Derecho a la vivienda
Alejandra Jacinto: “Esta legislatura en la Comunidad de Madrid ha sido la de la antipolítica de vivienda”

Alejandra Jacinto (Madrid, 1989) es abogada y portavoz de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH), un colectivo que se bate desde 2009 para paralizar desahucios e imponer un cambio en las políticas de vivienda que garantice el derecho de las personas a un techo. En diálogo con El Salto la activista hace un detallado repaso de la política de vivienda del gobierno del PP al frente de la Comunidad de Madrid e insta a que se adopten las medidas de la ILP recientemente presentada por la PAH, con el fin de hacer frente a la emergencia en vivienda en la Comunidad e impedir que sean bancos y grandes tenedores inmobiliarios los que impongan sus intereses sobre los derechos de las personas.

¿Podrías hacernos un balance de la última legislatura en la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) en el tema de vivienda?

Si tuviera que dar un titular sobre la gestión de la última legislatura del PP, yo lo enunciaría “la anti política de vivienda”. La política que debería haber sido orientada a garantizar el derecho a la vivienda ha sido para todo lo contrario. Empezamos en 2013, antes de esta legislatura, con la venta a fondos de inversión de 2.935 viviendas que eran del antiguo Instituto de Vivienda de la Comunidad de Madrid, actual Agencia de la Vivienda Social. Los estragos de esa operación especulativa han dejado por el camino otros tantos desahucios. Y lejos de revertir esa operación, lo que ha hecho el PP ha sido recurrir las sentencias favorables que hemos ido obteniendo, sobre la ilegalidad de esa venta.

El comienzo de la legislatura fue así y luego ha ido de mal en peor, en materia de vivienda siguen sin legislar ni poner en marcha una ley autonómica y eso que, en virtud de la descentralización de las competencias, la de vivienda está exclusivamente asignada a las comunidades. El balance es negativo, ya no sólo por los últimos cuatro, sino por los 40 años de gestión. Y no sólo ellos, el PSOE también ha gobernado en la CAM y tampoco lo ha hecho. Continuamos sin una ley de vivienda.

¿En otras comunidades se han desarrollado?

En la mayoría, en Canarias, Galicia, Navarra, Euskadi, Catalunya, Valencia, Murcia, Andalucía. Allí el poder político no ha hecho dejación de funciones de forma descarada como en la CAM y las han desarrollado, siendo algunas mejores que otras. Además, en la Comunidad de Madrid han implementado una serie de disposiciones que regulan el régimen de adjudicación de viviendas sociales, penalizando sistemáticamente a la gente en situación de pobreza. Prueba de ello es la desmesura con que en la CAM se sanciona la ocupación, situación desgraciadamente muy común en los tiempos difíciles en que vivimos. Hay una brutal emergencia habitacional y más de 253.000 viviendas vacías sólo en la CAM —y 3.500.000 a nivel estatal—, en una situación en que la gente ha sido expulsada de sus viviendas hipotecadas, en el contexto de una crisis de burbuja en materia de alquiler y donde no es posible acceder a una vivienda de libre mercado. Con el agregado de que cuando solicitas una vivienda pública tampoco te la dan con facilidad porque hay una lista de más de 20.000 solicitantes en listas de espera y porque no hay parque público suficiente. Desde la PAH entendemos que esas personas tengan que ocupar una vivienda de una entidad financiera, que son tenedoras del 98% de las viviendas vacías existentes. La propia constitución, si bien reconoce el derecho a la propiedad privada también dice que tiene una serie de límites marcados por el bien común y el interés general.

Hay una brutal emergencia habitacional y más de 253.000 viviendas vacías en una situación en que la gente ha sido expulsada de sus viviendas hipotecadas, en el contexto de una crisis de burbuja en materia de alquiler y donde no es posible acceder a una vivienda de libre mercado

Además, muchos jueces entienden que cuando se ocupa vivienda vacía de una entidad financiera y hay una situación de necesidad, está justificado cometer ese —digamos— ilícito penal y aplican lo que en derecho penal se denomina el Estado de Necesidad. Hasta hay sentencias de las audiencias provinciales que justifican —en virtud del estado de necesidad— la comisión de un posible ilícito penal, como es la usurpación y ocupación de una vivienda vacía.

