Sanidad
El despilfarro de recursos de Ayuso, Lasquetty y Aguado en el IFEMA y en el Isabel Zendal

Dos de las decisiones más relevantes que ha tomado el gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid desde el inicio de la pandemia han sido la apertura de IFEMA como hospital de campaña llamado a sostener un sistema sanitario público al borde del colapso y, después, la construcción con materiales prefabricados del denominado hospital Enfermera Isabel Zendal, presentado como “el mejor del mundo en pandemias”, pese a todo lo que se va conociendo.

En ambos casos, los costes merecen una investigación, no solo por tratarse de dinero público, sino por el largo historial de sobrecostes, desvíos de fondos, opacidad y corrupción que tan a menudo caracterizan al neoliberalismo imperante. En el caso de la Comunidad de Madrid el Partido Popular (PP), en el gobierno desde 1995, y desde 2019 con la complicidad de Ciudadanos y el apoyo explícito de Vox, abandera una política de Colaboración Público-Privada (CPP) —lejos de plantear su derogación, mantienen la Ley 15/1997 como referencia del modelo de gestión de los servicios públicos en todo el Estado— en la que los recursos, tan escasos cuando de reforzar la sanidad pública se trata, fluyen “libremente” hacia actores afines.

En el caso del hospital de IFEMA, los 87.596.776,29 euros adjudicados, suponen un coste de 1.765.908,09 euros por cada uno de los 41 días que permaneció abierto

También en ambos casos y en el programa de vacunación que se desarrolla en estos días, dada la situación de urgencia que se ha generado en todo el país, la Consejería de Sanidad ha incrementado su formalización de contratos públicos a menudo sin dar a conocer los convenios con las empresas con las que realizaba las compras de los materiales y equipos necesarios, tal y como recientemente denunciaba la Asociación Madrileña de Enfermería Independiente (AME).

En el caso del hospital de IFEMA, objeto de denuncia por parte de algunos partidos políticos y otras organizaciones del ámbito sanitario, los 87.596.776,29 euros adjudicados, según datos publicados en el BOCM, suponen un coste de 1.765.908,09 euros por cada uno de los 41 días que permaneció abierto.

El gasto en el hospital de campaña del IFEMA supuso más del triple de lo que implica el gasto en un hospital público de nivel tres (de alta complejidad).

¿Qué suponen estas cifras?

La Tabla 1 recoge el presupuesto liquidado para el conjunto de los hospitales públicos de nivel tres (de alta complejidad) de la Comunidad de Madrid en 2018, desglosado en gastos de personal y gastos corrientes e inversiones reales.

La Tabla 2, a partir del coste diario anual que suponen, calcula el % de sobrecoste que supone el hospital del IFEMA en relación con los hospitales públicos de nivel tres. Tanto si incluimos o no los gastos de personal en el análisis (al ser un dato con el que no contamos para el caso de IFEMA), en el primer caso, supone un 94% de sobrecoste en promedio que, excluidos gastos de personal, se eleva a un 332%, más del triple de lo que implica un hospital público de nivel tres.

Recordemos que se tratan de grandes hospitales de alta complejidad, que pese a haber perdido 1.172 camas entre 2008 y 2018, resultan incomparables con esa especie de carpa móvil que fue el hospital de IFEMA o el recientemente inaugurado Hospital Enfermera Isabel Zendal, lo más parecido a una nave/almacén, con 240 camas en un espacio diáfano sin habitaciones, laboratorios, quirófanos…

Haber dotado a los hospitales públicos de nivel 3 de más personal y poner a funcionar las camas instaladas que no se usan en el resto de hospitales públicos, hubiera sido suficiente para hacer frente a la pandemia

Haber dotado a los hospitales públicos de nivel 3 de más personal y poner a funcionar las camas instaladas que no se usan en el resto de hospitales públicos, hubiera sido suficiente para hacer frente a la pandemia de una forma más eficaz y rentable.

¿Cómo se reparte la contratación del hospital del IFEMA?

Supone 227 contrataciones, 217 de ellas mediante procedimiento sin publicidad, a un total de 130 adjudicatarias. Entre ellas, cuatro ofertan servicios de limpieza (Clece SA: 5.125.937,85 euros), lavandería (Ilunion Lavandarías SA: 1.806.506,47 euros) o restauración (Eurest  Colectividades SLU: 4.015.512,20 euros y Serunion SAU: 2.300.136,96 euros), mientras que el resto son proveedoras de diverso equipamiento, productos sanitarios y medicamentos. 

Si analizamos ahora los objetos de contrato, la clasificación que resulta es la recogida en la Tabla 3 que muestra el gasto en el hospital de campaña de IFEMA según las agrupaciones de los objetos de contrato por las que hemos optado.

Como se puede ver, el importe adjudicado en alguno de los tres primeros conceptos (material sanitario y de protección, material quirúrgico o medicamentos, reactivos y oxígeno), casi sesenta y tres de los más de ochenta y siete millones y medio adjudicados, es un 71,82% del total, más de 7 de cada 10 euros. Destacan también restauración y limpieza de habitaciones, que con casi once millones y medio adjudicados suponen más del 13% del total.

