València
La jueza de la dana acorrala al relato político de Mazón

El president viaja a Estados Unidos la semana en la que el PP europeo celebra su congreso en València y no acudirá a la multitudinaria romería de Santa Faz.
Salomé Pradas Emilio Argüeso  Septiembre 2024
Salomé Pradas junto a Santiago Argüeso, los dos investigados en esta fase de la instrucción

La instrucción de la jueza de Catarroja avanza a buen ritmo y genera un importante desajuste en la estrategia política del President Carlos Mazón. Los autos que está elaborando Nuria Ruiz Tobarra, magistrada decana de la localidad, están siendo cada vez más precisos y al mismo tiempo, contundentes, sobre las responsabilidades de “la ausencia de decisiones para salvaguardar a la población”. La jueza ha señalado en sus autos la “gravísima inactividad” de la Generalitat, que “fue absolutamente incapaz de avisar, en tiempo y adecuadamente, a la población”.

La magistrada basa esta conclusión en los testimonios de familiares de las víctimas, tal y como expresó en su auto del 17 de febrero: “Constituye una constante en las declaraciones de los familiares y testigos la constatación del aviso notablemente tardío”. En ese mismo auto señala que, además de tardío, el SMS de alerta fue “errado en su contenido. Muchas de las víctimas fallecieron sin salir de la planta baja de su domicilio, al bajar al garaje o simplemente por encontrarse en la vía pública”. Ese día la jueza dejó una frase en ese texto que es una sentencia política: “Los daños materiales no se podían evitar, las muertes sí”.

Mazón, que no puede ser imputado en esta fase por la jueza por ser aforado, pero que ha sido requerido a presentarse de forma voluntaria si así lo considera, afirma públicamente que respeta el proceso judicial, lo que le sirve de parapeto para no valorar las conclusiones de la jueza. Pero la instrucción de la causa va acorralando cada vez más el relato político que ha tratado de imponer su partido sobre la gestión del día de la tragedia.

No hubo apagón informativo

La jueza deslizó en el auto de imputación de Pradas y Argüeso que no es creíble la tesis del apagón informativo que vienen proclamando miembros del Partido Popular valenciano para tratar de involucrar a la administración central. “Había sobrada información, el problema es que se ignorara”, asegura en esa providencia. La semana pasada, sobre la aparente desconexión de fuentes informativas del centro de emergencias (Cecopi) el día de los hechos, llega a decir que parecía que en la reunión “los presentes permanecían en una burbuja, aislados del mundo exterior”.

Otra prueba de que la jueza no se traga el apagón informativo la encontramos cuando escribe sobre la reunión del Cecopi que “parecía ser un lugar donde nadie poseyera teléfonos, en el que los técnicos no les informaban o lo hacían mal, y en el que eran igualmente ajenos a las decisiones de instituciones de tanta relevancia como la Universitat de València”, que con la misma información meteorológica “decidió salvaguardar a los alumnos, trabajadores y profesores del grave riesgo”.

La jueza afirma que “quienes habían de tomar las decisiones”, en relación a los responsables autonómicos, “manifiestan ser ajenos a las llamadas del 112 o a las previsiones meteorológicas de la AEMET”

La jueza afirma que “quienes habían de tomar las decisiones”, en relación a los responsables autonómicos, “manifiestan ser ajenos a las llamadas del 112, a las previsiones meteorológicas de la AEMET, a las comunicaciones sobre el estado y el caudal de los barrancos, ya fuera a través de correos o a través del SAIH, a los medios de comunicación, se afirma que no habían pantallas en la sala del Cecopi”.

La vía muerta de equiparar a Mazón con Pilar Bernabé

Otra de las estrategias políticas que el PP valenciano ha tratado de desplegar es la de equiparar la responsabilidad de Carlos Mazón con la Delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Un juego que ha tratado de trasladar a la instrucción, pero Bernabé, que ha declarado como testigo, ha visto como la jueza rechazaba en dos ocasiones su imputación. En una de ellas, justo después de que la instructora escuchara las declaraciones como investigados tanto de la exconsellera de Justicia e interior Salomé Pradas como de su segundo en Emergencias, Emilio Argüeso.

En esa ocasión, la instructora rechazó la imputación de Bernabé solicitada por la asociación ultraderechista Liberum y consideró su petición como una forma de poner el “ventilador”. Según el auto, la argumentación de Liberum para pedir la declaración como investigada de Bernabé se fundamentaba en “una supuesta corresponsabilidad autonómica y estatal que no se puede entender sino como exculpatoria de aquellos otros intervinientes, investigados en el presente proceso, a los que se atribuye supuestamente la responsabilidad”, en referencia a Pradas y Argüeso.

València
dana La riada de cinismo y fango en el relato de Mazón
El president de la Generalitat ha tratado de construir una historia exculpatoria de sus responsabilidades.

La jueza considera “evidente”, una vez analizados los listados de llamadas y comunicaciones aportadas por estos dos investigados, que estas “no llevaron desgraciadamente a que se tomara ninguna decisión en el ámbito autonómico para salvar a la población ”, por lo que la Generalitat “concurrió en una evidente pasividad ante una situación gravísima”.

