Pacto de Estado contra la violencia de género
Igualdad da por cumplido el pacto de Estado y pone al siguiente Gobierno el reto de ejecutar su ampliación

Más del 90% de las medidas de Pacto de Estado contra la Violencia de Género están cumplidas o en proceso. Entre las medidas incumplidas están varias que requieren reformas del Código Penal o de algunas leyes. Pese a que su vigencia terminaba en 2022, un plan plurianual y el nuevo marco normativo suponen la base para consolidar y ampliar la respuesta institucional a las violencias machistas.
Evaluacion del Pacto de Estado contra la violencia de género
Presentación del informe de Evaluación del Pacto de Estado contra la violencia de género. Fotografía: Sara Sánchez/Ministerio de Igualdad

El 94,8% de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género están cumplidas o en proceso para poder ser alcanzadas y, si se tienen en cuenta solo las medidas en las que es competente la Administración General del Estado, el porcentaje sería del 96,8%. 

Así lo recoge el Primer informe de evaluación de cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género 2018-2022 que la ministra de Igualdad, Irene Montero, la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, han entregado a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, este jueves 26 de octubre.

Con el Pacto de Estado se aprobaron 214 medidas para el caso del Congreso y 267 del Senado, medidas aglutinadas en un texto refundido de 290 medidas.

Medidas incumplidas

Ese 5,2% de medidas pendientes que falta por poner en marcha se concreta en nueve medidas pendientes y seis medidas que no son competencia de la Administración General del Estado. 

Entre las medidas pendientes de cumplimiento se encuentran algunas que requieren reformas del Código Penal o de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que, por tanto, necesitan ejecutarse a través de una propuesta que siga el trámite habitual en el Congreso. Es el caso de las medidas 106 y 107, medidas del Pacto de Estado que plantean la eliminación de la atenuante de confesión del daño y de reparación en los casos de violencia de género en pareja o expareja, al entenderse que estas dos atenuantes operan de manera diferente en estos delitos.

Tampoco se han cumplido las medidas 119 y 120, referidas a la introducción de criterios no cerrados de valoración del riesgo en las órdenes de protección y a la eliminación de la fianza cuando se personen en casos de violencia de género asociaciones de ámbito estatal.

Entre las medidas que no se han cumplido hay varias que requieren reformas en el Código Penal o en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y otra medida pendiente de calado es la aprobación de un Pacto de Estado por la Educación

Las medidas 126, 145, 151 y 206, que requieren reforma del Código Penal o de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tampoco se han cumplido, así como la 190, sobre la incorporación a los temarios de las oposiciones de temas de salud con perspectiva de género.

Las seis medidas incumplidas que no son competencia de la Administración General del Estado son la 2, 75, 182, 183, 288 y 289, que eran responsabilidad de Congreso, Senado y entidades locales. Así, por ejemplo, las dos últimas instaban al Senado diferentes medidas de evaluación del Pacto.

El incumplimiento de la 182 y 183 señala a las entidades locales, a quienes el Pacto de Estado pedía establecer comisiones de igualdad o facilitar el desplazamiento de las mujeres víctimas para acudir a servicios especializados, algo que requiere coordinación entre entidades. La medida 75 insta a las entidades locales a mejorar la asistencia integral y la número 2 insta al Congreso a crear un Pacto por la Educación.

Según el informe, aunque el pacto fue aprobado en 2017, los avances han sido especialmente importantes entre 2020 y 2022.

Cinco años de pacto

España aprobó el Pacto de Estado contra la Violencia de Género en 2017 con la abstención de Podemos, que argumentó que era insuficiente y mostró entonces su preocupación por dotar al pacto de presupuesto suficiente para ponerlo en marcha. 

El informe evalúa la financiación del Pacto de Estado y, de hecho, la medida 277 establece indicadores sobre cómo se iban a financiar las medidas del pacto. Esta medida establece una aportación de 400 millones para la Administración General, que se repartiría bajo la siguiente fórmula: los créditos del presupuesto de la Delegación de Violencia de Género se incrementarían progresivamente en los cinco años, a razón del 20 % el primer año y del 15 % en los cuatro años siguientes. El resto se repartiría entre los departamentos de la Administración General del Estado.

La delegación, recoge el informe, tenía asignado en 2017 un presupuesto de 31,8 millones de euros, por lo que la suma de los incrementos anuales debería aportarle 98,4 millones de euros adicionales en los cinco años de aplicación del pacto. Por consiguiente, el pacto implícitamente comprometía 301,6 millones de euros para dotar los presupuestos del resto de departamentos de la Administración General del Estado (la media es de 60,3 millones de euros anuales), pero no recogía ningún criterio para ese reparto. 