A pesar de todo esto, la CAM sanciona a las personas que estén okupando, con la imposibilidad de ser siquiera solicitantes de vivienda pública. Incluso, si se estuviera viviendo en casa de un familiar que ha prestado una casa sin mediar contrato —una situación muy común— para la CAM no tendría derecho siquiera a ser solicitante. Si todas las personas que están okupando pudieran ser solicitantes de vivienda pública, habría muchísima más gente en listas de espera.

Otro ejemplo de la antipolítica de vivienda del PP es el mantenimiento de viviendas vacías de la Agencia de la Vivienda Social (el antiguo IVIMA), el organismo encargado y competente para adjudicar vivienda. Tienen al menos 500 viviendas vacías, en total colisión con el objetivo del organismo; como hay profusión de desahucios a diario, esa cifra puede parecer poco significativa, pero no es un dato baladí. El balance es catastrófico.

La burbuja, primero hipotecaria, luego en el alquiler ha promovido el surgimiento de una serie de colectivos de vivienda. ¿Podrías decirnos cuáles son?

La PAH y los grupos de Stop Desahucios fuimos los primeros. Desde 2009 venimos combatiendo los desahucios y garantizando el derecho a la vivienda allí donde las administraciones no llegan. Hoy existen otros agentes como puede ser Lavapiés dónde vas?, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, la Asamblea de Bloques en Lucha —que pertenecen a ese sindicato— y son agrupamientos en edificios comprados por fondos de inversión y que de forma sistemática intentan expulsar a los vecinos, como hemos visto en Argumosa 11, así como en Vallecas con el bloque de Juan de Vera, o en Arganda del Rey, etc. Aparte, hay otros colectivos históricos que vienen defendiendo el derecho a la vivienda, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) y entidades del llamado tercer sector —una ONG que se llama Cuarto Mundo y otras— que dan luchas muy valientes por ese derecho, incluso de personas que viven en poblados chabolistas, como La Cañada Real o el Poblado de las Sabinas en Móstoles.

¿Desde los colectivos por el derecho a la vivienda tenéis alguna valoración de los gobiernos llamados “del cambio”, surgidos como resultado de la movilización oriunda del 15M?

Hemos ido haciendo un balance diario y cotidiano, sobre todo aquí en Madrid, que es lo que mejor conocemos y además por la ausencia de canales con la Comunidad de Madrid. Si el balance en la CAM se podría calificar de catastrófico, en Madrid lo calificaría como deficiente; llamarlo así me parece más ajustado a lo que hemos vivido. Entre otras cosas, porque desde la afirmación de Manuela Carmena, tan errónea y alejada de la realidad, de que en Madrid ya no hay desahucios, se han ido sucediendo una serie de actos que yo, en particular, a título personal, sí creo que han expresado voluntad política para tratar de mejorar la gestión en materia de vivienda, pero no han sido capaces de gestionar el problema tan grave y transversal que atravesó la ciudad.

Sabemos que hubo una mesa de negociación…

Sí, desde el principio se montó una mesa de negociación con Marta Higueras, la persona encargada de Equidad y Asuntos Sociales —y por tanto de Vivienda— y la comunicación con ella ha sido bastante complicada desde el principio. Yo creo que ha interpretado que pedíamos cosas inalcanzables, excesivas, utópicas, cuando sólo queríamos que nos escuchara, en atención a la experiencia que tenemos en estas cuestiones. Y sin negar la voluntad política que creo que han tenido concejales que han formado parte del gobierno municipal, ha faltado un punto de valentía política para ser más contundentes con la problemática de la vivienda. Al menos, en vez de decir que en Madrid ya no hay desahucios, decir que la situación es sumamente grave, de emergencia habitacional estructural y que hay que plantar cara a los fondos buitre. Aunque quizá no se hubieran podido materializar en medidas concretas porque el ayuntamiento carece de competencias, al menos hubiera provocado un efecto disuasorio ante quienes ven Madrid como una fuente de especulación.

