Galicia
La huelga de los trabajadores de la TVG contra 15 años de manipulación y privatización diseñados por Feijóo

Los trabajadores y trabajadoras de la Corporación Radio e Televisión de Galicia lo llaman “rebelión de dignidad”. Este jueves, se cumple un mes desde que los cuatro sindicatos críticos con la dirección de la cadena (CUT, CIG, UXT y CC OO) arrancasen una huelga indefinida con paros parciales todos los lunes, miércoles y viernes de cada semana. ¿La razón? Algo más de 15 años de estrategias de manipulación informativa en favor del Partido Popular; un juicio por presunto acoso laboral en el que está imputada buena parte de la directiva de la cadena; una hoja de ruta de privatizaciones; y el comienzo de la última estrategia de la empresa: la primera externalización de contenidos informativos de su historia.

De hecho, ha sido esta última maniobra de la TVG, materializada en la eliminación del histórico programa A Revista —producido con medios propios— en favor de O Termómetro —parcialmente externalizado—, la que ha acabado por hacer estallar un conflicto laboral y social que lleva candente tres lustros. Comenzó cuando Alberto Núñez Feijóo, un mes después de convertirse en presidente de la Xunta de Galicia en 2009, colocó a dedo y sin el consenso del comité de empresa, pero sí con el de un PSdeG-PSOE hoy casi extinto ideológicamente, a Alfonso Sánchez Izquierdo al frente de la corporación. Desde entonces, denuncia la presidenta del comité y delegada de la CUT, Raquel Lema, “el candado informativo” no ha hecho más que aumentar.

El siete de octubre comenzaron esta huelga indefinida que suma ya cinco semanas con el detonante anteriormente comentado: “Es la primera vez en la historia de la TVG que se externaliza un servicio informativo. Esto es incompatible con la imparcialidad de un medio público”, denuncia Lema, presidenta también del comité de huelga y parte del sindicato mayoritario en la cadena. Privatizar servicios, afirma, “no hace otra cosa que favorecer la manipulación informativa”.

No solo eso, a petición del comité, la dirección de la CRTVG ha facilitado el coste de producir ese programa sustituto en coproducción con O Papaventos TV, una filial del gigante de la televisión española Eurostars Mediagroup, y Producciones Audiovisuales Sete Media, propiedad de uno de los consejeros de Telemiño. Cuesta unos 16.000 euros diarios de dinero público que son, según los cálculos del comité de empresa, 5.000 euros más de lo que costaría producirlo con medios propios: “Solamente hay que ver cómo han inflado los costes de los colaboradores. Antes, una persona invitada se llevaba 75 euros por colaboración. Ahora, son 150 euros”.

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Javier H. Rodríguez

Medios de comunicación

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Este jueves, el actual presidente gallego, Alfonso Rueda, acude al Land Rober en lo que se podría leer como uno de sus primeros grandes actos de precampaña para las elecciones de 2024. En dos años, le ha costado 6.973.971 euros a las arcas públicas.

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La ley que pretende más control político contra una iniciativa popular

Este solo es un ejemplo, por ahora el último, de la estrategia bidireccional de privatización y manipulación informativa que Feijóo arrancó en 2009 y que su sustituto, el presidente gallego, Alfonso Rueda, ha decidido recrudecer. Desde este año, tras ganar las elecciones, el equipo de Rueda prepara un nuevo golpe para ejercer un mayor control sobre la radio y televisión públicas de Galicia. Se trata de una reforma legal que le dotará de poder absoluto para nombrar por mayoría simple al nuevo director general de la corporación además de abrir la mano a la elaboración y publicación de contenidos en castellano.

El anteproyecto de ley que todavía se perfila, propone la creación de una suerte de Consello Asesor conformado por 15 personas elegidas en organismos controlados por el Partido Popular. Con esto, explica la presidenta del comité de empresa, Raquel Lema, echan por tierra la Lei de Medios, que el PP de Feijóo aprobó en 2011 y que se ponía como meta la creación de un Consello de Informativos y la redacción de un Estatuto Profesional que blindase la imparcialidad de los contenidos periodísticos de la cadena. 

