Infraestructuras
Sener, Idom y el colaborador de Imanol Pradales: así se fraguó la millonaria obra de la Subfluvial en Lamiako

Como director de la Autoridad Portuaria, Carlos Alzaga, ahora diputado foral de Bizkaia, ayudó al lehendakari a la hora de promover el megaproyecto que podría alcanzar los 800 millones. Mientras las dos firmas de ingeniería y tecnología trazaban el proyecto de la obra, el despacho que defendió al principal imputado de las comisiones ilegales del 4% en Euskadi, Cuatrecasas, asesoraba a la Diputación sobre su financiación
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Imano Pradales como diputado foral de Infraestructuras durante la presentación de la lanzadera que lanzadera conectará las estaciones de Sestao y Areeta (Fuente: Diputación Foral de Bizkaia)

El lehendakari Imanol Pradales, anteriormente conocido como el diputado foral de infraestructuras y también exaccionista de Sacyr, se hizo famoso cuando impulsó el megaproyecto de la Variante Sur Metropolitana de Bilbao (Supersur), una infraestructura que tuvo un coste de 1.000 millones de euros para las arcas públicas y que no solucionó ninguno de los problemas de transporte, como denunciaron los movimientos sociales. A falta de un plan de dinamización industrial para Bizkaia, el PNV optó por la política del hormigón, externalizando su explotación, conservación y mantenimiento a dos empresrios del PNV, Transbisa SA y Gesbisa SA, que se adjudicaron 143 millones con las obras.

El proyecto de la Subfluvial contó desde el inicio con gestiones realizadas ante el Ministerio de Transportes por Carlos Alzaga, exdirector general de la Autoridad Portuaria de Bilbao y posteriormente nombrado sustituto de Pradales en la Diputación de Bizkaia

Pero la herencia de Imanol Pradales al frente de la Diputación de Bizkaia alcanza también la creación de un túnel para conectar las dos márgenes del río Nerbioi, un megaproyecto conocido como la Subfluvial de Lamiako cuyos pretendidos objetivos oficiales han sido reiteradamente desmontados por diversos los y que tendrá un coste oficial de 507 millones de euros, aunque el gasto final podría alcanzar los 800 millones debido al incremento de los precios de los materiales de construcción para cuando se inicie la obra y a los sobrecostes que provocará afrontar la complejidad técnica de la obra.

Según datos recabados por Hordago-El Salto, el proyecto contó desde el inicio con la colaboración necesaria de las gestiones realizadas ante el Ministerio de Transportes por Carlos Alzaga, el entonces director general de la Autoridad Portuaria de Bilbao, y posteriormente nombrado sustituto de Pradales al frente del Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de la Diputación de Bizkaia. Alzaga, que inició su carrera en las oficinas de Sener en Getxo, a su vez elegida por la Diputación para redactar el proyecto de construcción de la Subfluvial, también se movilizó en favor del megaproyecto en calidad de decano de los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Euskadi.

Construcción
PELOTAZO EN LA SUPERSUR Los contratazos de Imanol Pradales con la AP 8 y la Supersur: 143 millones a empresarios del PNV
La sociedad foral Interbiak, entonces presidida por el actual lehendakari, adjudicó la conservación, mantenimiento y explotación de las carreteras vascas a Transbisa SA y Gesbisa SA, cuyos consejos están plagados de excargos públicos.

8,9 millones para Sener e Idom

El informe para la construcción de la Subfluvial es el principal aval documental con el que cuenta el megaproyecto para legitimarse. Este documento fue adjudicado por 8,9 millones de euros a la UTE formada por Sener, Idom y Euskontrol, tras hacerse estas firmas con el contrato foral presentando una oferta de un 15,1% inferior al precio presupuestado por la licitación.

La persona que encabeza ahora la iniciativa, Carlos Alzaga, el nuevo diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, inició su carrera como jefe de proyectos en las oficinas de Getxo de Sener. Esta consultora forma parte del Organismo de Inspección de los Túneles de la Diputación de Bizkaia, entidad que ha dictado hasta una docena de informes favorables para conceder diversas excepciones de cumplimiento de la normativa técnica foral en torno a medidas de seguridad en la construcción de túneles, aprobando así, entre otros aspectos, la eliminación de los pulsadores de incendios o permitiendo que se construya una única acera en los ramales unidireccionales en zona urbana del proyecto.

Todas las excepciones a la normativa foral sobre aspectos de seguridad en túneles que pretenden solventar la complejidad técnica del megaproyecto fueron solicitadas por Interbiak, entidad pública foral que adjudicó el contrato a Sener cuando estaba presidida por Mikel Iriondo, en la actualidad brazo derecho de Imanol Pradales en el Gobierno Vasco.

