Violencia machista
Coria, Hervás, Jarandilla de la Vera, Navalmoral de la Mata y Miajadas: los ayuntamientos que no aman a las mujeres

Cualquier mujer que sufra violencia de género y denuncie, recibirá información sobre sus derechos y sobre los recursos de que dispone de cara a favorecer su recuperación integral y para que todos y todas podamos vivir en una sociedad sin violencia. Recibirá atención sanitaria si la necesita y protección por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado así como tendrá acceso a distintos servicios que trabajan en aras a acompañarle hasta su recuperación.

Pero si vive en la Vera, en la comarca de Campo Arañuelo, en el valle de Hervás, la zona de Coria o en la de Miajadas verá sistemática e injustamente bloqueado su acceso la atención psicológica, pilar de la asistencia social integral, a la que tiene derecho por ley.

Graves irregularidades en la Red Extremeña de Atención a Víctimas de Violencia de Género

Manuel Nogueras

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Violencia machista

Extremadura Graves irregularidades en la Red Extremeña de Atención a Víctimas de Violencia de Género

Manuel Nogueras

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Un panorama de deterioro que las propias profesionales de la Red denuncian y que incluye inestabilidad y precarización laboral, nepotismo, falta de coordinación y centros cerrados.

La atención psicológica es una de las claves para la recuperación de las víctimas de violencia de género así como de sus hijos e hijas menores.

Vivir, haber vivido o haberse relacionado íntimamente con alguien que abuse de nosotras induce una respuesta de estrés que junto con las agresiones o amenazas sostenidas en el tiempo traumatizan y pueden provocar el desarrollo de un trastorno de estrés postraumático y depresión.

La degradación y los insultos reiterados merman dramáticamente la autoestima y el sentido de autoeficacia personal pudiendo llegar al terrible pensamiento de que merecemos los castigos y a dudar de nuestro criterio individual perdiendo la seguridad en una misma.

Si vive en la Vera, en la comarca de Campo Arañuelo, en el valle de Hervás, la zona de Coria o en la de Miajadas verá sistemática e injustamente bloqueado su acceso la atención psicológica, pilar de la asistencia social integral

Es habitual el sentimiento de culpa extrema, el aislamiento social, sufrir ansiedad e imposibilidad para descansar.

En algunos casos también se manifiestan ideación y tendencias suicidas.

En otras ocasiones se da abuso de alcohol u otras sustancias, analgésicos y psicofármacos en un intento de superar el malestar físico o emocional generado por la situación vivida, según nos dicen las expertas.

Desde diciembre las mujeres que denuncian en la Vera, en la comarca de Campo Arañuelo, en el valle de Hervás, en la zona de Coria y en Miajadas y alrededores no tienen acceso a este servicio. Ni ellas ni sus hijos e hijas menores.

Esta situación se repite, dramáticamente, cada año.

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Y quien quiera oír, podrá escuchar:

“Me han dicho que me llamarán cuando vuelva a estar abierto, pero no me han llamado y además no quiero conocer a otra psicóloga nueva, no estoy bien del todo, pero no tengo fuerza para contar mi historia otra vez”.

“Cuando empecé a ir a la terapia empecé a sentirme bien de nuevo, fue la primera vea que me sentía de subidón, con fuerzas, con esperanza en años”.

“En terapia, poco a poco, a medida que coges confianza con la psicóloga, te vas abriendo y vas contando lo que nunca has contado a nadie del maltrato que has sufrido, lo más íntimo, lo que no te atreves a contar ni a amigos ni a familia.”

“A mí me han atendido en persona y por teléfono durante la pandemia. Pero aún no me habían dado el alta, siento que me la habéis quitado. Y pienso en las otras, en las mujeres que llegan de URGENCIA, que están solas y sin apoyo y no quiero ni imaginar cómo estarán sin esa ayuda”.

“En la terapia hay un momento que es el único lugar donde te comprenden. Porque al principio no te comprendes ni tú, lo que has vivido”.

“Sin la evaluación de la psicóloga no tengo posibilidades de pedir una ayuda económica, estamos yo y mis hijas en una situación económica desesperada”.

“Hay mujeres sufriendo, es como tener la piel en carne viva. No me atrevía ni a salir a la calle, aunque tengas la orden de protección, yo necesité ayuda para poder salir de nuevo”. “Que me dejen ahora sin la terapia, sin poder ir a las sesiones, me deja en una absoluta situación de desamparo”.

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Pero esto no es una situación nueva, algunos de estos ayuntamientos repiten año a año y desde hace más de 10, sistemáticamente, una gestión diferente al del resto de municipios de Extremadura y claramente deficiente. Cada uno de estos ayuntamientos justifica con distintas razones el retraso para la continuidad de servicio aduciendo motivos que no parecen ser problemas en el resto de los Puntos de Atención Psicológica de Extremadura que sí funcionan con continuidad.

