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País Vasco
El proxeneta de Aduna: la punta del iceberg de una macrored de clubes de alterne juzgada por fraude fiscal
Recientemente, la Diputación de Gipuzkoa ha aprobado una declaración institucional de rechazo “firme y contundente“ ante las agresiones sexuales denunciadas en el club de Aduna (Tolosaldea, Gipuzkoa) después de conocerse que “18 mujeres estaban siendo explotadas sexualmente” en un club de alterne del municipio guipuzcoano: el “club Txapela”. Tras ser detenido por la Policía española, el propietario, cuya filiación no ha desfilado por el abanico de noticias publicadas por medios de comunicación públicos y privados, ha sido puesto en libertad con cargos. La denuncia interpuesta por una de las mujeres explotada en el establecimiento ha quedado en manos del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Tolosa.
La investigación policial comenzó cuando unas mujeres que habían trabajado en el citado club informaron a agentes de la Policía española que “habían coincidido con un grupo de mujeres que trabajaban ejerciendo la prostitución sin ningún tipo de contrato ni cobertura médica”. Además, “estas mujeres tenían que pagar a los responsables del local una cantidad fija de dinero por trabajar en el local por un periodo de tiempo que no solía exceder las tres semanas, teniendo luego que desplazarse a otros locales”.
Este episodio es la punta del iceberg de un entramado de explotación cuyas víctimas siguen sumergidas bajo un manto negro que cubre el fondo: la impunidad del grupo proxeneta “clan La Rosa” de Gipuzkoa. Pero la cosa está empezando a cambiar. Desde junio de 2023, la Audiencia Nacional está inmersa en el juicio vinculado a este grupo guipuzcoano de empresarios de clubes de alterne.
Según las denuncias de las mujeres explotadas sexualmente en el “club Txapela”, que gestionaba el proxeneta de Aduna, estas eran periódicamente trasladadas a locales controlados por este clan, a su vez relacionado en la década de los años 90 por diversos medios de comunicación y el “informe Navajas” con la red del entonces máximo responsable del cuartel de Intxaurrondo, el general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo que se puso al servicio de los GAL.
Según la documentación a la que ha tenido acceso Hordago-El Salto, el club Aduna había estado regentado durante los últimos años por Hermenegildo R. G.
A diferencia de la cantidad de tinta gastada en la literatura sobre las conexiones del cuartel de Intxaurrondo de la Guardia Civil con la guerra sucia y el narcotráfico, todavía queda mucho por escribir sobre sus vínculos con el proxenetismo. El libro La red Galindo (Txalaparta, 1993) del periodista Pepe Rei contiene una lista de cerca de medio centenar de clubes de alterne de Gipuzkoa, dos de ellos ubicados en Tolosaldea: Biotza y Benta Zarra. El libro está basado en un documento oficial del fiscal Luis Navajas, luego ocultado, que sostenía que dicha sede policial era un foco de corrupción.
Respecto a la propiedad del cuartel, si bien la Diputación de Gipuzkoa ha preferido poner el foco de sus declaraciones en las mujeres que trabajaban en régimen de explotación en el club de Aduna, según la documentación a la que ha tenido acceso Hordago-El Salto, el establecimiento había estado regentado durante los últimos años por Hermenegildo R.G. Lo hacía en calidad de arrendatario del inmueble. En este edificio domicilió una empresa que administraba, Rodrier Hostelería SL, dedicada a servicios de alojamientos y pensión. A su vez, este empresario administra junto a una abogada la empresa de hostelería donostiarra Almerier Restauración SL.
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El fraude del mayor grupo de la red de 1.700 clubes
En julio del año pasado, la Audiencia Nacional abrió juicio oral por fraude fiscal a los responsables de esta red de clubes de alterne, es decir, al “clan La Rosa” sostenido por grandes empresarios, y les obligó ahora a depositar hasta 2.000 millones de euros en concepto de fianzas. La principal firma implicada es Larratruk, que contaba con cajerlos falsos para pagar en los establecimientos. Su tecnología fue utilizada para blanquear dinero y defraudar a la Hacienda por la gran mayoría de los más de 1.700 clubes de alterne del Estado español.
El domicilio social de Larratruk en la comarca guipuzcoana de Tolosaldea, donde se ubica el club Txapela de Aduna, contaba con un entramado de datáfonos para pagos con tarjetas de crédito utilizado para defraudar a la Hacienda por los clubes de alterne, un fraude que ya fue denunciado en el año 2000 por la revista Ardi Beltza, dirigida por el periodista Pepe Rei.
En sus declaraciones, el entrevistado señaló que algunos grupos de proxenetas se valían de sus conexiones con Galindo, exresponsable del cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo y asociado a los GAL, para eliminar a la competencia
Este mismo medio entrevistó a un proxeneta que denunció ante la Ertzaintza algunas conexiones con negocios de prostitución por parte del general Enrique Rodríguez Galindo, exmáximo responsable del cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo. En sus declaraciones, el entrevistado señaló que algunos grupos de proxenetas se valían de sus conexiones con Intxaurrondo para eliminar a la competencia.
