Trabajo sexual
Movimiento de Trabajadorxs Sexuales en Portugal: carrera de obstáculos en la lucha por la descriminalización

El Movimento dxs Trabalhadorxs do Sexo de Portugal (MTS) se fundó en 2018 y lleva casi cinco años de trabajo pero a día de hoy, en 2024, no está registrado. Cuando sus integrantes han intentado hacerlo, la administración ha vetado su inscripción, con argumentos como que “trabajo sexual” no es un térmimo que exista en el lenguaje administrativo portugués.

Lo cuentan María Andrade y Sergio Vitorino, fundadores de este colectivo. Andrade es activista feminista, trabajadora sexual y fundadora de un colectivo de referencia en Braga, el Grupo Partilha de Vivências (GPV). Vitorino es experiodista, activista LGTBI y extrabajador sexual. Y es que una de las características del MTS es que los integrantes son personas que conocen el trabajo sexual en primera persona porque lo ejercen o lo han ejercido, porque una de las consignas del MTS es la autoorganización: concienciar a las propias trabajador sexuales desde la necesidad de organizarse y luchar por sus derechos es el primer objetivo que mencionan los activistas. “Estamos luchando por nosotras mismas con nuestra voz y hay una mayor confianza por parte de las trabajadores porque estamos en entre  nosotras”, dice Andrade, que cree que este es un objetivo logrado.

El problema de no poder inscribir la asociación porque la administración no reconoce la existencia del trabajo sexual persiste desde 2018, y se ha agravado con denuncias anónimas a algunos de sus integrantes

El segundo objetivo es político: lograr la descriminalización del trabajo sexual en Portugal. Un objetivo un poco más difícil. “Fundamos el MTS en 2018 y lo primero que nos encontramos fue un montón de trabas administrativas para inscribirnos”, explica Vitorino. Después, vino la pandemia. “Acabábamos de fundar el movimiento y caimos en pandemia, una situación que para las trabajadoras sexuales fue un desastre”, aseguran. Porque, explican, las trabajadoras sexuales quedaron fuera de toda medida de apoyo. “Fuimos abandonadas por el Estado”, dicen, el recién fundado MTS reacciona de inmediato: pone en marcha una línea telefónica de apoyo, una red para tratar de distribuir medicamentos para las personas con enfermedades crónicas que se quedaron sin ellos, un sistema de reparto de alimentos y un crowdfunding y, con mucho trabajo y la ayuda de algunas organizaciones aliadas como el GAT (Grupo de Activistas en Tratamentos, una organización de referencia la la lucha contra el VIH) lograron hasta financiación para pagar facturas de suministros básicos o hacerse cargo de las trabajadoras que, con la pandemia, perdieron su techo: “Los espacios de trabajo sexual cerraron y en muchos casos no tenían casa porque en muchos casos estas personas no solo trabajaban ahí, sino que también vivían ahí; ¿dónde podían ir? A ningún lado”.

Al salir de la pandemia, el problema de no poder inscribir la asociación persistió y se agravó con denuncias anónimas a algunos de sus integrantes. Algunas de esas denuncias ya han sido archivadas. Pero esto tampoco frenó al MTS, que buscó una vía para poder trabajar mediante un cambio en la inscripción de una de sus asociaciones integrantes, el Grupo Partilha de Vivências (GPV), que es quien opera oficialmente.

La lucha política

¿Que pasó en 2018 para que diferentes organizaciones decidieran crear este colectivo de colectivos? En ese año hubo algunos intentos legislativos prohibicionistas que activaron a los grupos de trabajadoras sexuales organizadas que ya existían y colectivos aliados.

Estos intentos mostraron que, lejos de entender la complejidad de situaciones que puede haber tras el trabajo sexual y de buscar una vía proderechos, los partidos que miraban hacia el trabajo sexual lo hacían desde enfoques limitados y abolicionistas. “Hasta los partidos que creíamos que eran nuestros aliados tuvieron ideas muy infelices”, lamentan los activistas.

Entre los grupos que mencionan Andrade y Vitorino están el Partido Libre, que es un partido de izquierdas, el partido animalista PAN, o una formación de extrema derecha. El único intento de acercamiento vino por parte del sector de las juventudes del Partido Socialista, que llegó a redactar una propuesta de despenalización —no de descriminalización, puntualizan—, una propuesta que califican como “desastrosa”. Pero el gobierno socialista perdó el poder antes de poder llegar a considerar las ideas de sus juventudes.

La vía que plantea el MTS tiene varias claves. En primer lugar, piden que se establezca una diferencia clara entre los conceptos de trabajo sexual —un concepto amplio que incluye varios tipos como strippers, modelos de webcam, o actrices porno— y prostitución —una forma específica de trabajo sexual especialmente penalizada—, y que estos conceptos se diferencien claramente de las situaciones de explotación sexual o trata.

Para María Andrade y Sergio Vitorino “el trabajo sexual sea tratado como cualquier otro trabajo, a través de su total despenalización y la provisión de derechos laborales a quienes lo realizan”

A partir de ahí, su propuesta es laboral y pasa por que “el trabajo sexual sea tratado como cualquier otro trabajo, a través de su total despenalización y la provisión de derechos laborales a quienes lo realizan”. Esta es la única efectiva para garantizar nuestros derechos humanos y nuestra seguridad en el trabajo, explican, como defienden no solo por todas las organizaciones de trabajadoras sexuales a nivel internacional, sino también organizaciones internacionales de relevancia como Amnistía Internacional, ONUSIDA, Alianza Global Contra la Trata de Mujeres, Human Rights Watch, Organización Mundial de la Salud, entre otras.

