Derechos Humanos
Dinero público, derechos globales

Es necesario seguir reclamando una mejora laboral para los trabajadores y trabajadoras de todo el mundo. Vivimos y somos parte de un sistema levantado sobre la pobreza y la explotación de las personas más vulnerables, cuya situación se ha visto agravada por la pandemia de la Covid-19.

Las prácticas laborales en sectores como el textil, la alimentación o la electrónica están todavía lejos de cumplir los estándares necesarios para garantizar unas condiciones de vida dignas de las personas que trabajan en ellas. Mientras que las empresas transnacionales se lucran, miles de personas, mayoritariamente mujeres, trabajan en condiciones de esclavitud: jornadas de 14 horas, salarios de miseria, carencia de las mínimas condiciones de seguridad en las fábricas y restricciones a la hora de organizar se colectivamente para poder exigir unas condiciones laborales dignas. Estas industrias globales se fundamentan en la subcontratación de la producción en fábricas de países de bajos ingresos que carecen de sistemas de protección social, o si los tienen son insuficientes, y con normativas en materia de derechos humanos poco estrictas. Este sistema permite a las grandes empresas trasladar la responsabilidad y coste del cumplimiento de las normas de protección de derechos humanos, laborales y medioambientales a sus proveedores. Un mismo proveedor puede trabajar para diferentes marcas, que a su vez pueden subdividir su producción en infinidad de proveedores haciendo difícil saber quién produce dónde, y quién trabaja para quién.

Desde las administraciones públicas se compran productos de todos los sectores de actividad (infraestructuras, electrónica, alimentación, limpieza, textil, etc.) y ciclos de vida que van mucho más lejos del territorio estatal. Debemos exigir mejoras de las condiciones laborales para las personas que fabrican los productos que consumimos, sea donde se fabriquen. Es hora de que nos responsabilizamos de las condiciones de producción aunque estén fuera de nuestras fronteras.

El poder de la compra pública

En Cataluña, desde 2012, se está avanzando en un proceso que está permitiendo a administraciones públicas, organizaciones de justicia global y universidades, dar continuidad a la iniciativa social que busca incorporar la compra pública ética como prenda imprescindible para la coherencia de políticas en el ámbito de las administraciones: el Grupo de Compra Pública Socialmente Responsable. Es importante hacer llegar el mensaje a las empresas y que sepan que sus compradores, sean individuos o administraciones públicas, se preocupan por las condiciones en las que se producen sus compras. Incluir cláusulas ambientales, sociales y de gobernanza, y aumentar la transparencia de los procesos de contratación, puede ayudar a reducir los impactos negativos asociados a la compra y contratación públicas.

Más allá de lo que podamos hacer la sociedad civil para denunciar este sistema abusivo, y exigir que se pare la impunidad del poder corporativo a través de distintos mecanismos, las administraciones públicas tienen también capacidad para cambiar esta realidad. En todo el mundo, la compra que se realiza por parte de las administraciones públicas representa un gasto de más de 1.000 millones de euros anuales, que representa el 14% del PIB. En España, representa un 18,5% del PIB total. Es evidente con estas cifras que la compra pública tiene un gran potencial como mecanismo para promover el respeto a los derechos humanos por parte de las empresas transnacionales y la coherencia de políticas.

Los retos son grandes. Tal y como pone de manifiesto el informe elaborado por la Clean Clothes Campaign “Pongamos la Justicia de Moda”, las iniciativas no vinculantes legalmente y los compromisos voluntarios de las marcas, no protegen los Derechos Humanos de las personas trabajadoras ni consiguen hacer justicia. De hecho, cuando se cumplen ya casi los 10 años desde la adopción de los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (UNGP), ha quedado demostrado que la dependencia de un marco voluntario ha resultado insuficiente e ineficaz para proteger los derechos humanos de los impactos adversos de las conductas empresariales.

