Sanidad pública
Atención Primaria en Madrid: crónica de un colapso anunciado

“Es como ver un tsunami acercarse y estar ahí delante, sin nada para detenerlo”. Irene García Zurita trabaja en un consultorio en Fuentidueña de Tajo. Hace unos meses, durante la primera ola, trabajaba en un centro de salud en el barrio de Vallecas. Cuenta así con dos perspectivas de la situación de la Atención Primaria madrileña, gracias a la falta de estabilidad laboral. Esta sanitaria, integrante de la Coordinadora Anti Privatización de la Sanidad Pública de Madrid (CASMadrid), describe en un tono resignado lo que se respira en su centro de trabajo: “El sentimiento que hay aquí es que, como no hay directrices, estamos a verlas venir”, contesta por teléfono a El Salto.

García lleva trabajando desde las 8 de la mañana y ahí sigue pasadas las 17, un día más. Las largas jornadas le recuerdan a los tiempos de la primera oleada del covid-19 allá en primavera, cuando estaba en Vallecas. Desde entonces, poco ha cambiado en la Atención Primaria. Hoy, entre llamadas, presenciales y domicilios tenía 72 consultas. “Como es un trabajo con gente pues no dejas de llamar, no quieres hacer mal a la gente”.

Antón Saiz tiene turno de tarde. En su centro de salud normalmente hay seis médicos en ese turno. Al ser verano, están trabajando la mitad. Pero este no es un verano cualquiera. Es el verano del coronavirus. Atrás quedan seis meses de gestión de la pandemia con plantillas insuficientes y horarios interminables, por delante la amenaza de una segunda ola. Y en el día a día la atención de cada vez más contagiados. “La situación es catastrófica por varias razones. Primero, de los prometidos refuerzos prácticamente no hay ninguno. De las vacaciones de verano del personal sanitario, sobre todo médicos y enfermeras el número de suplentes tiende a cero”.

A esa sobrecarga de trabajo derivada de la contracción estival del personal se une “que nos llueven los contactos y las demandas de PCR porque la gente, como la hemos angustiado entre todos, en cuanto se entera que su primo o vecino es positivo pues llama inmediatamente y exige ser atendido inmediatamente porque, además, le han dicho en la tele que se tiene que hacer una PCR en las siguientes 24 horas, el nivel de estrés es brutal”. Al panorama, este integrante de Yo Sí Sanidad Universal suma una tercera problemática: la cantidad de sanitarios de baja, en un principio por covid-19, cada vez más por “ansiedad y desborde”.

“La gente, como la hemos angustiado entre todos, en cuanto se entera que su primo o vecino es positivo pues llama inmediatamente y exige ser atendido inmediatamente porque además le han dicho en la tele que se tiene que hacer una PCR en las siguientes 24 horas, el nivel de estrés es brutal”

Como Irene, Antón también extiende su jornada laboral. “Me da vergüenza dejar de ver a un enfermo o dejar sin atender a alguien que llora y si me tengo que ir a mi casa a las 22:30 en lugar de las 21 lo hago”. Este es el modo en el que la Atención Primaria está funcionando, funciona desde hace años y especialmente tras el inicio de la pandemia, con el voluntarismo del personal, lamenta. “Milagros no hay”, lleva trabajando ininterrumpidamente desde Reyes y aún no sabe si podrá tomarse vacaciones en septiembre.

En una nota de prensa publicada el martes 18 de agosto, CC OO, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el CSit y UGT denunciaban por enésima vez la situación de la Atención Primaria en la Comunidad de Madrid. Recordaban que, según un informe técnico de la gerencia de Atención Primaria, 8 de cada 10 pacientes afectados por el covid-19 habían pasado por Centros de Salud y consultorios, y que el rol de esta capa de la atención sanitaria no ha perdido relevancia tras la primera ola sino al contrario, se ha revelado imprescindible para el seguimiento de los casos y contactos. Así enumeraban promesas incumplidas y problemáticas sin resolver: desde contratar a 10.100 profesionales para el refuerzo, la precariedad para el escaso personal contratado, la insuficiencia y privatización del rastreo o la falta de PCR y recursos.