La instructora señaló que Protección Civil era competencia autonómica y que la emergencia nacional “ni se declaró estatalmente ni se propuso por la administración autonómica de la que formaban parte los investigados”, aunque insiste en que esta “no era precisa para alertar a la población y que se adoptaran las medidas de autoprotección”.

La jueza da por hecho que se han borrado las imágenes de acceso al Cecopi

En una de las últimas providencias de la instrucción, la jueza rechaza pedir las grabaciones de las cámaras de acceso al recinto de L’Eliana. La magistrada argumenta esta decisión basándose en que esas imágenes ya no deberían existir, ya que la ley de Protección de Datos mandata borrar las imágenes de las cámaras de seguridad a los quince días. Además, la jueza apunta que ya está acreditado que los dos investigados ya estaban allí en el momento de la constitución del Cecopi. De esta forma, la jueza rechazaba la petición de la acusación particular de Acció Cultural del País Valencià que pretendía esclarecer quiénes y a qué hora llegaron al Cecopi.

No obstante, la última versión de Mazón apoyada por la famosa imagen “técnicamente falsa”, se difundió cuando ese plazo de borrado, en principio, ya se había superado. Una incongruencia sobre la que la jueza no ha reparado, dado que la imagen de la llegada del president al Cecopi difundida por EFE no forma parte de la causa.

Por su parte, el Consell ha respondido con el mismo argumento a una pregunta parlamentaria formulada por el PSPV-PSOE y Compromís en la que exigían ver una copia de las grabaciones de las cámaras del Palau de la Generalitat, del interior y el exterior, el día de la dana. Santiago Lumbreras, secretario autonómico de Relaciones Institucionales y Transparencia, afirma en su contestación que esas imágenes habían sido destruidas en cumplimiento del artículo 8 de la Ley 4/1997, que establece que “las grabaciones serán destruidas en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo que estén relacionadas con infracciones penales o administrativas graves o muy graves en materia de seguridad pública, con una investigación en curso o con un procedimiento judicial o administrativo abierto”.

En ese sentido, un informe de la comisaria encargada de la seguridad del Palau difundido por la portavoz del Consell, Susana Camarero, precisa que actualmente las imágenes se conservan solo 15 días. El procedimiento de borrado se da por la superposición de nuevas grabaciones a las ya existentes y los criterios de conservación y custodia de las imágenes se limitan a un máximo de un mes, según la Generalitat.

El portavoz de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, comparó el borrado de las imágenes de las cámaras de seguridad con el accidente del metro de Valencia de 2006: “¿Os acordáis cuándo borraron las cajas negras?” Mientras que José Muñoz, el portavoz del PSPV-PSOE en Les Corts, acusó al president de “destruir pruebas a martillazos”. El Consell tampoco ha querido enseñar la factura del Ventorro, asegurando que corre a cuenta del partido, no de la Generalitat, y que se presentará en su momento al Tribunal de Cuentas.

El anfitrión no se queda a la fiesta del Partido Popular Europeo

Aunque Feijoó llegó dudar de su celebración en la capital del Turia por la inconveniencia de tener a un anfitrión tan acorralado por su gestión del día más importante para el territorio que gobierna, por cuestiones logísticas y económicas —los eurodiputados extranjeros ya tenían reservas de viajes y hoteles, y pedían al PP nacional que pagase los cambios, algo a lo que no accedió Génova—, el congreso del Partido Popular Europeo se celebra a partir de este martes 29 de abril en València. Y lo hará con la que será la única intervención del anfitrión Carlos Mazón, eso sí, una aparición que no figura en el programa oficial del evento.

El president, después de abrir el acto, tiene programado un viaje a Estados Unidos, lo que le sirve de excusa perfecta para ausentarse también de la romería alicantina de la Santa Faz, donde presumiblemente iba a ser increpado por su gestión en la dana. Mazón, que fue presidente de la Diputación de Alicante, quiere evitar la imagen de ser abucheado en su bastión.

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La irrupción del apagón eléctrico hizo que la séptima marcha prevista contra el jefe del Consell fuera suspendida por orden de la Delegación del Gobierno. Pero no ha impedido que los eurodiputados del PP conozcan los argumentos de las víctimas y que incluso, Ursula von der Leyen acceda a reunirse con las asociaciones. Eso sí, les ha citado el próximo 13 de mayo en Bruselas, no ha accedido a reunirse con las entidades en València.

Aunque las dos asociaciones mayoritarias pedían que el encuentro tuviera lugar durante el cónclave popular, que se celebrará estos martes 29 y miércoles 30 de abril en la capital del Turia, la presidenta de la Comisión Europea recibirá a los afectados por las inundaciones el próximo 13 de mayo en Bruselas. El jefe de gabinete de la presidenta de la Comisión Europea, no explica por qué las víctimas no podrán reunirse con Von der Leyen en Valencia, pero sí afirma que “sus voces merecen ser escuchadas de la forma más adecuada” en la sede de la Comisión.

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