La Tabla 4 recoge el ranking de las treinta empresas a las que les fueron adjudicados los mayores importes en el caso de IFEMA. Como se puede ver, ochenta y seis adjudicaciones (poco más de la tercera parte del total), suponen ya 70.532.804,14 euros, más del 80% de los 87.596.776,29 euros totales.

La presencia de Fernández Lasquetty al frente de la Consejería de Hacienda o nombramientos como el de Encarnación Burgueño —cuyo padre es Antonio Burgueño, actualmente asesor del gobierno de Ayuso e ideólogo de la privatización hospitalaria— como responsable de un proyecto privado para dar “apoyo sanitario” a las residencias en el punto álgido de la pandemia muestran las intenciones de un gobierno que, entre el caos, ve allanado el terreno para acentuar la infrautilización de los recursos sanitarios públicos y ajustar plantillas y del que el cierre desde el pasado marzo hasta hoy de los Servicios de Urgencia de Atención Primaria (SUAP), en principio para dotar de personal el hospital de IFEMA, ejemplifica el abandono de la atención primaria.

Caos, desorientación, falta de equipamientos y de fármacos en Ifema

Alberto Azcárate

Comunidad de Madrid

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Alberto Azcárate

Trabajadores sanitarios anónimos destacan como buena noticia el clima de compañerismo en los improvisados pabellones hospitalizados de Ifema. Pero destacan carencias muy graves en cuanto a equipamientos y organización del trabajo.

El Isabel Zendal, la solución mágica

A comienzos del pasado junio se anunció la construcción de “un centro de referencia en materia de enfermedades contagiosas” con memorial y monumento a los profesionales sanitarios incluidos. Al margen de lo ya dicho en cuanto al cierre de camas y la infrautilización de recursos disponibles, algunos cerrados desde su inauguración, ¿a qué responden este tipo de decisiones? ¿Qué estrategia las sustenta? ¿Cómo se determinan las necesidades materiales y de recursos humanos? ¿Existe acaso algún proyecto que justifique la viabilidad? Audita Sanidad considera que se trata de un proyecto que no va en beneficio del conjunto de la población, sino que estamos ante un nuevo gasto generador de deuda ilegítima.

La deuda ilegítima se trata de un concepto cambiante y dependiente del contexto al que haga referencia. Desde Audita Sanidad recogemos la idea clave de que una deuda ilegítima es aquella que ha sido contratada para favorecer el interés particular de una minoría privilegiada. Su máxima referencia es la justicia, la ética, la moral, no la legislación nacional o internacional. De hecho, en muchos casos la legitimidad ha ido tres pasos por delante de la legalidad como ocurrió con la esclavitud, los movimientos abolicionistas, los derechos de la mujer y los movimientos sufragistas, los derechos laborales y el movimiento obrero, etc.

Ayuso adjudica el mantenimiento del Isabel Zendal a Ferrovial sin concurso público

Sara Plaza Casares

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Ayuso adjudica el mantenimiento del Isabel Zendal a Ferrovial sin concurso público

Sara Plaza Casares

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Por el procedimiento de emergencia y sin concurso público. La Comunidad de Madrid acaba de adjudicar por esta vía, utilizada para todo en el nuevo hospital, un contrato de más de un millón de euros al gigante de la construcción.

Desde Audita Sanidad estudiamos en detalle los presupuestos y la contratación de la Comunidad de Madrid y de la Consejería de Sanidad para determinar la deuda ilegítima. De momento, hemos identificado como potenciales generadores de deuda ilegítima en la sanidad pública, entre otros: los sobrecostes derivados de la concesión administrativa a 30 años realizada por la Consejería de Sanidad a empresas privadas en los 7 hospitales modelo PFI existentes en la Comunidad de Madrid, los procesos de corrupción detectados con implicación en la sanidad madrileña y la contratación realizada por la Consejería de Sanidad, especialmente en lo que hace referencia a los contratos menores.

La recurrente Colaboración Público-Privada (CPP) nace en el caso del Isabel Zendal con la cesión de 40.000 metros de suelo público

La recurrente Colaboración Público-Privada (CPP) nace en el caso del Isabel Zendal con la cesión de 40.000 metros de suelo público, un terreno en su día concebido para edificar el llamado Campus de la Justicia y que ha podido ser empleado en este proyecto que genera multitud de quejas y preguntas entre los pacientes, las organizaciones sindicales y profesionales sanitarias.

Quejas como las que estos días denuncian los desplazamientos incluso bajo amenazas de no volver a ser contratadas, deficiencias estructurales y organizativas o falta de previsión de suplir las plazas que abandonan o preguntas como, una vez que termine la crisis sanitaria, con qué recursos humanos se va a mantener en funcionamiento o si se le va a terminar otorgando la gestión a una empresa privada.