¿Dentro del resto del arco institucional, hay algún partido que se presente a las elecciones en la CM que tenga un programa o actitudes asumibles en materia de vivienda?

Hemos puesto en marcha una campaña desde la PAH y el Sindicato de Inquilinas, de exigencia a todos los que se presenten a las elecciones autonómicas, para que lo primero que hagan en el primer pleno de la nueva legislatura sea proponer una ley de vivienda autonómica, con el contenido íntegro de nuestra ILP de vivienda, que fuera rechazada en 2017 por el PP y Ciudadanos.

¿Tiene alguna responsabilidad la actual Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) en el encarecimiento de los alquileres?

Sin duda. Aquí ha habido una operación concertada entre el poder político y el fáctico, representado por los intereses económicos y especulativos que tienen su rostro en las entidades financieras y en los fondos buitre. Una vez pasada la primera crisis inmobiliaria mundial —surgida en los EEUU con las hipotecas subprime— los poderes económicos dijeron “se nos ha acabado momentáneamente el chollo de especular en base al ladrillo, pero vamos a implementar otras vías para continuar especulando” y ellos mismos provocaron la burbuja de alquiler a la que asistimos ahora.

En julio de 2013 el gobierno del PP modificó la LAU que promueve un cambio radical de las garantías que históricamente habían tenido los inquilinos y se introducen medidas como que la duración mínima de los contratos pasa de cinco a tres años, generando así una inestabilidad mayor para los inquilinos. También modificó una cuestión fundamental, que es que si tú eras inquilino de una vivienda que tu casero vendía, el nuevo propietario no tiene la obligación de mantener a los antiguos inquilinos, una perversión en toda regla porque debería ser como en el derecho laboral, si una empresa cambia de dueños, los nuevos titulares están obligados a mantener sus empleados. Y también se legisló sobre las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (SOCIMI), para que los fondos de inversión especializados en el área de alquiler pudieran intervenir en el mercado del alquiler.

Se está volviendo al conocido paradigma de “como alquilar es imposible, volvamos al crédito inmobiliario, porque los tipos de interés han bajado

Estas son causas clarísimas de la burbuja en los precios de los alquileres a que estamos asistiendo, ahora que empiezan a vencer esos contratos del año 2013. A estos factores cabe agregar el fenómeno de la gentrificación, producto del modelo de “ciudad marca” orientada hacia el turismo, que han adoptado algunas grandes ciudades europeas, Madrid entre ellas. Así, estos factores conjugados provocan el aumento en los precios del alquiler y se está volviendo al conocido paradigma de “como alquilar es imposible, volvamos al crédito inmobiliario, porque los tipos de interés han bajado”.

Se ha implementado el rescate a los bancos inyectándoles miles de millones de euros que eran patrimonio de la ciudadanía, permitiéndoles poner en orden sus balances, deshacerse de las hipotecas morosas, los activos tóxicos y ahora, que han barrido un poco la casa y ordenado sus cuentas, nos encontramos de nuevo en el paradigma del que veníamos: vuelta el crédito hipotecario. Además, en estos dos últimos años de legislatura a nivel nacional, el PP ha puesto en marcha la Ley de Crédito Inmobiliario, que consiste en crear un marco jurídico regulador para la concertación de nuevas hipotecas para los próximos años. Es decir, han limpiado y subsanado lo que han podido —después de los varapalos que han tenido de los tribunales de justicia de la UE— y han dejado el terreno preparado para que se regrese de forma aparentemente cómoda, al crédito hipotecario.

¿Dado el marco que describes, podría augurarse que, si se produce un aumento de las tasas de interés va a haber otra andanada de desahucios hipotecarios?

