València
“La crisis de vivienda multiplicada por mil”: la dana evidencia el fracaso de las políticas del PP en València

La dana del 29 de octubre afectó a 75 municipios del sur de València y, con diferentes niveles de gravedad, a 1,8 millones de personas. De las 130.000 viviendas ubicadas en las zonas inundadas, el Consorcio de Compensación de Seguros contabiliza 48.003 casas dañadas, una cifra que solo contempla las viviendas aseguradas. El número final puede ser mucho mayor. 

No hay datos de cuántas familias han tenido que abandonar sus hogares en unos barrios en donde una de cada tres viviendas fue levantada en terreno inundable ni de cuántas se han visto forzadas a quedarse y vivir en condiciones insalubres. Tampoco hay cifras de cuántas familias que residen en bajos ya están pensando en no volver y buscar un sitio donde vivir sin miedo a futuras inundaciones. Solo se sabe que son miles y que no lo van a tener fácil.

En toda el área afectada apenas hay una treintena de pisos en alquiler por debajo de 800 euros, la ayuda al alquiler que dará la Generalitat a la familias que han tenido que abandonar su hogar por la dana

Entre los pocos datos disponibles, unas 500 familias han tenido que ser desalojadas por problemas estructurales. Pero representan solo un pequeña parte de las miles de familias que se han visto forzadas a abandonar unos hogares devastados, convertidos en invivibles, sin fecha clara de regreso. En medio de una crisis habitacional generalizada, el aumento de la demanda de vivienda tras la riada ha tensionado aún más un mercado en el que encontrar un piso asequible ya se había convertido en una misión imposible.

La Generalitat ha lanzado un ayuda de 800 euros para pagar el alquiler a las familias afectadas por la dana. Sin embargo, una búsqueda rápida por Idealista permite comprobar que en toda el área inundada apenas hay una treintena de pisos por debajo de ese precio. La emergencia de vivienda provocada por la dana no podría haber llegado en peor momento.

La atención en polideportivos, instalaciones municipales, hostales, pensiones y otros recursos puestos a disposición de la población por los ayuntamientos y la Generalitat ha sido anecdótica. En Chiva, una de las localidades más afectadas, apenas 52 personas se han alojado en hoteles, según publicaba La Vanguardia, y el Ayuntamiento ha pedido, sin resultado hasta ahora, que los vecinos pongan en alquiler sus viviendas vacías para poder ofrecerlas a aquellas familias que lo han perdido todo. Ante la peor crisis de vivienda desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, han sido las redes vecinales y familiares las que han dado soluciones temporales a las familias afectadas. El Gobierno valenciano se ha lanzado a la desesperada a buscar viviendas en su parque público y solo ha podido ofrecer 314 pisos a los miles de hogares afectados.

En el año que lleva al frente de la Generalitat, Carlos Mazón se ha dedicado a boicotear el desarrollo de leyes que hubieran dado a la administración autonómica algo de margen para actuar ante esta emergencia

“Tenemos hoteles, apartamentos turísticos y otros espacios disponibles donde la Generalitat podría ofrecer soluciones habitacionales para quienes no pueden volver a sus casas, pero, inexplicablemente, aún no ha actuado”, declaraba la diputada de Compromís María Josep Calabuig el pasado 6 de noviembre.

El reparto de las culpas está claro para José Luis González, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de València. En el año que lleva Carlos Mazón a cargo de la Generalitat, el PP se ha encargado de desarmar los avances en materia de vivienda del Gobierno del Botanic (PSPV-Compromís y Podem) y de boicotear el desarrollo de leyes que hubieran dado a la administración autonómica algo de margen para actuar. Pero no se trata de un problema de un año de mala gestión, sino de décadas de políticas de vivienda al servicio de los promotores inmobiliarios y de la especulación urbanística sin otras consideraciones. “Ya teníamos una emergencia de vivienda estructural y, cuando llegó esta situación coyuntural de desastre, la crisis de vivienda se ha multiplicado por mil”, sentencia González.

