Derecho a la vivienda
Activistas del Derecho de Vivienda y Servicios Sociales hacen balance de la gestión municipal

“Hemos sobrevivido por encima de nuestras probabilidades”. Es la frase que siempre puede leerse en Asun. En su camiseta, siempre negra. Y en su mirada, siempre clara. Con sus brazos en jarra, en los ojos de Asunción Carbonell o Asun —como prefiere que la llamen— puede verse el brillo de una mujer empoderada y el cansancio vital de una mujer de 60 años que ha sobrevivido a nueve intentos de desahucio. Es una de las más conocidas y veteranas activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Madrid. La acompañan en esta conversación otras tres mujeres, porque son mayoría las mujeres, las que se organizan y luchan por la vivienda y quienes mejor conocen por experiencia los servicios sociales: Angelines Díaz de PAPVS (Plataforma Afectadas por la Vivienda Pública y Social), Laura Barrio y Victoria Domínguez, todas de PAH Usera, integrantes de la Coordinadora de Vivienda de Madrid y partícipes en el libro La vivienda nos es delito.

Esta entrevista estuvo a punto de anularse antes de empezar por una carta enviada a la alcaldesa de Madrid el 31 de enero, titulada: “Vivienda y Servicios Sociales ¡EMERGENCIA!”.

“No tenemos claro si dar la cara en esta entrevista. No somos como cualquier persona. Nos jugamos muchas cosas, nos jugamos las casas. Estamos negociando ahora con varios bancos y administraciones varias viviendas para nuestras familias”. Pero al tratarse  de El Salto, finalmente, dijeron que sí a la entrevista. Y un “quizás” a las fotografías. Aunque finalmente accedieron a hacerse las fotos, dejaron muy claro que ellas solo se representan a ellas mismas y que es muy difícil representar a tantos colectivos de vivienda, que hacen tanto, por tanta gente y cada uno a su manera.

“¿Qué balance hacéis de estos años de nuevo Ayuntamiento?”, les pregunto. “La imposibilidad de acceso a una vivienda digna para una gran parte de la población es hoy el problema más importante de la ciudad”, responden. “Hoy por hoy, ni la Comunidad de Madrid ni el Ayuntamiento de Madrid dan una alternativa habitacional adecuada a las necesidades de las personas y familias que la necesitan”, denuncian las activistas, como decían en la carta a la alcaldesa. “Sorprende la disminución de presupuestos del área de Equidad para 2019, en contradicción con la prioridad que tenía en el programa presentado en 2015”, y añadía la carta: “Iniciativas como la prevista adjudicación de 288 viviendas de la EMVS, nuevamente retrasada hasta la primavera, asemejan a los intentos de apagar incendios con cubos de agua”. 

“La imposibilidad de acceso a una vivienda digna para una gran parte de la población es hoy el problema más importante de la ciudad”

Angelines, Laura, Victoria y Asunción intentan relatar que faltan casas, que en Madrid hay familias que se quedan en la calle o en un albergue, que no se construyen suficientes viviendas, aunque “hay demasiados pisos vacíos”. Pero se entiende mejor con dos noticias. Dos titulares que recogen casi todos los datos de vivienda pública en Madrid. “La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) tiene 3.374 viviendas en distintas fases de promoción, todas para alquiler. Ante una demanda de 29.000 familias en lista de espera”. Y “la Comunidad de Madrid tiene 600 viviendas públicas vacías mientras 3.400 personas esperan una”.

“¿Cómo es posible que solo la ciudad de Madrid tenga a 29.000 familias en lista de espera, y toda la Comunidad de Madrid, no tenga ni 3.500 familias en lista de espera?”, se pregunta en alto Laura, y responde: “Porque la Comunidad de Madrid no deja presentar solicitudes demandantes de vivienda pública. Demasiados requisitos, demasiado difíciles de cumplir”.

Estas activistas, como todos los colectivos firmantes de la carta a Manuela Carmena, son conscientes que muchas de estas dificultades están agravadas por decisiones tomadas por los gobiernos de España y de la Comunidad de Madrid, actuales y anteriores.

Una parte de las dificultades para encontrar soluciones habitacionales dignas derivan de la “venta-regalo” de 5.000 viviendas públicas a fondos buitres por los gobiernos de Ignacio González (Comunidad de Madrid) y Ana Botella (municipal). “Sin embargo, esa no puede ser excusa para justificar todo lo que se ha dejado de hacer ni para algunas de las cosas que se han hecho”. Y sentencia Laura Barrio: “Es el gobierno más social que hemos tenido en el ayuntamiento y eso hay que reconocérselo. Pero no han sido tan valientes o imaginativos como se esperaba”.

