Racismo
Diallo Sissoko, una víctima más del sistema de acogida a migrantes

“Diallo Sissoko huyó de Mali para sobrevivir y lo que ha encontrado aquí, en Madrid, ha sido la muerte de la peor de las maneras, agonizando una semana”, no duda en declarar Ana Isabel Martínez, presidenta de la ONG València és Refugi, sobre la última muerte notificada en un Centro de Acogida, Emergencia y Derivación (CAED). El joven de 21 años perdió la vida en el CAED de Alcalá de Henares, tras semanas de quejas por un dolor persistente en el tórax y la pierna, en lo que diversos testimonios describen como una muerte evitable en medio de la desatención y el abandono institucional. Según la activista, “Diallo no murió solo, murió ahogado en un sistema fallido desde el primer momento”.

El caso de Diallo Sissoko plantea preguntas cruciales sobre la responsabilidad institucional en la gestión de la acogida de migrantes. El País documenta que, durante ese período, en el CAED no había médicos disponibles debido a la rescisión de contrato de la empresa sanitaria que prestaba servicios en el centro. La ONG ACCEM, encargada de gestionar el centro de acogida, afirma que el servicio sanitario depende de la Consejería de Sanidad y que había una coordinación para derivar los casos graves a hospitales. Pese a ello, la Consejería de Sanidad no ha querido dar detalles sobre esta atención.

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Redacción El Salto

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En 2023, 2.000 personas pasaron una media de 30 días en los CIE. El Servicio Jesuita a Migrantes denuncia un año más las vulneraciones de derechos humanos que sufren estas personas encerradas por encontrarse en situación administrativa irregular.

Marisa Prudencio, miembro de la Plataforma de Ayuda a los Migrantes en Extremadura y primera persona en recibir información sobre la desaparición de Diallo, insiste en que el origen de esta falta de atención nace de “la asistencia sanitaria deficitaria que se da en todos los centros de inmigrantes”. Prudencio explica que, al no empadronar a los inmigrantes a su llegada al centro, no se les asigna una tarjeta sanitaria y ello deriva en una carencia de asistencia primaria.

Según Martínez, la respuesta del centro incluyó acciones para limitar la información que podía salir del centro y para coaccionar a posibles testigos y trabajadoras. A su vez explica que, en casos de este tipo, “las instituciones intentan trasladar o deportar a todas las personas que puedan dar testimonio, especialmente si están dispuestas a denunciar irregularidades”.

La muerte de Diallo, el reflejo de un sistema en crisis

Diallo Sissoko llegó a España desde Mali el 27 de agosto, tras una travesía en patera que lo llevó hasta la isla de El Hierro. Según las investigaciones de El País y los testimonios de sus compañeros, desde el momento de su desembarco se quejó de fuertes dolores en la pierna izquierda. Como tantos otros migrantes, había soportado días de inmovilidad en una embarcación abarrotada, lo que podría haberle provocado una trombosis venosa en la pierna izquierda, una afección común en personas migrantes que realizan largos trayectos marítimos en condiciones extremas, tal y como expone Silvia Moreno, médica especializada en salud de la personas que llegan a Canarias vía marítima y miembro de la Plataforma “Yo sí atiendo”.

“Si se hubiera actuado con rapidez y se hubiera proporcionado la atención médica adecuada, Diallo estaría vivo a día de hoy”: Isabel Martínez, presidenta de València és Refugi

La situación empeoró en las semanas siguientes cuando fue trasladado al CAED de Alcalá de Henares. El dolor se extendió al pecho, lo que finalmente le provocaría una embolia pulmonar, principal hipótesis de causa de muerte a falta de los resultados oficiales de la autopsia. A pesar de ser llevado en una ocasión al Hospital Universitario Príncipe de Asturias, su diagnóstico se limitó a una inflamación y su tratamiento fue únicamente un analgésico y una crema antiinflamatoria. El 15 de octubre Diallo falleció, a lo que Martínez apostilla: “Si se hubiera actuado con rapidez y se hubiera proporcionado la atención médica adecuada, Diallo estaría vivo a día de hoy”.

Los peritos ratifican que a Samba Martine se la podría haber salvado

Redacción El Salto

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Expertos en enfermedades de transmisión sexual explican en el juicio por la muerte de Samba Martine que las pruebas que le hicieron y el tratamiento que le aplicaron fueron totalmente insuficientes dado el estado de salud que presentaba.

La información proporcionada por Martínez señala que, a diferencia de lo afirmado por ACCEM, la comunicación con la familia de Sissoko fue realizada por activistas y voluntarias por los derechos humanos y no por la organización ni por el centro de acogida. Además, según el testimonio de Blanca Aler, voluntaria de Alcalá Acoge, a ello se suma la negativa inicial a permitir que el hermano de Sissoko viera el cuerpo.