Sin techo

En pocos minutos el agua les llegaba por los tobillos, de nada habían servido las toallas amontonadas frente a la puerta. La alarma llegó a los móviles cuando el agua ya estaba entrando. Al poco saltaron los plomos y se fue la luz. El mensaje en el móvil “en modo Chernóbil” decía que se quedaran en casa. Pero la casa se estaba inundando. Entre la confusión y el caos no tuvieron tiempo de pensar qué podían rescatar. Antes de darse cuenta ya habían subido la escalera abandonando todo lo que había en la planta baja. Cristina Sendra, su pareja y su hijo de cinco años se refugiaron toda la noche en el piso de arriba, donde solo hay una habitación y un baño. Cada tanto se asomaban al hueco de la escalera para comprobar que el agua había trepado 1,6 metros en su salón, en su cocina. No durmieron esa noche. Escuchaban el ruido del agua pasar “como si fuera un río”, los gritos de la gente en la calle y de los vecinos, los golpes de los muebles que flotaban y chocaban contra las paredes y la puerta. “Era apocalíptico”, describe a El Salto.

Cuando por la mañana consiguieron bajar por la escalera, descubrieron que el agua había acabado con todo. Tuvieron que arrancar las paredes de pladur para evitar que salga moho y buscar otro sitio para vivir porque allí ya no podían seguir estando, relata Sendra. Su hermana se fue a vivir con su madre y les cedió su piso, también en zona afectada, pero que se había conservado intacto tras el paso de la riada. 

Nicoleta Dovos narra una historia muy parecida, pero con un final diferente. Cuando pasó la riada y pudo volver a su casa, situada en un bajo de Alfafar, encontró el mismo escenario desolado: muebles destrozados, paredes empapadas, colchones y ropa inservibles… La reacción de las autoridades fue la misma en ambos casos: ninguna, silencio y abandono. 

“El Ayuntamiento ni se ha puesto en contacto con nosotros. Aún estoy esperando una llamada de alguien”, se lamenta Nicoleta, madre de un niño de siete años con autismo que vive en un bajo arrasado por la dana en Alfalfar

“Hemos limpiado con la ayuda de voluntarios, que son los que nos han ayudado a ponerlo medio decente para poder seguir aquí, porque claro, no tenemos otra casa”, dice a El Salto Nicoleta. Ahora en su piso tiene solo tres colchones, unos somieres y deshumidificador, todo proporcionado por las redes vecinales de apoyo mutuo. Un conocido de València les ofreció un piso para mudarse, pero decidió quedarse: su hijo de siete años es autista y un cambio de entorno, lejos de la rutina y el equipo de psicología del colegio, resultaba impensable para la familia.

“El Ayuntamiento ni se ha puesto en contacto con nosotros. Aún estoy esperando una llamada de alguien”, se lamenta Nicoleta. Ni el Ayuntamiento ni la Generalitat ni los Servicios Sociales se han acercado a preguntar o ofrecer ayuda. Solo han aparecido por ahí los bomberos, cuenta, para ver si la estructura aguantaba, y el equipo de psicología del colegio, interesándose por el niño. “Lo único que ha habido es ayuda de gente humanitaria, de gente que ha puesto cada uno su granito de arena. Unos limpiando, otros preocupándose”, se emociona.

Nicoleta desconfía de las ayudas anunciadas y de la burocracia para pedirlas. “Las ayudas deberían ser directas. Deberían venir los Servicios Sociales y decirnos ‘oye, ¿tenéis niños en casa? ¿Os hace falta algo?’”, dice. 

Cristina Sendra reconoce que las ayudas van a resultar muy útiles cuando lleguen aunque señala que pueden tardar meses en tramitarse, otros meses en hacerse efectivas y se necesitarán otros meses más para encontrar a los profesionales —fontaneros, carpinteros, electricistas, albañiles— para rehabilitar las miles de viviendas dañadas. A una escasez estructural de profesionales de los oficios de la construcción se le suma un aumento de la demanda sin precedentes por los efectos de la dana.

