Opinión
Infancia vulnerada por la violencia institucional

Hoy en día persisten rastros de una cultura que deslegitima las voces de las mujeres y de los niños y niñas, silenciando sus experiencias dentro de un sistema que tiende a minimizar o ignorar sus derechos y necesidades fundamentales. Un ejemplo mediático que ilustra esta problemática es el caso de Juana Rivas. Sin embargo, su historia es solo una de las muchas que reflejan esta realidad.

Casos similares se replican en toda Europa y también en Euskal Herria, dejando a millones de niños y niñas desprotegidos bajo el pretexto de priorizar los derechos de los progenitores. En particular, la imposición de custodias compartidas sin un análisis exhaustivo y específico de cada caso puede vulnerar el interés superior del menor.

El sistema judicial y los organismos encargados de la protección infantil, en lugar de escuchar y considerar las denuncias de abuso, a veces descalifican las experiencias y preocupaciones de madres y niños y niñas

El sistema judicial y los organismos encargados de la protección infantil, en lugar de escuchar y considerar las denuncias de abuso, a veces descalifican las experiencias y preocupaciones de madres y niños y niñas, tratándoles como una amenaza en lugar de reconocerlas como defensoras del bienestar de sus hijos e hijas. Esto constituye una forma de violencia institucional, ya que no solo desvía la atención de la protección infantil, sino que también revictimiza a las mujeres que en ocasiones deben enfrentarse a una maquinaria institucional que perpetúa un ciclo de opresión y dolor, como lo demuestran unas investigaciones realizadas en 2024 por Shazia Choudhry en la Universidad de Oxford.

Un ejemplo particularmente claro de esta dinámica es el uso del controvertido Síndrome de Alienación Parental en los tribunales. Este concepto carece de respaldo científico y ha sido rechazado por numerosas instituciones, incluidas la Asociación Americana de Psicología, la Asociación Española de Neuropsiquiatría e incluso el Consejo General del Poder Judicial de España, que recomendó explícitamente a los jueces evitar su aplicación.

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Pese a que ninguna prueba empírica lo avala, se sigue empleando entre profesionales de la justicia y trabajadores sociales para criminalizar a las madres y justificar que padres violentos pasen tiempo con sus hijos e hijas

A pesar de su descrédito, el SAP fue aplicado a la Arratiana Irune Costumero y la Gasteiztarra Inma Fuentes entre otras madres Vascas que por diferentes motivos no quieren hacer públicos sus casos. Se utiliza en algunos procedimientos para desacreditar las denuncias de abuso, lo que contribuye a una revictimización sistemática. Esta situación expone a las víctimas a relaciones de poder asimétricas y abusivas, lo que afecta gravemente su salud mental y física. Las consecuencias incluyen problemas de salud como cáncer, suicidios… tal y como señalan las investigaciones recientes realizadas en por el equipo de la doctora Elizabeth Dalgarno.

En el caso del estado Español, se ha incluido en la legislación una advertencia explícita contra el uso del SAP o cualquier forma de pseudociencia en los procesos judiciales, mediante la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (2021). No obstante, los resultados de esta medida aún son limitados. Y algunos letrados alertan de que el SAP sigue siendo aplicado con otras nomenclaturas como instrumentalización o preocupación mórbida.

El SAP se utiliza en algunos procedimientos para desacreditar las denuncias de abuso, lo que contribuye a una revictimización. Esta situación expone a las víctimas a relaciones de poder asimétricas y abusivas, lo que afecta gravemente su salud mental y física

Sin embargo, según datos recientes, tres años después de la entrada en vigor de esta ley, los tribunales solo han suspendido las visitas en un 12,75% de los casos en los que los progenitores están inmersos en procesos de violencia, a pesar de que la normativa exige la suspensión de dichas visitas en estas circunstancias.

Esta falta de implementación efectiva de las disposiciones legales no solo perpetúa la desprotección de los menores, sino que evidencia la necesidad de un cambio estructural que priorice su interés superior y garantice respuestas adecuadas. Para ello, es imprescindible crear juzgados especializados en infancia, dotados de equipos multidisciplinares formados en derechos de la infancia, perspectiva de género y abordajes sensibles al trauma.

Asimismo, todos los agentes institucionales y sociales que interactúan con menores deben recibir formación obligatoria basada en estas mismas perspectivas. Esto no solo mejorará la aplicación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), sino que también asegurará respuestas más eficaces ante casos de abuso o violencia.

Al mismo tiempo que garantizar el cumplimiento de la LOPIVI, se deben implementar evaluaciones periódicas de las actuaciones judiciales e institucionales, estableciendo indicadores claros sobre la protección efectiva de los menores y la capacitación de los profesionales involucrados. Solo con recursos adecuados, seguimiento constante y compromiso real será posible construir un sistema que proteja verdaderamente los derechos de la infancia.

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