Lo cierto es que la hemeroteca reciente rebosa de reclamos y denuncias de las plantillas de Atención Primaria integrados en distintas plataformas, colectivos o sindicatos. Lo que es más difícil de encontrar son medidas concretas que hayan satisfecho dichas demandas. Desde los centros de salud se cuestiona el enfoque hospitalario de la Sanidad y el desprecio a la salud preventiva. Saiz destaca la centralidad de la Atención Primaria en todas las fases de la pandemia, pues las labores de identificación y seguimiento de casos y contactos no se pueden asumir desde un hospital, “el problema es que es infinitamente menos espectacular también desde el punto de vista mediático un señor con un teléfono haciendo entrevistas de una hora para rastrear todos los posibles contactos de un caso, que la imagen de una UVI. Y viviendo como vivimos en la sociedad del espectáculo, pues vende poco un rastreador”.

El maltrato a la Atención Primaria no se remonta a principios de la pandemia, es una estrategia de largo recorrido, comenta Antonio Gómez Liébana, también de CASMadrid. “Todo el proceso de desmantelamiento de la primaria, la no apertura de las SUAP (urgencias), el no reforzamiento de los equipos, la no contratación de rastreadores, yo creo que si lo intentan hacer a propósito así de mal no les sale tan redondo”, ironiza. No ve (solo) desidia en la actitud de las autoridades autonómicas, sino una estrategia acorde con su política: “Ven, en cualquier acción sanitaria, una oportunidad de negocio”, resume.

Ángel Navarro, del Sindicato Asambleario de la Comunidad de Madrid (SAS), coincide en el diagnóstico, hay una agenda que se ve legitimada y legalizada en normativas concretas que tampoco ningún gobierno central ha optado por revertir: “La estrategia es privatizar, nadie habla de la famosa ley 15/97 que es la que permite entrar a la gestión de la sanidad a empresas privadas, nadie ha hablado de la ley general de sanidad, el artículo 90, que es el que permite derivar a centros privados”. El marco es propicio para el expolio, afirma el médico. Un expolio que parece tomar impulso con la pandemia. Y que, lamenta Navarro, posiblemente se verá potenciado por Europa, cuando le llegue la hora de reclamar austeridad a cambio de las ayudas.

Nadie al volante

Son muchos los centros cerrados durante el confinamiento que no han vuelto a abrir. El verano ha proporcionado una nueva excusa para dejar centros cerrados o restringir el horario. Los contagios también han hecho su parte: un centro de salud en San Sebastián bajó la persiana el pasado martes, tras identificar varios positivos entre su plantilla. El cierre de centros implica que sus usuarios pasan a sumarse a la población antedida por las ya sobrecargadas plantillas de otros centros. Ante este tipo de casos y en general, los diversos escenarios que se están dando y darán en el corto plazo, el reclamo por un plan de contingencia es fuerte.

“El plan de contingencia lo solicitamos la semana pasada a la gerencia de Atención Primaria, y nos dijeron que sí, que hay un plan de contingencia. Pero no se nos ha permitido conocerlo”, afirma Marta Arribas, adjunta de acción sindical del Sindicato de Enfermería (SATSE Madrid). “Y está claro que, si existe, ese plan de contingencia no ha sido el adecuado o no lo han puesto en marcha, o si lo han puesto en marcha ha fallado”. Recuerda que la Atención primaria es “la puerta de entrada del sistema sanitario español. Hemos perdido una oportunidad para hacer bien las cosas después de la pandemia”, lamenta. En todo caso, todo plan de contingencia necesita la contratación de nuevo personal: “Sin una plantilla suficiente pues milagros no se pueden hacer”, zanjan desde el sindicato.

“Está claro que si existe ese plan de contingencia no ha sido el adecuado o no lo han puesto en marcha, o si lo han puesto en marcha ha fallado”

En SATSE tienen claro el perfil que debería tener una plantilla suficiente para coordinar los rastreos. “Desde el principio en mayo que hablamos de la figura del rastreador ya dijimos que tanto las enfermeras como las matronas o las fisios, que es el personal que está formado en prevención de la salud, personal que conoce el sistema sanitario, es el adecuado. No se puede poner a cualquier persona en estos puestos”. La Comunidad de Madrid ha desoído también esta propuesta. Arribas apunta al enfado que cunde entre los profesionales ante las cifras que suben y la inacción, “hablamos como enfermeras pero también hablamos como ciudadanos. Sentimos desazón y tristeza”.

