Síndrome de alienación parental (SAP)
Una jueza niega la custodia a Irune Costumero pero amplía las visitas, que reconoce “muy restringidas”

Un auto del juzgado de Primera Instancia de Familia de Bilbao, responsable de aplicar nuevas medidas ante la reclamación impuesta por Irune Costumero para tener la custodia compartida de su hija, deniega la petición de la madre de restablecer la custodia compartida y mantiene la custodia exclusiva del padre. El padre tiene la custodia provisional desde que el 3 de agosto de 2017 la Diputación considerara necesario asumir la tutela de la menor y se valiera para ello de tres agentes de la Ertzaintza (dos de uniforme) y tres agentes de seguridad para arrebatar a la niña de su madre cuando les citaron en el Servicio de Infancia.

El auto de la jueza María Eugenia Matia amplía el tiempo que podrán pasar juntas madre e hija, de modo que —después de tres años sin pernoctas— Costumero podrá estar con la pequeña fines de semana alternos con pernocta, la mitad de vacaciones y dos días entre semana desde la salida del colegio hasta las 20h., un régimen que prevalecerá mientras no se resuelva de manera definitiva el procedimiento de modificación de medidas que actualmente se encuentra suspendido.

El escrito reconoce que las visitas entre Costumero y su hija “son muy restringidas, pues no ha habido pernocta en tres años” y “no se aprecian razones por las que esté justificada la ausencia de pernoctas”. Además, aprecia que “no puede justificarse el mantenimiento de un régimen de visitas tan restrictivo en el hecho de que la madre sea más permisiva con su hija en el escaso tiempo que puede permanecer con ella”.

Esta respuesta se produce un año y cuatro meses después de la petición de unas medidas cautelares urgentes, que se admitieron a trámite en septiembre del 2019. La respuesta se produce pese a las observaciones de un informe forense fechado en noviembre de 2020 que determina el rechazo hacia el padre, pese a llevar más de tres años con él. “Lo más valorable es la persistencia de su actitud y el desapego afectivo pese a que desde hace tres años vive con el padre, que es su cuidador principal y su figura de referencia”, recoge textualmente el informe, que añade que la niña está resignada y “sigue manteniendo un vínculo afectivo intenso con su madre”. En la interacción entre ambas, sigue el informe, la pequeña “ha ganado autonomía e independencia”. 

Acusan a la Diputación de Bizkaia por retirar una custodia basándose en el SAP

Gessamí Forner

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El Juzgado de Instrucción nº9 de Bilbao ha impuesto una fianza de 600.000 euros a la Diputación de Bizkaia como medida cautelar  y ha dictaminado la apertura del juicio penal, en el que los imputados se enfrentarán a hasta cinco años de prisión por los delitos continuados de prevaricación administrativa, maltrato de una menor y lesiones psíquicas continuadas.  

En marzo de este año, el Juzgado de Instrucción número 9 de Bilbao decretó la apertura del juicio penal contra la Diputación de Bizkaia como responsable del arrancamiento por fuerza a Irune Costumero de su hija. El auto sacaba los colores a la Diputación y le imponía medidas cautelares por saltarse reiteradamente la jurisprudencia y retirar, “sin legitimidad”, la custodia compartida de una niña basándose en una circunstancia no reconocida médicamente, como es el llamado Síndrome de Alienación Parental. 

El auto judicial se mostraba muy contundente con los hechos y cuestionaba la manera de obrar “con fuerza física y actitud violenta”, de Asuntos Sociales ese 3 de agosto de 2017 “a sabiendas de que la Diputación Foral no estaba legitimada”. Los acusados son el diputado de Acción Social, Sergio Murillo, dos altas funcionarias —las jefas del Servicio de Recepción, Valoración y Orientación y del Servicio de Infancia— , y una trabajadora social. 

En diciembre de 2020, un escrito de la relatora especial sobre la violencia contra la mujer y del grupo de trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas de Naciones Unidas dirigido al Gobierno de España expresaba la “profunda preocupación” de este organismo por la integridad de Irune Costumero y llamaba la atención sobre los estándares y normas internacionales que protegen los derechos de Costumero y su hija. 

El comunicado de la relatora señalaba su preocupación por la “interpretación discriminatoria de la legislación nacional por parte de los operadores de justicia, pero también por parte de trabajadores sociales basadas en prejuicios y estereotipos de género”.