Tal y como declara Muriel Treibich, de la Oficina Internacional de la Campaña Ropa Limpia, «Hacemos un llamamiento a los responsables políticos para que adopten un enfoque global. Los requisitos de diligencia debida en materia de derechos humanos deben abarcar toda la cadena de valor, incluidos los sistemas de trabajo semiformal e informal, así como la subcontratación no oficial y el trabajo a domicilio. Además, solicitamos mecanismos claros de aplicación, sanciones adecuadas y exigencias de responsabilidad civil y penal. Las personas trabajadoras cuyos derechos sean violados tendrán acceso a un recurso efectivo. También pedimos una transparencia obligatoria y otra serie de medidas complementarias».

Estas y otras demandas forman parte de las aportaciones que hemos realizado organizaciones de la sociedad civil como la Plataforma por Empresas Responsables, la Coordinadora Estatal de Comercio Justo o la campaña Ropa Limpia Internacional en la consulta pública previa del Anteproyecto de ley de protección de los derechos humanos de la sostenibilidad y de la diligencia debida en las actividades empresariales transnacionales, el pasado mes de marzo. La ley de diligencia debida propuesta por la Comisión Europea para acabar con la impunidad empresarial y obligar a las empresas de la UE a respetar los Derechos Humanos a lo largo de toda su cadena de suministro, es esencial para garantizar una conducta empresarial responsable respetando derechos humanos y asegurando que las víctimas de abusos empresariales tengan acceso a justicia y reparación. Sin embargo, consideramos que la propuesta de ley de diligencia debida se queda corta en varios aspectos que serían necesarios tener en cuenta al redactar la norma, para evitar que se reduzca su alcance.

Las propuestas han ido desde la importancia de reducir el rango estipulado en lo referente al tamaño de las empresas afectadas por la ley, hasta consideraciones sobre cómo facilitar la prevención y la reparación de abusos laborales cuando éste se han cometido fuera de las nuestras fronteras y teniendo en cuenta que, como ya hemos comentado anteriormente, la falta de transparencia hace que la propia trabajadora pueda desconocer para qué transnacional está en última instancia trabajando. Es necesario, por tanto, abordar los problemas de cómo probar los hechos y cómo reclamar compensación. Como Kan Matsuzaki, Secretario General Adjunto de Industrial Global Union explicó “Hay que implicar a los propios trabajadores y trabajadoras en la diligencia debida. Sin los sindicatos no puede aplicarse la diligencia debida”. Las voces de las personas trabajadoras deben ser escuchadas para saber cuál es la realidad en las fábricas donde trabajan y para poder dar seguimiento.

Creemos que la compra pública puede tener un papel esencial en la aplicación de esta ley y el proceso comienza por reclamar a las empresas trazabilidad y transparencia, aumentar el diálogo con los proveedores a través, por ejemplo, de consultas previas de mercado, y implementar medidas de seguimiento de contratos con iniciativas como Electronics Watch, organización independiente de monitorización que facilita el seguimiento de la producción a través de socios en los países de producción. Tal y como comenta Kristin Tallbo, estratega de sostenibilidad de la Central de Compras de Adda en Suecia “Los compradores públicos están obligados a supervisar el objeto del contrato, esto implica que las declaraciones generales de las marcas no son de valor para nosotros. Debemos ser capaces de seguir el objeto de la contratación, el producto en sí, así que necesitamos conocer la dirección de la fábrica y el informe exacto de auditoría de esta fábrica“. El intercambio de experiencias y de lecciones aprendidas entre unidades de contratación de administraciones públicas de diferentes países será clave para conseguir un sistema más justo para todas las personas trabajadoras tanto del Sur como del Norte Global. Para saber más, no se pierdan los seminarios online que organiza Electronics Watch sobre diligencia debida y compra pública.

Por otro lado, es interesante poner de relieve el trabajo que se lleva a cabo en este sentido desde las empresas de la Economía Social y Solidaria. Como cada primavera, se lanza la campaña estatal #Revela tus principios: Haz Auditoría y Balance Social para poner en valor los principios que guían sus prácticas empresariales. Podemos profundizar así en las prácticas que llevan a cabo las empresas de la ESS no sólo en materia de transparencia y compromiso de mejora, sino también de cara al creciente reconocimiento de las Administraciones de este tipo de herramientas y prácticas.