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Sanidad pública
La empresa privada se embolsa casi la mitad del gasto público sanitario en Madrid
La empresa privada sigue haciendo caja con las arcas públicas madrileñas. Según el informe 'El papel del sector privado en la sanidad pública madrileña' de Audita Sanidad, que ha presentado este miércoles, analizando el gasto sanitario en el trienio entre 2015 y 2018 (últimos datos disponibles) se descubre que en 2018 el 49,4% del presupuesto sanitario fue a parar a manos privadas. Así, de un total de 8.365 millones, 4.131 millones del presupuesto de la Consejería de Sanidad fueron para empresas. En 2015 se desviaron un total de 3.575 millones, por lo que el porcentaje de dinero entregado al capital privado se ha incrementado un 15,6% en tres años.
“El sector privado de la sanidad en la Comunidad de Madrid constituye un agente privatizador. Absorber más del 49% de todo un presupuesto sanitario nos da que pensar”, ha expuesto Carmen San José, portavoz de Audita Sanidad. “La mayoría de prestaciones y servicios se podrían realizar de manera pública, pero se han recortado las plantillas y habría que hacer más contrataciones. No tenemos ni la plantilla adecuada”, ha asegurado.
“Más de una cuarta parte del presupuesto se va a gastos de farmacia, que recae en las manos de los principales laboratorios”, han explicado desde Audita Sanidad
En cuanto a la partida que se come mayor porcentaje de recursos públicos, destaca el gasto farmaceútico, tanto el hospitalario, que es de 900 millones anuales, como el gasto que se realiza a través de las recetas, que es más de 1.200 millones. Esta partida se ha incrementado en más de un 22% entre 2015 y 2018. “Esto supone un 26% del total del gasto, más de una cuarta parte del presupuesto se va a gastos de farmacia, que recae en las manos de los principales laboratorios”, ha añadido San José, quien ha abogado por la necesidad de una farmacia pública como imprescindible en un sector que es “estratégico”, “tal y como ha demostrado la pandemia”.
“El incremento exponencial del gasto farmacéutico tiene que ver con la falta de voluntad política de no sustituir medicamentos de marca por medicamentos genéricos”, ha añadido Vicente Losada, también portavoz de esta organización, en una comunidad que se encuentra por debajo de la media en el consumo de genéricos.
Tras el gasto farmacéutico se encontraría el gasto en conciertos con instituciones sanitarias, entre ellas la Fundación Jiménez Díaz y el Laboratorio Clínico Central ( gestionado por United Laboratories España y Ribera Salud), que se lleva más de 340 millones de euros. Tras esto se encuentra la inversión destinada a las concesiones hospitalarias, tanto las que funcionan con el modelo PPP (Colaboración Público Privada) como los centros construidos bajo el modelo PFI (Iniciativa de Financiación Privada). Los primeros, cuya gestión tanto de personal como de servicios depende de entidades privadas, se llevarían más de 300 millones del presupuesto y los segundos, con personal sanitario contratado desde la entidad pública y el resto de servicios externalizados, se llevarían 166 millones.
Los hospitales de gestión externalizada se llevan el 22,3% de los fondos desviados hacia las empresas privadas. “Se trata de una desposesión enorme de un bien que es de toda la ciudadanía”, han insistido desde Audita Sanidad
“La Cámara de Cuentas de Madrid, en el informe de fiscalización de 2018, recoge una deuda de este tipo de hospitales de 722 millones y medio. Esta deuda no la han puesto en balance ni la recogen los presupuestos”, ha añadido la portavoz de Audita Sanidad, antes de destacar que, en conjunto, los hospitales de gestión externalizada se llevan el 22,3% de los fondos desviados hacia las empresas privadas. “Se trata de una desposesión enorme de un bien que es de toda la ciudadanía”, ha añadido.
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Según los datos de Audita Sanidad, al mismo tiempo que se ha avanzado en la privatización en el gasto sanitario, se ha incrementado la deuda total de la Comunidad de Madrid. “Entre 2009 y 2019 la deuda se ha multiplicado por 8. Crece exponencial a partir de 2011, con la modificación del artículo 135” ha explicado Losada. “Cada año se desvían unos 500 millones de euros en gasto sanitario, lo que supone un incremento de la deuda”, ha añadido tras indicar otro problema. “En el 99,7% de los contratos que se adjudican se utiliza el modelo de contrato menor —que no requiere concurso público—. Esto representa un incremento de la deuda. Si se sometieran a un concurso de licitación podríamos ahorrar entre un 40 y un 45%”.
Por ello, desde Audita Sanidad, proponen, además de fomentar las auditorias ciudadanas de las cuentas y de los procesos de privatización, plantear estrategias de desprivatización de recursos, aumentar las partidas presupuestarias gestionadas por el sector público y derogar el artículo 90 de la Ley General de Sanidad y la Ley 15/97 “que permiten la entrada del sector privado en la sanidad pública”. “Además, planteamos que la sanidad pública se blinde en la Constitución Española”, ha finalizado el portavoz de Audita Sanidad.
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