Los detalles de este caso aún están bajo investigación y las organizaciones de derechos humanos continúan trabajando para que el nombre de Diallo Sissoko no se sume a la lista de vidas que desaparecen sin repercusión mediática e institucional. Prudencio concluye con un deseo: “Que esta muerte no sea en balde y sirva para que haya una mayor humanización de las personas que llegan con casos similares”.

La muerte de Diallo Sissoko se suma a otra registrada este año en centros de acogida de España, la de Shad Karim. “¿Cuántos más están dejando morir por pura negligencia de humanidad y racismo estructural e institucional?”

Un mismo patrón

La muerte de Diallo, según sugieren desde la Red Española de Emigración y Ayuda al Refugiado, no es un incidente aislado, sino un reflejo de las condiciones de desatención que predominan en los CAED. Según Martínez, este y otros casos similares demuestran una falta de regulación que resulta, de manera sistemática, en una “desprotección extrema de los migrantes”. El caso del maliense, lejos de ser aislado, revela una preocupante realidad sobre las condiciones en las que se encuentran muchos migrantes en el Estado español. La presidenta de “València és Refugi” expone un planteamiento: “¿Cuántos más están dejando morir por pura negligencia de humanidad y racismo estructural e institucional?”. La muerte de Diallo Sissoko se suma a otras dos registradas este año en centros de acogida de España, una de ellas la de Shad Karim.

“Hola, me llamo Sahd Karim. Vengo urgentemente porque tengo mucho dolor en la tripa desde hace un rato. Me cuesta mucho moverme”, relataba Karim en el escrito al que tuvo acceso eldiario.es. Shad, un joven marroquí de 22 años, murió el 14 de marzo en el hostal donde residía en San Fernando de Henares, gestionado por la Cruz Roja.

Según un informe obtenido por eldiario.es, Karim acudió al centro de salud acompañado únicamente por un compañero migrante, ya que la organización no dispuso de un intérprete ni de un acompañante, pese a que solo hablaba árabe. Su malestar fue descrito en un papel por una trabajadora de Cruz Roja antes de enviarlo al centro médico, donde solo le prescribieron un protector estomacal. Sin atención adecuada y sin alguien que pudiera explicar claramente sus síntomas, Karim falleció horas después de una parada cardiorrespiratoria en su hostal.

Los jóvenes migrantes que migran suelen tener entre 16 y 23 años y, en su mayoría, huyen de situaciones de conflicto armado o reclutamiento forzado en sus países de origen

Tras su muerte, varios residentes del hostal protestaron por las condiciones de desatención que, afirman, siguen vigentes en otros centros de acogida. Diallo y Sahd representan el perfil mayoritario en los centros: jóvenes que, huyendo de la violencia en sus países de origen, arriesgan sus vidas en travesías peligrosas. Las principales nacionalidades que llegan a España por la ruta canaria son, según informes de organizaciones de derechos humanos, personas de Senegal y Mali. Los jóvenes migrantes suelen tener entre 16 y 23 años y, en su mayoría, huyen de situaciones de conflicto armado o reclutamiento forzado en sus países de origen.

“En Mali, las milicias yihadistas captan a jóvenes para convertirlos en soldados. La presencia de estos grupos no es accidental, sino el resultado de intervenciones extranjeras en regiones ricas en recursos como el oro”, explica Ana Isabel Martínez. Marisa Prudencio, miembro de la Plataforma de Ayuda a los Migrantes en Extremadura, aclara en este contexto: “Ninguna madre dejaría que su hijo viajase en esas condiciones si de las que viene no fueran peores”.

Esta situación es, según Martínez, consecuencia de las políticas de intervención extranjera en África, que afectan a países con grandes recursos naturales. “Francia, por ejemplo, justifica su presencia militar en Mali con el argumento de luchar contra el yihadismo, pero su verdadero interés es el control de las minas de oro. Este expolio prolongado sigue siendo colonización”, concluye la activista.

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El Defensor del Pueblo ha abierto una investigación ante las repetidas denuncias de espionaje por parte de colectivos de apoyo a las personas internas en el CIE valenciano, una práctica que va en contra de resoluciones judiciales previas.

Los CAED, una acogida que aísla

Los casos de Diallo y Sahd han suscitado indignación y encendido el debate sobre el funcionamiento de los Centros de Acogida de Emergencia y Derivación (CAED) y otros centros de acogida en España. Los CAED son espacios habilitados dentro del Programa de Atención Humanitaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en España, en colaboración con ONG como Cruz Roja y ACCEM. Los centros tienen la función, según el propio Ministerio, de ofrecer a personas inmigrantes recién llegadas una atención básica y urgente.

