Catalunya
Amnistía y referéndum, dos palabras inseparables en la celebración del sexto aniversario del 1 de Octubre

“Están pasando cosas”, resume el presidente de la asociación Òmnium Cultural, Xavier Antich, en declaraciones a El Salto. “Estamos hablando de amnistía con el PSOE y Sumar, algo inimaginable en junio y desde el Estado español llegan opiniones solventes sobre su encaje”, añade. Describe el ambiente político de Catalunya como de “incertidumbre” y con “esperanza de que el Estado español abandone la vía de la represión y transite a las vías políticas”. 

Pedro Sánchez tiene experiencia en concesiones electoralmente espinosas: los nueve indultos a independentistas catalanes y, al final de la legislatura, el traslado de los últimos presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco. En primavera, el Ministerio del Interior puso fin a décadas de política de dispersión. Fue una noticia relevante en Euskal Herria, acaparó portadas, alivió a decenas de familiares. Pasó de largo en el Estado, más allá de algunas quejas de afines a la derecha y al fascismo. Tampoco se acabó el mundo tras los indultos, ni le supusieron al PSOE una pérdida de votos el 23 de julio.

 “Estamos hablando de amnistía con el PSOE y Sumar, algo inimaginable en junio y desde el Estado español llegan opiniones solventes sobre su encaje”, dice Xavier Antich

El presidente en funciones del Gobierno español brega ahora con otras dos peticiones que generan hostilidad en quienes abrazan la máxima franquista de España 'Una, grande y libre': empezar la legislatura amnistiando a personas que defendieron el derecho de autoderminación con urnas durante el Procés y que se celebre un referéndum vinculante. Òmnium contabiliza más de 4.400 represaliados desde 2017. Y, “como mínimo”, considera que son amnistiables 1.432 personas —113 condenados penalmente, 17 pendiente de sentencia, 387 con causa penal abierta, 880 sancionados administrativamente y 35 pendientes del Tribunal de Cuentas—. 

ERC y Junts acuerdan condicionar la investidura de Sánchez a un futuro referéndum

Redacción El Salto

Política

XV Legislatura ERC y Junts acuerdan condicionar la investidura de Sánchez a un futuro referéndum

Redacción El Salto

El independentismo catalán aprueba en el Parlament, con la abstención de las CUP, una moción que anteponga un plebiscito a su apoyo en el Congreso y dan por sentada la amnistía.

XV Legislatura Feijóo afronta su investidura fallida como una moción de censura contra Sánchez

Brecha abierta

Desde que el 23 de julio las matemáticas dispusieran en manos de Junts per Catalunya la llave para que el Gobierno de coalición repita mandato, el giro del relato del PSOE y de ciertos medios de comunicación sugiere que la amnistía es un plato que se cocina a fuego rápido en los despachos de Moncloa. La sorpresa del debate de investidura, el diputado socialista Óscar Puente, afirmó en una entrevista a RTVE que “dar una salida a aquellos que se han situado fuera de la legalidad es positivo”. Mientras que el diputado del PNV Aitor Esteban volvía a hacer uso de su tradicional retranca en la tribuna del Congreso: “Si, como dice la señora Gamarra, aquí hay que elegir entre Feijóo y amnistía, amnistía”. 

Mientras esta semana las miradas estaban puestas en la investidura fallida de Feijóo, el Parlament de Catalunya celebraba su sesión de política general de apertura de curso, que concluyó con dos acuerdos políticos: el primero, entre ERC, Junts y la CUP sobre la amnistía. El segundo, entre ERC y Junts —la CUP ya no tiene representación en el Congreso— para no investir a un candidato “que no se comprometa a trabajar para hacer efectivas las condiciones para la celebración del referéndum”. El subtexto del acuerdo incluye una interpretación para desencantados: defiende el derecho a la autodeterminación, pero no matiza si el referéndum es de independencia —frente a otro de carácter estatutario—. 

Seis años después del referéndum del 1 de octubre, Catalunya parece que atraviesa su transición. Mientras en Euskal Herria hubo un tiempo que la derecha dijo “sin violencia se podrá hablar de todo”, también de autoderminación y de Navarra, la realidad fue que, sin violencia, tampoco se puede hablar de independencia. La presión popular en Catalunya ha llevado a la agenda política estatal la amnistía para los represaliados por defender pacíficamente votar el 1 de octubre de 2017. Pero las calles no gritan amnistía como en 1977, sino independencia. Y para cuantificar el peso de esa petición, un referéndum acordado y vinculante es la vía que siguieron en Escocia y Quebec, entre otros. Los partidos políticos negocian en los despachos lo que parece una transición catalana —la amnistía— mientras el PSOE muestra su negativa a un referéndum. En sus manos vuelve a estar construir una transición efectiva o repetir la de 1978.