Un mensaje de una voz autorizada de la PAH, otra vez una voz de mujer, de las que asisten a las reuniones con el Ayuntamiento, a muchos StopDesahucios, y que no sale en estas fotos, revela a El Salto otro dato respecto a las viviendas vendidas del Ayuntamiento: “Hay que denunciar que se vendieron 22.000 viviendas durante la etapa de Gallardón y Botella”, entre 2003 y 2015. “Les preguntamos al Ayuntamiento en una reunión, si eran viviendas de la EMVS vendidas a fondos de inversión. Y dijeron, bueno, se han vendido del patrimonio, del erario público, 22 mil viviendas durante el periodo de Gallardón y Botella”. Quieren recordar esta cifra de la vergüenza “porque las viviendas públicas no se deben de vender, solo alquilar”. 

En sus barrios se ve crecer la pobreza y se desmoronan sus servicios sociales. Y en la carta que entregaron a la alcaldesa junto con más de una docena de colectivos, piden explicaciones de las causas por las que el programa social de Ahora Madrid no está siendo cumplido, ni se reconocen abiertamente los problemas, “lo que sería el primer paso hacia su resolución”. Se preguntan, ¿por qué se ha renunciado a reforzar, “fuese como fuese”, los recursos humanos y materiales de los Centros de Servicios Sociales y la EMVS. O por qué la gestión de “servicios emblema como el SAMUR Social” se ha entregado a grupos privados que los gestionan sin sensibilidad social”. Y piden urgentemente “un giro social, un diálogo abierto entre la institución, las vecinas y vecinos y el propio personal municipal de los servicios sociales y la EMVS”. 

Aseguran que ni Madrid ni las aspiraciones ciudadanas que llevaron a la formación del actual gobierno merecen un funcionamiento como el que ha llevado hasta ahora el Área de Equidad. Y en la carta a Carmena puede leerse: “No podemos por menos que reclamar públicamente una nueva política acorde a lo comprometido y, si es necesario para ello, la sustitución de la concejala responsable del Área de Equidad por otra persona que muestre mayor sensibilidad social y mayor compromiso con el programa con el que fue elegida en 2015 como concejala en la lista de Ahora Madrid”.

Angelines quiere matizar este asunto. “Nosotros apoyamos y firmamos ese comunicado. Pero en ese comunicado han trabajado muchos colectivos. Nosotras en la Coordinadora no pedimos cabezas de nadie, somos apartidistas. Solo pedimos soluciones. Lo hemos apoyado por las carencias que estamos pasando. Nosotras, como Coordinadora de Vivienda de Madrid. Quizá otros colectivos sí, por la necesidad de su colectivo”. Y Laura concluye: “Equidad, Derechos Sociales y Empleo. Muchos asuntos en la misma persona, mucho peso en un solo despacho, demasiadas llamadas a un teléfono móvil”.

“Equidad, Derechos Sociales y Empleo. Muchos asuntos en la misma persona, demasiadas llamadas a un teléfono móvil”

La voz anónima de la otra activista de la PAH, reconoce que la PAH para poquitos desahucios. “Siempre hemos dicho que paramos el 5% de los desahucios que se producen en España, siendo optimistas. Si en toda España en el año 2017 ha habido casi 70.000 desahucios, cuantos habremos parado nosotros? Pues sobre un 5%”.

Y es que el dato es abrumador. Según cálculos del Consejo General del Poder Judicial en España se han producido desde 2008 más de 650.000 ejecuciones de lanzamiento, esto es, 183 desahucios cada día, durante 11 años. 

¿Qué se podría haber hecho?, pregunto. “Faltan viviendas. Y falta negociación con los bancos”, responden. Y Laura Barrio, aclara, “se han abierto conversaciones con todos los bancos, pero solo han llegado acuerdos con la SAREB, el banco malo, y con la Caixa. Y solo para unas 300 viviendas. Eso no es una solución para una ciudad entera”. El Sindicato de Inquilinas cifra en unas 300 mil las viviendas vacías en Madrid, calculan que la capital acapara el 10% de los más de 3 millones de viviendas vacías que hay en España.

Ahora Madrid presentó sus compromisos en 2015 diciendo: “Poner todos los medios y recursos municipales para la paralización de desahucios y desalojos de primera vivienda y para garantizar una alternativa habitacional a sus habitantes”. Y afirmó en su programa que "se compromete a parar los desahucios, mejorar el parque público de vivienda y poner en uso las viviendas vacías en manos de grandes bancos o empresas".