El proceso judicial abierto en junio de 2023 contra el “clan La Rosa” y Larratruk tiene su origen en la “operación Pompeya” acometida en 2015 contra una treintena de grandes clubes de alterne del Estado español, cinco de ellos de Gipuzkoa: L'Arroxa, La Rosa, Frontera, Errotaberri y Ontza, este último descrito como un local “popular” por el diario jeltzale Deia. Durante las últimas décadas, la impunidad de su actividad les llevó a expandirse por toda la península. En la provincia guipuzcoana también gestionaron el Clipper, y en todo el Estado controlaron 35 clubes hasta el año 2015, muchos de ellos han seguido abiertos por medio de testaferros.
Los propietarios de estos cinco clubes de Gipuzkoa habían sobrevivido a la caída del general Enrique Rodríguez Galindo en el año 2000, condenado a 71 años de prisión por el secuestro y asesinato de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, dentro del llamado caso GAL. Comenzó entonces a desmoronarse “la red Galindo”, pero el “clan La Rosa” continuó expandiendo su red por todo el Estado.
“El rey de los burdeles”
Para el año 2000, el clan había pasado a controlar los mayores clubs de Madrid y Barcelona, consiguiendo para ello multimillonarios créditos de las entidades bancarias y convirtiéndose en el grupo más poderoso del Estado. Una década más tarde, en 2010, la revista Interviú presentó en portada al líder del “clan La Rosa”, Antonio Herrero, como “el rey de los burdeles”.
La expansión de su negocio generó en 2009 un conflicto con la competencia que provocó el afloramiento de una mafia policial en Barcelona a raíz de una operación judicial contra los macro-clubes Riviera y Saratoga. Además, en Barcelona se hicieron con el club La Mansión, mientras que en Madrid gestionaban otros grandes establecimientos: Flower Park, Belle Epoque, Factory, Mississippi, Lovely, L'Amour, SKP y Kikx. Es decir, en estas dos capitales llegaron a controlar hasta 11 clubes.
Durante su expansión, el clan guipuzcoano detrás de la red de clubes vinculada al fraude fiscal creó una empresa de seguridad privada y fichó a dos exaltos mandos de la Ertzaintza para dirigirla
Pero más allá de estas dos capitales, el grupo pasó a controlar otros 18 grandes clubes: Alicante (Pipos, El Castillo, Eden Roc y Las Mimosas); León (Tuopa, Topatu y El Derby); Asturias (Tunon, Viancar y Avilesina); Murcia (Topacio y Stress); Valencia (Ninot), Sevilla (Krystal); Cáceres (Navalmoral); Toledo (Zoko); Zamora (Huracán) y Zaragoza (El Cisne).
En Araba manejaron los macro-clubes Liberty y Guria, uno de ellos en las inmediaciones de una base de la Ertzaintza, y en Nafarroa se hicieron con el club Eros, conocido por financiar la fiesta del Pilar organizada en el cuartel de la Guardia Civil de Tudela en 2015.
Recordar que, durante su expansión, el clan guipuzcoano creó una empresa de seguridad privada y fichó a dos exaltos mandos de la Ertzaintza para dirigirla. El asunto fue desvelado por un empresario a los Mossos d’Esquadra de Barcelona, y suscitó el interés del fiscal anticorrupción de Barcelona, Fernando Bermejo, quien solicitó una investigación.
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Publicidad de clubes en los diarios
El diario jeltzale Noticias de Gipuzkoa publicó en 2012 un artículo donde se refería al ahora mediático club de Aduna de esta forma: “Mujeres en la más completa indefensión, sin papeles ni recursos, obligadas a prostituirse para poder sobrevivir”. Pero, al igual que la identidad del proxeneta, el nombre del club de alterne en Tolosa donde operaba ha sido omitido en las noticias actuales.
El “club Txapela” de Aduna es uno de los seis establecimientos de este tipo anunciados en el diario jeltzale Noticias de Gipuzkoa como uno de los “clubes nocturnos en Guipúzcoa que se adaptan a lo que necesitas”, para “comparar presupuestos, ofertas o llamar por teléfono”. Junto al Txapela figuran el Gautxori, Cavalier, Villa Christine, Frontera y Errotaberri, los dos últimos vinculados históricamente al “clan La Rosa”.
El “club Txapela” de Aduna es uno de los seis clubs de alterne anunciados en el diario jeltzale Noticias de Gipuzkoa como uno de los “clubes nocturnos que se adaptan a lo que necesitas”
Este tipo de anuncios no son ninguna excepcionalidad en las inserciones de publicidad de la prensa jeltzale. Dos de los cinco clubes de alterne regularizados en 2005 entre la treintena de locales de este tipo que operaban en Bilbao, Doña Urraca y Lorea, han sido grandes anunciantes del diario Deia con inserciones en espacios como Pasatiempos o la columna de opinión del periodista Javier Vizcaíno, partidario de “erradicar la explotación (a veces, directamente esclavitud) sexual” por ser una “sangrante tropelía que se practica a la vista de todo el mundo”.
No hay cifras oficiales sobre los ingresos que reportan a los medios de comunicación vascos, financiados con publicidad institucional como la de la Ertzaintza, gracias a las inserciones de anuncios de los clubes de alterne, agencias y centros de relax. Es un tipo de publicidad que en 2010 el lehendakari socialista Patxi López rehusó prohibir.