Desde la Red Española de Emigración y Ayuda al Refugiado muestran su profunda preocupación por el “agotamiento” del modelo actual de gestión de personas en el que “el usuario no conoce ni comprende sus derechos, obligaciones, ni su autonomía”

Sin embargo, para organizaciones de ayuda humanitaria y activistas de derechos de personas migrantes, estos centros representan una realidad dura y difícil de conciliar con la misión humanitaria que pretende el Ministerio. Rafael Escudero, secretario general de la Red Española de Emigración y Ayuda al Refugiado declara en nombre de la red su “profunda preocupación” por el “agotamiento” del modelo actual de gestión de personas que está gastando vidas humanas. Un modelo en el que considera que “el usuario no conoce ni comprende sus derechos, obligaciones, ni su autonomía”.

En el caso del CAED de Madrid, este se ubica dentro del Acuartelamiento Primo de Rivera, un inmueble militar, en Alcalá de Henares. El centro fue creado con una capacidad inicial para 1.100 personas, pero actualmente alberga a unas 1.500, según informa València és Refugi. “No hay médicos para 1.500 personas que acaban de llegar de periplos en los que sabemos que hay secuelas sanitarias graves”, afirma Martínez, señalando la carencia de atención médica básica y de servicios psicológicos o sanitarios que sí que son estándar en espacios de reclusión penal, donde existe un personal mínimo de médicos y psicólogos.

El fallecimiento de Diallo también revela un patrón preocupante. Desde su creación, los CAED han enfrentado críticas por su localización aislada, que dificulta la atención médica urgente así como la integración de las personas inmigrantes que residen en los centros, en especial las más jóvenes. Algo que comparte Marisa Prudencio, quien llama de manera irónica “La milla negra” al centro de Mérida.

Ana Isabel Martínez expresa su preocupación por el funcionamiento y la proliferación de estos centros: “Los centros de Mérida y Alcalá, que ponen los pelos de punta, son el futuro inmediato de las pretensiones de este gobierno en cuanto a la acogida de migrantes y personas refugiadas en España”. Escudero concluye: “En un entorno de integración plena, nadie debería depender de nadie”.

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La política migratoria española, bajo escrutinio

Ambos casos han reavivado el debate sobre la adecuación de estos centros en un momento en que la política migratoria española se encuentra bajo escrutinio, en el marco de la implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo. Martínez califica este acuerdo como “la mayor barbarie en derechos humanos en los últimos 75 años en Europa”. El Pacto Europeo de Migración y Asilo, aprobado el 10 de abril y publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea en mayo de este año, marca un giro en la política migratoria europea. Con el objetivo declarado de coordinar y homogeneizar los procedimientos migratorios en los países miembros, este pacto tiene como propósito evitar la entrada irregular de migrantes, establecer criterios de admisión y agilizar los procesos de devolución. Sin embargo, las críticas señalan que, en la práctica, el Pacto prioriza un enfoque de control sobre los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo.

Emma Martín Díaz, catedrática experta en políticas migratorias europeas y coordinadora de la sociedad civil contra el Pacto, describe esta medida como “una profundización en políticas restrictivas” que legaliza prácticas polémicas, como las devoluciones en caliente, y permite la privación de libertad de los solicitantes de protección internacional. Martín Díaz añade que este marco común, lejos de ser “la mejor alternativa posible en un contexto de ascenso de la extrema derecha”, abre la puerta a su “interpretación más restrictiva” en los distintos países, que ahora podrán aplicar medidas limitadoras bajo amparo legal.

“Vamos a llegar a normalizar ya no solamente que mueran en las rutas marítimas y en fronteras terrestres, sino también en los centros de acogida”

Para Martín Díaz, este modelo muestra una “solidaridad entre Estados, pero no con las personas solicitantes de asilo”, e ignora las necesidades de quienes llegan huyendo de situaciones de conflicto. A su juicio, “la primacía del discurso securitario, aunque revestido de lenguaje humanitario, se sitúa por encima de las garantías a las que toda persona en situación de riesgo debería tener acceso”.

La implementación del pacto, que se inició oficialmente en junio y se completará en diciembre de 2025, se está desarrollando en España “con una opacidad alarmante”, según denuncian tanto Emma Martín Díaz como Ana Isabel Martínez. “No hay una comunicación oficial ni debate en el Congreso sobre la implementación del pacto, lo que deja a la ciudadanía sin información y sin capacidad de reacción ante una transformación de enorme calado”, sostiene Martínez.

Las muertes de Diallo y Sahd, los centros de Mérida y Alcalá como nueva normalidad y la eliminación en enero del programa de ayuda humanitaria son un reflejo de la coyuntura que representa Europa en términos de inmigración. “Vamos a llegar a normalizar ya no solamente que mueran en las rutas marítimas y en fronteras terrestres, sino también en los centros de acogida”, advierte Martínez. El nuevo marco europeo representa, en palabras de Martín Díaz, “una regresión para el continente que una vez abanderó la defensa de los derechos humanos y el asilo”.