“No se ha hecho los esfuerzos suficientes para recuperar para uso público una parte de las viviendas entregadas a la SAREB, ni para recuperar las viviendas vendidas por Ana Botella

Las activistas explican que la vivienda y los servicios sociales no han sido una prioridad del Área de Equidad ni del gobierno municipal. Aseguran que “no se ha hecho los esfuerzos suficientes para recuperar para uso público una parte de las viviendas entregadas a la SAREB, ni para recuperar las viviendas vendidas por Ana Botella”. Y en la carta a la alcaldesa añadían: “Constatamos que en muchos casos el trato dado a las familias que han sido desalojadas de las viviendas en que residían, ha carecido de toda sensibilidad social y que demasiadas veces se ha tratado de culpabilizar a las familias que rechazaban falsas soluciones, solo para algunos días, viviendas en malas condiciones o incluso implicando la separación de la familia. Lo mismo puede decirse respecto a las familias que han sido expulsadas de dependencias municipales”, como el Samur Social, y albergues en los que pretendían pernoctar en ausencia de una alternativa habitacional.

Es habitual escuchar a la alcaldesa decir que Madrid es una ciudad sin desahucios. “En Madrid hasta la EMVS sigue desahuciando, pero ya no vienen los municipales.” Dice Angelines. 

Buscando luces en la gestión municipal

¿Hicieron algo positivo? Todas responden con el silencio. 
Asun se ríe.
Angelines: “Déjame pensar… Las calles que han puesto”.
Victoria: “Si nos dejan en la calle, ¿es positivo?”.
Laura: “¡De vivienda y Servicios Sociales, se refieren!”.
Angelines: “¡Ya, ya, era broma!”
Todas ríen 
Angelines: “Es verdad que han dado alternativas habitacionales, a desahucios que no se han podido parar, por nada del mundo mundial, pero no es suficiente”.
Laura: “Ellos (Ayuntamiento) solo son competentes en cuanto a la emergencia. Y es temporal, una semana o 15 días. Pero de ahí deberían saltar a las viviendas de la Comunidad de Madrid, lo que pasa es que de ahí van a la calle. Son ellos los que echan a la calle al final, por no ponerse firmes frente a la Comunidad. Esto no sé si es bueno. Pero otra cosa buena que han hecho es habilitar nuevas plazas de servicios sociales, que quizá saldrán en junio”. 

Victoria: “Hay diferencia del trato de servicios sociales, depende del distrito en el que vivas”.
Asun: “Para mí no hay nada positivo. De dicho al hecho, hay un trecho”, sentencia enfadada.

Denuncian arbitrariedad en el trabajo y el trato que reciben de los Servicios Sociales de Madrid. “Nosotras en Usera no tenemos ningún problema con las trabajadores sociales. Pero otros distritos no quieren darles los informes sociales. Y a la hora de atender, otros distritos no dan ni cita. Pero, ¡si son las mismas normas para todos!, ¿por qué no las cumplen en todas partes, en todos los distritos?”, se pregunta Victoria. 

“Tienes que hacer la típica llamada para que te hagan por fin el informe de Servicios Sociales. Y te dicen, ‘si me lo pides tú no te lo doy, si me llama la PAH, si’, protesta Angelines. “Pero vamos a ver, si el informe es como el historial médico, es tuyo, te pertenece y te lo tienen que dar”.

“En comparación con otros distritos, en Usera hemos tenido especial suerte por la Concejala que tenemos, que es Romy Arce. Otros distritos ni si quiera han podido reunirse con su concejal de la junta”, apunta Laura. Cuentan que apenas empezó el gobierno Ahora Madrid se estableció una mesa de dialogo en la que se reunían mensualmente organizaciones por el derecho a la vivienda, el concejal de distrito y servicios sociales. “Hemos ido trabajando caso por caso. Y nos consta que desde la Junta de Usera se han hecho gestiones y llamadas a bancos. Pero ojalá fuera política municipal”. Sentencia Laura.

Recientemente la agencia Europa Press titulaba “El Ayuntamiento de Madrid consigue paralizar, con plataformas antidesahucios, hasta 1.184 lanzamientos”. La noticia aseguraba que el Ayuntamiento de Madrid ha mediado con entidades financieras para que 416 familias que tenían problemas para hacer frente a su hipoteca hayan podido permanecer en sus viviendas, además de conseguir la paralización, con plataformas antidesahucios, de hasta 1.184 lanzamientos poniendo en conocimiento de los juzgados la situación de las familias, según la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo.

