Violencia machista
Graves irregularidades en la Red Extremeña de Atención a Víctimas de Violencia de Género

Tanto la Red Extremeña de Atención a Víctimas de Género, nacida con la expectativa declarada declarada de servir de recurso fundamental en la prevención de la violencia de género, como los Puntos de Atención Psicológica (PAP) que la conforman junto a las Oficinas de Igualdad y de Violencia de Género (OI), se encuentran en un momento más que delicado en no pocas partes del territorio extremeño. Discontinuidad en el servicio, inestabilidad laboral, procesos de contratación diversos y dispersos, falta de coordinación y seguimiento, desequilibrios territoriales, dependencia de las entidades locales... De todo ello pretendemos hacer un retrato, contando con las opiniones de personas del sector, de profesionales de la Red implicadas en su día a día.

Origen y contexto. Las buenas intenciones

Tras diez años de vida del Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX), bajo el amparo de la “Ley 8/2011 de 23 de marzo, de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la Violencia de Género”, se procedió a la creación, integrada en el mismo, de la Red Extremeña de Atención a Víctimas de Violencia de Género. Sus estructuración se desarrolló a través de reglamentos de régimen interno, elaborados por el Instituto de la Mujer de Extremadura y debidamente autorizados por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. El Reglamento de organización y funcionamiento actualmente en vigor es el establecido por el Decreto 24/2018, de 20 de febrero. Tras la dimisión de Beatriz Muñoz González, en junio de 2020, “por motivos personales y familiares”, es actual directora general del IMEX Estela Contreras Asturiano, estando inserto éste en el organigrama de la Consejería de Igualdad, a cargo de la también portavoz del ejecutivo regional, Isabel Gil Rosiña.

Los españoles mantienen la violencia machista a la cola de los problemas que afronta el Estado

Redacción El Salto

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Los españoles mantienen la violencia machista a la cola de los problemas que afronta el Estado

Redacción El Salto

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Los avances del barómetro del CIS de septiembre vuelven a situar el paro como principal problema en el Estado español. La migración, por su parte, aparece como el quinto problema existente, según los encuestados, pero el doceavo cuando se les pregunta sobre problemas que les afecten.

La función básica de la Red consiste en garantizar la prestación de una serie completa de servicios integrales en materia de Violencia de Género, quedando compuesta por los dispositivos públicos de emergencia, de atención especializada en las víctimas y de atención a las hijas e hijos de las mujeres víctimas de Violencia de Género y a las menores víctimas de dicha violencia. Abarca todas las comarcas de la región y tiene una importancia definitiva en la implementación de actuaciones de prevención, detección, sensibilización e intervención frente a la violencia de género sobre el terreno.

Su financiación depende íntegramente de la Junta de Extremadura, a través del IMEX, y es recibida periódicamente por las Mancomunidades y entes locales, de manera que queda asegurada económicamente, vía recursos regionales, la prestación del servicio año tras año

Dos de sus herramientas fundamentales, en este sentido, son los Puntos de Atención Psicológica –PAP– y las Oficinas de Igualdad y de Violencia de Género (OI), repartidas a lo largo y ancho del territorio extremeño, siendo un total de 22 PAPs y 36 OIs.

Su financiación depende íntegramente de la Junta de Extremadura, a través del IMEX, y es recibida periódicamente por las Mancomunidades y entes locales, de manera que queda asegurada económicamente, vía recursos regionales, la prestación del servicio año tras año. La determinación de los recursos económicos concretos se realiza mediante resoluciones anuales –en el caso de los PAP– y bienales o trienales en el caso de las OI. Nunca, desde la puesta en funcionamiento de la Red, se ha dejado de tramitar y hacer efectiva dicha financiación que, parece oportuno volver a reiterar, proviene de la Junta de Extremadura y se destina a un servicio que, dependiente del IMEX, se ofrece desde las administraciones locales sin comprometer económicamente a éstas en ningún momento.