“Una amnistía no elimina los objetivos políticos que ha movilizado a la gente, no salieron a las calles para ser perdonados después, sino por su ideología”, apunta Xavier Pellicer

El parlamentario de la CUP, Xavier Pellicer, tiene claro que poner el foco en la amnistía es un “error táctico”: “Aunque por motivos coyunturales el PSOE tiene determinada necesidad de hacer concesiones, también tiene un límite muy claro: la autodeterminación, que es el meollo del asunto”. Para la CUP, la amnistía va ligada inherentemente al derecho de autoderminación —“una amnistía no elimina los objetivos políticos que ha movilizado a la gente, las personas no salieron a las calles para ser perdonadas después”—. 

Xavier Antich habla “desde el máximo respeto a los partidos políticos que tienen que encontrar la fórmula para canalizar las demandas de la ciudadanía según la fuerza que tienen, pero nosotros como sociedad civil, lo que nos toca es poner encima de la mesa dos grandes concesiones: amnistía y ejercer el derecho de autoderminación”, indica sobre un referéndum de independencia.

La CUP impulsó en 2020, junto con Òmnium, Junts y ERC, un proyecto de ley de amnistía, sobre la que supuestamente se basa ahora la negociación de ERC, Junts y PSOE. El Congreso de los Diputados la tumbó. Pellicer considera que la amnistía debería “abrirse” e incluir las causas antifascistas, de libertad de expresión y derechos sociales. Por el contrario, recalca que Laura Borràs no debe ser amnistiada. No existe contra ella causa abierta por haber sido víctima de espionaje político con Pegasus. Su condena es por prevaricación y falsedad documental en la asignación de un contrato público. 

📃Comunicat d'Alerta Solidària respecte l'amnistia negociada amb Madrid

❌Ni la campanya per l'amnistia va suposar més mobilització, sinó desconcert, ni suposarà cap reconeixement efectiu del conflicte polític

❌No volem més favors a Espanya ni més enganys a l'independentisme! pic.twitter.com/8K0jrFkNRD

— Alerta Solidària (@AlertaSolidaria) September 4, 2023

Tú sí, tú no

Desde agosto parece que la pregunta ya no es si amnistía sí o amnistía no, sino ¿para quién? Hay listas con nombres. Y críticas a dichas listas. Alerta Solidària, colectivo que ha gestionado la defensa de centenares de encausados, es tajante al respeto en su manifiesto: “Nosotros no entraremos a discutir qué represaliados son de primera o de segunda [categoría], cuáles merecen estar en la lista de los afortunados y cuáles no. Para nosotros, todos los represaliados por la lucha por la libertad merecen toda nuestra solidaridad”. La resolución del conflicto, afirman, solo vendrá cuando se consiga la República catalana. Desean que se active el conflicto, no que se anestesie.

“Dentro del marco nacional catalán hay otros represaliados que no los incluyen en estas negociaciones y que dependerá de la presión popular”, señala Pablo Hasél

La Plataforma Antirrepresiva de Ponent también es clara y ambiciosa: reclama una amnistía total. Más allá del marco político independentista, considera que todos los presos políticos antifascistas encarcelados en el Estado español deberían ser amnistiados. Su lista superaría los 4.500 —unos 300 del Estado—. Incluyen a Carles Puigdemont, pero también a Pablo Hasél y a cualquier antifascista o encausado, por ejemplo, por defender el derecho a la vivienda. Desde la cárcel, Hasél sostiene que suscribe el comunicado de Ponent y añade que, “dentro del marco nacional catalán, hay otros represaliados que no los incluyen en estas negociaciones y que dependerán de la presión popular”. 

“Yo fui uno de los Once de la Subdelegación de Lleida. En 2018 era menor de edad y cumplí una condena de 22 meses de libertad vigilada”, explica Àdam Camón por su participación en la manifestación de protesta por la detención de Carles Puigdemont. Esa pena, ya cumplida, supone que contaría como amnistiable. Pero tiene otras dos causas abiertas pendientes de juicio: el encierro en el rectorado cuando la Policía detuvo a su amigo Pablo Hasél y por participar en la manifestación del 17 de febrero de 2021 pidiendo la libertad del cantante. En esta causa hay 18 imputados, incluida la madre del rapero. “En estos casos, creo que no entraríamos en la amnistía”, indica Camón, miembro de la Plataforma Antirrepressiva de Ponent. Reivindica que hay que “aprovechar esta brecha abierta para pedir más: no solo represaliados independentistas, sino quienes defienden la libertad de expresión y el derecho a la vivienda”. También amplía el marco: de Catalunya al Estado español.

📝 Article per l'#AmnistiaTotal

🗣️ Diferents plataformes antirepressives, CDRs i grups de suport ens unim en aquest escrit per aclarir la nostra posició sobre l'Amnistia parcial que hi ha sobre la taula.

