Congreso de los Diputados
Esto es lo que hay y lo que queda fuera en el segundo Pacto de Estado contra la violencia de género

Un total de 462 medidas son las que incluye el texto aprobado el lunes en la Subcomisión para la renovación y actualización del Pacto de Estado contra la violencia de género, pero en ninguna de esas medidas se menciona el concepto de “feminicidio”. Es uno de los reproches de ERC al texto aprobado en la subcomisión, que ahora pasa a la Comisión de Seguimiento y Evaluación y luego deberá ser aprobada en Pleno. 

Se trata del segundo pacto de estado de estas características. El primero se aprobó en 2017 con la abstención de Podemos, que dijo considerar el texto insuficiente. Dos años después, el Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero, fue el encargado de hacer que se cumpliera el pacto. En octubre de 2023, unas semanas ante de la toma de posesión de la nueva ministra, Ana Redondo, se publicó el Primer informe de evaluación de cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género 2018-2022 que indicaba que el 94,8% de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género están cumplidas o en proceso para poder ser alcanzadas.

Para Podemos es esencial la protección a las mujeres LTBIQ+, así como adaptar todas las medidas para garantizar su accesibilidad a las mujeres migrantes

Irene Montero, exministra de Igualdad y ahora eurodiputada, explicaba en Canal Red que no se trata de una renovación del pacto: “Eso ya se hizo en la pasada legislatura, lo convertimos en permanente porque el original tenía una vigencia de cinco años, lo que faltaba era convertirlo en dictamen”. “Ahí ya ampliamos y fijamos que había que incluir algunas mejoras como por ejemplo la violencia económica y la vicaria, reservando una partida presupuestaria mayor para las entidades feministas”. También, dice el ministerio anterior trabajó en el desarrollo del establecimiento de un suelo de servicios en todas las comunidades autónomas. “Hay un borrado del trabajo que se hizo en la pasada legislatura incluso siendo Pedro Sánchez también presidente que a mí me sorprende mucho; debía ser esto el borrado de las mujeres”, ironizaba.

Más allá borrados, para Podemos es esencial “expandir” las medidas de protección a las mujeres LTBIQ+, así como adaptar todas las medidas para garantizar su accesibilidad a las mujeres migrantes, que a menudo se encuentran fuera de sus entornos seguros y alejadas de sus redes de apoyo, y por eso han presentado votos particulares en este sentido, explican fuentes del partido. “El reto real está ahora en la implementación del pacto y en garantizar que las medidas sean efectivas y se cumplan, asegurando que la financiación para la lucha contra la violencia de género se haga de manera efectiva y constante, tal como se acordó en los acuerdos de la sectorial de Tenerife”, añaden en Podemos, donde también lamentan la ausencia de medidas contra otras violencias como la obstétrica.

Feminicidio y violencia obstétrica, fuera del pacto

En ese sentido se pronuncia también ERC: “Lamentamos la negativa del PSOE y del PP a reconocer la totalidad de las violencias machistas que sufren las mujeres, como la obstétrica o la violencia institucional”, explican cuando se les pregunta por su valoración del pacto. Además, lamentan que no se haya previsto ninguna acción para reformar la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, dicen.

Y es que la ley madre de las políticas contra la violencia machista pone el foco en la violencia de género por parte de la pareja o expareja, si bien la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual, aprobada en 2022, y la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, reformada ampliamente en 2023, amplían las formas de violencia machista a las que deben dar respuesta las instituciones. “Consideramos negligente fragmentar la legislación y reformarla por partes; es necesario modificar la ley base para modernizarla y asegurar que incluya todas las nuevas formas de violencia que sufren las mujeres”, dice el grupo republicano. 

Pese a esta ampliación, quedaron fuera el reconocimiento de la violencia obstétrica, pese a los intentos del Ministerio de Igualdad para introducirla en la reforma de la ley del aborto y la sobrada justificación, ya que existen dos dictámenes de la ONU que instan a hacerlo. La postura de los colegios médicos durante el debate previo a la reforma dejó clara la oposición de una buena parte del sector médico. La violencia obstétrica quedó fuera, y vuelve a quedarse fuera en el Pacto de Estado.

El texto no menciona la violencia obstétrica, que tampoco pudo entrar en la reforma de la ley del aborto, y tampoco reconoce la violencia institucional, como hace notar ERC

Otra ausencia notable es la del concepto de “feminicidio”, una de las propuestas de ERC que no recoge el pacto. El concepto tiene amplio recorrido en América Latina y es utilizado por muchas expertas —entre ellas muchas de las ponentes que fueron escuchadas en la subcomisión de la que ha salido el texto—. Además, desde 2022 el Ministerio de Igualdad categoriza y hace una estadística semestral de diferentes tipos de feminicidio. 

Otro silencio para ERC es el concepto de “violencia institucional”, que sería la violencia que sufren las mujeres cuando acceden al sistema de protección. Ocurre, por ejemplo, con las madres protectoras que acaban sufriendo consecuencias judiciales —pérdidas de custodia, contradenuncias penales— y de salud, tanto físicas como psicológicas, como recogen algunos informes. Pese que no se menciona de forma específica, sí hay algunas medidas contra el Síndrome de Alienación Parental.