Mancomunidades y corporaciones locales son también, finalmente, las responsables directas de las contrataciones del personal necesario para el funcionamiento de la Red, sin perjuicio de que exista una representación del IMEX en los procedimientos y tribunales pertinentes. Esas personas contratadas son las que, después, en cada localidad, ofrecen servicios de apoyo psicológico, asesoría y seguimiento a cientos de mujeres, anualmente, a lo largo y ancho de toda la geografía extremeña, teniendo un papel de intervención fundamental en el medio rural, además de ocuparse (en el caso de las Oficinas de Igualdad) de todo lo relativo a la promoción de políticas de igualdad.

Intermitencia, irregularidad y dependencia

Que la financiación y puesta en marcha efectiva de los servicios de la Red dependa de unos recursos económicos de aprobación anual (o trienal) parece ser el origen uno de los principales problemas. Si bien es cierto que, como ha sido señalado, nunca han dejado de librarse las partidas correspondientes, cada 31 de diciembre se agotan, de facto, las contrataciones del personal necesario. Conclusión: en multitud de casos el servicio queda paralizado hasta que se resuelve la siguiente partida, se publica el resultado de la misma o se cierra el proceso de contratación, pudiendo transcurrir meses hasta que todo vuelva a funcionar. Tiempo en el que, en la práctica, desaparece la atención e intervención en todo lo relacionado con la violencia de género y la promoción de la igualdad.

Ningún ente local da ningún paso ni arriesga un euro sin tener asegurada la financiación (librada por la Junta de Extremadura) de un servicio cuyo coste para las arcas municipales se resume, en palabras de una trabajadora de una OI, en “abrir una oficina y ponernos un ordenador”. Dicho de otro modo: el municipio incorpora (y a menudo patrimonializa) un servicio que le cuesta exactamente el precio de ceder un despacho de sus instalaciones y dotarlo de unos mínimos materiales.

25N: un grito desconfinado en las calles contra la violencia machista

Redacción El Salto

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25N: un grito desconfinado en las calles contra la violencia machista

Redacción El Salto

Hoy las mujeres han desconfinado un grito unánime contra la violencia machista, en un 25N marcado por acciones menos numerosas pero igualmente simbólicas en una protesta de pandemia.

Teniendo en cuenta estas circunstancias y dando por sentado que la Red depende por completo, en su materialidad cotidiana, de cada Mancomunidad y entidad local, y observando escrupulosamente lo que la Junta denomina “Competencia autónoma y exclusiva de las Mancomunidades, (que) se debe respetar atendiendo al principio de autonomía local y al convenio suscrito entre ambas administraciones”, la relación de desajustes y situaciones incomprensibles se dispara.

Cada proceso de contratación, “contra toda lógica”, es diferente para cada servicio, en función de lo que disponga el organismo municipal competente, originando una enorme diversidad y casuística

Hay para todos los gustos. Se pueden en encontrar OIs y PAPs ejemplares que llevan funcionando sin cerrar desde su creación hace una década e incluso con el mismo personal profesional (salvo salidas voluntarias), hasta OIs y PAPs que se cierran durante 3 años, como fue el caso de la Oficina de Igualdad de la Vera, durante más de medio año como ocurrió con la OI de las Hurdes y la de Trasierra Tierras de Granadilla (que vuelve a estar cerrada); otras que cierran de la noche a la mañana como la OI de Tentudía, otras que funcionan con la mitad del personal –como la del Valle del Ambroz durante varios meses por ya dos años consecutivos– o PAPs que se mantienen abiertos durante aproximadamente año y medio para estar cerrados seis meses y volver a abrir, como suele suceder en la localidad de Hervás, otros, como el de Navalmoral de la Mata, que abren el mes de noviembre (!) para cerrar el 31 de diciembre; otros, como el de Jarandilla de la Vera, que permanece cerrado desde finales del pasado año; Coria, u otros, que hacen que la misma profesional, año tras año, sea despedida para volver a sacar la convocatoria.