Angelines:  “Sigue habiendo desahucios en Madrid. Pero si se paran algunos es por la PAH, paramos lo que el Ayuntamiento no es capaz de parar”

“No nos gusta ese titular. Sigue habiendo desahucios en Madrid. Pero si se paran los desahucios es por la plataforma, paramos lo que el Ayuntamiento no es capaz”, dice Angelines. Y añade Laura: “Ellos tiran la toalla desde la mediación municipal, pero los paramos nosotras al día siguiente, en la puerta. En otros casos han colaborado, es verdad. Sí se han sacado casos. Pero no han acabado en alquiler social. Es un éxito entre comillas, la gente se deteriora mucho por el camino. Como el caso de Asun”.

Recuerdan la Oficina de Intermedicación Hipotecaria (OIH) que creó el Ayuntamiento, y que después de un tiempo de escaso éxito se transformó en el Servicio de Asesoramiento a la Emergencia Residencial (SAER). Hablan de los casos que llegaban a la asamblea y acompañaban a los afectados a este recurso municipal.

“El convenio con la SAER, ha ayudado mucho, o más”, dice Angelines. Y Laura continúa: “Pero, porque ha intervenido la PAH. Lo tenía que haber hecho el Ayuntamiento de oficio, si está en vuestra política. Lo habéis prometido a la Ciudad. Estamos colaborando con el Ayuntamiento, sí. Pero, ¿y si esa gente no hubiera estado en la plataforma? Como Asun, ¿Qué habría sido de ella? Querríamos que fuera extensible a toda la población”.

“¡Buff!”, resopla Asunción. “Yo estoy igual o peor. De mi asamblea no he visto que el Ayuntamiento haya dado viviendas a nadie. Y las ocupas somos las que peor estamos”. Asunción ocupaba una vivienda de un banco con el que había podido negociar y permanecer en su casa, pero ahora pertenece a un fondo buitre. “Las esperanzas se me han venido un poco abajo. Yo antes no tenía azúcar, tensión. La vivienda me está matando. Soy una persona mayor, me está afectando mucho”.

Laura explica que otras familias han conservado la vivienda por mediación del Ayuntamiento. “Técnicamente el caso de Asun está igual. Asun lleva nueve desahucios a sus espaldas. Que se mantiene dentro de la vivienda, si, que el Ayuntamiento ha facilitado, también. Pero ella no está igual que hace 4 años” explica Laura.

“Regularizaron a los ocupas que llevaban un año empadronados. Es algo positivo que hemos conseguido”, cuenta Angelines. Lo más positivo que encuentran de la gestión de Ahora Madrid es que les permitieran participar en el reglamento que adjudica viviendas de la EMVS. “Algunas ideas se tuvieron en cuenta. Aunque otras nos las han quitado, como el tema del baremo”. La última adjudicación de viviendas se ha realizado por sorteo y no según el baremo de puntos de necesidades sociales, que pedían.

Desafíos a futuro 

Este año la PAH cumple diez años y ha conocido y luchado, con juzgados, bancos y administraciones de todo tipo y de todos los colores. Ante el nuevo escenario electoral, no hay nuevas grandes recetas. Pero ante la pregunta, se atropellan en las respuestas.

Angelines: “Rezo y cruzo los dedos que no salga la derecha. Que no salgan los que están a favor de empresas y bancos. Ahora Madrid empezó mirando mucho al ciudadano, pero…”
Asun: “Y que no sean racistas. Que sean de las personas.”
Laura: “Se han ido descafeinando por el camino”.
Angelines: “Se han desviado por la derecha”.
[Silencio]
Victoria: “El camino que nos hemos andado… nos va tocar andarlo de nuevo. Si entran unos lo van hacer así, y si son otros lo van hacer asá. Habrá que empezar el camino de nuevo”.
Asun: “Todos son buenos en este momento. Luego todos sacan la porra”. 

¿Y qué se podría hacer?, digo. “Que entren en negociaciones con los bancos. Que hagan algo efectivo”, apunta Victoria. 

¿Que les multen? ¿Qué regulen el precio de alquiler? ¿Qué expropien viviendas? Angelines contesta: “Los políticos son ellos. Pero, que no mantengan vacías las viviendas de los bancos. Eso es lo que les pediría. Se los volveremos a pedir. Pero, si es la derecha, nos va a tocar correr”.  “La mayoría de problemas se solucionaría negociando con bancos y consiguiendo que pusieran a disposición de un parque público de alquiler las casas vacías, ya está”, concluye Victoria.

Ni gente sin casa, ni casas sin gente. Es lo que han dicho siempre, y deberían estar cansados de escuchárselo. No se lo dicen personas cualquiera. Si no es por ellas, hay familias que se qudarían sin casa, y cuando dan la cara se la parten. Paran con sus cuerpos los desahucios, son activistas de la PAH, mujeres como Angelines, Laura, Victoria y Asunción, que han sobrevivido por encima de sus probabilidades.