Idom contó hasta el año 2015 con una cualificada agenda de contactos políticos para introducirse en el sector de la construcción: uno de los directivos de la consultora hasta esa fecha había sido Federico Bergaretxe, exdiputado vizcaíno de Obras Públicas.

Otra de las firmas de la UTE que redactó el proyecto de obra de la Subfluvial, Idom, fue también la adjudicataria de la Autoridad Portuaria de Bilbao, con Imanol Pradales de vocal en el Consejo de Administración, para un estudio sobre transporte terrestre entre “centros operativos y el Puerto de Bilbao”. Este concurso público, de 2016, figura en el expediente de la CNMC que en 2021 sancionó a la consultora con una multa de 640.000 euros por prácticas colusorias contra las administraciones públicas, “una práctica especialmente dañina para la sociedad al impactar adicionalmente en los fondos públicos”. Idom contó hasta el año 2015 con una cualificada agenda de contactos políticos para introducirse en el sector de la construcción, pues uno de los directivos de la consultora hasta esa fecha había sido el jeltzale Federico Bergaretxe, exdiputado vizcaíno de Obras Públicas.

La tercera firma que formaba la UTE encargada de redactar el proyecto de obra de la Subfluvial, Euskontrol, también tiene un historial ligado a las instituciones vascas. Esta firma acabó en quiebra el año pasado, tras haber sido administradora única de Ingeplan, empresa liquidada en 2023 y donde trabajó como directivo para obras portuarias el exburukide Asier Atutxa hasta 2013, fecha en la que fue nombrado presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao.

Sobre el rol de la Autoridad Portuaria de Bilbao y las firmas afines, cabe señalar que el material excavado en el proyecto de la Subfluvial servirá como relleno para la ampliación del Espigón del Puerto de Bilbao. Estas obras, donde participa Viuda de Sainz, presidida por un exjuntero vizcaíno del PNV, Alex Bidetxea, se adjudication a través de un contrato donde la oferta presentada era de 79,3 millones de euros, un 36,54% por debajo de lo presupuestado por el Puerto. Según las fuentes consultadas, la única empresa presente en toda la obra pública que se adjudica en Euskadi, Viuda de Sainz, estará en las quinielas para los contratos de las obras de la Subfluvial, así como para los servicios de su explotación, conservación y mantenimiento. 

El Puerto como eje central de la expansión

En relación a los dos megaproyectos que encabezó Imanol Pradales, Supersur y Subfluvial, podría decirse que todos los caminos terminan en el mismo lugar. De hecho, la Subfluvial se vende como “una nueva conexión hacia/desde el Puerto de Bilbao hasta Santander al Oeste y hasta Gipuzkoa y Francia, al Este”. Pretende coser ambas márgenes del río Nerbioi a través de un túnel que unirá la rotonda de Artaza en Getxo con la rotonda de Ballonti ubicada entre Portugalete y Sestao, la conexión con la Supersur, construida con el objetivo de “descargar la mayoría del tráfico pesado del Puerto de Bilbao”. 

A pesar de las millonarias inversiones en infraestructuras, escribía el Profesor de Economía de la UPV/EHU Miguel Virizuela, el Puerto de Bilbao continúa perdiendo relevancia en el mercado logístico español, ubicándose actualmente como el cuarto más importante del Estado, detrás de Algeciras, Valencia y Barcelona. El llamado “giro logístico” del modelo económico vasco como sustituido del tejido industrial parece avanzar con el paso del tiempo hacia la precarización laboral, el crecimiento de la dependencia energética y la transformación de comarcas enteras en plataformas logísticas al servicio del capital internacional. Con cada nuevo proyecto, el puerto refuerza su papel como enclave clave del Arco Atlántico, pero a un alto costo socioeconómico y medioambiental que afecta tanto a la clase trabajadora como al territorio vasco en su conjunto.

Uno de los responsables de esta política decadente es Carlos Alzaga, fichado por Asier Atutxa como director general del Puerto de Bilbao entre 2013 y 2024. Recientemente fue nombrado sustituto de Imanol Pradales en la Diputación de Bizkaia y ahora encabeza el proyecto de la Subfluvial en calidad de diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, aunque antes de su nombramiento, a través de un polémico proceso de selección, colocaron en un puesto de trabajo en el Puerto de Bilbao a la hija del número 2 del PNV, Joseba Aurrekoetxea. 

Desde su cargo de director del Puerto, Alzaga apoyó el proyecto de la Subfluvial cuando lo encabezaba Pradales y gestionó ante el Ministerio de Transporte la concesión solicitada por la Diputación a la Autoridad Portuaria de Bilbao para la “ocupación de superficies subterránea de lámina de agua de 6.407 m²y terrestre de 1.047 m² en el término municipal de Sestao, con destino a la ejecución del proyecto de construcción del subfluvial de Lamiako”.

