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Portugal
Dimite uno de los líderes de la ultraderecha portuguesa investigado por prostitución infantil
El vicepresidente del partido de extrema derecha portugués Chega en Lisboa, Nuno Pardal, ha dimitido de sus cargos tras ser acusado por la Fiscalía lusa de haber coaccionado a un menor para que le practicase sexo oral a cambio de dinero. Según informa el diario portugués Público, el líder de Chega admitió que había cometido esos hechos, pero que desconocía la edad de la víctima.
Tras la investigación de la Fiscalía, uno de los dirigentes clave de la ultraderecha portuguesa en la capital ha anunciado que dimitirá inmediatamente del cargo. Pardal, además, formó parte del Grupo de Trabajo de la Asamblea de Niños de Lisboa. Fundado en 2022, este grupo surgió de una colaboración entre la asamblea, los consejos parroquiales y las escuelas de la ciudad, con el propósito de establecer un órgano consultivo informal. Está compuesto por dos niños de cada una de las 24 parroquias de la ciudad, un niño y una niña, con edades entre ocho y doce años, quienes tienen la oportunidad de expresar sus opiniones sobre las políticas públicas que afectan a la infancia.
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Pardal no es el único de los ultraderechistas portugueses bajo la lupa del Ministerio Público. Miguel Arruda, diputado de Chega en la asamblea portuguesa, fue señalado como imputado en enero por su presunta implicación en el robo organizado de equipajes en el aeropuerto. Y no solo él. Otro diputado autonómico de las Azores, José Paulo Sousa, fue sorprendido con una tasa de alcohol en sangre de 2,25 g/l mientras conducía en su vehículo.
Pero estos tres diputados no son los únicos que han tenido problemas con la ley. Según el Jornal de Notícias, ya son 13 los parlamentarios de este partido que enfrentan o han enfrentado dificultades legales.
Uno de los casos más notorios es el de André Ventura, investigado por incitación al odio, difamación, desobediencia y nuevamente incitación al odio. Le sigue Pedro Pinto, acusado de agredir a un árbitro de 18 años y también investigado por incitación al odio. Además, otro diputado, Pedro Frazão fue condenado por realizar declaraciones falsas sobre el exdiputado del Bloco, Francisco Louçã, y fue obligado a retractarse.
El secretario general del partido, Rui Paulo Sousa, figura entre los imputados en un caso de desobediencia vinculado a una cena en Braga con 120 asistentes en pleno confinamiento. Además, enfrenta un proceso judicial por el impago de la manutención de sus hijos.
Otros diputados con problemas legales incluyen a João Tilly, acusado de difamar a Fernanda Marques Lopes, fundadora de Chega; Cristina Rodrigues, juzgada por eliminar 4.000 correos electrónicos del partido PAN; Marcus dos Santos, detenido por asuntos relacionados con migrantes; y Filipe Melo, cuyo salario como diputado fue embargado debido a una deuda con el Colegio João Paulo II y su implicación en la cena de Braga. Asimismo, Eduardo Teixeira fue investigado por falsificación de firmas en el Parlamento y Ricardo Dias Pinto tuvo un embargo relacionado con una deuda de 15.000 euros.