Sí, los precios de los alquileres han subido más de un 40% en estos últimos años y están ahora en sus máximos históricos, nunca se habían visto valores tan desorbitados. Yo creo que en los próximos años, la tendencia va a ser la vuelta al crédito hipotecario, donde ya están volviendo a subir los precios que habían descendido en los últimos años. Luego vendrá una nueva subida de los tipos de interés y en paralelo —de forma tímida y gradual— irán descendiendo los alquileres para promover que la gente se siga hipotecando y de aquí a unos años tendremos otra nueva crisis hipotecaria. Aunque habrá que ver en qué medida se verifica lo de la baja de los precios del alquiler porque tenemos el fenómeno de la gentrificación, que presiona los alquileres al alza.

Ya presentasteis una ILP en 2017, ¿por qué volvéis a hacerlo ahora?
En 2017 vivíamos también una situación de emergencia habitacional en la CAM. Había desahucio de todo tipo, hipotecarios, de alquiler y por ocupación de viviendas. Hicimos una ley que, a pesar de contar con el apoyo de 77.000 firmas, el PP y Ciudadanos, con argumentos filibusteros, tildaron de inconstitucional. Y lo peor es que lo hicieron no para hacer otra ley en lugar de esta, sino para dejar todo como estaba. Entonces como la situación es, si cabe, aún más grave que en 2017, porque los desahucios por alquiler están a la orden del día, hemos decidido no seguir permitiendo que Madrid continúe sin ley en materia de vivienda. Dada la cita electoral, es un momento propicio para interpelar a los partidos políticos y exigirles que se comprometan a que Madrid tenga la suya.

¿Qué líneas fundamentales proponéis en esta segunda ILP?
La ILP de 2017 tenía cinco bloques muy claros. Un primer capítulo, de Vivienda Social, que pasaba por regular de una manera más garantista la vivienda social en la CAM. Se solicitaba también un parque de vivienda social con garantías de que no pudiese ser vendido a fondos buitre —como ya había sucedido— y que la gente que no hubiera sido adjudicataria de una vivienda pública pudiera acudir ante un juez de primera instancia para obtener una resolución exigiendo que se le asigne una vivienda. Era consagrarlo como un derecho fundamental, que pasara de tener un carácter genérico a otro real, exigible; en términos jurídicos se diría hacer subjetivo un derecho. Hay algunas leyes autonómicas que lo reconocen, como por ejemplo en el País Vasco.

La ILP de 2017 tenía otro bloque que trataba de la función social de la vivienda privada. Recogíamos lo que denominamos “usos antisociales de la propiedad privada”, como es mantener viviendas vacías, así como no depositar las fianzas de los alquileres en la CAM —para que haya cierto control y regulación del mercado del alquiler— y otra serie de usos antisociales. En este capítulo solicitábamos un régimen sancionador contra esas malas prácticas, que podrían ir desde multas de hasta 600.000 euros —una cifra que no es al azar, existe en la Ley de Espectáculos— hasta incluso la cesión obligatoria del uso de esas viviendas, para que pasen a formar parte del parque de vivienda pública de la CM, así como el aumento proporcional del IBI y otra serie de medidas encaminadas con el mismo fin.

Había otro bloque de protección al inquilino, para que hubiera una agencia en la cual la ciudadanía pueda encaminar denuncias de abusos bancarios e inmobiliarios. Y luego otro bloque de medidas para evitar la pobreza energética para que en un hogar estuvieran garantizados la luz, el agua, la calefacción, elementos esenciales para tener una vida digna.

En la nueva ILP hemos introducido, entre otras cuestiones, la creación de un Observatorio de Vivienda, que detecte y actualice la problemática en materia de vivienda y medidas específicas para inhibir el mobbing inmobiliario