Realidades a la carta, con el denominador común de un servicio de carácter fundamental, objeto de un consenso de Estado, pendiente siempre del fino hilo determinado por el compromiso material del ayuntamiento o mancomunidad correspondiente. Existe, además, el agravante de que los recursos económicos desplegados, siendo de carácter nominal (se especifica en la partida presupuestaria el importe total y la corporación local a quien va dirigido) y no tramitándose por el destino concreto al que van dirigidos, deben ser devueltos (porque son, literalmente, las nóminas no tramitadas de las profesionales de cada OI o PAP en esos períodos de transición entre contratos).

En ese habitual limbo entre el cierre del ejercicio y la llegada de nuevos fondos parece que no existiera, en principio, más compromiso contra la violencia de género y a favor de la igualdad que buenas voluntades y declaraciones.

Temporalidad, precariedad laboral y nepotismo

Según aseguran numerosas trabajadoras de la Red, la elevada intermitencia del trabajo en la misma es algo que se lleva cuestionando públicamente desde hace muchos años y de la que “son conocedoras todas y cada una de las personas responsables de la Junta de Extremadura (presidencia incluida), IMEX y la correspondiente Consejería de Igualdad”. No es, en su análisis, una problemática nueva ni sobrevenida, y viene condicionando la calidad del servicio desde su nacimiento.

Sumado a este aspecto, ya de por sí crucial, aparece la problemática relacionada con los mecanismos de contratación. Ésta pasa por ser el resultado, señalan varias profesionales de las que se ha recabado una opinión al respecto, de “decisiones políticas, de personas concretas y carentes totalmente de criterio o perspectiva de género y/o feminista alguno”. Por otra parte, cada proceso de contratación, “contra toda lógica”, es diferente para cada servicio, en función de lo que disponga el organismo municipal competente, originando una enorme diversidad y casuística: simples exámenes, exámenes con memoria, procesos con o sin valoración de méritos...

“Se hace lo que se decide en cada cortijo, donde hay una carencia total de perspectiva feminista y donde la igualdad entre mujeres y hombres se ha convertido en una ciencia de la opinología sin ningún tipo de criterio profesional”

Atendiendo a la Red de recursos que están distribuidos sobre el mapa de Extremadura, es sencillo percibir cómo cada uno funciona a criterio de la Mancomunidad o entidad local de turno, “por lo que la autonomía sobre la que la Junta se justifica, más bien se podría traducir en criterios puramente aleatorios y nada políticamente serios desde lo que a las consecuencias está suponiendo”.

A pesar de las reclamaciones por diferentes vías que se han realizado a lo largo de los años, hacia la Junta y hacia el IMEX , profesionales de la Red relatan que “se hace lo que se decide en cada cortijo, donde hay una carencia total de perspectiva feminista y donde la igualdad entre mujeres y hombres se ha convertido en una ciencia de la opinología sin ningún tipo de criterio profesional”.

25N y siempre: las violencias contra las más vulnerables

Angels Escrivà Isabel Brito

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25N y siempre: las violencias contra las más vulnerables

Angels Escrivà ,  Isabel Brito

Abundan los indicios de que nos encaminamos hacia una existencia cada vez menos libre y menos igualitaria. Este año, con las restricciones consentidas y la batalla por los relatos, los sueños de progreso y superación colectiva que el futuro reservaba se han convertido en un retorcido espejismo. No por temer que se cumpla la profecía es menos necesario revelarla.

Hay casos “esperpénticos”, como señalan desde distintas fuentes conocedoras del caso, como el de Tentudía, donde “la Mancomunidad y el propio Ayuntamiento de Monesterio presionaron para que no saliera a la luz el vídeo, editado por la Oficina de Igualdad, donde aparecían relatos en primera persona de víctimas de violencia de género de distintos municipios”. La pretensión del gobierno municipal, aparentemente, era que no apareciera en el mismo el crimen de Manuela Chavero (cuyo contenido contaba con el consenso de la familia de la víctima), mujer de la localidad asesinada en lo que se convirtió en uno de los casos más mediáticos de los últimos años. Una vez que el vídeo vio la luz, el conflicto se resolvió con la salida de una de las responsables de la Oficina de Igualdad por motivos personales y la no renovación de la otra (a pesar de que su servicio determinado por convenio concluía el 31 de diciembre de 2021). La OI permanece cerrada desde el 10 de diciembre, siendo ahora cuando se está sacando la plaza, que entrará a funcionar, en el mejor de los casos, en abril.