Violencia machista
Extrema derecha Violencia machista: la ola de negacionismo que puede acabar con el Convenio de Estambul
Cuando se cumplen diez años del único instrumento jurídico para luchar contra la violencia machista a escala europea, los países de Europa Central, azuzados por la ultraderecha, están dando pasos atrás retirándose del tratado.

Respecto de las Comunidades Autónomas y entidades locales, se consignarían en los Presupuestos Generales del Estado unas transferencias del pacto de 100 y 20 millones de euros anuales, respectivamente, que tendrían que aplicar a programas contra la violencia de género de su competencia.

El informe subraya que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha aumentado sus dotaciones presupuestarias, ya que en el período 2008-2012 destinó 248 millones de euros y en 2022 se ha incrementado un 128% su presupuesto con respecto a 2017, ejercicio previo a la entrada en vigor del Pacto de Estado.

También detalla que el Ministerio de Igualdad ha aumentado la cuantía económica dirigida a sociedad civil y ONG para proyectos de erradicación de la violencia contra las mujeres: en el período 2008-2012 ha destinado 49,6 millones de euros y en 2022 se han multiplicado por ocho los recursos con respecto a 2017.

Hacia un pacto dos

El 25 de noviembre de 2021, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y cuatro años después de la aprobación del Pacto de Estado en 2017, todos los grupos políticos del Congreso de los Diputados y del Senado con la excepción del Grupo Parlamentario Vox, firmaron un acuerdo de renovación del Dictamen del Pacto de Estado en 2017.

Porque, una vez finalizada la vigencia del Pacto de Estado, el Ministerio de Igualdad entiende que se debe avanzar hacia una institucionalización de las medidas contra las violencias machistas desde un enfoque estructural, y no como medidas temporales y coyunturales, ya que existe un nuevo contexto: el marco normativo de ha ampliado considerablemente en la última legislatura.

La ley de libertad sexual y la reforma de la ley del aborto amplían la conceptualización de las violencias machistas y establecen un nuevo marco que hace necesario institucionalizar políticas contra las violencias machistas tras el pacto

Así, la Ley de garantía integral de la libertad sexual, la reforma de Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo amplían la conceptualización de las violencias machistas y fuerzan a superar el marco establecido en 2004 con la Ley Integral de Violencia de Género que desplegó casi todas las políticas públicas en torno a la violencia contra las mujeres ejercida por sus parejas. Hoy, el marco normativo considera violencias machistas las violencias sexuales, la esterilización forzada o la gestación subrogada, entre otras.

Además, la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia introduce en el marco normativo el abordaje de las violencias sexuales contra la infancia.

El nuevo compromiso se concreta en un Plan conjunto plurianual en materia de violencia contra las mujeres (2023-2027) cuyo cumplimiento, sin embargo, no podrá vigilar el actual Ministerio de Igualdad. El acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar despeja el horizonte hacia la investidura y cierra la etapa de Irene Montero y su equipo al frente del ministerio.

Informar de un error
Es necesario tener cuenta y acceder a ella para poder hacer envíos. Regístrate. Entra en tu cuenta.

Relacionadas

Congreso de los Diputados
Congreso Esto es lo que hay y lo que queda fuera en el segundo Pacto de Estado contra la violencia de género
De las 462 medidas, ninguna menciona el concepto de “feminicidio” ni aborda la violencia obstétrica, como hace notar ERC. EH Bildu señala un sesgo punitivista con las trabajadoras sexuales.
Violencia machista
Violencia de género El sistema puede proteger a las mujeres también sin denuncia (y Marlaska debería saberlo)
El sistema Atenpro o la posibilidad de acceder a un título habilitante de víctima para poder solicitar algunas ayudas son dos formas de búsqueda de salidas a una situación de violencia. Además, desde 2021 las policías cuentan con un protocolo.
Violencia machista
Violencia machista Detección en Sanidad y medidas para la infancia: así reacciona el Gobierno a las cifras de violencia machista
Igualdad e Interior defienden el sistema pero ven margen de mejora. Medidas penales y escucha a la infancia son las propuestas ante la cifra alarmante de niños y niñas asesinados por sus progenitores.
Sirianta
Sirianta
27/10/2023 12:49

Estas políticas me representan: Irene, Ángela, Victoria y tantas otras. Realizan un trabajo arduo y de vital importancia para la convivencia y el bienestar de nuestro país.

