Crisis climática
Ley de Cambio Climático, ¿transformación o postureo?

Tras más de dos años de tramitación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética esta encara los últimos pasos para su publicación definitiva. Durante este tiempo, la ciencia ha publicado informes más claros sobre las consecuencias de la emergencia climática, diversas organizaciones y activistas climáticos han enviado numerosas aportaciones y comentarios, miles de personas han salido a las calles reclamando mayores compromisos. Sin olvidar cómo con la pandemia del covid-19 ha mostrado la importancia de escuchar a la ciencia y actuar antes de que sea demasiado tarde. Una experiencia acumulada y un enorme trabajo colectivo que apenas queda reflejado en el texto final de la ley, donde pocas incorporaciones han tenido cabida desde el borrador inicial presentado en febrero de 2019.

El compromiso político del Gobierno de España queda así plasmado en negro sobre blanco. Lo que constituye un nuevo incumplimiento de las promesas electorales: las del PSOE anterior a la moción de censura a Rajoy, que prometía una reducción del 40% de las emisiones de 1990 para 2030; y las de Unidas Podemos, en cuyo programa de 2019 recogía su compromiso de una reducción de la mitad de las emisiones en 2030. Muy lejos están los objetivos programáticos con los que se presentaron a las elecciones del escaso 23% de reducción que se recogerá en la ley.

Las Naciones Unidas establecieron en 2018 la necesidad de una reducción anual del 7,6%, lo que llevaría a un objetivo de eliminar al menos el 55% de las emisiones en España en 2030 respecto a las registradas en 1990

Como activista climático, hoy uno se siente impotente ante el ninguneo de la petición de un debate claro y público sobre los objetivos. A la luz de las terribles consecuencias que un incremento de la temperatura global superior a 1,5ºC tendría para nuestro territorio, no se puede permanecer en silencio. Hay que pedir nuevamente que se pongan las indicaciones científicas por delante de los intereses económicos. Aunque resulte cansino, hay que recordar que las propias Naciones Unidas establecieron en 2018 la necesidad de una reducción anual del 7,6%, lo que llevaría a un objetivo de eliminar al menos el 55% de las emisiones en España en 2030 respecto a las registradas en 1990. De poco valen declaraciones de emergencia climática si no atendemos hoy a la responsabilidad histórica con las generaciones presentes y futuras.

Una impotencia que se ve agravada cuando a última hora se comprueba cómo la eliminación de la palabra “aéreo” de un artículo referido a medidas concretas sobre la aviación abre la posibilidad de seguir incluyendo como renovables en todo el transporte a biocombustibles como el aceite de palma o de soja, que ya han demostrado bajas eficiencias e importantes impactos climáticos. Del mismo modo, con estos cambios de última hora se podría incentivar la penetración del gas en este sector, un área que se debe descarbonizar bajo los principios de reducción de la demanda, electrificación, colectivización y máxima eficiencia. De hecho, la potencia renovable que sería necesaria instalar para estos carburantes parece indicar que, debido a las enormes implicaciones territoriales, el uso de electrocombustibles debería estar muy restringido a sectores vitales de difícil reconversión y en ningún caso dedicarse al transporte terrestre.

La ley recoge más intenciones que objetivos concretos, dejando su cumplimiento pendiente de la aprobación de importantes piezas legislativas que en muchos casos están en las manos de los diversos ministerios

La responsabilidad ante la emergencia climática hace ser lo suficientemente prudente como para admitir que, ante la urgencia de actuar y el enorme retraso acumulado, la validación final de la ley es necesaria. Por señalar algo positivo, tener una ley de cambio climático dará un mejor marco para el desarrollo de importantes sectores renovables con capacidad para sustituir a las fuentes energéticas fósiles, la prohibición de futuros proyectos de explotación de hidrocarburos o minerales radiactivos, el impulso de las comunidades energéticas, el establecimiento de objetivos de rehabilitación energética de edificios o la obligatoriedad de adoptar en los municipios zonas de bajas emisiones son buenas noticias que deberían ser aún más ambiciosas.