Un entorno laboral, entonces, caracterizado por la precariedad, la temporalidad y la inseguridad, todo ello en el marco de un servicio público prestado en un área estratégica, en lo que debiera ser, denuncian, “un compromiso para una política de Estado contra la violencia de género”. Pero, afirma una responsable de una oficina irónicamente, “tenemos el vicio de comer, te crees lo que haces y vuelves, año tras año, a repetir”.

Se pueden en encontrar OIs y PAPs ejemplares que llevan funcionando sin cerrar desde su creación hace una década e incluso con el mismo personal profesional (salvo salidas voluntarias), hasta OIs y PAPs que se cierran durante 3 años, como fue el caso de la Oficina de Igualdad de la Vera

Con el terreno abonado para las irregularidades de todo tipo, la cuestión laboral ha derivado, aseguran, en que “algunos casos se estén resolviendo mediante denuncias, impugnaciones a las nuevas convocatorias, etc”. Ello supone, de hecho, y así lo recalcan “no sólo un desgaste para las y los profesionales, sino que al mismo tiempo salgan de la Red e incluso se vayan a otros territorios a poner en práctica sus capacidades y conocimientos profesionales, como ya ha ocurrido en varias ocasiones”.

El evidente temor por parte de algunos ayuntamientos y mancomunidades a estar bordeando el fraude de ley en su reiteración de contrataciones para idéntico servicio y la aparición de “falsos autónomos” para (en contadas ocasiones), mantener activo el mismo en tanto llega el dinero para éste, terminan de dibujar un panorama complejo, donde cunde el desánimo en las trabajadoras que lo sostienen, que afirman sentirse maltratadas laboralmente y observan cada nuevo ejercicio “la completa inhibición del IMEX acerca de la situación”, echando de menos, también, desde las entidades locales “un compromiso real, sin postureo”. “Es una situación de completo hastío, da igual las veces que te reúnas con el IMEX, con el ayuntamiento donde, eso sí, luego no faltará la pancarta y la foto contra la violencia de género”, concluyen.

Las consecuencias sobre las mujeres

“No hacemos tuercas, trabajamos con gente”. Así de rotunda se manifiesta una de las profesionales consultadas para conocer de primera mano la cuestión. Porque todo este cruce de intereses, plazos, responsabilidades y competencias, finalmente afecta tanto a quien trabaja bajo su triste paraguas como, lamentablemente, a las usuarias potenciales de un servicio donde observan que “se cierran los recursos o bien se cambian las profesionales como quien se cambia de calcetines”.

Un año tras otro, nos apuntan las afectadas, “mujeres víctimas de violencia de género dejan de acudir a los recursos porque no quieren conocer a una nueva profesional, porque comenzaron a ser atendidas por recursos privados, porque no quieren volver a iniciar un proceso de reconstrucción personal que depende de si el recurso está abierto o no...”.

Aprobado el Pacto de Estado sobre Violencia de Género

Patricia Reguero Ríos

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Aprobado el Pacto de Estado sobre Violencia de Género

Patricia Reguero Ríos

El pleno aprueba con la abstención de Unidos Podemos las 213 medidas de un pacto que busca combatir la violencia de género.

Así, “cada doce meses” se ven interrumpidos procesos de seguimiento psicológico de sensibilización y, en el caso de las Oficinas de Igualdad, acciones concretas con centros educativos, con profesionales sanitarios, con asociaciones de mujeres, con AMPAs, con ciudadanía en general, ”por criterios particulares de cada política o político de turno y con la supervisión (quien calla otorga) del IMEX”. Cuestiones y procesos tan delicados como los seguimientos de las órdenes de protección, en coordinación con los Puntos de Coordinación de Órdenes de Protección (PCOP), quedan, a menudo pendientes de nuevas incorporaciones o de ceses en cada OI, complicando una labor ya de por sí cargada de dificultades. No queda únicamente en el aire la protección de las víctimas, (la Red se ocupa, además, de situaciones de violencia de género en las no que se ha cursado una denuncia) sino la promoción efectiva de las políticas de igualdad.