“Las ayudas deberían ser directas. Deberían venir los Servicios Sociales y decirnos “Oye, ¿tenéis niños en casa? ¿Os hace falta algo?”, dice Nicoleta

La población mayor ha sido uno de los sectores más afectados por la riada, cuenta Sendra, que trabaja para el Ayuntamiento de Sedaví en temas de dependencia. No solo concentran la mayor parte de las muertes —la mitad de los fallecidos tenía más de 70 años—, también han sufrido especialmente la pérdida de viviendas. En su trabajo, que consiste precisamente en atender este tipo de casos, ha podido conocer de primera mano historias de personas mayores que vivían solos en bajos, pero después del paso de la riada han perdido esa autonomía y no les ha quedado otra opción que irse a vivir con la familia o a otros destinos, alejados de las redes que los sostenían en sus barrios.

“Del Gobierno valenciano nosotros no tenemos ningún apoyo en el Ayuntamiento”, cuenta Sendra. La única ayuda que han recibido, explica, ha sido proporcionada por el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales que ha enviado personal cualificado de todas partes del Estado español.

Lo coyuntural y lo estructural

La primera ayuda para la gente que se había quedado sin vivienda vino de las redes vecinales, cuenta Cristina Sendra su experiencia desde Alfafar y Sedaví. Fueron los vecinos y las vecinas quienes abrieron sus puertas para pasar el peor momento de la riada. Cuando bajaron las aguas, tomaron el relevo las redes familiares, que asumieron el esfuerzo de dar refugio a las personas afectadas. La actuación de la Generalitat se limitó a abrir instalaciones en algunos polideportivos y centros municipales, ofrecer hostales provisionales, apelar a la solidaridad de los caseros y poner sobre la mesa 314 pisos públicos, todo lo que ha podido rascar ante la peor crisis de vivienda de los últimos 15 años.

Esta falta de margen de actuación solo es explicable, sostiene el portavoz de la PAH valenciana, por décadas de políticas de vivienda que han llevado a que el País Valencià esté a la cola de parque público —con un 0,7%— en un país que está a la cola de Europa en vivienda protegida —un 2% frente a un 9,6% de media europea—.

El País Valencià está la cola de parque público —con un 0,7%— en un país que está a la cola de Europa en vivienda protegida. De las 190.000 VPO construidas entre 1991 y 2023, solo queda un parque público de 15.000

Y si no hay parque público no es porque no se haya invertido ni construido vivienda pública, sino porque, al igual que en el resto de España, tras algunos años de protección, la vivienda pública se ha vendido en el mercado. Entre 1991 y 2023, se construyeron en la comunidad valenciana nada menos que 190.560 viviendas de protección oficial, según un reciente informe de Comisiones Obreras, una cifra que palidece frente a las 15.000 que cuenta la Generalitat en la actualidad. El Gobierno del Botanic prohibió la venta de vivienda pública para intentar recuperar parte de este parque público perdido, pero el Gobierno de Mazón dio marcha atrás y va a permitir que las viviendas públicas puedan ser privatizadas después de 15 años en el nuevo reglamento.

A medida que crecían los precios del alquiler y acceder a una hipoteca se convertía en una misión más difícil, la lista de espera para acceder a un piso protegido no ha dejado de crecer: en 2023, la lista de demandantes de vivienda protegida ascendía a más de 15.000 personas, el 33% más que dos años antes, cuando se creó el listado.

La urgente necesidad de pisos públicos se podría solucionar fácilmente, sostienen desde la PAH y el Sindicat de Habitatge del País Valencià, con la movilización del medio millón de viviendas vacías —una de cada cuatro— que hay en la comunidad, 172.575 solo en la provincia de València. De hecho, el Gobierno del Botanic dejó como legado una herramienta que podría haber resultado útil ante esta emergencia: el decreto 130/2021 para la movilización de viviendas vacías y deshabitadas. Esta norma contemplaba la creación de un registro de viviendas vacías e incluía mecanismos para que sean cedidas a la Generalitat para “satisfacer las necesidades habitacionales de personas o unidades de convivencia que se encuentren en situación de emergencia o riesgo de exclusión residencial”, una descripción que cobra todavía más sentido tras el paso de la dana. 