Pero el trabajo está lejos de terminarse ya que la ley recoge más intenciones que objetivos concretos, dejando su cumplimiento pendiente de la aprobación de importantes piezas legislativas que en muchos casos están en las manos de los diversos ministerios. Una realidad que podría agilizar la toma de decisiones a cambio de dejar en manos de la voluntad de este o de futuros gobiernos regulaciones fundamentales para enfrentar la emergencia climática, y que podrían verse afectadas por intereses partidistas. Un hecho que debería haber sido contrarrestado con adecuados mecanismos de participación, evaluación y monitoreo que en la ley brillan por su ausencia, indefinición o falta de competencias claras.

O se reduce significativamente nuestro consumo energético neto en los próximos 20 años para mantenernos en un intervalo de seguridad para la vida, o será la fuerza de los hechos la que nos situará en un punto de no retorno con terribles consecuencias ambientales, sociales y poblacionales

Enfrentar la emergencia climática es mucho más que sustituciones tecnológicas, es decir, cualquier futuro viable pasa por comprender y asumir que, o se reduce significativamente nuestro consumo energético neto en los próximos 20 años para mantenernos en un intervalo de seguridad para la vida, o será la fuerza de los hechos la que nos situará en un punto de no retorno con terribles consecuencias ambientales, sociales y poblacionales. Pero mientras que en el texto se detallan con gran precisión elementos concretos que facilitarán la instalación de puntos de recarga, nuevas infraestructuras de transporte o el impulso de nuevos sistemas de producción y almacenamiento, poco o nada se habla de la necesidad de establecer calendarios de cierre de los sectores contaminantes, del freno a las macrogranjas, de un insostenible sector turístico o de las enormes cadenas de comercio global, entre otros ejemplos de una larga lista de omisiones.

Basar la apuesta de la transformación ecológica en medidas blandas basadas en incentivos o penalizaciones fiscales no parece ser el camino más transformador posible. Es más, en algunos casos una mala aplicación podría agravar desigualdades y reforzar el sistema que nos ha traído a la situación actual. Más preocupante es la ausencia de la obligación de abordar instrumentos de planificación y de control público vinculantes de sectores tan importantes como el eléctrico, donde muchas de las demandas históricas siguen siendo desatendidas. Mientras sea la iniciativa privada de las grandes empresas la que determine la ubicación, idoneidad o tamaño de los proyectos futuros, seguirán estando garantizadas importantes tensiones territoriales, fragmentaciones e impactos en valiosos ecosistemas, a la vez que se impulsan proyectos que agravan la degradación ambiental cuando se presentan como soluciones al problema climático.

Da la impresión de que la ciencia y la sociedad son simples etiquetas para incluir en el discurso, porque las peticiones científicas y ciudadanas de mayor ambición no han sido en ningún momento consideradas

Compatibilizar la lucha climática, la protección de la biodiversidad y la justica social es un deber irrenunciable para cualquier representante público que sirva al interés general. La ventana de oportunidad que supone la aprobación de esta ley se cerrará pronto, y cinco años para revisarla puede ser demasiado tiempo. Hay que reiterar un llamamiento de última hora a la responsabilidad del momento histórico en el que vivimos y apoyar las enmiendas menos lesivas con la lucha climática en las votaciones finales.

Ante la falta de cambios sustanciales cabe también preguntarse para qué han servido más de dos años de tramitación de la ley. Los objetivos relevantes incluidos son básicamente los mismos que se presentaron en el primer borrador, la participación de diversos actores solo ha servido para incluir pequeñas matizaciones y aportaciones de mínimo calado y se ha imposibilitado un debate público sobre la suficiencia de los objetivos. Da la impresión de que la ciencia y la sociedad son simples etiquetas para incluir en el discurso, porque las peticiones científicas y ciudadanas de mayor ambición no han sido en ningún momento consideradas. El tiempo se agota y las escusas también. El compromiso de muchas activistas climáticas en demandar medidas suficientes frente a la emergencia climática se refuerza ante la clara incapacidad política.

Es necesaria una ley para que lo cambie todo y no una ley para aparentar que algo cambia mientras todo sigue igual.