“Mujeres víctimas de violencia de género dejan de acudir a los recursos porque no quieren conocer a una nueva profesional, porque comenzaron a ser atendidas por recursos privados, porque no quieren volver a iniciar un proceso de reconstrucción personal que depende de si el recurso está abierto o no...”

“No podemos prever que van a asesinar a Manuela Chavero, pero sí que el 25-N es el Día contra la Violencia de Género, y no te puede llegar la publicidad del mismo la mañana anterior, o la propaganda del 25 de noviembre –unas mascarillas– el día 30, como ha llegado a sucedernos”, resume en tono más dolido que indignado la trabajadora de una Oficina de Igualdad, que resume en pocas y concluyentes palabras: “es que no hay por dónde coger la gestión del IMEX en este campo, ni con esta presidencia ni con ninguna anterior”.

Sin embargo, coinciden varias de las personas consultadas, “vemos cómo en fechas señaladas se acumulan los discursos por la igualdad entre mujeres y hombres y se deshacen en compromisos públicos para la erradicación de las violencias machistas e incluso se autodenominan feministas”. Desgraciadamente, y es opinión generalizada de todas las personas consultadas –profesionales en el servicio, usuarias, antiguas trabadoras del mismo–, parece que la clave esté en “vender la foto, como sea, el 25-N y el 8 de marzo”, sin más compromiso real de la Administración Autonómica que la dotación de un presupuesto, “sin seguimiento, sin feedback, sin coordinación real”, atendiendo exclusivamente a las memorias mensuales, en las que se reflejan el número de consultas, llamadas, atenciones, y no la memoria anual, donde una profesional nos señala que “se vuelca el sentido y el propósito del proyecto a desarrollar, los objetivos, el análisis, que si yo marcho quedará inconcluso, irrealizable o incomprensible para quien venga detrás”.

“No podemos prever que van a asesinar a Manuela Chavero, pero sí que el 25-N es el Día contra la Violencia de Género, y no te puede llegar la publicidad del mismo la mañana anterior, o la propaganda del 25 de noviembre –unas mascarillas– el día 30”

“Tratamos temas delicadísimos, temas que necesitan de una alianza terapéutica que no puede deshacerse cada diciembre”, denuncian desde un PAP. Y es que muchas de las usuarias, en palabras de una trabajadora, “se abren en canal delante de nosotras y es imposible que eso pueda o deba rehacerse, una y otra vez, con caras nuevas”.

“Arriba importan los datos estadísticos, cuántas mujeres han sido atendidas, no cómo, con qué calidad...”. Este relato se reitera en las quejas acumuladas que abundan, además, en que su labor debiera ser un “recurso especializado, con un mínimo de calidad, no un nicho de empleo”, donde estuviera garantizado el servicio integral en procesos extremadamente delicados que abarcan la asistencia psicológica, legal, administrativa... “No puede ser de ninguna manera que en procesos largos de separación, de hasta cuatro años, la mujer llegué a pasar hasta por cuatro psicólogas distintas”.

De alternativas y soluciones

Quizás, en un ambiente político como el de los últimos años, de desmantelamiento generalizado de servicio públicos, la propia supervivencia de la Red sea un logro. Una conquista fruto de quienes lo sostienen en el día a día que es refrendada por todas las mujeres que hacen de este recurso el mejor valorado de todo el IMEX. Aquejado de idénticos males que otros sectores, víctima de una política de gestos, de precarización laboral y de inseguridad, quienes lo conocen por dentro coinciden por completo en las propuestas para consolidarlo y reconocerlo como la herramienta fundamental que es en la lucha contra la violencia de género.

Y es que parece indispensable el replanteamiento, el paso a un necesario cambio de modelo. “Es muy fácil para el IMEX entregar el dinero a las entidades locales y que ellas hagan y deshagan, usándolo en función de criterios políticos”, nos recuerdan, pero parece agotarse la fórmula si se quiere hacer una política de igualdad y atención a la violencia de género serias.