1
0
RamonA
26/10/2023 17:15

Una cacicada de Yolanda con la necesaria colaboración del PXXE impedirá que la ministra de Igualdad, Irene Montero, y su equipo puedan “ vigilar el Plan conjunto plurianual en materia de violencia contra las mujeres” y seguir haciendo políticas feministas con rigor, profundidad y compromiso como hasta ahora no se habían hecho. Todo por una cacicada de Yolanda enmarcada en la política de aislamiento y destrucción de Podemos iniciada en la reunión de Valencia de mujeres de Más País, Compromis , Comunes y Sumar. Vieja política.

2
0
El Salvador
El Salvador El caso Ábrego García destapa el turbio pacto de la Administración Trump con Nayib Bukele
El joven salvadoreño no ha sido condenado ni en Estados Unidos ni en su país de origen, pero es uno de los cientos de personas con la vida pendiente de un hilo por las políticas de Trump y Bukele.
Siria
Siria Fragmentos de un retorno
Regresar no siempre es fácil. En estas misivas, los sirios Naoura A., residente en Francia, y Basem Al Bacha, residente en Alemania intercambian opiniones con motivo de la vuelta de Naoura a la ciudad donde se conocieron: Damasco.
Gasto militar
Rearme Pedro Sánchez anuncia un aumento del gasto militar de más de 10.000 millones de euros
El presidente del Gobierno ha anunciado la intención de cumplir este año con el objetivo de invertir el 2% del PIB en Defensa, para lo que se van a gastar 10.471 millones de euros.
Sáhara
Culturas El idioma de Cervantes sigue resonando en las arenas del Sáhara
El español se ha convertido en una forma de resistencia de la identidad cultural saharaui frente al borrado del ocupante, pese a muchas dificultades.
Sáhara Occidental
Sáhara Occidental Crece la indignación por el apoyo de Sánchez a los planes expansionistas de Marruecos en el Sáhara
Los socios del Gobierno y el Frente Polisario acusan al Ejecutivo de Sánchez de dar la espalda al derecho internacional y usar el Sáhara como “moneda de cambio” para mejorar las relaciones con Rabat.
Culturas
Culturas En la industria editorial el libro ya es lo de menos… pero leemos más y mejor que nunca
Expertos, editores y libreros analizan cómo el libro-evento y los denostados como “libros-basura” sostienen un sector en el que, por otra parte, los números dicen que leemos más y con más variedad que nunca.

Últimas

Reino Unido
Reino Unido La decisión del Supremo de Reino Unido da alas a la transfobia en un contexto antiderechos trans
Los términos “mujer” y “sexo” en la Ley de Igualdad se refieren únicamente a la mujer biológica y al sexo biológico, pese a que esta especificación no aparezca de forma literal en el texto.
Culturas
Cultura Tiphaine Rivière y la necesidad de entender a Bourdieu
La francesa Tiphaine Rivière se enfrenta en ‘La distinción’ (Garbuix, 2025) a la obra de Bourdieu para entender el diálogo entre los diferentes estratos sociales.
Ocupación israelí
Ocupación Israelí Tel Aviv encubre en un informe “lleno de mentiras” el asesinato de 15 trabajadores humanitarios
Una investigación interna admite la masacre realizada el pasado 23 de marzo, pero oculta información, es contradictoria y llena de falsedades, según denuncia la Media Luna Roja y la organización israelí Breaking The Silence.
Opinión
Opinión Defender la Tierra significa desmilitarizar
Buscamos vida en otros planetas mientras despreciamos la vida en la Tierra, ignorando la dignidad de las personas, maltratando su biosfera, y tratando sus recursos como si fueran ilimitados.

Recomendadas

Religión
Iglesia Católica El viaje de Jorge Bergoglio, el papa que intentó reformar la Iglesia y no lo consiguió
De ser acusado de cómplice con la dictadura argentina, Jorge Bergoglio, ya ungido como papa Francisco, se convirtió en una de las principales voces de denuncia de la ultraderecha, del neoliberalismo y las violaciones de los derechos humanos.
Galicia
Galicia Así opera en la sombra la banca en el proyecto de la celulosa de Altri en Galicia
La sociedad público-privada Impulsa Galicia, que cimentó los primeros planes de la multinacional papelera y , está participada fundamentalmente por la Xunta y por el banco que surgió de la desastrosa fusión de la cajas de ahorro gallegas.
Líbano
Líbano Cinco décadas sin paz ni justicia en Líbano
El país mediterráneo conmemora el 50 aniversario desde el inicio de la guerra civil, un conflicto cuyos crímenes no se han juzgado y cuyos desaparecidos no se han encontrado