Mientras se denuncia que los rastreadores son escasos, que no tienen la formación necesaria o que no se coordinan con los centros de Salud, esta semana se han desplegado testeos masivos en barrios de especial incidencia del covid-19 como Usera o Carabanchel. Los profesionales manifiestan su escepticismo ante esta medida. Saiz, de nuevo, apunta a que se trata de una medida más mediática que eficiente. Considera que el uso que se hacen de PCR en este tipo de esfuerzos aleatorios es elevado para los resultados a obtener, y que es utilizando estas pruebas en los procesos de rastreo como se optimiza su uso. Se trata de pruebas caras y “cuando estamos hablando de servicios de salud pública no solo cuenta la eficacia sino la eficiencia, es decir que el dinero me rente, tengo que seleccionar mucho mejor dónde empleo los PCR”.

Arribas sí ve interesante que se hagan estas pruebas en aquellos barrios particularmente castigados por el virus. “Pero llegamos tarde y mal”, advierte. “Cuando no tienes el número adecuado de rastreadores para poder ver que ante un positivo puedes llegar a los contactos es difícil parar esos posibles contagios. Estamos en un momento en el que se nos está yendo de las manos”, alerta. Además, considera que falta información, una campaña de comunicación y concienciación que convenza a la gente de la importancia de mantener la cuarentena cuando hay sospecha de contagio.

Mientras la preocupación ante el covid-19 centra los debates, enfermos crónicos, personas que reciben atención domiciliaria, ven en muchos casos mermada la atención. Son los daños coIaterales de una mala gestión de la emergencia. Para Saiz, hay otras víctimas colaterales que le preocupan. Aquellas personas que conviven con positivos y que no pueden aislarse, porque no hay recursos, hoteles medicalizados, etc, para ello. “Es desesperante comunicar dos positivos en una casa donde conviven seis personas en menos de 40 metros cuadrados y saber de antemano que esas otra cuatro personas van a ser también positivos en 72 horas”.

“No hay directriz clara sobre qué se hace si un niño da positivo, si hay que poner en cuarentena a toda la clase, a todo el colegio, a las familias”

Entre rastreo y papeleo, avanza el día a día de las plantillas. Junto al regreso de la gente al trabajo, la vuelta al cole, que trae de cabeza a la comunidad educativa, preocupa también al personal de los centros de salud. “No hay ninguna instrucción sobre qué va a pasar más adelante, y la lista de tareas no para de alargarse, es infinita. El trabajador que de positivo o tenga que hacer cuarentena necesita la baja hoy o mañana. Por otro lado no hay directriz clara sobre qué se hace si un niño da positivo, si hay que poner en cuarentena a toda la clase, a todo el colegio, a las familias”, explica García.

El estrés y la incertidumbre hacen mella en los profesionales. La situación de abandono se traduce en una disminución del personal. “Es alucinante la cantidad de renuncias de residentes e interinos a sus plazas”, comenta Saiz. Gómez Liébana apunta que a las jubilaciones que se esperan, un 30% del personal en los próximos años, se suma un cambio de tendencia en las prejubilaciones. “Mientras antes la gente no solo llegaba a la edad de jubilación sino que estaban quienes pedían seguir trabajando hasta los setenta, ahora se van extendiendo las prejubilaciones a los 63, los profesionales ya no pueden sostener ese ritmo”.

Para el integrante del CAS, el desmantelamiento de la Atención Primaria suma a una estrategia de privatización más amplia. “Si tardas 10 días en que te den una cita, mucha gente hará un esfuerzo para pagar un seguro privado, que también cuentan con médicos de familia”, explica. 

“Cuando salgamos de esta, si es que salimos, nos vamos a encontrar unas plantillas disminuidas que no son capaces de cubrir y entonces posiblemente harán una reestructuración de la primaria”, sentencia Gómez de Liébana. Cree que una de las posibles consecuencias es que los centros cierren a las 18 de la tarde, lo que posibilitará prescindir de personal.

Menos personal, un horario de atención más reducido, más demora en las citas, peor servicio. “La gente huye hacia pólizas de servicios privados cuando tiene medios, o a través de las empresas, y habrá una minoría, por llamarlo de alguna forma, pues no será tan minoritaria, que va a acabar teniendo como en Estados Unidos una sanidad de beneficiencia. Eso es lo que pretende el capital”, sentencia Navarro.

Ayer, el gobierno de Ayuso volvía a intentar reclutar voluntarios para el rastreo, esta vez en los Ayuntamientos, según informaba eldiario.es. Quién sabe si pronto pedirá también voluntarios para asumir el trabajo burocrático de las bajas. “O lo gestionarán mediante una colaboración público-privada”, ironiza Irene García.