💥 La nostra lluita no s'acaba fins que ⬇️⬇️ pic.twitter.com/BoNBdPQBlx

— Plataforma Antirepressiva de Ponent (@antirepre_pon) September 24, 2023

Desde la Plataforma insisten en la presión de las calles, más que la confianza en los partidos políticos: “Un movimiento popular unido y organizado de manera independiente, con una incansable lucha en la calle, sí podría ser capaz de conseguir la amnistía que tanto anhelamos, por eso hemos de dirigir todos nuestros esfuerzos en ese sentido”. El derecho de autoderminación también es inseparable a la amnistía: “Es una cuestión vertebral para el Estado” y, para la Plataforma, otro de los derechos y libertades políticas que el Estado niega.

David Budria es uno de los nueve encausados por la Operación Judas. Se les acusa de terrorismo y banda criminal organizada. Desconoce si forman parte de la lista de amnistiables, pero está seguro que desde los tribunales “se quiere acabar con cualquier disidencia política, desde independentistas hasta Extinction Rebellion. Si continuamos así, mañana añadirán a las PAH y a los sindicatos de inquilinas”. Como miembro de la Plataforma de Ponent, pide ampliar el marco y que se debata socialmente. “La gente está harta, Junts habla ahora de amnistía porque siente la presión de la calle y se acercan las elecciones al Parlament”, concluye este miembro de la Plataforma.

Adrián Sas podría ser el primero en entrar en prisión por las protestas del primer aniversario del 1-0

Ter García

Referéndum del 1 de octubre

Represión del movimiento independentista Adrián Sas podría ser el primero en entrar en prisión por las protestas del primer aniversario del 1-0

Ter García

La Audiencia Provincial de Barcelona le condenó a tres años y seis meses de prisión por atentado a la autoridad y lesiones. Tras la confirmación de la condena por parte del TSJ de Cataluña, el activista está a la espera de la resolución del Tribunal Supremo.

Otro compañero, Adrián Sas, tampoco sabe si su nombre figura dentro de la lista de amnistiables. Tiene una condena de tres años y medio que ha recurrido ante el Supremo. “Estar o no estar en la lista tampoco cambiaría nuestra postura en la Plataforma Antirrepressiva de Ponent: la propuesta de Junts y Òmnium es una amnistía parcial, la nuestra es total. Esto no quiere decir que no queramos una amnistía parcial, no podemos caer en esa trampa maximalista, porque fruto de la presión de las calles y el boicot en las últimas elecciones, a los partidos políticos ahora les toca sentarse a negociar”. Desean un cambio real de un estado que califica de antidemocrático. “Cada vez es más palpable que la gente está harta”, concluye.

El castigo electoral de los votantes de Junts, ERC y la CUP resuena en las direcciones de los partidos: les exigen menos palabras y más acción

El castigo electoral de los votantes de Junts, ERC y la CUP resuena en las direcciones de los partidos. Les exigen menos palabras y más acción. La campaña de abstención lanzada por sus bases les hizo perder más de 600.000 votos. Mientras que el tirón de Pedro Sánchez hizo ganar al PSC más de 400.000. La pugna por la Generalitat ante un evidente pacto con Sumar le recuerda al independentismo que esta es su última bala —¿Illa de president junto con un comú de segundo?— y, al PSOE, que sin esa bala no hay Moncloa. 

Pero lo que se discute ahora y más tensa la cuerda no es la amnistía, sino públicamente el referéndum y, calladamente, los presupuestos de Catalunya y las próximas elecciones a la Generalitat. El portavoz del PSE, Salvador Illa, avisó ayer en una entrevista en Catalunya Ràdio de que hasta ahora se lo han puesto “fácil” —forzando a ERC a aceptar el Quart Cinturó, ampliación del aeropuerto, Hard Rock Café y sin competencias o presupuestos para mejorar la red ferroviaria—, sugiriendo que puede que no se aprueben los presupuestos de 2024, con el consiguiente desgaste político para ERC. 

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El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el líder de la oposición del Govern de Catalunya, Salvador Illa, firman un pacto de 26 páginas para acordar los presupuestos de 2023.

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Estrasburgo o la alegría

La pasada semana se hizo público que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha dado a España de plazo hasta el 12 de enero de 2024 para que presente alegaciones que justifiquen que el proceso judicial de los nueve indultados no vulneró sus derechos básicos. Hay independentistas que consideran que la amnistía evitará que Europa saque los colores a España, como si vez se hubiera sonrojado ante las 11 sentencias por hacer caso omiso a denuncias de torturas —seis de ellas dependientes de Fernando Grande-Marlaska, elevado a ministro del Interior—. 

Para la Plataforma de Ponent, una amnistía, aunque sea parcial, sería motivo de alegría para los liberados. Mañana, en los actos de homenaje del 1 de octubre, participarán en los actos de la cárcel La Model, convocados junto los CDR, Desobediència Civil Catalnya, la Plataforma Antirepressiva de Barcelona y la ANC, a la que acudirá Òmnium. Por la tarde tendrán lugar la manifestación y los actos políticos del Consell de la República y la Intersindical.