abusivas. María, inquilina de un bloque en Alcorcón, será la primera vecina que se enfrente al fondo buitre el cual ha adquirido miles de inmuebles por todo el estado español. Los juicios son el primer paso para comenzar a desahuciar a las familias que llevan más de un año fuera de contrato porque Blackstone solo quiere renovarles con subidas del alquiler hasta del 70%. Las personas afectadas habrían recibido el anuncio del incremento a través un burofax con dos opciones, o aceptaban la subida, o se tenían que marchar de la vivienda al no renovarse su contrato de alquiler. Optaron entonces por unirse al Sindicato de Inquilinas de Madrid y la PAH Alcorcón para luchar por un alquiler digno.

“Les hemos pedido negociar y lo único que hemos recibido de su parte son demandas judiciales para echarnos de nuestras casas”

En el caso de María, su juicio se llevará a cabo a las 13 horas del martes en los juzgados de Alcorcón y no lo ha podido evitar, a pesar de que se intentó negociar con el fondo buitre, inclusive con la mediación que ofreció el ayuntamiento y la propia Oficina de Vivienda de Alcorcón, sin éxito alguno. “Les hemos pedido negociar y lo único que hemos recibido de su parte son demandas judiciales para echarnos de nuestras casas”, declaraba María a El Salto, hace un mes, cuando el Sindicato realizó una acción pacífica en la sede de Blacsktone. El contrato de María venció en julio del año pasado pero sigue pagando su alquiler, cosa que sí acepta el fondo a la vez que les demanda. “Esto no lo entiendo”, afirma María incrédula. Agrega que además de los juicios los fondos aplican los llamados desahucios invisibles, “porque somos incapaces de pagar los alquileres que nos piden”.

Las inquilinas de Blackstone irrumpen en su sede y exigen una negociación colectiva

Susana Albarrán Méndez David F. Sabadell

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Derecho a la vivienda Las inquilinas de Blackstone irrumpen en su sede y exigen una negociación colectiva

Susana Albarrán Méndez ,  David F. Sabadell

Con contratos finalizados hace más de un año, las inquilinas demandan al casero más grande de España una negociación colectiva y el cese de los abusos inmobiliarios del fondo buitre. Hoy no les han recibido tampoco.

Como María, todas las afectadas por pisos de Blackstone reconocen que durante meses han sufrido coacciones, presiones y amenazas por parte del fondo buitre para obligarlas a abandonar sus viviendas. Para el sindicato el hecho de que el fondo se haya negado hasta el momento a recibirles significa que “el derecho a la especulación sigue blindado por encima del derecho a una vivienda digna y estable”, por ello exigen la paralización inmediata de todos los procesos judiciales y una mesa de negociación colectiva para poder firmar nuevos contratos sin subidas abusivas para ninguna.

El Sindicato vuelve a señalar a las filiales de Blackstone, Testa y Fidere como las que imponen subidas ilimitadas a sus más de 13,000 inquilinos y así proceder a desahuciarles si no aceptan el abuso

El sindicato también interpela a Isabel Díaz Ayuso a la que achacan su inacción frente a los fondos buitre y la especulación inmobiliaria ya que esto supone que las prácticas abusivas sigan siendo legales en la Comunidad de Madrid, lo contrario a lo que incluye la nueva Ley de Vivienda que pone un tope a la subida de alquileres en aquellas Comunidades Autónomas que así lo establezcan al decretar zonas tensionadas. El Sindicato vuelve a señalar a las filiales de Blackstone, Testa y Fidere como las que imponen subidas ilimitadas a sus más de 13,000 inquilinos y así proceder a desahuciarles si no aceptan el abuso. Recuerdan que las afectadas que habitan los bloques accedieron hace más de diez años a un alquiler social del parque público de vivienda, o a viviendas de protección oficial, son las que hoy sufren las consecuencias de la venta de sus viviendas a fondos internacionales  cuando el Estado español les dio luz verde para establecerse y operar en todo el territorio, con el único objetivo de especular.

A pesar de las dificultades a la hora de negociar la organización de inquilinas está dispuesta a seguir en su lucha por alquileres justos para todas, y recuerda una victoria ganada al mismo Blackstone y que puede servir de precedente. En 2019 más de 80 hogares inquilinos de Blackstone no aceptaron las subidas abusivas que les querían imponer, se organizaron con el Sindicato de inquilinas, y dos años después, los más de 80 hogares fuera de contrato -pero depositando el alquiler en el juzgado- consiguieron ganar al fondo para después establecer una negociación colectiva. Así se firmaron 80 nuevos contratos de alquileres dignos con por siete años. Confían en volver a conseguirlo “defendiendo colectivamente el derecho a la vivienda por encima del derecho a la especulación”.

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1. El fondo buitre Blackstone prepara una oleada de desahucios en Madrid.

Decenas de familias que se han negado a aceptar subidas abusivas de los alquileres. Subidas que serían ilegales si se aplicara la Ley de Vivienda en Madrid.

El primer juicio es el 6-J contra María. pic.twitter.com/w949zXtKzS

— Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid (@InquilinatoMad) June 2, 2023

El sindicato, junto con la PAH Alcorcón, convocan una concentración este martes 6 de junio a las 12 del mediodía, en los Juzgados de Alcorcón

Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid advierten, sin exagerar, que se viene una oleada de desahucios. El de su vecino John se espera para el próximo jueves 8 de junio. Por ello, y por el juicio de María el sindicato, junto con la PAH Alcorcón, convocan una concentración este martes 6 de junio a las 12 del mediodía, en los Juzgados de Primera Instancia de Alcorcón (calle Carballino s/n). Para ellas el juicio de María representa solo el primero de los que Blackstone se plantea contra más de 40 familias que están en lucha por mantener sus hogares. A la vez indican que es “Un juicio contra aquellos que llevamos años demandando que se regulen los precios, y se pueda vivir de alquiler de forma digna”.