Ni siquiera se habla de personal laboral ni de ese mito que parece ser el funcionariado. Solo se reclama equidad, igualdad, identidad de procesos selectivos y control institucional, por parte de la administración regional, de los mismos

Las palabras clave se repiten una y otra vez entre las personas vinculadas a la Red. La primera: la contratación directa del personal por parte de la Junta de Extremadura con un mismo proceso selectivo que atienda a los principios de igualdad, merito-capacidad, transparencia y seguridad jurídica. Ni siquiera se habla de personal laboral ni de ese mito que parece ser el funcionariado. Solo se reclama equidad, igualdad, identidad de procesos selectivos y control institucional, por parte de la administración regional, de los mismos.

A continuación, una mínima estabilidad laboral. No solo para que quienes trabajen en los servicios cuenten con unas condiciones de seguridad en el empleo, sino para que se puedan materializar los planes y previsiones en el medio y largo plazo, planes que necesariamente trascienden de ejercicios anuales y que requieren de una evidente continuidad. Para que, también, haya aportaciones presupuestarias que puedan tener recorrido más allá de cada 31 de diciembre.

Las víctimas de violencia de género en pareja denuncian pese al miedo y la precariedad

Patricia Reguero Ríos Ana Álvarez

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Las víctimas de violencia de género en pareja denuncian pese al miedo y la precariedad

Patricia Reguero Ríos ,  Ana Álvarez

Un estudio de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género refleja que la mitad de las mujeres están en situación de desempleo o realizan trabajo no remunerado cuando dan el paso de verbalizar su situación de violencia. El 50% declara entre los motivos de no haber denunciado antes el miedo al agresor y un 54% aseguró que dio el paso porque “psicológicamente se encontraba tan mal que tenía que salir”.

En el desarrollo práctico del trabajo se reclama la atención necesaria que requiere, por parte de la Junta de Extremadura, un recurso especializado y que atiende nada menos que a las políticas de igualdad y la prevención de las violencia de género. Se demanda seguimiento en profundidad, coordinación real, trabajo en red y no limitado a la liberación de partidas económicas; atención continuada, análisis cualitativo de las intervenciones; ir más allá de unas cifras que presentar y que a menudo no ofrecen más que el aspecto estadístico de intervenciones en entornos complejos, como es el medio rural, donde se trabaja sobre tiempos, parámetros y realidades vitales que no pueden supeditarse al ciclo político o presupuestario.

Como conclusión, y ahí también coinciden todas las voces, es básico un compromiso efectivo de la Junta con el servicio que garantice la independencia del mismo de las entidades locales (que, de hecho, económicamente ya lo es por completo), con las que se debe de ajustar una política de completa colaboración, pero sin dejar que condicionen ni la temporalidad de atención en la Red ni su política de personal.

Con un 8 de marzo a la vuelta de la esquina, quizás la mejor bandera en los balcones de los ayuntamientos fuera que todos los servicios de la Red estuvieran en esa fecha, siquiera, funcionando, abiertos

En esta época de crisis sanitaria, la Red se enfrenta a condicionantes inesperados y a nuevos desafíos. Como nos relatan, “ahora que la pandemia ha postergado la prevención de las violencias machistas a un segundo y tercer plano, no estamos como para que se siga agujereando una Red que debiera de fortalecerse cada día...”. Y debiera hacerlo subrayan, “si atendemos al Acuerdo de Estambul ratificado por España no hace tanto tiempo, al Pacto de Estado contra la Violencia de Género y a tantas y tantas leyes que rigen en nuestro país, empezando, no se nos olvide, por la Constitución”.

Con un 8 de marzo a la vuelta de la esquina, quizás la mejor bandera en los balcones de los ayuntamientos fuera que todos los servicios de la Red estuvieran en esa fecha, siquiera, funcionando, abiertos y con plena autonomía de acción para desde allí poder trabajar en todo lo referente a las políticas de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, en el logro de la erradicación de las violencias machistas. Eso, al menos, en nuestro territorio autonómico, para comenzar...