En la que estamos presentando ahora hemos introducido actualizaciones y añadido una serie de cuestiones: un control sobre las inmobiliarias y los intermediarios que funcionan al día de hoy con total opacidad y sin ningún tipo de control, para que a partir de ahora sean supervisadas. Además, la posibilidad de establecer el tanteo y retracto por parte de la administración, para que cuando se vaya a vender un bloque a un fondo buitre, la administración pueda ejercitar esta compra de forma preferente. También la creación de un Observatorio de Vivienda, que detecte y actualice la problemática en materia de vivienda. Y, medidas específicas para inhibir el mobbing inmobiliario, porque estamos viendo como cada vez más empresas como Desokupa están actuando de forma ilícita, incluso rozando delitos penales. Y, de forma central, la creación de un índice de precios máximos; y esto lo posibilita el Real Decreto que acaba de aprobar el gobierno, que habilita a las comunidades autónomas a establecer índices de precios máximos. Con base en ese artículo del decreto, queremos que la CAM sea pionera en esta materia y establezca precios máximos.

Dices que en otras comunidades autónomas se han desarrollado leyes de vivienda, ¿podrías aclararnos algo al respecto?
Las comunidades han desarrollado sus propias leyes de vivienda. En algunos casos como en Catalunya, ha sido por iniciativa de la PAH que presentó allí su ILP de Vivienda, en otros, como en el País Vasco, sus propios parlamentos autonómicos las han impulsado. Hay que destacar que, en todos los casos, el PP las ha recurrido tildándolas de inconstitucionales, igual que hicieron con la nuestra, a diferencia de que nuestra ILP fue vetada antes de nacer. El Tribunal Constitucional, en todos los casos —aunque matizando algunos artículos y rechazando otros— ha avalado las medidas que contemplan estas leyes y las ha declarado constitucionales. Lo más interesante es que sea plenamente constitucional y ajustado a derecho la obligatoriedad de la cesión de uso —como recoge nuestra ILP— y que los grandes tenedores de vivienda tengan la obligación de ofrecer un alquiler social a las familias que se encuentren en procesos de desahucios. Es una medida estrella.

¿Cuántos desahucios ha habido en la CAM en esta legislatura y aproximadamente cuántas viviendas vacías hay?
Hay al menos 253.000 viviendas vacías en la CAM, a nivel estatal son 3.500.000. Y respecto al número de desahucios hay una ausencia de datos oficiales, indicio de lo poco que interesa que este problema sea público y esté en la agenda política. Tenemos alguna información a partir de cruzar datos del Consejo General del Poder Judicial y de otras estadísticas sin valor oficial. Precisamente, esa sería una de las funciones de ese Observatorio de la Vivienda que proponemos en nuestra ILP, recoger todos esos datos. Con los recursos que tenemos, hemos computado que en la CAM se producen más de 30 desahucios diarios. Para responder a tu pregunta, se trataría de multiplicar esa cifra por cuatro años; son cifras salvajes, brutales.

¿Cuál es el perfil de los tenedores de viviendas vacías?
El perfil hegemónico es de grandes tenedores. En nuestra ILP entendemos que un gran tenedor de vivienda es aquella persona física o jurídica que acapara, en el caso de persona física más de cinco y en el caso de persona jurídica, más de tres viviendas vacías. Como no hay una definición legal de qué es un gran tenedor de vivienda, a nuestro criterio la mayor parte de las viviendas vacías se encuentran en manos de entidades financieras y fondos de inversión. Es que son ellos quienes principalmente se han quedado con las viviendas hipotecadas que han sido objeto de desahucios hipotecarios y de daciones en pago. Ha habido más de 750.000 ejecuciones hipotecarias a partir de 2011. Y los fondos buitre —que no dejan de ser filiales de entidades financieras o sociedades ad hoc— han adquirido los activos tóxicos de la banca y son quienes los acaparan.

¿Cuál es el papel de la SAREB en todo esto?
La SAREB es uno de los mayores fraudes que se han creado. Para nosotros debería convertirse en una especie de banca pública, igual que Bankia. Lo que han hecho es a través de ella gestionar esos activos tóxicos y, en vez de hacerlo con una filosofía dirigida al bien común, los han vendido en condiciones irrisorias a fondos de inversión. Siendo que la SAREB fue una de las grandes entidades financiadas con nuestros recursos; habría que darle una reconfiguración completa, sin duda alguna.