Un texto abolicionista

EH Bildu comparte las carencias que señala ERC y profundiza en otro problema que, a su juicio, presenta el texto que se ha aprobado. Porque el documento contiene varias medidas abolicionistas de la prostitución y que en la práctica podrían suponer una criminalización de las trabajadoras sexuales.

“No compartimos que el trabajo sexual sea considerado delito si no existe coerción, ni que quien lo ejerce de manera consentida esté realizando un delito”. “Lo que planteamos es que las mujeres trabajadoras sexuales, y personas  trabajadoras sexuales, consideramos que deben tener reconocidos sus derechos”, explica la diputada Bel Pozueta. Y es que la medida que recoge las nuevas formas de violencia machista que van a merecer tratamiento en las instituciones está “el proxenetismo, la explotación sexual, la trata con fines de explotación sexual, la violencia digital, la violencia económica y la violencia vicaria”.  

“No compartimos que el trabajo sexual sea considerado delito si no existe coerción, ni que quien lo ejerce de manera consentida esté realizando un delito”, dice Bel Pozueta en relación a las medidas de corte abolicionista 

El grupo nacionalista ve necesario diferenciar el trabajo sexual de la trata con fines de explotación sexual y por eso no comparten ninguno de los artículos donde se hace referencia al trabajo sexual (siempre como “prostitución” en el documento) desde un planteamiento delictivo o referido a un tipo de violencia contra las mujeres.

Como ejemplos concretos, Pozueta pones dos: la medida que plantea realizar estudios sobre la condiciones y situación de las mujeres que ejercen la prostitución debería añadir que estosn estudios deben hacerse “manteniendo una interlocución estrecha y escucha activa de las demandas de las personas que ejercen trabajo sexual y las organizaciones que las representan a la hora de la recogida de datos”. Además, plantea eliminar el punto que propone “garantizar que las mujeres en contextos de prostitución reciban información sobre violencia contra las mujeres y sobre los recursos existentes que les faciliten alternativas a la prostitución”, ya que entiende que las mujeres ya pueden y deber conocer sus derechos y alternativas en cualquier caso. Por último, alerta sobre la medida que sugiere que los agentes policiales sirvan de canal para la interlocución, porque “las propias trabajadoras afirman que ese no es el canal adecuado”. “Si se plantea avanzar en derechos y condiciones dignas para una mayoría de mujeres que ejercen el trabajo sexual se debería derogar la ley de extranjería vigente en la actualidad”, dice Pozueta.

Bildu también se muestra crítico con medidas en el marco de lo penal que van dirigidas a aumentar o endurecer  las penas, porque supone “poner el foco en lo punitivo” y cree que lo necesario es pasar de los “parcheos” a una verdadera política de prevención. “Somos muy críticas pero tampoco es fácil quedarse junto a Vox, seguimos dándole vueltas a nuestro sentido del voto”, explica a El Salto. Además, cree que el texto planteaba en origen una invasión competencial, que se limitó gracias a una corrección de este grupo. 

Violencia económica, digital y vicaria

Entre las medidas de calado del texto está la inclusión de la violencia económica y digital contra las mujeres. “Reconocer, regular y definir la violencia económica en nuestro derecho como forma de violencia de género” es una de las medidas, la 402, se define como violencia económica “la acción de limitar, suprimir o controlar, de manera injustificada e intencionada, el acceso de las mujeres a los recursos económicos de la familia, de la pareja o propios, así como de reducir o anular su capacidad económica presente o futura para mantenerse a sí mismas, a sus hijas e hijos, o para continuar con sus hábitos anteriores, con el objetivo de que la mujer dependa económicamente del agresor, mermando sus opciones de escapar de la violencia y, por tanto, incrementando la posibilidad de que la situación derive en privaciones, daños psicológicos, trastornos del desarrollo, lesiones o muerte”.

La violencia digital se abordaría mediante la trasposición de la Directiva sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, aprobada el año pasado, que hace referencia expresa a varios tipos de violencias en el ámbito digital: la difusión no consentida de material íntimo o manipulado, el ciberacecho (cyber stalking), el ciberacoso (cyber harassment), el ciberexhibicionismo (cyber flashing), la incitación a la violencia o al odio por medios cibernéticos.

También se reconoce en varias medidas la violencia vicaria, mediante un Plan de Acción Nacional para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y sus hijos e hijas menores de edad, así como mediante la reforma de la ley de violencia de género y medidas formativas para profesionales, entre otras.

El texto aporta varias medidas contra el uso del falso Síndrome de Alienación Parental (SAP) y alerta contra su aplicación en los juzgados, equipos psicosociales y puntos de encuentro

Otra aportación del texto es anotar varias medidas contra el uso del falso Síndrome de Alienación Parental (SAP). Así, la medida 160 propone “incidir en la formación de los operadores jurídicos en relación con este supuesto síndrome”, que no tiene base científica y está excluido de los catálogos de enfermedades científicamente reconocidas para que “sea inadmisible como acusación de una parte contra la otra en los procesos de violencia de género, separación, divorcio o atribución de custodias a menores”, como ya dicta la ley de infancia.

Además, apunta al problema del uso de prejuicios sexistas en los informes emitidos por los equipos psicosociales y contiene una medida que pone en el foco los los puntos de encuentro familiar (PEF), que “deben garantizar la no aplicación del SAP o planteamientos teóricos similares sin base científica”.