Trabajo sexual
Investigadoras proderechos denuncian la falta de rigurosidad del estudio sobre trata del Ministerio Igualdad

Un estudio sobre “trata, explotación sexual y prostitución de mujeres” ha identificado la existencia de 114.576 mujeres en situación de prostitución, de las que 92.496 podrían estar en riesgo de trata y 9.000 en riesgo muy alto.

Son algunos de los datos que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, hizo públicos como avance del Macroestudio sobre trata, explotación sexual y prostitución de mujeres, el pasado 17 de septiembre y que Redondo presenta como el primer estudio que estima estadísticamente el tamaño de esta población. La media en España es de 56 mujeres en situación de prostitución por cada 10.000 mujeres mayores de edad.

Sin embargo, investigadoras del colectivo Voces Feministas Por Los Derechos, que agrupa a académicas de veinte universidades, mantienen que se trata de una encuesta que carece de rigurosidad científica y han mostrado su preocupación ante lo que consideran una “instrumentalización política” que pueden “acabar perjudicando y abundando en el estigma de los colectivos más vulnerables”. 

El grupo de académicas Voces Feministas Por Los Derechos señala como un problema la fuente de los datos: “¿Desde cuándo los anuncios dicen la verdad?”

Lo que este grupo de académicas proderechos señala como problema principal es la fuente de los datos. Según el  ministerio de Igualdad, la información se ha extraído de 654.000 anuncios en webs y otros soportes, que se han cribado, usando luego inteligencia artificial y Big Data para su análisis.

La ministra de Igualdad sacaba pecho de este estudio que es “pionero” y que “por primera vez ofrece una aproximación cuantitativa a la situación de trata, explotación sexual y prostitución de mujeres en España en 2023”. El ministerio presentaba este avance de datos junto a una declaración institucional con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, que se conmemora cada 23 de septiembre.

En el texto reafirma el compromiso del Gobierno con la eliminación de toda forma de violencia contra las mujeres, niñas y niños, y especialmente de la explotación sexual y la trata con fines de explotación sexual, dice. Y es que la cartera que dirige Ana Redondo trabaja en un Anteproyecto de Ley Orgánica Integral contra la Trata y la explotación de seres humanos.

Los anuncios como fuente: la publicidad no es información

“¿Desde cuándo los anuncios dicen la verdad?”, explica a El Salto Estefanía Acien González, de la Universidad de Almería y una de las académicas que firma el comunicado de Voces Feministas Por Los Derechos que denuncia la falta de rigurosidad del estudio de Igualdad.

Las académicas denuncian la fuente de los datos: porque la investigación del Ministerio de Igualdad, de la que previsiblemente se pueden derivar políticas públicas, se basa en anuncios publicados en internet. Los autores del estudio no se han hecho públicos y el Ministerio de Igualdad no ha respondido a este medio sobre la autoría del estudio. Sobre la metodología, la única información que se conoce hasta ahora es la que el ministerio compartió el 17 de septiembre, cuando Igualdad anunció también que el estudio completo será publicado a finales de octubre.

Pero los anuncios, dicen estas expertas, entre las que se encuentran Carmen Meneses, de la Universidad Pontificia de Comillas, Begoña Amarrayona, de la Universidad Complutense de Madrid, María Luisa Maqueda, de la Universidad de Granada, Pilar Albertín, de la Universidad de Girona, María Martínez, de la UNED o Alba Sierra, de la Universidad de Extremadura, además de Paula Sanchez, autora de Crítica de la razón puta y la propia estefanía Acien, explican que los anuncios no son representativos de la realidad, ya que se trata de contenidos que se adaptan a las necesidades de las agencias que los publican y hecho con la intención de captar clientes.

En estos anuncios, “ni la edad, ni la procedencia, ni la “novedad”, ni un sinfín de otras características sociodemográficas pueden ser consideradas hechos objetivos cuantificables que sirvan para generar un mapa de la realidad socio-demográfica de las personas que ofrecen servicios sexuales remunerados: ni siquiera un anuncio corresponde necesariamente a la persona que se muestra y muchas personas no se muestran solo en un anuncio”, indican.

Desde la aprobación definitiva de la ley de libertad sexual las trabajadoras autónomas ya advertían que habían quitado o adaptado sus anuncios, por lo que puede existir un sesgo

Además, recuerdan, desde la aprobación definitiva de la ley de libertad sexual y sin que esta hubiera sido aún publicada en el BOE, las página web de contactos que utilizaban las trabajadoras autónomas ya advertían de que habían tenido que retirar o adaptar sus anuncios para esquivar la prohibición que introdujo la ley del sí es sí, con la que pasó a considerarse ilícita la publicidad de servicios sexuales, por lo que puede existir un sesgo en estos anuncios ya que las agencias proliferaron en detrimento de aquellas mujeres que ejercían de manera autónoma.

Pero este no sería el único problema. El estudio no sigue, aseguran, los indicadores que se desprenden de los protocolos de las Naciones Unidas. En su lugar, se utilizan para detectarla criterios tan poco rigurosos como “la novedad, la disponibilidad, rasgo de personalidad, exotismo, servicios que prestan o fotos que se incluyen en el anuncio”. Además, las investigadoras de Voces Por los Derechos afean a Igualdad no haber acudido a redes especializadas de investigación, entidades colaboradoras y a las propias organizaciones de trabajadoras sexuales organizadas y  lamentan no conocer la autoría de este trabajo, que se publicará íntegramente en octubre, según anunció la ministra.

Por último, creen que existe un sesgo racista cuando se incorpore el indicador de “exotismo” lo cual “resulta absolutamente bochornoso, no solo por la grave negligencia metodológica, sino porque visibiliza el racismo y la discriminación como base ideológica” de este informe.

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El Movimento dxs Trabalhadorxs do Sexo se fundó en 2018 con dos objetivos: crear un espacio propio y luchar por sus derechos. Pero la administración les niega la inscripción del colectivo, un muro que llevan bordeando casi cinco años.

El resultado, advierten, es una cifra (el 80% de potenciales víctimas de trata entre las mujeres que ejercen la prostitución) que “coincide, casualmente, con la que suele ofrecerse desde los discursos abolicionistas, pero se contradice y aleja sobremanera de la dispuesta en los informes y estudios producidos desde instituciones cercanas al terreno”. Frente a estos números, otras investigaciones en contextos y momentos concretos que se remiten a cifras en torno al 10-30%. algo acorde al estudio de In Genero de 2021.

Acien, antropóloga social, recuerda que existen estudios de referencia que apuntan a cifras muy distintas. Entre esos estudios consta un estudio de In Genero o la investigación de Carmen Meneses La trata con fines de explotación sexual en España: ¿Se ajustan las estimaciones a la realidad?, que recopila cifras de varias fuentes para hacer una estimación. Estos estudios se remiten a cifras que están en torno al 10-30%. “Son decisiones que afectan a personas muy vulnerables, pero es que con este tema se permiten licencias que con otros no serían admisibles”, dice Acien.