Crisis climática
Hasta 15 años de cárcel por denunciar las ayudas públicas a ArcelorMittal, el mayor contaminador de Asturias

“¿Cómo no lo volvería a hacer con todo lo que está en juego?”. La argumentación de Iván Hevia, quien se enfrenta a la privación de su libertad por sus acciones, es contundente: “El 22 de julio fue el día más caluroso de la historia desde que se toman registros de temperatura, con una media de 17,16ºC en todo el planeta. Ya estamos rozando los 2ºC por encima de las temperaturas preindustriales. Lo que está en juego es el futuro de todas”. 

Hevia, nacido en 1997, es una de las cinco personas que decidieron poner el cuerpo y cortar la carretera de acceso al complejo industrial de la siderúrgica Arcelor-Mittal en Gijón el pasado 18 de mayo. El motivo: alertar sobre la incongruencia de subsidiar a las grandes emisoras de gases de efecto invernadero en un mundo donde la crisis climática se acelera.

Encadenadas entre sí y ocupando la carretera, el grupo de activistas paralizó la entrada y salida de camiones de la fábrica de acero durante cerca de una hora, acción que finalizó cuando la policía cortó las cadenas sin que los jóvenes ofreciesen resistencia y sin que se practicasen detenciones. La protesta, sin embargo, irá previsiblemente a juicio.

Asturias se posiciona como la comunidad que más emisiones per cápita produce, con 18,1 toneladas de CO2 equivalente por habitante

Los cinco jóvenes se enfrentan a penas por doble partida. Por un lado, la subcontrata de transportes de la planta de ArcelorMittal, Avilesina de Transportes, denuncia un delito de coacciones y les pide entre seis meses y tres años de prisión a cada uno, además de un total de 2.400 euros en concepto de indemnización por la paralización de la actividad durante la protesta. Por otro, la policía les imputa una infracción grave del orden público, lo que según la Ley de Seguridad Ciudadana —o Ley Mordaza— implicaría una sanción de entre 601 y 30.000 euros por persona. En conjunto, y en el peor de los casos, 150.000 euros de multa y 15 años de prisión.

Si bien el proceso judicial se inició el pasado 25 de julio con las diligencias previas y la toma de declaración de las cinco activistas, el juez deberá decidir ahora si se abre juicio o no, algo que desde XR dan por sentado. “El sentir general es que irá adelante”, señala Hevia, remarcando que “la oleada de represión y de aumento en la severidad de la aplicación de las normas legales al activismo climático en Europea es obvia”.

La secuela de un infiltrado

Mar Sala

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Sphera

Libertades civiles La secuela de un infiltrado

Mar Sala

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Los nuevos movimientos ecologistas llevan tiempo siendo objeto de vigilancia y criminalización por parte de los cuerpos de seguridad del estado y la judicatura.

Entre los ejemplos de esta escalada cita los procesos contra Just Stop Oil en Gran Bretaña, los Soulèvements de la Terre en Francia, el grupo Letzte Generation en Alemania, o el señalamiento de Futuro Vegetal como organización criminal en España. “Empieza a haber jurisprudencia que comienza a juzgar este activismo de una manera mucho más severa que otras cosas”, lamenta.

Subsidios milmillonarios para pagar por las emisiones

La acción de protesta se enmarcó en la campaña Stop Subsidios Fósiles, llevada a cabo por varias organizaciones sociales integradas en la coalición Unidas por la Justicia Climática, que pretende llevar a la esfera pública cómo la Unión Europea subvenciona con 405.100 millones de dinero público anuales, según los datos que manejan, a las empresas con mayor responsabilidad en la aceleración del cambio climático.

La protesta que realizaron Hevia y sus cuatro compañeras, todas con edades comprendidas entre los 23 y los 31 años e integrantes del colectivo Rebelión o Extinción (XR) Asturies, ponía el foco en el territorio asturiano no por casualidad. Con cifras del Observatorio de Sostenibilidad relativas a 2021, Asturias se posiciona como la comunidad que más emisiones per cápita produce, con 18,1 toneladas de CO2 equivalente por habitante.

De los 229 millones de euros que el Gobierno español pagó en 2023 por los excesos de emisiones de las empresas, 31 fueron a parar a ArcelorMittal

La alta presencia industrial en Asturias está detrás de estas cifras, con el complejo de ArcelorMittal como uno de los puntos clave. La empresa, la quinta mayor emisora de gases de efecto invernadero de España en 2023, según el último informe del Observatorio de Sostenibilidad, y la más contaminante de Asturias, está en el foco del activismo climático debido no solo a su alta responsabilidad en el aumento de las emisiones, sino también por la cantidad de dinero público que recibir debido a estas. 

De los 229 millones de euros que el Gobierno español pagó en 2023 por los excesos de emisiones de las empresas, 31 fueron a parar a ArcelorMittal. “Son subvenciones que se les da anualmente porque Arcelor tiene concedida una cuota de emisiones, y siempre se pasa. Entonces, el pago que tiene que hacer por haberse pasado se lo pagamos nosotros”, denuncia Adán Abajo, compañero de Hevia en XR Asturias.