Además, otra de las batallas culturales que subyacen a este conflicto laboral es la apertura de los canales públicos a la emisión de contenidos en castellano. El artículo siete del anteproyecto de ley asegura que los contenidos han de ser producidos en la lengua propia de Galicia, pero añade un matiz insólito: “Sin perjuicio de la utilización de otras lenguas cuando así lo justifique el cumplimiento de la misión de servicio público con el fin de dar a conocer la identidad cultural de Galicia fuera del territorio de la Comunidad Autónoma”.

Sin embargo, contra la visión jerárquica y la mano de hierro del Partido Popular en la televisión pública gallega, 40 entidades sociales han presentado una iniciativa legislativa popular para liberar a la cadena. Los objetivos son conseguir que la CRTVG cumpla los fines para los que fue creada y garantice la objetividad y neutralidad de los contenidos que emite. 

El conjunto de los impulsores de la ILP a través de la plataforma Por unha CRTVG ao servizo do pobo son A Mesa pola Normalización Lingüística, Anova-Irmandade Nacionalista, Asociación de Actores e Actrices de Galicia, Asociación de Escritores en Lingua Galega, Asociación de Gaiteiras Galegas, Asociación de Profesionais da Rama Artística e da Dobraxe de Galicia APRADOGA, Asociación Lucenza Nigrán, Asociación pola Defensa da Ría, Asociación pola Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega), Avante LGTB+, BNG, CCOO, CGT, CIG, CUT, Defende a Galega, Erguer, Esculca, Federación Rural Galega (Fruga), Fundación Luís Tilve, Fundación Moncho Reboiras, InvestiGal-Rede Galega pola Investigación, Mulheres Nacionalistas Galegas, Músicas ao vivo, Plataforma Feminista Galega, Plataforma Queremos Galego, Plataforma SOS Sanidade Pública, Plataforma Veciñal Mina Touro-O PINO NON, PSdeG-PSOE, REDE (Federación Galega de Asociacións de Familiares e Usuarias de Residencias e da Dependencia), Sindicato Ferroviario, Sindicato Labrego Galego, SOS Ficción en Galego, UGT- Galicia y Vía Galega. 

Un juicio por presunto acoso laboral a trabajadores

Además de los frentes laboral y social de esta histórica huelga, hay otro frente judicial que podría llegar a demostrar el presunto acoso laboral que trabajadores y trabajadoras llevan años denunciando públicamente. En junio de 2023, el Xulgado de Instrución número 1 de Santiago de Compostela abrió diligencias previas contra toda la cúpula de la Corporación de Radio y Televisión de la Galicia (CRTVG) en calidad de “presuntos autores de un delito de acoso moral y de un delito contra los derechos de los trabajadores”, según relata el documento que se ha hecho público y al que ha tenido acceso El Salto.

Además de Sánchez Izquierdo, están siendo investigados Xosé Pereira Fariña, director de innovación y negocio; Alejandro López Carballeira, subdirector de informativos; Tania Fernández Lombao, jefa de programas cuando ocurrieron los hechos; Paula Veloso Pereira, jefa de gestión de personal; Susana Fernández Veiguela, exdirectora de recursos humanos; Manuel Casás Macía, jefe de seguridad y salud laboral, y Vitalina Cuña Palencia, coordinadora de personal de la Radio Galega. La magistrada Ana López-Suevos ha imputado a varios altos cargos bajo la acusación de crear una estrategia de descrédito profesional y personal contra una periodista crítica que fue trasladada de puesto de trabajo por una decisión que su defensa considera sexista y discriminatoria. Este verano, la misma jueza amplió la querella a Víctor Tubío Villar, director de recursos humanos, quien en un principio había sido citado solo como testigo.