Parecería que casi hemos normalizado que permanezcan cerrados entre 4 y 6 meses al año, sin olvidar el año, el 2021, en el que el Punto de Atención Psicológica a Víctimas de Violencia de Género de Navalmoral de la Mata abrió sus puertas apenas un mes. ¿Alguien cree seriamente que esto tiene sentido?

Desde diciembre las mujeres que denuncian en la Vera, en la comarca de Campo Arañuelo, en el valle de Hervás, en la zona de Coria y en Miajadas y alrededores no tienen acceso a este servicio. Ni ellas ni sus hijos e hijas menores

¿Por qué en la provincia de Badajoz el servicio se proporciona con continuidad? ¿Por qué esta desigualdad de acceso a los recursos? ¿Es por estar en el mundo rural? ¿Por qué en Badajoz sí y en Cáceres no? ¿De verdad no se puede solucionar un problema que dura más de diez años en algunas localidades?

¿Cuáles son los criterios geográficos o de población que sigue el Instituto de la Mujer de Extremadura, si es que los hay, para ubicar estos recursos?

¿Se tiene en cuenta el número de órdenes de protección en función del número de habitantes?

¿No se puede esto calificar como abandono y omisión de auxilio a nuestras vecinas que están sufriendo o que han sufrido esta violencia?

Les pedimos que denuncien, que no toleren lo intolerable, les decimos que no están solas. ¿Y luego les negamos los recursos que necesitan?

Animar a alguien que vive al borde de un precipicio a que escape, a que salte y retirarle la red que debería amortiguar su caída, es cruel.

Negar la protección, el apoyo psicológico a quien lo necesita pone en una situación de vulnerabilidad extrema, empuja en muchos casos a estas mujeres, como de hecho está ocurriendo, a una vuelta a su relación con el agresor.

Es algo más que omisión de auxilio. Esto se llama maltrato institucional.

La sociedad y en concreto estos Ayuntamientos estamos fallando a estas mujeres y nos estamos fallando a nosotros mismos.

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No es muy difícil imaginar cómo se sienten los y las profesionales que trabajan intentando proteger y ayudar a estas mujeres. Su frustración, su sensación de que les estamos dejando tiradas, ya que ¿es acaso la Guardia Civil un servicio de atención psicológica que pueda ofrecer esa ayuda que necesita una víctima?

Qué angustia no sentirá la Policía Local, viendo como empeora la situación emocional de una víctima y sin poder derivarle al recurso que sabe que necesita.

¿Es acaso la Guardia Civil un servicio de atención psicológica que pueda ofrecer esa ayuda que necesita una víctima?

La rabia de querer hacer bien tu trabajo siendo personal sanitario, trabajadora social, agente de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y no poder seguir los protocolos porque no están operativos la mitad de los recursos a los que derivar.

El miedo infinito de cada mañana de la psicóloga que se despierta y piensa en aquella mujer que tuvo en terapia y con la que sesión a sesión había ido construyendo una alianza terapéutica para ayudarle a anclarse al deseo de vivir frente a la idea de suicidarse.

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Hace años, en 2001, el entonces médico forense y posteriormente Delegado de Gobierno para la Violencia de Género de 2008 a 2011, Miguel Lorente Acosta, publicó el libro: Mi marido me pega lo normal: agresión a la mujer: realidades y mitos. Donde se expone su experiencia en los juzgados y escribe sobre cómo le sorprendía no solo la brutalidad de la frase escuchada en boca de una víctima sino especialmente la normalización de la violencia y la vergüenza de la víctima como si fuera ella la culpable de los golpes.

De esa realidad hemos pasado a la normalización de la violencia institucional, por más que nos duela reconocerlo. Esa vergüenza que no se da en las víctimas de otros delitos violentos, ese distorsionado sentimiento de culpabilidad, una autoestima mermada, dificulta que sean las usuarias de estos servicios las que escriban cartas a los periódicos e interpongan reclamaciones denunciando el abandono en que quedan cuando se interrumpen o cuando son tratadas con incredulidad y falta de profesionalidad.

Sus historias de silencio continúan. Primero en la intimidad callando los insultos y los golpes y luego en la esfera pública.

Parece que hemos aceptado que “Mi administración me maltrata lo normal”. Y al normalizarlo estamos silenciando sus historias.

¡No nos sorprendamos tanto! Cuando escuchemos que una mujer ha sido asesinada después de haberse separado y haber vuelto varias veces con su agresor.

No pensemos en lo que esa mujer hizo o no, dejemos de echarle la culpa a ella.

Ojalá no ocurriera, pero cuando haya un nuevo asesinato machista: pensemos en su mano extendida pidiendo ayuda, en los recursos que pudo haber necesitado y no tuvo.

Que estos puntos de atención psicológica de estas localidades están fallando es algo que se sabe hace años.

Pero para romper el silencio no hace falta solo que lo contemos, hace falta que alguien escuche, que dejemos de ser cómplices de estas historias silenciadas.

El IMEX, Instituto de La Mujer de Extremadura, no debería tolerar ni un año más esta desastrosa gestión de los recursos que financia.

¡Por la tolerancia cero al maltrato institucional!