La legitimación de la actividad iría acompañada de acceso a los servicios sociales del Estado como la salud, la seguridad social y corporal, el acceso a las prestaciones por desempleo, visas de trabajo para trabajadoras y trabajadores migrantes, y la existencia de un marco regulatorio. estatuto para la actividad que se construye con nosotros, en lugar de estar regulada por la ley penal. También exigen programas educativos con el fin de sensibilizar a las autoridades sanitarias, de seguridad y fiscales sobre nuestras experiencias y realidades, así como el respeto a la autodeterminación de nuestros cuerpos. “Estas medidas contribuirán a la reducción efectiva de la discriminación, la marginación, la violencia y el estigma que vivimos”, argumentan. 

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Trabajo sexual

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Alianzas

En 2022, Bélgica, se convirtió en el primer Estado europeo —y el segundo del mundo, después de que en 2003 lo hiciera Nueva Zelanda— en despenalizar la prostitución, como señala Sergio Vitorino cuando se les pregunta por sus referencias y alianzas. La reforma belga puso fin a la penalización a “terceros”, e inicio un proceso de legalización gradual terminando con una situación en la que cualquier persona que prestase un servicio a trabajadoras sexuales a cambio de una remuneración podía ser procesada por un delito.

En Portugal “teóricamente podemos trabajar, pero hay un vacío legal”, explica María Andrade. El régimen jurídico portugués supuestamente no prohíbe la prostitución. Sin embargo, el artículo 169 del Código Penal tipifica el delito de “lenocinio” en dos formatos: simple y agravado. El “lenocinio agravado” obviamente tiene que estar penalizado, explican los activistas, ya que se refiere a formas de explotación sexua.

Sin embargo, el MTS denuncia que el “lenocidio simple” criminaliza no solo a las personas que ejercen a prostitución sino a su entorno. “El artículo 169 del Código Penal acaba, en realidad, penalizando directa o indirectamente toda forma de ejercicio y gestión del trabajo sexual, la contractualización de cualesquiera servicios por parte de los trabajadores sexuales, así como como el derecho de asociación o sindicalismo para las trabajadoras sexuales”, denuncia el MTS.

El lenocinio simple permite multar a una persona que alquile una vivienda a una prostituta, independientemente de si esa vivienda se ha alquilado para vivir o para trabajar. Del mismo modo, podrían ser penalizadas empresas cuyos servicios utilizan algunas prostitutas 

Maria Andrade pone un ejemplo: como el Ayuntamiento de Braga prohibe a las prostitutas ejercer en la calle, ella lleva a veces en coche a algunas compañeras, algo que puede ser penalizado. El lenocinio simple también permitiría multar a una persona que alquile una vivienda a una prostituta, independientemente de si esa vivienda se ha alquilado para vivir o para trabajar, a modo de lo que permitiría hacer la “tercería locativa”, concepto que se excluyó de la Ley de Libertad Sexual y recientemente el PSOE trató de introducir con su propuesta de ley abolicionista.

Del mismo modo, podrían ser penalizadas empresas cuyos servicios utilizan algunas prostitutas como, por ejemplo, empresas que se dedican a la contabilidad o ofrecen servicios de gestión de las comunicaciones con clientes necesarias para su trabajo. “Se trata de un modelo prohibicionista mal asumido, que promueve el estigma, la arbitrariedad policial, la marginación, la exposición a situaciones de mayor violencia y riesgo, y dificulta a quienes realizan trabajo sexual el acceso a derechos sociales básicos, como la salud, la justicia o la asistencia social”, lamentan.

En su camino hacia la visibilización de esta realidad, el MTS ha mirado hacia los movimiento de trabajadoras sexuales de Inglaterra, Francia y España. “Seguimos con mucho interés la formacion del sindicato OTRAS y todo el debate que suscitó”, explican sobre el sindicato inscrito en 2018 y cuyos estatutos fueron impugnados hasta que el Tribunal Supremo resolvió la cuestión a favor de la legalidad de los estatutos.

Vitorino y Andrade creen también que los medios y la sociedad están escuchando sus argumentos. Prueba de ello es el alto número de peticiones para participar en debates televisivos o participar en estudios académicos, una relación no siempre fácil.

Para MTS, las alianzas interseccionales también son clave, y de hecho participan en movimientos estatales antirracistas, feministas o por el derecho a la vivienda. Sobre la relación de los colectivos de trabajadoras sexuales con los movimienrtos feministas, explican que Umar que significa Unión Mujeres Alternativa y Respuesta, un colectivo histórico, ha mostrado su apoyo. Las feministas abolicionistas (“que para nosotras no son feministas”, dicen), en Portugal no tienen tanta visibilidad como en España, aunque sí su cuota mediática, añaden.

Sobre si la lucha or los derechos de las trabajadoras sexuales es una lucha feminista, María Andrade es contundente: “Sin duda”, porque “es una lucha de las mujeres en un sistema capitalista donde se pone en juego la autonomía de nuestros cuerpos”. Para Sergio Vitorino, es una lucha interseccional y sindical que merece ser escuchada después de que en 50 años de democracia en Portugal no se haya cambiado ni una sola coma en le referente al trabajo sexual.