Estos pagos se justifican con el objetivo de frenar la conocida como “fuga de carbono”, como se llama al traslado de las empresas más contaminantes a países con normas ecológicas más laxas para evitar así pagar los derechos de emisión de gases de efecto invernadero en el mercado de carbono europeo.

Desde XR, sin embargo, sostienen que ofrecer estas millonarias subvenciones públicas es “invertir dinero en mantener nuestra dependencia fósil”, y denuncian que estas no paran de aumentar a pesar de que la UE se comprometió a eliminarlas, ya sean ayudas directas o indirectas, para el año 2025.

La descarbonización de Arcelor no está clara

El Principado de Asturias inyectó, por otro lado, otros 36 millones de dinero público para sufragar la descarbonización de la empresa. Con una inversión total de 234 millones de euros, la Consejería para la Transición Ecológica asturiana publicó el pasado enero en el Boletín Oficial del Principado de Asturias sendas resoluciones que suponen sufragar un total de 30 actuaciones, 14 de ellas en la multinacional siderúrgica.

Entre las mismas, destaca la sustitución de parte de la producción del horno alto A de la factoría de Xixón por un sistema híbrido de acería eléctrica, así como la sustitución del sistema de filtrado de la planta de Veriña, la mejora de la eficiencia energética del sistema de transporte de arrabio entre las factorías de Avilés y Gijón, y la implantación de un sistema de recuperación de calor en el horno híbrido de arco eléctrico para la producción de acero y la sustitución de la flota de cucharas de acero en la acería de Avilés.

La irresistible oportunidad de nacionalizar ArcelorMittal

Diego Díaz

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Industria

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Diego Díaz

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La multinacional del acero sigue sin clarificar si hará o no las inversiones medioambientales de las que depende el futuro de la siderurgia en España.

Estas actuaciones, no obstante, no convencen a las entidades ecologistas, que exigen mayor claridad respecto a los planes de descarbonización del gigante acerero. En respuesta al patrocinio de la multinacional con sede en Luxemburgo de los juegos olímpicos de París, Ecoloxistes n'Aición d'Asturies y la Plataforma contra la Contaminación de Xixón simularon el pasado 23 de julio una carrera de relevos, realizando un recorrido por deferentes puntos emblemáticos de la ciudad. En la misma, exigieron a la siderúrgica mayor transparencia respecto a los acuerdos relativos a los subsidios que recibe para disminuir su factura climática.

“La multinacional ha asignado 1.500 millones de dólares para conseguir que su negocio funcione de una forma más limpia, pero apenas ha gastado un tercio de esa cantidad a tal fin”, denuncian desde Ecologistas

En concreto, exigen que “aclare definitivamente cómo va a realizar la total descarbonización de la producción de acero y en qué plazos, así como si se va a aceptar el subsidio de 450 millones de euros del PERTE (Proyectos Estratégicos de para la Recuperación y la Transformación Económica) de Descarbonización Industrial”.

Para las organizaciones ecologistas, ArcelorMittal debe afrontar el proceso de descarbonizar su planta de Xixón-Avilés emprendiendo los compromisos asumidos en el proyecto ‘Hidrógeno circular DRI’ y cerrando las baterías de coque.  En lo referente a estas, para Ecoloxistes, la empresa “debe abandonar toda idea de dedicarlas a la exportación y que no se considere la captura y el almacenamiento de carbono como una técnica viable para ‘enverdecer la empresa’, ya que existe una alternativa basada en energías renovables, sin tener que confiar en ‘falsas’ soluciones con múltiples etapas aún sin resolver”.

La transición de la industria del acero choca con los límites del hidrógeno verde

Redacción El Salto

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Industria y crisis climática La transición de la industria del acero choca con los límites del hidrógeno verde

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La industria siderúrgica debe reducir en un 93% sus emisiones para que el aumento de la temperatura global se mantenga un 1,5º C por debajo de los niveles preindustriales. Y el hidrógeno verde no es suficiente para transformar la industria del acero.

Como prueba de la opacidad de ArcerlorMittal en lo relativo a su política de descarbonización, el colectivo ecologista denuncia que, tras casi un año y medio desde que el Gobierno otorgara una ayuda de 450 millones de euros para descarbonizar la planta de Xixón-Avilés, “no se han hecho públicas las verdaderas intenciones de la compañía en esta materia”. Asimismo, recuerda que “la multinacional ha asignado 1.500 millones de dólares para conseguir que su negocio funcione de una forma más limpia, pero apenas ha gastado un tercio de esa cantidad a tal fin”, remarcando que en ese mismo periodo ha destinado 11.000 millones en recompras de acciones y dividendos para los accionistas. “Esto muestra una gran irresponsabilidad con nuestro planeta y los acuerdos internacionales que buscan hacer un frente común contra el cambio climático”, lamentan.