El Gobierno del Botanic prohibió la venta de vivienda pública, pero el Gobierno de Mazón dio marcha atrás y va a permitir que las viviendas públicas puedan ser privatizadas después de 15 años

Sin embargo, el Gobierno de Mazón ha dejado el decreto en un cajón y no ha desarrollado la normativa ni impulsado el registro por lo que difícilmente puede servir para dar una solución rápida al problema de vivienda dejado por las inundaciones. “¿Cuántas viviendas tienen los grandes fondos, la banca rescatada, los fondos de inversión, las Socimis? ¿Cuántas tienen identificadas? No tienen el registro actualizado. Y hay un decreto que les permitía hacerlo”, critica este activista de la PAH.

Tres días antes de la dana, la Cadena Ser informaba de que solo 313 del medio millón de viviendas deshabitadas de la comunidad pagaron el año pasado el impuesto a pisos vacíos, un gravamen aprobado en 2020, que tampoco ha sido desarrollado y hubiera permitido aumentar la oferta de viviendas. Ahora, con la crisis agudizada por la dana, y los precios de los alquileres a niveles nunca vistos, el margen de actuación es casi nulo, mucho menos a corto plazo. La ampliación del parque público no ha sido una prioridad de Gobierno de Mazón. Es más, una de sus primeras medidas fue boicotearlo, con la paralización de la compra de 500 viviendas de la Sareb para alquiler social.

Desde la PAH, como solicitaron también al Gobierno de Sánchez, vuelven a pedir el alquiler social obligatorio y que todas las viviendas del banco malo en el territorio —unas 3.300— pasen a formar parte del parque público —hasta ahora se han ofrecido apenas unas 100— y que se ponga a funcionar la ley de viviendas vacías para movilizar pisos hacia las familias damnificadas. También demandan una Comisión de Atención de Emergencias de Vivienda por efectos de la dana, donde se coordinen la Generalitat, los ayuntamientos, movimientos sociales y ONG. Esta plataforma también demanda que los más de 4.000 pisos turísticos ilegales sean puestos a disposición de las necesidades de la población en esta situación de emergencia. “Estamos en una momento en el que se junta la crisis estructural con la crisis coyuntural, una situación de desmadre absoluto”, resume.

Mazón ha dejado el decreto de viviendas vacías en un cajón y no ha desarrollado la normativa ni impulsado el registro por lo que difícilmente puede servir para dar solución al problema de vivienda dejado por las inundaciones

Sonia Cano, portavoz del Sindicat de Habitatge del País Valencià, desconfía de la eficacia de las ayudas y de que lleguen a quienes más lo necesitan, en especial a los migrantes que no estén empadronados. 

La “prisa” que se dieron las administraciones en recuperar la comunicación entre los barrios afectados, con gran presencia de clase trabajadora, y la ciudad de València para que “puedan volver al trabajo”, señala Cano, contrasta con la falta de interés mostrado en el realojamiento o las situaciones personales y necesidades urgentes de cada familia. Para Cano, tanto el Gobierno central como el autonómico son “igualmente culpables”, por lo que piden una “dimisión en bloque de todos los responsables”. 

Para atajar esta crisis habitacional agudizada por la dana, desde este sindicato demandan que la patronal inmobiliaria, la Generalitat y el Estado español proporcionen viviendas “gratuitas y de calidad” para todas las familias que lo necesiten “durante el tiempo que haga falta”. Y para alcanzar este objetivo, se inclinan por empezar por los pisos turísticos, los de la banca y los de los fondos de inversión. También apuntan a la necesidad de que las ayudas cubran la totalidad del alquiler y de las cuotas de la hipoteca a las familias que han tenido que abandonar sus hogares, y no se limiten a ayudas parciales y condicionadas que cubren solo una parte del pago de la vivienda.

Una vez retirados los escombros y limpiadas las calles de barro y basura, seguirá latente, mucho más que antes, el problema de la vivienda. Mientras llegan las ayudas, la Generalitat paga el precio de más de tres décadas de especulación urbanística e inmobiliaria que han dejando al Estado sin margen de actuación para bajar los precios o para ofrecer alternativas de vivienda dignas para las miles de personas que lo han perdido todo en la dana.