“La Comunidad de Madrid me amenazó con penalizarme por renunciar a ir al Zendal”

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Inmaculada Pardo asegura que ha sido amenazada con ser excluida de la bolsa de trabajo del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) por negarse a trasladarse hasta las nuevas instalaciones de Valdebebas.

A continuación, la Tabla 5 recoge tanto las adjudicaciones publicadas en el BOCM hasta el pasado mes de diciembre en relación con la construcción del complejo, como información extraída de los acuerdos de gobierno publicados en la página web de la Comunidad de Madrid. En el caso de los acuerdos de gobierno en varios casos es imposible adjudicar los contratos a empresas concretas con los datos de que disponemos. Sin embargo, en el primer caso en concreto, a la vista del objeto de contrato se puede incluir la cifra como parte de la adjudicación destinada a las obras de construcción del hospital. Esto nos permite afirmar que más de 75 de cada 100 euros adjudicados sean para las empresas beneficiarias de estos contratos.

Las empresas de construcción como Ferrovial, Dragados-ACS, Sacyr o la Constructora San José, se han llevado 76.861.663,54 euros, es decir, más del 75% adjudicado

Como se puede observar, en diciembre se alcanzaban ya 100.451.295,21 euros y en el listado se pueden ver viejos conocidos de la CPP como Ferrovial, Dragados-ACS, Sacyr o la Constructora San José. Estas empresas, responsables junto con la UTE Joca SL- Urvios SA, Viales y Obras Públicas SA de la obra de construcción, más Fatecsa Obras SA, responsable de las obras de urbanización, se han llevado 76.861.663,54 euros, es decir, más del 75% adjudicado.

Sobresalen también los importes adjudicados a Informática El Corte Inglés por la implantación del sistema de información de UCI y todo lo relativo a las soluciones de comunicaciones y las concernientes a la habilitación de los puestos de empleados (2.071.145,01 euros) y al Estudio Chile 15 Arquitectos SLP para los estudios previos y proyectos de dirección facultativa (1.703.375,12 euros).

Polémica campaña de vacunación

En días pasados, con el comienzo del programa de vacunación tiene lugar la última parte de esta trilogía. Hasta el momento, aspectos tan llamativos como las diferencias en los ritmos de vacunación entre Comunidades Autónomas, con un porcentaje de dosis aplicadas sobre las entregadas de la Comunidad de Madrid por debajo de la media (alrededor de un 74,8% frente al 76,7% en el momento de escribir estas líneas) evidencian las limitaciones de las plantillas disponibles para su aplicación y apuntan a la decisión política de no dedicar una parte sustancial de los recursos del llamado fondo covid a contratar más personal sanitario en Atención Primaria.

El Gráfico muestra el % de vacunas administradas a la población sobre las dosis entregadas por parte del Gobierno del Estado español a las CCAA.

Llama la atención el sobrecoste que supone el contrato suscrito con Cruz Roja por la Consejería de Sanidad de la CM. Otro ejemplo de cómo se aprovecha el contexto para desangrar la sanidad pública y realizar adjudicaciones a dedo, incluso en otros casos en los que el objeto de contrato nada tiene que ver con la pandemia. En este caso concreto, con un sobrecoste del 72%, solo en que a los salarios de los equipos de vacunación se refiere, además del beneficio industrial del 10% que se le reconoce a la entidad. Supuestamente, sin ánimo de lucro, se va a embolsar unos 130.000 euros mensuales por la vacunación de la Covid-19 y días antes de firmar el contrato, publicaba en su propia web anuncios de empleo buscando enfermeras.

La empresa privada se embolsa casi la mitad del gasto público sanitario en Madrid

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Un estudio de Audita Sanidad revela que de un total de 8.365 millones del presupuesto de la Consejería de Sanidad, 4.131 millones fueron a manos de entidades privadas.

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No se puede olvidar que, al margen de los sobrecostes expuestos, la nefasta gestión de la pandemia se cobra en forma de vidas humanas. Así, Madrid presenta, hasta el pasado mes de diciembre, una sobremortalidad del 66,75% sobre la observada en los últimos 10 años. Esto supone un exceso de 16.500 fallecimientos (70.796 en el conjunto del Estado).

Es necesario llamar la atención sobre la falta de transparencia acerca del destino de los 3.347 millones que correspondieron a Madrid del fondo covid como parte de los 16.000 millones que el Gobierno central destinó al conjunto de las Comunidades Autónomas

Por último, es necesario llamar la atención sobre la falta de transparencia acerca del destino de los 3.347 millones que correspondieron a Madrid del fondo covid, mencionado anteriormente, como parte de los 16.000 millones que el Gobierno central destinó al conjunto de las Comunidades Autónomas en junio pasado y de los que 1.343 millones se derivaron a la Consejería de Sanidad.

El hecho de que legalmente no puedan ser transferencias finalistas no puede esconder que, dadas sus características, estos fondos podrían priorizar la mejora del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), en aquello que evitaría el colapso ante la pandemia y ya señalado: más personal en Atención Primaria, en Salud Pública y vigilancia epidemiológica y puesta en marcha de toda la capacidad instalada en los hospitales públicos.