El esquema de gestion de la Subfluvial guarda parecidos con la Supersur, y corre el riesgo de terminar así, con los servicios de explotación, conservación y mantenimiento del tunel adjudicados en contratos millonarios a empresas de confianza del PNV.

Pero sus apoyos al proyecto no terminaron ahí. En calidad de decano de los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Euskadi, Alzaga también se movilizó en favor del proyecto cuando arreciaron las críticas de expertos. Entonces hizo hincapié en que el proyecto servirá para “aumentar la productividad y generar un impacto muy positivo para la economía y la sociedad”. También sostuvo que es “una inversión y no un gasto”, porque “hay toda una industria detrás de la construcción de una carretera y muchos empleos generados”.

El esquema de gestión de la Subfluvial guarda parecidos similares con la Supersur, y corre el riesgo de terminar similar, con los servicios de explotación, conservación y mantenimiento del túnel adjudicados a empresas privadas de confianza del partido del PNV.

Infraestructuras
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Críticas al proyecto de la Subfluvial

El megaproyecto de la Subfluvial fue descartado hace décadas debido a su complejidad técnica y alto coste. Rescatado del cajón por Imanol Pradales, en un principio incluía un carril para tren lanzadera, lo que finalmente fue descartado. El profesor de Movilidad en el Centro Superior de Diseño de Cataluña, Oier Martínez, considera que la introducción de la lanzadera en el proyecto “es un greenwashing”.

Para David Hoyos, profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la UPV/EHU, la inclusión del carril ferroviario “respondía únicamente a una estrategia para acceder a fondos europeos” sobre transición ecológica. Y advierte de que “viendo la magnitud de la obra y su escaso impacto positivo, costaría creer que ese dinero está bien empleado desde un punto de vista del análisis económico”.

Según la plataforma Subflubiala EZ!, la Diputación  de Bizkaia está tratando de ocultar las vulnerabilidades del megaproyecto que por el contrario sí ha observado el Ministerio de Fomento en otra obra similar, la Subfluvial en Sevilla.

De acuerdo con la plataforma Subflubiala EZ!, la Diputación está tratando de obviar las vulnerabilidades del megaproyecto (riesgo de incendio, inundabilidad, filtraciones de agua, incumplimiento de limitaciones europeas en el nivel de pendiente de las salidas del túnel, impacto medioambiental en el parque de Artaza, afecciones de las obras sobre los centros de educación ubicados en la zona…) que por el contrario sí ha observado el Ministerio de Fomento en otra obra similar como la iniciativa de la Subfluvial en Sevilla.

Las mismas fuentes advierten de la “ausencia” de “estudios rigurosos” sobre la movilidad del Bilbao Metropolitano, sobre los supuestos ahorros en consumo de gasolina y CO2 que pretende generar el proyecto, e incluso sobre la “hipótesis de reducción del tiempo” para los vehículos que elijan el recorrido de la Subfluvial. La paradoja es que si bien la previsión más optimista plantea ahorrar 6.100 toneladas/año de CO2, “la construcción de la Subfluvial emitirá 144.000 toneladas de CO2, por lo que “se necesitarán 24 años para neutralizar el impacto de CO2 generado por la construcción del megaproyecto”. 

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Proyecto para el tunel bajo la ría hecho público por la Diputación Foral de Bizkaia

La propia Diputación ha reconocido que lejos de incentivar el transporte público, la Subfluvial tendrá un “efecto llamada” para los coches, incrementando en hasta un 33% el uso del vehículo privado. En este sentido, el Estudio de Impacto Ambiental relativo a este túnel reconoce que esta obra no se alinea con objetivos sostenibles pretendidos por  la Diputación Foral de Bizkaia “ya que contribuye a facilitar el uso del vehículo privado”. Por su parte, la Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático de Gobierno Vasco ha solicitado “el análisis de afecciones sobre la hidrología subterránea que pudiera repercutir sobre el humedal de Lamiako”.

La plataforma Subflubiala EZ! concluye que el proyecto “sigue sin ser expuesto a la opinión pública, y la externalización de la redacción del mismo a empresas privadas genera muchas incógnitas en torno a las prescripciones técnicas públicas que debe cumplir”. Además, la redacción del proyecto “no incluye los gastos de mantenimiento que deberán soportar las arcas públicas”. 

Entre los gastos de financiación hay ya un crédito de 200 millones de euros solicitado al Banco Europeo de Inversiones. Para ello, la Diputación solicitó asesoramiento al despacho Cuatrecasas, en su día encargado de la defensa del principal implicado en la trama del 4% de comisiones ilegales urdida por un grupo de excargos y exburukides del PNV, conocida como “caso De Miguel”. El bufete lo dirigen en Euskadi dos letrados de máxima confianza del PNV: Javier Chalbaud y Joanes Labayen.

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